viernes, 31 de julio de 2009

GUARDIAS CIVILES


Ayer dos de estos funcionarios han sido asesinados, precisamente en razón de su función e importancia y la respuesta oficial ha sido la misma que tantas otras veces. Creo que es necesario reflexionar respecto a esta situación política, ya que no creo que sea propiamente social, aunque la guardia civil haya sido objeto tradicionalmente de una imagen negra y folclórica que en nada favorece a su realidad y misión. Hay muchas cosas que contribuyen desde el propio sector político al desprestigio de las instituciones y los meros gestos de condolencia pública ya no son suficientes, hay que penetrar en las raíces que causan esta situación.

El Estado o una parte de él, no su Administración, puesto que la voluntad está depositada en el sector político y de gobierno, ha renunciado a ejercer buena parte de sus competencias y como señalaba el otro día ha sorteado la Constitución en la toma de muchas decisiones y, sin contar con los ciudadanos, nos está “reconstituyendo”. En el caso que nos ocupa hay que pensar en la renuncia al control de la educación que se imparte en las autonomías nacionalistas y medir las consecuencias, en su caso, de que se menosprecie a España y las instituciones que la representan e, incluso, que se puedan considerar como el enemigo a destruir. Por ejemplo, desconozco quien es el alto inspector en Educación en la Comunidad Valenciana. Puede que sea un funcionario que huye de toda publicidad o puede que se le esconda, pero la sensación es que no existe y que no se ejercen competencias en la materia.

En virtud de una actitud democrática y de la novedad de su institución en España parece que cualquier actitud por desaforada que sea es admisible. Así yo he vivido, en los principios del cambio político, manifestaciones en las que nadie criticó que se gritara “Viva ETA” y "ETA ven y mátalos" y algunos de los que presidian la manifestación fueron asesinados por ella tiempo después. No es bueno el silencio en estas ocasiones, quien calla otorga o, al menos, parece que lo haga. También vemos que los políticos emplean términos como “negociar” al referirse a conversar ETA, término que aplican siempre que quieren señalar que se ha hablado con dicha organización por todos los gobiernos. Nadie critica el término, que implica que las partes que negocian están en un mismo plano, al contrario, cada partido político arroja al opuesto su “negociación".

Los hechos acaecidos son responsabilidad de muchos y hora es que se actúe de modo diferente. Los guardias civiles son funcionarios que cumplen una misión esencial y que pagan con su vida, en muchos casos, este ejercicio. Verdaderos funcionarios públicos, pues; nada que ver con los cargos políticos y su vida muelle o con los funcionarios que trabajan en las covachuelas de la Administración y lo dice quien puede considerarse incluido, en su tiempo, en dicho sector de ejercicio burocrático corriente. Funcionarios que, proporcionalmente con su riesgo e importancia y respecto de los burócratas, están mal pagados económica y socialmente.

Eduquemos a nuestros ciudadanos y a nuestros niños en el conocimiento y respeto de estas instituciones y no fomentemos su degradación. Los jóvenes muertos ayer y los que les han antecedido lo reclaman.

lunes, 27 de julio de 2009

EL PREDOMINIO DE LOS POLÍTICOS

En una entrevista que el diario Las Provincias realiza al profesor Santiago Grisolía, éste a la pregunta de si acepta el cierre de Garoña dice: No, todas las energías son necesarias. Lo que es absurdo es que se creen órganos consultivos para no hacerles caso. Los políticos actuales lo saben todo y no consultan.
Me quedo con la última parte de la respuesta que me parece muy significativa y que evidencia que el profesor es sus contactos actuales con los políticos aprecia la suficiencia que les caracteriza y que desde el punto de vista de mis preocupaciones, manifiesta que desde la llegada de la democracia a España, quizá, se han producido distintas consideraciones por las que la función pública y su papel ha desmerecido sensiblemente. Y ello no obedece sólo a que los funcionarios puedan despretigiarse por sus conductas, sino que en los esquemas actuales de ejercicio del poder al político le viene bien, en cierto modo, que sea así, porque algunas moscas cojoneras no les caen muy bien, sobre todo si están protegidas por su inamovilidad en el puesto. Por ello resulta estupendo, no sólo el crear espacios orgánicos sometidos a derecho privado que facilitan actuaciones que de ningún modo permite el derecho público y sus principios de control del gasto público, sino que los funcionarios no sean considerados algo distinto que un trabajador o un directivo de empresa, porque, entonces, se someten no a la ley y el derecho, cosa propia del obsoleto modelo burocrático weberiano, sino a lo que el político quiere, el cual, además está "más legitimado" y lo sabe todo.
Risa me da, por no llorar, ya que una cosa es el modelo burocratico weberiano y el sometimiento de los poderes públicos al Derecho y otra cosa son los vicios de la burocracia en su acepción vulgar de papeleo y exceso en trámites innecesarios o de creación de absurdos requisitos y normas, que precisamente es en la empresa privada donde son más un sin sentido y es mi experiencia que este vicio se produce igual en las empresas privadas y, como digo ,de modo más absurdo que en lo público.
En definitiva, políticos que mandan más que nunca, con personas de su confianza y por ellos designados, y que lo saben todo son nuestros verdaderos directivos públicos. Mientras el presupuesto público aguante.......

jueves, 23 de julio de 2009

QUEMANDO ETAPAS

La Universidad Cardenal Herrera-CEU, pasa momentos complicados y se me comunica que la Fundación San Pablo ha decidido jubilarnos a los mayores de 65 años que seguíamos prestando servicio, por lo tanto se supera otra etapa. Han sido 29 cursos que me han permitido mejorar mis conocimientos jurídicos y regresar a los estudios de la Ciencia de la Administración, manteniendo la línea científica de Baena del Alcázar que comparto plenamente y que espero que tenga el reconocimiento que se merece. Todo ello gracias a la confianza que se me otorgó por José María Espinosa Isach y Santiago García Aracil en 1980, cuando en el Colegio Universitario del CEU- San Pablo en Moncada comenzaba el tercer curso de Derecho y la asignatura de Derecho administrativo.

El último curso no había sido muy gratificante y ya existían pocos incentivos o alicientes. Se abre, pues, otra etapa distinta, puesto que, sea cual sea su tiempo, ya no existe una obligación de estudio y de servicio a terceros, lo cual puede que cambie mis actitudes. No obstante, me quedan por completar mis trabajos sobre Juridicidad y organización en la Administración española, los Comentarios al Estatuto del Empleado Público y centrar mi colaboración en el programado homenaje al profesor Baena del Alcázar. Habrá que fijar como obligaciones estos objetivos y ver de mantener este blog o de que él me mantenga a mí. Espero que ayude la colaboración de Manuel Arenilla. También puede que una mayor proximidad al despacho jurídico me otorgue otras perspectivas.

En mi lugar de veraneo tengo un ejemplar de las Cartas a Lucilio de Séneca, traducidas por Vicente López Soto, y como hay que aplicar un cierto estoicismo ante los acontecimientos propios de la edad, releo algunos párrafos y me quedo con este que puede ayudar a mantener el tipo:

Mientras ignores, debe aprenderse y, si creemos el proverbio, mientras vivas. Y a ninguna cosa le es más adecuado este [proverbio] que a esto: mientras vivas, debe aprenderse cómo vivir. Sin embargo, yo allí enseño algo. ¿Preguntas qué enseño? Que el viejo también tiene que aprender.

Pero también es de considerar este:

No debemos ni escribir solamente ni leer tan sólo; lo primero disipará y agotará las fuerzas; me refiero a la composición; lo otro las disuelve y debilita. Se ha de pasar alternativamente de lo uno a lo otro para que la composición dé estructura a cuanto se ha recogido en la lectura.

¿Seré capaz de leer más para escribir menos y mejor?

martes, 14 de julio de 2009

POLÍTICAS Y RECURSOS


Algunas situaciones que nos afectan como ciudadanos y que se corresponden con las denominadas como políticas prescriptivas; es decir, con políticas de corte clásico, de aplicación de leyes y reglamentos y de control y policía, me hacen reflexionar sobre la cuestión del papel de la Administración como la parte a la que corresponde la dotación de los medios o recursos precisos para la eficacia de las políticas públicas. Y tengo la impresión de que esta actividad que desde la Ciencia de la Administración se considera como propiamente administrativa y de los profesionales no deja de estar interferida por los políticos y, sobre todo, porque el recurso principal, el presupuesto, no deja de ser un instrumento político; de tal manera que la mayor o menor repercusión política, mediática o popular de una política, puede hacer que unas políticas públicas predominen sobre otras y que algunas queden rezagadas en la preferencia de los políticos y en su mantenimiento, hasta llegar a deteriorarse.

Y también creo que en este sentido las políticas tradicionales, las del orden público, son las que mayor deterioro sufren y más quedan desfasadas en cuanto a los recursos que se les destinan, siendo preferidas las actividades, servicios y organizaciones que mayor rédito ofrecen y que resultan más espectaculares y proporcionan mayores resultados a los grupos económicos de la sociedad correspondiente.

De este modo las Administraciones públicas se ven obligadas en muchas ocasiones a establecer leyes y regulaciones en evitación de situaciones sociales que son rechazadas por los ciudadanos. Pero regular es quizá los más fácil y desde el punto de vista político lo que más rápidamente puede realizarse, de tal manera que parece que con la regulación ya se ha cumplido y solucionado el problema, cuando la realidad es que, administrativamente, es cuando empieza el mismo y éste se agrava cuando, junto a la regulación, no se han previsto las consecuencias de la misma y los recursos necesarios para su eficacia.

Un ejemplo que se me ocurre, para mejor comprensión de lo que estoy exponiendo, es el de las regulaciones en materia de ruido. Atendiendo al ejemplo del Ayuntamiento de Valencia, se ha dictado una Ordenanza que trata de abordar todos los problemas, llegando incluso a prohibir las tracas a la finalización de las bodas y otros acontecimientos sociales o exigiendo previo permiso y estableciendo sanciones para los incumplidores. Pero el mismo Ayuntamiento, en algunos barrios, con la excusa de evitar dobles filas de coches aparcados, amplia las aceras, con el único y verdadero propósito de que los bares, restaurantes y similares cuya proliferación, unos al lado de otros permite, puedan colocar mesas al aire libre. Ellos ganan más y el Ayuntamiento cobra sus tasas. Pues, bien, nada comparado el ruido esporádico de una traca de una boda con el permanente ruido, rumores, risas, gritos, etc. de los clientes de los establecimientos, en horas de descanso del vecino que ha de trabajar al día siguiente.

Si llamas a la policía local te has de armar de paciencia, hasta conseguir un momento en se deje de decirte que todas la líneas están ocupadas y que de inmediato serás atendido. Cuando llega dicho momento el funcionario de turno ya tiene bien aprendida la lección y con suma amabilidad te indica que da parte a la patrulla correspondiente, la cual no suele llegar cuando corresponde o tiene suficientes problemas como para atenderlos todos. Una carta al director del diario valenciano “Las Provincias”, el día 7 de este mes, después de denunciar una situación de ruido nocturno, bailes y jaranas, dice: Poco a poco vemos cómo cada vez van tomando la calle y haciendo lo que quieren, incluso a las 5 de la mañana: anoche fue el dar golpes contra el suelo, las paredes de los edificios y los contenedores con trozos de persianas.
Yo llamé a la Policía municipal, por cierto Rita Barberá, ¿usted vino?, pues su Policía Local tampoco, nos salvó la lluvia…

No me cabe duda que la escasez de recursos impidió la actuación policial, porque pensar otra cosa sería todavía más preocupante.

Estas situaciones también dan y quitan votos, pero afectan al individuo y éste no tiene el mismo peso como tal si no se organiza. Pero es evidente que la acción política hace que las políticas prescriptivas se vean permanente afectadas por ella y que se incurre en contradicciones permanentes y en acciones que las hacen ineficaces o las rebajan en su importancia, porque la “buena imagen” es esencial y reprimir no es moderno y está mal visto. En este sentido de las contradicciones y de la hipocresía que se oculta en algunas actuaciones políticas sirve el artículo de F.P. Puche, en el mencionado diario y el mismo día

viernes, 10 de julio de 2009

EL PRESTIGIO Y LA DIGNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

Al referirse a los funcionarios públicos es normal generalizar, cuando lo cierto es que hay muchas clases de funcionarios y que no todo lo que se dice de ellos es aplicable a sus diferentes clases y niveles. Lo normal es que mis referencias se realicen partiendo de mi experiencia personal y, preferentemente, pensando en el conocido como nivel burocrático y también en la administración general, aunque sin descartar a los especialistas que se integran en dicho nivel burocrático y jerarquizado.

El funcionario público no está bien visto por la ciudadanía y es general el identificarlo con el comportamiento burocrático. Lo normal es que se piense que tiene un trabajo cómodo y garantizado, lo que implica, según opiniones comunes, un privilegio frente a los trabajadores del mundo civil. No es preciso que hoy repita e insista en el concepto estricto del funcionario público, ni que vuelva a insistir en el de función pública o funciones públicas y su importancia como garantía de los derechos de los ciudadanos y de la eficacia de las políticas públicas. Las críticas a los funcionarios públicos no siempre son objetivas pero han de ser consideradas. Buena parte de los que critican a la función pública son incapaces de enfrentarse a una oposición de ingreso en la misma, sin que ello signifique que el sistema sea lo más racional o que se trate de personas inútiles, ni mucho menos. Y es aquí donde voy a ceñirme al tema que comprende el título de este post.

Al referirnos al prestigio del funcionario hay que hacerlo desde el punto de vista social y desde el del propio conjunto de los funcionarios y, desde los dos, este prestigio está conectado con la dificultad de las oposiciones correspondientes para el ingreso en el cuerpo de funcionarios, lo que normalmente lleva aparejado el nivel retributivo de sus componentes y su poder en el seno de la organización administrativa y, en consecuencia, en la sociedad o grupos sociales y de intereses con los que se relacionan a través de su función. De este modo, y todavía más atendiendo al nuevo Estatuto del Empleado Público, el cuerpo de funcionarios y la dificultad de las correspondientes pruebas selectivas se convierte en la clave del prestigio funcionarial y en un sistema de defensa del grupo que se organiza corporativamente, pues así se defiende del “intrusismo”, considerando como tal el acceso a sus funciones de personas que no han realizado las correspondientes oposiciones o que pertenecen a otros cuerpos.

Pero como el nivel de politización es muy alto y muy fuerte la necesidad política de contar con personas de confianza en todos los niveles, el sistema ha creado un ámbito de nivel directivo y superior, coincidente con funciones comunes y generales, cuyo contenido profesional es, principalmente, adquirible en el seno de la propia Administración; nivel en el que rige la libre designación y la adscripción múltiple de sus puestos de trabajo, de modo que a estos niveles superiores se puede acceder desde distintos cuerpos, en perjuicio de los administradores generales en la concepción que con más firmeza se inicia en 1964. Y en esta zona se produce la politización que alcanza a puestos de contenido garante y sometidos al principio de legalidad sobre cualquier otra dependencia. De este modo, una buena parte de la Administración pública se somete al criterio del político que ha desinado al funcionario para el puesto correspondiente y las garantías formales establecidas por el ordenamiento jurídico desaparecen.

El cuerpo funcionarial no se desprestigia, normalmente su función es otra distinta de la que el miembro designado para un puesto de libre designación realiza, pero la organización y sus procedimientos formales sufren un desgaste y un desprestigio cada vez mayor, los cuales alcanzan al cuerpo funcionarial cuando sus puestos superiores también se clasifican de libre designación, aun cuando ésta sólo se produzca entre miembros de un solo cuerpo. La Administración general y burocrática es la que sufre el mayor desprestigio y la indignidad de los funcionarios, pues atrapados por el nivel del puesto y su retribución son incapaces de decir no cuando toca y se convierten en títeres ocupados en obedecer la dirección que le marcan los hilos que les sostienen. Ejemplos como los que el otro día ponía dirigidos a impedir el acceso a los expedientes administrativos son válidos para comprender la situación.

En definitiva, el ordenamiento jurídico, los políticos y los cuerpos de funcionarios han conseguido un sistema en el que todos pueden convivir pero el ciudadano no se entera de su verdadera situación, atrapado en la queja contra la burocracia de la ventanilla y del papeleo, se olvida de la idea de la función pública como garantía de todos sus derechos y la institución que aquélla supone se torna ineficaz cuando no inexistente.

domingo, 5 de julio de 2009

POLÍTICAS PÚBLICAS, DERECHO Y SOCIEDAD


Vaya por delante, para quien no comparta lo que aquí, más o menos vuela pluma, se va a decir, que soy consciente de que soy ya "antiguo" y de que la edad no perdona, pero deja un poso de experiencia e información. En el último post, utilizando lo dicho por Ihering en su obra El fin en el derecho decía que éste representa la forma de la garantía de las condiciones de de vida de la sociedad, asegurada por el poder coactivo del Estado. No entraba, ni voy a hacerlo ahora en qué son estas condiciones de vida ni en lo que es la sociedad, porque, muchas a veces a mi pesar, las dos cosas son contingentes. Y precisamente su permanencia depende del derecho y de su ejecución y poder de imponerse, contra la voluntad de terceros, cuando se quebranta. Al imponer el Derecho se defiende la sociedad y sus condiciones de vida instituidas a través de él.

El tema que me ocupa ahora es lo que se puede decir, en términos corrientes, un berenjenal o un jardín de difícil salida, pues depende de los valores de cada cual y éstos, en España, ahora, como en otros tiempos, están en cuestión y nos dividen y separan, por una mala acción política, en mi opinión. Vuelvo a utilizar a Ihering, para que veamos, sin necesidad de marcar las diferencias existentes, la distinta valoración que cada lector puede hacer de lo que nos dice, cuando, en referencia a las citadas condiciones de vida, expone lo siguiente: En una palabra: los bienes, los goces, de los cuales para vivir tiene el hombre necesidad, no sólo tienen un carácter material; tienen además un valor inmaterial, ideal; comprenden todo lo que es objeto de las luchas de la humanidad: el honor, el amor, la educación, la religión, las artes, las ciencia. La cuestión de las condiciones de vida, lo mismo del individuo que de la sociedad, es una cuestión de educación nacional e individual. Más de uno se estará riendo de esto, pues hoy es una ingenuidad, no forman parte de un fin o no son fines y condiciones de vida sino medios para utilizar a conveniencia. Y es aquí donde hemos de conectar con las políticas públicas, porqué en el citado último post, en el fin del derecho señalado, yo encontraba una conexión entre Derecho y Política.

Mi maestro Baena del Alcázar conceptúa de modo restringido a las políticas públicas y califica como tales a las que constituyen una decisión conformadora, en principio de carácter innovador y que va acompañada de las medidas necesarias para su seguimiento y ejecución. Conformación e innovación son criterios calificativos de la noción. Los dos implican dinamismo y, por tanto, cambio sobre lo existente. Es normal, pues, que consideremos que las políticas públicas son un instrumento de cambio social. Pero como el derecho es el medio de su institucionalización y obligatoriedad y el motor de la acción ejecutiva, resulta que el derecho suele ser el medio democrático de la formalización de las políticas públicas y el principal elemento para la participación social y para la definición y concreción, a través de él, de los intereses comunes y generales. De modo que la sociedad de que se trate avance, conservando sus valores principales, los cuales se recogen, normalmente, en la Constitución, modelo de convención o pacto y de institución de cada sociedad. Si se burla la Constitución, si se prescinde de las formas y procedimientos establecidos, las políticas públicas pueden ser un instrumento de cambio, pero revolucionario y reaccionario y un medio de imposición antidemocrático y totalitario y esto ocurre, también, cuando se utilizan en beneficio sólo de una parte de la sociedad en contra de otra o se utilizan posibles derechos de las minorías como instrumento de destrucción de instituciones consolidadas en el tiempo y que son valores firmes para otros. También cuando bajo ideas como la “alianza de civilizaciones” se introducen factores ajenos a tu sociedad y que pueden destruirla y que atacan sus bases jurídicas e institucionales. Sobre todo cuando no hay alianza sino “buenismo” o papanatismo.

España hoy está en esta encrucijada y yo como católico que soy siento que se atacan valores que mantengo y que se hacen precisamente para que lo sienta, no tanto para defender otros derechos o intereses, sino para que me entere que se está cambiando la sociedad. Además muchos de los valores que mantengo no son exclusivos de los católicos sino de muchas gentes de bien. Por mantener ciertos de estos valores se me califica, directa o indirectamente de franquista, de modo que borrando a Franco y sus consecuencias, se me borra también y volveremos a estadios y situaciones que los que aún tenemos información no deseamos que se repitan nunca. Y todo se hace por la vía de los hechos, de la mentira, de la corrupción de las instituciones y de sus fines, de la partitocracia, del apesebramiento o del presupuesto público, del amiguismo, del “pan y toros” actuales (futbol, sexo, alcohol, drogas, etc) y de la ganancia con el mínimo esfuerzo. Puede que sea como siempre y que sólo ganen unos cuantos utilizando el sistema, pero yo ahora lo siento mucho más, lo tengo más claro y no puedo callarme.

jueves, 2 de julio de 2009

EL FIN DEL DERECHO

En este blog, como en otras ocasiones he evidenciado que pretendo tratar sobre la Administración pública tanto desde el punto de vista de la Ciencia de la Administración como del Derecho administrativo o, lo que es lo mismo, tocando aspectos jurídicos y aspectos organizativos. Y es que además para muchos una buena parte del Derecho administrativo es derecho de la organización de la Administración pública. También mis lectores saben que de vez en cuando vengo en citar a los clásicos y comentar acerca de los mismos, pues creo que me permiten aclararme mucho respecto de las instituciones y conceptos y, a través de ello, de hacerlo respecto de la adopción de decisiones en el orden organizativo.

Tengo una gran consideración sobre el papel del Derecho, sin que ello signifique que sea partidario de solucionar cualquier problema a través de la juridificación, pues, como persona estudiosa del Derecho, tengo clara la distinción entre principios y reglas. Pues, bien, releyendo a Ihering, encuentro lo siguiente:
“El hombre que piensa, que medita, hallará siempre, en el terreno del derecho, el fin de cada una de sus instituciones. La investigación de este fin constituye el objetivo más elevado de la ciencia jurídica, tanto desde el punto de vista del dogmatismo del derecho, como de su historia.
¿Cuál es, pues, el fin del derecho? Hemos visto que el fin de los actos del ser animado reside en la realización de sus condiciones de existencia. Recogiendo esta definición, podemos decir que el derecho representa la forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad, asegurada por el poder coactivo del Derecho”

No voy a adentrarme hoy en la parte que el autor dedica a explicar la noción de las condiciones de vida de la sociedad y de su carácter relativo, si bien sí voy a exponer que resalta que, por tanto, la sociedad es el sujeto final de dichas condiciones. Voy a dejar abiertas para el lector algunas cuestiones que en mí suscita la lectura de estos párrafos y otros anteriores. La primera es cómo un gran jurista nos evidencia la conexión entre Derecho y Política, algo que actualmente los juristas suelen separar para refugiarse exclusivamente en lo formal. La segunda es recoger que con anterioridad el autor ha señalado que el derecho tiene por objeto la oportunidad y que esta idea de la oportunidad, los juristas, desde el Derecho administrativo, y los jueces, desde la jurisdicción contencioso administrativa, la utilizan precisamente para separar lo político y lo discrecional de lo jurídico y para referirse a lo metajurídico y sobre todo para considerar la llamada potestad organizatoria como muestra de dicha discrecionalidad y de lo no jurídico.

Se me muestra, pues, una paradoja porque llegaríamos a establecer que el derecho como medio de adaptarse y decidir sobre lo oportuno y justo para la sociedad en cada momento, consolidando las soluciones que muestran a través de la historia su permanencia, ha acabado siendo, en la actualidad una referencia que separa lo legal de lo oportuno, como categorías distintas, y separando derecho y organización, tomada ésta en su sentido amplio, sin que por ello se prescinda de su unión en los aspectos menores o más restringidos.

Espero otro día referirme a los conceptos de sociedad y asociación que también nos ofrece Ihering y establecer su conexión con algunos aspectos organizativos de nuestras Administraciones públicas.

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