jueves, 28 de octubre de 2010

LA GESTIÓN PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO

A estas alturas de desarrollo de este blog creo que mis lectores serán conscientes de que muchas de las consecuencias de la que se ha dado en llamar nueva gestión pública no me convencen plenamente. Ello no quiere decir que me entusiasme la conducta habitual de muchos funcionarios o la gestión burocrática tradicional. La mayor parte de mis reflexiones, ideas o conceptos parten de esquemas formales que considero idóneos, pero que hay que convenir que en la realidad se subvierten o no llegan a ser realidad. Pero es evidente que los esquemas formales en los que se funda buena parte de la teoria de la nueva gestión pública también son objeto de subversión y de ineficacia. Y es que no hemos de olvidar que el "gran directivo" de la Adminisración pública es el político o los políticos que están en el ápice de su piramide organizativa o estructural, todo ello sin perjuicio de la presencia de múltiples intereses sociales, burocráticos, de partido, sindicales, etc. Incluidos los de los propios vendedores de doctrina adminisrativista o de gestión.

Viene al caso esta reiteración de ideas, ya manifestadas en otros momentos en casos de corrupción de organizaciones fundadas en el derecho privado, pero dependientes en parte del presupuesto público y con directivos o miembros pertenecientes a los partidos políticos y gobiernos de turno, por una noticia, que supongo contrastada, sobre la gestión de una depuradora en Pinedo (Valencia), que nos proporciona el diario Las Provincias en la que anuncia que la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas investigan una trama de empresas fantasma que emitió en seis años facturas por cientos de miles de euros a la planta de dicha depuradora.

Como es natural, parto de la noticia y no de un conocimiento exacto y directo de los hechos, los cuales sólo me sirven para acercar el agua a mi molino y evidenciar, una vez más, que la gestión pública basada en el derecho privado ha de ajustarse a los principios básicos o fundamentales del gasto público, ya de por sí bastante suavizados con el tiempo, y sobre todo se ha de perseguir que estas estructuras o personas jurídicas de derecho privado no constituyan formas de eludirlos o de financiaciones espúrias, utilizando los instrumentos que el derecho privado ofrece. No sólo se ha de cuidar esto en los casos en que la utilización de estas formas de organización sean adecuadas al fin que se persigue o a la actividad a realizar, sino también que no se utilicen cuando no es adecuada a dichos fines o la organización correspondiente no obtiene ingresos de su actividad o no actúa en el mercado.

Los políticos se apoyan en la doctrina que favorece la privatización precisamente como un modo más actual de escapar del derecho público, lo que puede comprenderse cuando realmente se persiguiese una eficacia mayor, pero no cuando lo que se pretende es gastar sin control alguno o para fines distintos de los que corresponden a la organización creada o gestionada, porque entonces ésta deja de ser el instrumento de eficacia para pasar a ser el de la corrupción o empleo del dinero público de forma ilegal o no permitida por el ordenamiento.

Amparados en la discrecionalidad administrativa, en que se trata de un factor organizativo metajurídico según alguna jurisprudencia, en el silencio de los funcionarios públicos encargados de informar al respecto o en su apoyo a las teorías en boga o en la discrecionalidad apuntada, y en los apoyos externos de teóricos y empresarios de la gestión pública, los políticos han creado espacios de gestión con fines distintos a los que corresponden a la organización. En los últimos años de mi ejercicio como funcionario han sido múltiples las ocasiones en que he tenido que discutir respecto a la creación como empresas o personas de derecho privado de organizaciones para realizar actividades exclusivamente burocráticas o que no generaban ningún ingreso o se alimentaban sólo de presupuesto público y que se ajustaban mejor a otras figuras reguladas por el derecho administrativo y que a él se sujetaban.

Ya no estoy al día en la normativa de intervención y contabilidad de estas organizaciones, pero si escapan de la intervención pública o esta es meramente formal o documental no puede extrañar que la situación que describe la prensa pueda ser real. Nada bueno en definitiva, por dos razones por la corrupción del sistema y por la quiebra de posibles soluciones racionales que pierden sentido para convertirse en simple instrumento de los políticos y negocio para terceros, pero que no cumplen con los intereses generales.

viernes, 22 de octubre de 2010

LA JUBILACIÓN PARCIAL UN DERECHO INEFECTIVO

Sevach en más de una ocasión,(y pueden leer la última que yo conozca) nos ha explicado muy bien que de nada sirve que los Tribunales de Justicia le reconozcan el derecho a la jubilación parcial como funcionario, ni siquiera que se declare la ejecución provisional de una sentencia favorable. Tampoco parece que le serviría que la misma Administración pública le reconociera el derecho en aplicación de la Ley y la jurisprudencia contencioso administrativa. El problema final es que la parte que corresponde pagar a la Seguridad Social no se la dan sin una previa discusión con dicha Administración, por lo que el favorecido por el reconocimiento del derecho se arriesga a trabajar a tiempo parcial y no percibir todos sus derechos económicos, con lo que sale perdiendo y se encontraría en una situación claramente desfavorable.

El afectado, tiene un derecho que para ser plenamente efectivo necesita de otro acto administrativo dependiente de la Seguridad Social que dice no tener crédito o dotación para hacerlo efectivo, sin perjuicio de las alegaciones relativas a la necesidad de un plan previo que ya la jurisprudencia contenciosa no considera necesario o imprescindible. Por ello la ejecución de la sentencia por la Administración obligada a reconocer el derecho a la jubilación parcial colocaría en una desfavorable situación al interesado que no percibiría la parte correspondiente a la pensión. Incluso para poder reclamar una responsabilidad patrimonial has de conseguir previamente un acto administrativo en el que la Seguridad Social te niegue la pensión. ¿Quién, pues, se somete a esta situación? Mejor renunciar a  más acciones pues es peor el remedio que la enfermedad.

Para mí son inconcebibles situaciones como esta y no sólo es producto de una descoordinación entre Administraciones públicas, sino fruto de una pésima actuación de la Administración del Estado y también del poder legislativo, ya que si se ha declarado y reconocido por una ley, en este caso en el artículo 67 del EBEP, un derecho, ello debe de ir acompañado de la dotación económica correspondiente y para ello es obligado, según el artículo 22 de la Ley 50/ 1977, del Gobierno, que se acompañe una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar la ley correspondiente. Era y es obligación del Gobierno estatal que el coste estimado, en el que lógicamente ha de considerarse las posibles jubilaciones parciales a producirse, dé lugar la correspondiente dotación económica o crédito en los primeros presupuestos o ley de acompañamiento, para que la Seguridad Social pueda hacerlo efectivo o que junto con la ley se tramite la ampliación del crédito existente o la aprobación de un crédito extraordinario. Pero la realidad es que queda muy bien y muy moderno y muy igualitario reconocer derechos sin preocuparse de que la Administración cuente con los medios necesarios para su efectividad. Un legislativo que se precie debe exigir a la Administración que acompañe los documentos necesarios para la existencia de crédito de modo que al aprobar la ley se la dote de medios económicos para su eficacia.

No se puede ni siquiera considerar que existe una política pública en el concepto que el profesor Baena del Alcázar nos ofrece, pues, según él, sólo cabe considerar que hay una política pública cuando se cuenta con los medios para hacerla efectiva o ejecutarla, dotación de medios o previsión, en su caso, que corresponde realizar a la Administración pública. Si ésta no interviene o lo hace con posterioridad al acuerdo, no se garantiza la eficacia correspondiente y se mal administra y la política es una farsa y el descredito institucional se incrementa.

lunes, 18 de octubre de 2010

LAS CORTES VALENCIANAS Y SUS GASTOS

En Valencia, este fin de semana, Les Corts han sido noticia en la prensa diaria, ya que con motivo de una ampliación física de sus locales tienen que adquirir mobiliario. Pero el importe de los gastos es lo que ha provocado diversos comentarios. Así en las Provincias del sabado puede verse este y el siguiente editorial  y el domingo una detallada referencia de los gastos, enlaces en los que el lector puede hacerse una idea de la situación. En Valencia durante la presidencia de D.Julio de España los diputados gozaron de espléndidos regalos navideños y los gastos de protocolo se triplicaron.

Lo que nos cuentan, estoy seguro que no es un problema único de las Cortes Valencianas sino que es común a los poderes legislativos autonómicos, pero al margen de lo impresentable de la cuestión en estos momentos económicos, lo que me sugiere la situación es un comentario más general y político respecto de nuestros diputados y "representantes" del pueblo, pues amparándose en su "excelsitud" y categoría parecen considerarse el ombligo del mundo en virtud de su consideración de electos. Estos poderes legislativos de segundo orden se consideran el máximo poder en su territorio, a nadie subordinados y hasta sus reglamentos organizativos tiene valor de ley y sus funcionarios leyes especiales. Nuevos reyes soles aparecen en el firmamento y sólo se someten, con matices, a las leyes estatales básicas y orgánicas y por supuesto a la Constitución española reinterpretada y acomodaticia.

Son electos se dice, pero lo son por el partido de turno y en él se refugian, amparan, sirven y obedecen, pues de él obtienen sueldo, dietas, pensiones e indemnizaciones al cese. Fieles vasallos del partido a él trasladan toda responsabilidad y sean listos o ignorantes, trabajen o no, perciben su estipendio y gozan de sus privilegios. Estos poderes, son también Administración pública, no en el sentido que nos ha venido ofreciendo el Derecho administrativo y la Ley de la Jurisdicción, pero sus actos son controlables por ésta salvo que se amparen en el señalado rango o valor de ley. Muchas de sus actuiuaciones debían someterse a las leyes comunes y no ampararse en regulaciones especiales. Se ha constituido una casta privilegiada que depende de los partidos políticos o lo que es lo mismo de los poderes ejecutivos, normalmente presididos por quien domina el partido. No son diputados, no son representantes del pueblo, son burócratas obedientes y, además, gastan sin freno. El partido sabe que buena parte de los españoles votan a un partido o contra un partido y que tienen un buen número de votos garantizados, ¿qué importa entonces quién vaya en las listas? Además esta situación es preferible a que te salga un diputado o varios contestarios que te cambién lo decidido por el partido.

Es exacto que la división de poderes está muerta como dijo Alfonso Guerra, !bien debía de saberlo! No hay ni siquiera dignidad. Materialmente vamos a llegar al socialismo por la subvención o la inanición y muerte por individualistas y con la contribución de la llamada derecha. Al final le van a dar la razón al Franco o sus consejeros y asesores y demostranos que partidos, sindicatos y nacionalismos son los males de España. Pero no piensen que si se deshace España se acaban los males, pues permanecerán en cualquier territorio, nación o país, salvo que reaccionemos a tiempo.

Una desaparecida anciana, muy conocida por su presencia en los aledaños del Palau de la Generalitat, Corts y Consellerias cercanas, que vestía impolutamente de blanco con falda avolantada, su moño y un rollo de papel higiénico colgando del cuello, cuando veía pasar por delante de ella grupos de personas trajeadas, decía despectivamente !Políticos! Tenía razón, cómo si no iban a tener para comprar traje.

domingo, 17 de octubre de 2010

TERCER ANIVERSARIO

El pasado día 3 este blog cumplió sus tres años de existencia.En este momento el contador de visitas que se inició a finales de marzo de 2008, señala 88955 visitas y el principal seguimiento en este año se produce desde Madrid y Valencia en España y un buen número de visitas provienen de Venezuela, Méjico y Colombia. La presencia de países sudamericanos es importante.

Sólo cabe agradecer a todos nuestros seguidores su fidelidad y esperar que podamos seguir despertando su interés.

Muchas gracias.

jueves, 14 de octubre de 2010

POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRUCTURA

Las políticas públicas es una cuestión que está de actualidad y es referencia permanente tanto en la doctrina política como en la administrativa como en los medios de comunicación. Tanto Manuel Arenilla como yo hemos tratado con frecuencia del tema. Desde mi punto de vista, claramente influenciado y siguiendo a Baena del Acázar, las considero, del mismo modo que al acto administrativo respecto del Derecho Administrativo, el punto de referencia central o nucleo principal del que partir para explicar la Ciencia de la Administración y la actividad administrativa pública. Las políticas públicas nos permiten referir, en el seno de la Administración pública, tanto la actividad política como la del directivo público, la de los altos funcionarios y la de la administración en general.

Pero hay ocasiones en que conceptos elaborados por la doctrina se popularizan y utilizan en exceso, con diletantismo y con efectos perversos desde el punto de vista de la organización administrativa y de los intereses públicos. Traigo la cuestión porque percibo que, en muchos políticos, o en política, al tratar de manifestar la importancia que se otorga a una determinada política pública se tiende a dotarla de una organización que resalte dicha importancia y su presencia en la sociedad y respecto de los destinatarios de la política correspondiente y vemos y hemos visto como es frecuente que a una sola política pública se le dote del máximo nivel organizativo de una Administración pública, sea ministerio, consejería o concejalía. Con la consecuencia inevitable de que, pese a las manisfestaciones de que la estructura de la organizzación será mínima, tienda a ser similar a la de ministerios con más importancia, si bien no en el número de direcciones generales, sí en la organización asistencial general y en la de asesoramiento político. También es frecuente que se trate de paliar el efecto negativo haciendo que la nueva organización se ocupe de otra política pública y las competencias que a ella correspondan.

Desde el punto de vista de la gestión pública, del buen hacer y la buena administración, lo lógico es que la importancia o estructura de la organización esté en consonancia no con la importancia que se otorgue a la política pública sino con el volumen de gestión administrativa que ella implique. El número de servicios a prestar a los ciudadanos, sea en el estricto concepto del servicio público sea en el de la producción de actos administrativos con efectos jurídicos en aquéllos, debería ser el determinante de la organización y estructura correspondiente. En tiempos de crisis esta debería de ser una consideración básica para restringir el gasto público, no hace falta decir, partiendo de esta consideración y sin tener en cuenta las posturas y propaganda política, los departamentos que en cada una de nuestras Administraciones públicas sobran o debían quedar, todo lo más, como simples direcciones generales.

Muchas son las entradas de este blog que se relacionan con lo aquí dicho, demasiadas para poner un enlace, pero ya que nos hemos referido a los ministerios vale la pena recordar esta de 15 de abril del 2009.

domingo, 10 de octubre de 2010

VALENCIA, SU POLÍTICA MUNICIPAL Y EL BOTELLÓN

Valencia es una ciudad que se ha desarrollado espectacularmente debido a algunas grandes obras y algunos acontecimientos y eventos. Así la ciudad se ha abierto al mar, la playa de la Malvarrosa, su paseo y sus restaurantes son factor para ello, pero sobre todo a partir de la Copa América y el circuito  urbano de Fórmula 1 alrededor de su puerto, el cual ha su vez ha incrementado su tránsito comercial y turístico, con la llegada cada día de más cruceros. El turismo es, pues, una de las políticas más evidentes de las instituciones municipal y autonómica.

Esta actividad dirigida al turismo se muestra en íntima conexión con la proliferación, de bares, pubs y restaurantes ubicados no sólo en las zonas señaladas sino también en distintos barrios de la ciudad, que conforman el ámbito de la vida nocturna de la ciudad, todavía más desarrollada por los hábitos de los jóvenes estudiantes nacionales y extranjeros que proliferan en la misma y que, incluso, conforman hoy un sector muy importante de los habitantes de algunos barrios, como es el caso del que yo vivo. Todo ello se traduce, también en la existencia de intereses económicos del sector denominado hostelero que realmente está configurado por tipos muy variados de establecimientos y titulares de los mismos. La ciudad, el Ayuntamiento, ha ampliado la anchura de las aceras para facilitar la colocación de mesas y sillas, obtener más ingresos y facilitar que locales pequeños puedan subsistir gracias a la ocupación del dominio público, con sacrificio en espacios de aparcamiento y en detrimento de los vecinos.

Pero no todos los "clientes" de la movida nocturna ciudadana están dispuestos a gastar el dinero que supone la bebida que necesitan para su diversión; quedan en bares que proporcionan una primera cosumición sólida y liquida de modo muy económico y que han proliferado sólo a dicho efecto, para luego con sus bolsas llenas de botellas de alcohol, refrescos y bocadillos ocupar la calle bebiendo, cantando, gritando, meando, etc. Ayer el diario de Las Provincias recogía los últimos acontecimientos en mi barrio y, en consecuencia, algo de lo padecido por los vecinos y por mí mismo. Esto en una zona declarada como acústicamente saturada y que ha sido objeto de sentencias favorables por afectar la inactividad o permisividad munisipal a derechos fundamentales de los vecinos. La zona denominada de Tarongers en la cercanía de las facultades se ha convertido en el "botellódromo" que, paradójicamente, no se quiere establecer en zonas alejadas de la ciudad, y los policías se limitan a controlar el acceso a la zona, a hacer recomendaciones paternales e, incluso, a realizar campañas de orientación a los estudiantes de Erasmus para decirles que, como en sus países, beber en la calle está prohibido, al igual que hacer ruido, y que se les puede multar hasta con 600 euros. Vamos, unas hermanitas de la caridad o simples impotentes ante la provocada realidad que les supera.

Así, pues, pese a los factores favorables señalados, personalmente no estoy nada contento con la administración municipal, connivente con los intereses económicos, sin distinguir entre empresarios buenos y malos, o cumplidores estrictos de las normas o quebrantadores empecinados de las mismas. He visto ante demandas de los vecinos perjudicados por algún establecimiento, con sentencias favorables deciciendo que se revoque la licencia correspondiente y con aquietamiento del ayuntamiento, no ejecutarlas; es decir, no revocar, solicitarse la caducidad, incorporar al expediente a un tercero pretendiente de una transmisión de la licencia a revocar y alegar el Ayuntamiento no atender a la petición de caducidad, ya en vía judicial, porque podía perjudicar la ejecución de la revocación. La verdad es que la defensa del interés del transmisor de la licencia es evidente, mientras que al vecino se le obliga a la permanente reclamación y recurso, mientras que el derecho declarado se incumple.

En fin, veo mucho efecto cara a la galería, mucho populismo en las autoridades municipales y un enorme desprecio al simple ciudadano, cornudo y apaleado, porque no puede vivir con normalidad en su barrio y porque paga los impuestos que no pagan, ¿por qué no decirlo?, los borrachos de los que se va a depender en el futuro. En este sentido la política municipal, con medios o sin ellos, nada tiene que ver con los recuerdos de la administración de mi niñez presidida por una clara actividad policial. ¿Que harían hoy serenos y vigilantes? Y para acabar ¿cuanto gasto público provoca el botellón? ¿supera los ingresos por licencias y por tasas de ocupación del dominio público?

jueves, 7 de octubre de 2010

MI HEMEROTECA: Justificación

En principio de 1990 cesé en el cargo de Director del Instituto Valenciano de Administración Pública y pasé un año castigado a la inactividad de servicio, pero con presencia física en oficina pública, hasta que por concurso obtuve, con entrevista incluida, un puesto de trabajo de asesor jurídico. A partir de entonces reanudé mis colaboraciones en el diario Las Provincias de Valencia con mís artículos de opinión. Aprecié poco a poco  algunos frios saludos en personas todavía afincadas en los poderes públicos y políticos, sobre todo de los antes cercanos a mi actividad, ello condujo a que, al efecto de que quedara clara mi postura, en 6 de junio de 1992 publicara el siguiente artículo:

Periódicamente, pero con frecuencia, vienen apareciendo algunos artículos míos en este diario relativos a temas de Administración Pública en sus facetas generales, pero con claros matices jurídicos.

Soy consciente de que mi condición de funcionario, la de profesor de Derecho Administrativo en un centro privado y anteriores responsabilidades directivas en la Administración de la Generalidad Valenciana, determinan en todos los sentidos los temas que son objeto de reflexión en dichos artículos y en los que puedan venir, si sigo sintiendo la necesidad de exponer mis puntos de vista o precisar lo que yo creo que corresponde en cada caso.

También soy consciente de un posible, para algunos tono profesoral de mis escritos que pueda no agradar y el sentido crítico que adquieren mis reflexiones e, incluso, de que por las razones anteriormente señaladas, puedan algunos sentirse afectados directamente o mal entender mis intenciones.

Con carácter general el sentido crítico forma parte de mi personalidad y pretendo que el autocrítico también; quizá mi actual situación de espectador y no de responsable, más o menos directo, pueda agudizar, al contemplar los problemas desde fuera, el carácter crítico de los escritos y, al generalizar, algunos pueden sentirse molestos. Pero 28 años de dedicación y estudio de un tema como las Administraciones Públicas en casi todas sus vertientes y mi formación jurídica, me hacen claramente consciente de su importancia y repercusión general y, por ello, no voy a renunciar a cualquier tema que afecte a las mismas y, consecuentemente, que nos afecte a todos directamente.

No hay, pues, ningún ánimo peyorativo ni revanchista, simplemente es un hecho vocacional y una necesidad que incrementa mi actual situación personal. Por ello, en el futuro puede que nos adentremos a explicar algunas cuestiones que afectan a lo que hoy ridículamente se ha dado en llamar " modernización de las Administraciones Públicas" y que la mayor parte de las veces se viene reduciendo a convertir a los ciudadanos, antes administrados, ahora en clientes, o a dedicar una buena parte de la actividad que debía ser de gestión, organización y dirección en mera propaganda o pretendida creación de imagen; bajo la también pretensión de que ello supone una actuación acorde con la eficacia de la gestión empresarial, cuando realmente resulta que es muestra de que para muchos es más importante parecer que ser.

En fin, nada nuevo para mis lectores, sólo 18 años más, una situación peor que nunca, mayor escepticismo por mi parte y menos ganas de seguir con el tema, pues al igual que en su día dejé los artículos por pensar que no servían para nada, igualmente hoy empiezo a opinar lo mismo respecto del blog, contando también con que pesa su mantenimiento.

domingo, 3 de octubre de 2010

LA ADMINISTRACIÓN DE MI NIÑEZ

Se me ha ocurrido tratar de recordar que presencia tuvo la Administración pública en mi niñez, es decir en la década de 1940 y principios de los cincuenta y el ejercicio se puede resumir en una acción principal el orden público. Policías nacionales, guardias de jardines, vigilantes y serenos, usos y consumos con funcionarios uniformados y gorras de plato, racionamientos y transportes. Eso es lo que acude a mi mente, esa es mi percepción, el recuerdo del niño. Por supuesto que tenía que haber muchas más cosas, pero no las percibía y otras serán las de adolescencia si hago memoria.

Lo significativo, más allá de estarme refiriendo a la época de la dictadura franquista, es que el orden público tenía una presencia vital y que si lo comparo con mi percepción de anciano o al menos de hombre de la tecera edad, resulta que lo que más hecho de menos es el orden público en los aspectos más cotidianos, tráfico, vigilancia, molestias y ruidos, ciclistas y motoristas campando por sus respetos, el más absoluto desprecio por las normas de convivencia, etc. Pero además, los hechos producidos en la huelga general y los especiales de Barcelona, me producen una gran sensación de bochorno y una imagen de los poderes públicos o, al menos de sus máximos dirigentes, de lo más pobre. Creo que todo es consecuencia de un utilitarismo exacerbado en la administración de dichos poderes y de su finalidad electoral o, en su caso, de desprestigio del oponente político. Pero hay tantas causas acumuladas que estimo que ya no estamos educados para ejercer de ciudadanos conscientes del fracaso al que nos dirigimos, sino al contrario que se nos ha adomercido plenamente y esperamos el maná del papa Estado, sin que sea necesaria ninguna acción de nuestra parte. Nada es necesario merecer sino que todo nos es debido. Incluso en política, pues, la acción no es precisa, sólo basta con que el enemigo se desgaste para tratar de conseguir el poder.

Pero es que hemos de ser conscientes de que el orden público no es sólo la presencia policial, aspecto vivo, sino el mantenimiento de las instituciones que sostienen a la sociedad y la seguridad necesaria para que la actividad económica, la riqueza y nuestra tranquilidad y nuestros valores sean efectivos, no se trata de que unos cuantos bajo el ropaje de la política y del partido sean los dictadores que se apropian de toda la organización para hacer su agosto a costa de los ciudadanos, mientras nosotros idiotizados vivimos los días de vino y rosas, del futbol o de las tertulias de los medios de comunicación. Un síntoma de la dictadura real en que vivimos es que de nuevo empiezo a escuchar que es mejor no implicarse, no aparecer, ni, por tanto, molestar al poder instituido por las consecuencias que puede traernos.




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Estoy aturdido, pasmado, estupefacto, alterado e indignado. Todo esto siento tras ver este informativo de la TVE en la Comunidad Valenciana...