LOS EXPERTOS Y LOS FUNCIONARIOS.

Ya hace tiempo que vengo observando la costumbre de los políticos que gobiernan en justificar muchas de sus acciones y se apoyan en que hacen lo que dicen los expertos. Los expertos parecen la razón que lo motiva todo, pero nunca se dice qué tipo o clase de expertos. en cambio no se dice si son funcionarios y éstos parecen haber desaparecido del panorama de las resoluciones. Tampoco suele aparecer el cargo responsable de la opinión experta y mucho menos su nombre y apellido, ni hay referencia al expediente justificativo.

Pienso que en esta generalización de "expertos" cabe cualquier cosa y no nos permite comprobar si lo eran o no y quiénes son y su capacidad técnica, palabra que tampoco suele utilizarse ni siquiera con referencia a "los técnicos". En la administración pública los expertos según materias son los funcionarios y las referencias la ley, el reglamento, la experiencia en la gestión correspondiente y la ciencia que la rige. Así pues los expertos son  el parapeto en el que se amparan los políticos.

Se puede considerar que una de mis obsesiones es la libre designación y la politización de muchísimos puestos funcionariales participantes en las resoluciones y las decisiones y también en la creación de una Administración paralela de confianza política plena, que no sólo aumenta el gasto sino el derecho. Hoy no hace falta la compra de cargos públicos ya son propiedad del político y partido de turno y así se garantiza que el funcionario de carrera sea dependiente y se lo piense antes de negar o corregir la propuesta política y si ello falla aparece el experto indeterminado.

Pero el procedimiento administrativo exige en las resoluciones su motivación, extensiva a toda decisión, pero no asignada a nadie en su concreción o confección. En cambio, los informes vinculantes sí están referidos como función pública y el resto de informes en expedientes administrativos a los funcionarios responsables de la materia o asunto que se trata de resolver o decidir.

La presión política sobre el funcionario está garantizada y éstos buscan la vía de escape de un modo u otro. es normal, pues, que las propuestas de resolución vayan desapareciendo, los informes se sustituyan cuando no convienen e incluso que no se firmen como recientemente estamos viendo. Otra es la creación de órganos colegiados en los que la designación de sus componentes es facultad del político y el funcionario concreto también desaparece. Y finalmente, el funcionario en vez de proponer o informar por escrito en simple conversación asesora como subvertir la norma que constituye el obstáculo.

Así pues, expertos al poder y funcionarios a la sombra. Pero también hay que considerar la adopción de soluciones como en la empresa privada basadas en técnicas de gestión empresarial, inadecuadas  en muchos casos a la gestión pública y sus principios, pero propuestas por "expertos"; lo que conviene al poder político que puede razonar que es lo más eficaz, naturalmente para él pero no para los intereses públicos o generales. también el funcionario incurre esa apelación a "técnicas eficaces" porque luce ante los demás por sus arcanos conocimientos en la buena administración, pero que ignoran el derecho primando a la gestión y resultado pretendidos. La privatización en la gestión se garantiza y no importa si el político es liberal o socialista. El lenguaje nuevo con aspiraciones "técnicas " se complica, no se habla de coordinación sino de gobernanza, concepto a aclarar y, por tanto, incomprensible o confuso para todos. Tampoco importa que las cosas sean reales basta con enumerar las acciones para que ya se haya cumplido el objetivo político: parecer que se hacen cosas y que hay expertos detrás de todo. Gobierno y Administración se confunden, desapareciendo la segunda en su carácter público y de servicio al ciudadano y al Derecho.

Como siempre mucho más se queda en el teclado.

EL AFAN EXPANSIVO DEL PODER EJECUTIVO

 En la actualidad estamos viviendo un teórico, o no, conflicto o enfrentamiento del Gobierno con el Poder Judicial. Mi intención es simplemente reflexionar sobre las causas que pueden haber conducido a esto y ello sin que puedan ser transpuestas situaciones históricas actuales a la antigüedad, pero sin poder dejar de considerarlas pues todo es producto de una evolución y sin perder de vista que el poder legislativo también ha evolucionado y nos ofrece situaciones muy distintas.

Ihering en su obra "El espíritu del Derecho Romano", nos ofrece múltiples ejemplos, sobre todo al referirse a la justicia privada y la jurisdicción criminal. También cuando nos dice, por ejemplo, que el concepto que hoy tenemos de la ley no es el mismo en derecho romano que el actual. En un punto nos dice La voluntad del Estado es la voluntad del conjunto de los ciudadanos, la ley un contrato, por el cual estos últimos se obligan a observar cierto modo de proceder y la obligación de todos, que de ello resulta, el derecho en el sentido objetivo. Más adelante:

" La lex publica es un convenio de todos, y a la inversa un pacto privado es una ley para los dos contratantes"

Si pensamos en nuestra actualidad y partimos de que muchos principios del derecho pueden permanecer en el tiempo, tendríamos que pasar a analizar los procedimientos en cada época. Pero no trato de penetrar en tal investigación histórica superior a mis fuerzas y voluntad. Lo primero, desde los procedimientos, es dudar seriamente de que la voluntad del Estado sea la voluntad del conjunto de los ciudadanos y que el interés general coincida plenamente con intereses particulares de un mayoría sustancial.

También he vivido diferencias de opinión sobre si lo primordial como motor es la economía o el poder. Yo pienso que lo es el poder, que hoy aporta el resto de "beneficios", que cuando no son generales y pasan a privados estamos en un proceso de corrupción.

Todo esto no es simple ni mucho menos. Pero simplificando, respecto de Justicia y Poder ejecutivo, es normal exponer que la justicia correspondía al rey y que los jueces actuaban con jurisdicción retenida o delegada según casos. Otro objeto a investigar en profundidad y analizar la diferencia entre la justicia privada y la pública o criminal según los momentos.

Hoy aprecio una gran identificación, espuria, entre Gobierno y Estado y una voluntad individual que cada día es menos objeto de pacto y más desvirtuada por la voluntad de los partidos políticos, padeciendo, por ello las instituciones una subversión de su naturaleza y fines. La voluntad individual se remite a procesos electorales con procedimientos diversos e incluso corrompidos. El peso del poder de los partidos y del Gobierno es enorme. El refugio es el poder judicial, en la medida que no se corrompa.

Si vamos a la naturaleza de un régimen de Derecho administrativo y de su formas en Francia, vemos que uno de los objetos principales es la de separar Justicia de Administración, con bases en la idea de la eficacia, sobre todo en las obras públicas, de modo que no se paralizaran en virtud de un juicio en los tribunales de justicia y la creación de una justicia administrativa, el Consejo de Estado, que forma parte del poder ejecutivo y juzga sus actos administrativos o todo  aquello que, desde la doctrina jurisdiccional de dicho Consejo, se considera como servicio público, del que por la fuerza atractiva de esta jurisdicción, o sea poder ejecutivo, su concepto acaba identificándose con toda la acción administrativa. Otra cuestión que habría que considerar, pues llega a afectar a derechos individuales.

España modifica el régimen administrativo reflejado al crear una jurisdicción especial en el seno del poder judicial, de modo que los conflictos deja de resolver sobre los actos, servicios y obras públicas. el poder judicial cobra importancia en los asuntos públicos y nuestra Constitución es al único que denomina como poder. Además, al formar parte del derecho público, la acción popular persiste y, con los límites legalmente impuestos, permite a los colectivos privados reclamar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Otro inconveniente para el ejecutivo.

Todo esto provoca, en la medida que existen jueces independientes que el poder ejecutivo, los gobiernos y partidos políticos consideren a los tribunales como un obstáculo y traten de corromperlos, limitarlos o anularlos, utilizando la ley como su voluntad, no producto del pacto con ciudadanos, sino del negocio entre intereses partidarios.

Se crea tensión, se trata de acumular poder en el ejecutivo y se lleva a la dictadura y a la supresión de la individualidad, la personalidad y los principios morales. La ley pasa de pacto a imposición y el gobierno compra voluntades o votos para permanecer y crecer en poder y los ciudadanos pasan a una mayor dependencia del poder ejecutivo y de los partidos políticos. Se alejan de los gobiernos los independientes y aquellos que subsisten gracias a su trabajo personal.

Así estamos lamentablemente. cada día más subditos y menos ciudadanos.

LOS DEFECTOS O DESVIACIONES QUE AFECTAN A LA EFICACIA Y CORROMPEN EL SISTEMA: La utilización de la ley

El tema que quiero explicar, según mi idea, abarca varias cuestiones que trato de exponer a continuación

Como ya he comentado en ocasiones anteriores el cambio hacia la democracia y los partidos políticos pendientes de las elecciones hacen que predomine el Gobierno sobre la Administración. Ésta se confunde con aquél y aquél con el partido. La situación ha creado o incrementado la necesidad política de estar presentes de modo permanente en la sociedad.

Ello y la actualidad de la idea de las políticas públicas crea la necesidad de continuas adopciones de "nuevas políticas". Muchas de ellas son más que verdaderos cambios una forma de propaganda ya que se dan por adoptadas sólo con su aparición y comentario en los medios de comunicación. Y al no estar aprobadas, la propaganda sustituye a la publicidad. Esta propaganda ya es sustancial para el político y si se aprueba "objetivo cumplido".

Pero las políticas públicas importantes se formalizan con rango de ley y ésta multiplica su número de modo exagerado. Y como ya he dicho esto obedece a que no existe una reserva del reglamento por lo que cualquier cuestión deriva al Parlamento, sobre todo si hay mayoría. De otro lado, también el hecho se produce para evitar acciones judiciales que modifican las de la Administración y, con ello, voluntades políticas. Y se arregla elevando el reglamento a rango de ley para evitar a la jurisprudencia.

También influye el querer evitar o modificar las políticas de gobiernos anteriores o de cambiar por intereses burocráticos algún articulado y se hace publicando nueva ley que en lo sustancial puede no modificar la anterior.

Otra conducta son el abuso de modificaciones en las leyes de acompañamiento que en buena parte pueden pasar desapercibidas y que se utilizan para modificar puntos en los que puede surgir una oposición y bien las ramas no dejan ver el árbol o los árboles el bosque.

Por supuesto también tenemos el abuso en la utilización del Decreto Ley.

Además de que el interés de una ley nueva, en muchos casos ya no obedece a uno general sino a pactos para permanecer en el poder y salir de un paso difícil.

En definitiva, estas u otras prácticas complican el ordenamiento jurídico, pero lo más grave es que crean leyes que no van a ser efectivas o no se van a cumplir por escasez de recursos y un carga administrativa exagerada, pero al político, normalmente, una vez aprobada la ley y dominando la Administración pública y sus puestos superiores, esto no le importa salvo que la situación provocada pueda afectar a las elecciones o a la mayoría parlamentaria.

Y así el jurista y los funcionarios aplicadores de la ley tienen ante sí un sistema legislativo cada día más inabarcable y una derivación grosera del recurso en vía jurisdiccional para remitirte al Constitucional politizado y a la indefensión.