ADMINISTRACIÓN Y SOCIALISMO

La victoria de Macron en Francia y la caída de los socialistas ha llevado a que comentaristas y analistas hablen de dicha decadencia referida en general o al resto de Europa, incluso en esos análisis he visto y oído que la socialdemocracia decae en la medida que sus postulados se han generalizado y se mantienen igualmente con carácter general, hasta el punto que a mí me ha hecho pensar en la existencia de movimientos que van más allá de los partidos o que llevan a la coalición entre ellos. El Estado bienestar o providencia es, pues, una propuesta y apuesta general y ello me ha hecho pensar de nuevo en Von Mises y sus análisis respecto a la burocracia y las formas de gestión pública o administración y sus distinciones entre capitalismo y burocracia y me lleva a reflexionar pues respecto de esta última en una situación como la que se describe o considera.

LA CONVIVENCIA Y EL DERECHO

En esta sociedad actual nuestra parece que todo son derechos y que no existen obligaciones y el derecho parece también que sólo tiene como fuente el pacto y que ningún principio le limita o constriñe y son no tanto las actuaciones y problemas políticos los que nos muestran estos hechos, sino la mayor parte  de las veces son los más ordinarios y cotidianos los que nos evidencian que las normas tienen como origen básico el regular la convivencia, estableciendo los derechos y las obligaciones que los hacen efectivos como los brazos de una balanza que representa el equilibrio que es también  la base de la justicia.

Derechos y obligaciones que exigen del poder público que ejerza, cuando la acción particular no basta o no respeta la convivencia, la coacción y la fuerza que restablezcan el equilibrio y sienten la paz que exige aquélla. Cualquiera, ahora este verano va a tener múltiples ejemplos, la mayor parte de las veces fruto de la mala educación y de la indolencia y de un mal entendido "buenismo" y de no querer asumir responsabilidades o de una falsa consideración  del ejercicio de la autoridad como autoritarismo o confusión de la libertad con el libertinaje o la anarquía. 

Cualquiera de Vds considere la cantidad de normas para convivir o establecer un orden, expresadas con meros signos o símbolos, comprensibles hasta para anafabetos, que se desconsideran del modo más absoluto por todos y cómo cuando lo hacen menores de edad sus padres no realizan la más mínima corrección.  Esta pequeñas cosas que me convierten en viejo cascarrabias son para mí la más clara manifestación del pobre pueblo y sociedad en que los españoles nos estamos convirtiendo y explica porqué tenemos los dirigentes que tenemos.

Sin cumplimiento  del derecho no hay convivencia ni respeto mutuo y, lógicamente, tampoco Estado de Derecho. El bienestar no es sólo economía.

DEMAGOGIA POLÍTICA

Comentaba en el último post la impaciencia respecto de la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy, igualmente consideraba la existencia de errores y de un descontento bastante generalizado y la importancia de los problemas que existen en la actualidad. que constituyen un conjunto frente al que no creo que, desde la transición, se haya tenido que enfrentar ningún gobierno, salvo que analicemos el periodo inmediatamente anterior a la guerra civil. Agrava la situación la inexistencia, en la práctica, de una Administración profesional y neutral. Pero lo que colma mis preocupaciones y me lleva a un marcado pesimismo es la demagogia política general, más acusada en los partidos de la oposición y, como es natural, en el principal de ellos que es el PSOE. A  mí por ejemplo no me gustan nada las últimas declaraciones de Rubalcaba, comprensibles si consideramos los modos políticos actuales y las estrategias electorales y para la consecución del poder sea como sea, pero es que me parece que se me está llamando idiota cuando dice, por ejemplo, que se destroza la sanidad o que los sin papeles se van a quedar sin ella y me indigna escuchar a gente (periodistas cuya formación en la materia es exigible) que hay que "rescatar" a los que tienen hipotecas o están en el paro, no porque humanamente no considere que algo hay que hacer, pero pretender con la crisis actual que el Estado de bienestar que estamos perdiendo, pase en cambio a ser un Estado de "beneficiencia" general, inexistente en cualquier parte del mundo e insostenible económicamente, es pura demagogia o ignorancia supina o buenismo infantil. 

Aquí hay que gobernar una situación a la que se ha llegado después de muchos años, quizá desde la propia transición, en la que no se libra nadie, más quien más ha gobernado y más quien ha gobernado ignorando problemas que ya eran evidentes, que se han negado o simplemente soslayado para que se apañe el que venga detrás, que además, entonces podrá ser criticado mejor. También demagogia es la plural petición de referendums para cualquier cosa, por políticos y sindicatos. Respecto de éstos, puestos a pedir referendums y aplicarles su receta, solicitaría uno sobre si hay o no que subvencionarlos a ver qué resulta. La izquierda quiere anular a los nueve meses las elecciones últimas utilizando el referendum. En fin, una vergüenza que no palia los defectos del actual gobierno y su escasas dotes para la comunicación y los generales incumplimientos de la legalidad. Influye también, dentro de ese buenismo señalado, la educación actual, la falta de preparar a la juventud para la competencia y el esfuerzo y no en que el papá Estado lo solucione todo, sin perjuicio de la labor que éste ha de realizar para crear situaciones favorables.

Estos políticos demagogos, en buena parte han gobernado, son corresponsables, se les han reído las gracias y alabado, en su caso, su "ironía" y "arte" como virtud política y muchos siguen llenado sus bolsillos gracias una labor que con el tiempo nos ha llevado a la bancarrota y que sigue sangrando nuestros bolsillos y condiciones de vida. ¿No sería mejor confesar las culpas y pedir perdón? Colaborar y arrimar el hombro para salir de la crisis sin pretensiones de "cogobernar" sería más decente y más político, en el pleno sentido del término. Al menos yo, como ciudadano lo agradecería. Nada de pretender modelos políticos y económicos insostenibles e inviables en el sistema europeo que nos rodea y del que formamos parte, no nostalgias de modelos "socialistas" que se han mostrado inviables en el tiempo y cuna de dictaduras absolutas. Al menos, si se pretende eso que se diga con claridad, sin utilizar  la democracia como vía de engaño y de beneficio. Más gobierno, más Administración, más ética y menos inmorales, incapaces  y demagogos sostenidos por el partido de turno  y el dinero de todos es lo que necesita España. Lo dije, en algún momento, en tiempo de Franco se decía que la Falange chupaba del bote y  dije también que en la democracia se chupaba de la piscina, pero ahora han secado la fuente y quiere beber nuestra sangre sin sacrificar nada y con las mismas prestaciones. Sencillamente es imposible. No va a quedar ni un bote del que chupar y, además, no parece que haya políticos capaces de serlo de verdad y para terminar por hoy, de la obra Ética eudemia de Aristóteles (Traducción Julio Palli Bonet), recojo este párrafo: Sin embargo, la mayoría de los hombres políticos no merecen verdaderamente ser llamados así, pues no son, en verdad, políticos, ya que político es el hombre que elige las bellas acciones por ellas mismas, mientras que la mayor parte de los hombres abrazan esta vida por dinero y provecho. Habrá como Diógenes que buscar esos políticos propiamente dichos con un candil, moderno por supuesto, y también buscar, de ellos, alguna buena acción en estos tiempos de dolor. Y una vez más, por si alguno existe (si es que por casualidad acceden a este post) y se siente incluido indebidamente, lo siento, es imposible no generalizar.

ADMINISTRAR LO PÚBLICO II: Delimitación de lo público

Para describir lo que significa administrar lo público es preciso delimitar el alcance de dicho término desde nuestra perspectiva de las Administraciones públicas. Los límites entre lo público y lo privado no son terminantes en cuanto es evidente que actividades que calificamos o consideramos como privadas transcienden lo privado y repercuten en la sociedad por lo que podemos considerar que tienen un efecto público; de modo que, podemos distinguir entre actividad privada e interés público o, mejor dicho, establecer conexiones entre una y otro. Podemos considerar de modo general o amplio, sin matices, que lo social o lo que afecta a la sociedad y lo público vienen a coincidir y que lo privado podría identificarse con lo íntimo o la esfera que no interesa a los demás o en la que los terceros no deben de intervenir.

De otro lado, lo que nos interesa aquí es considerar lo público en cuanto campo de acción de las Administraciones públicas y ello está sujeto a las contingencias históricas, políticas, económicas y sociales de cada Estado o país o del conjunto de varios de ellos o de su totalidad, dada la globalización actual. Es indudable que el campo de acción de las Administraciones públicas se ha incrementado muchísimo en el siglo pasado, sin perjuicio de las posiciones liberales o socializadoras, y que según la situación económica general de vacas gordas o flacas se demanda una mayor o menor acción administrativa o una mayor o menor dimensión de las Administraciones públicas.

Es de gran utilidad a los efectos de considerar la intervención o no de la Administración pública respecto de los ciudadanos (es decir de la actuación de los poderes públicos limitando los derechos de los ciudadanos) considerar los presupuestos clásicos de la reserva de ley o, en su caso, de la delegación del poder por parte de los ciudadanos y la idea de la soberanía popular. Puede servir de ejemplo lo dicho por Locke en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil, en especial cuando refiriéndose al poder legislativo cuyo establecimiento considera como la ley positiva primera y principal y a la preservación de la sociedad como la ley natural primera y principal que sujeta incluso al legislativo. Así afirma en un momento determinado que “el poder legislativo tiene como límite último aquel que viene marcado por el bien público de la sociedad” y explicando en otro que los ..“hombres entran en sociedad, de forma que pueden salvaguardar y defender sus propiedades, así como las leyes vigentes que las delimiten, gracias a las cuales cada uno puede saber lo que es suyo. A tal fin los hombres renuncian a todo su poder a favor de la sociedad en la que entran y la comunidad confía el poder legislativo en las manos que considera dignas de recibirlo, para que sean gobernados por leyes declaradas. De otra forma, su paz tranquilidad y propiedades seguirían estando inseguras, tal y como lo estaban en el estado de naturaleza.” La propiedad y su defensa, la seguridad y la paz y su conexión con economía, bienestar y defensa de los derechos, evidente en la actualidad, forman claramente el campo inicial de la acción legislativa y de la de gobierno y, por tanto, de la intervención administrativa. En resumen, de nuevo Poder y seguridad y paz, contenidos de la política y de las leyes, y la defensa de propiedades y derechos y limitaciones coactivas al efecto que son contenidos del Derecho, están claramente presentes.

Pero en la medida que la actividad privada no ha sido suficiente y que la riqueza se incrementa, la Administración pasó a prestar directa o indirectamente servicios a los ciudadanos, que se consideran como una competencia o propiedad pública y una actividad que tiene un contenido económico por lo que pueden ser concedidos a los particulares para su gestión. Los servicios públicos son pues también contenido de lo público. Pero es aquí cuando la conexión con la economía se hace más evidente, cuando la contingencia se manifiesta o la posibilidad de cambios es más factible. De este modo, la delimitación de lo público se ha de hacer ya no desde las ideas y conceptos expuestos, sino que se ha de partir, como ya he dicho en otros momentos, del concepto del fin público, considerado como el interés público declarado por las leyes como competencia de la Administración pública y que da lugar a una organización pública o estructura dirigida a cumplir dicho fin o fines púlicos o, simplemente, a unas funciones y competencias dirigidas a que el interés público sea efectivo, cuando depende de una actividad social privada o empresarial. La organización pública encargada de estos fines o competencias puede, además, actuar sujetándose a derecho privado y sin dejar de ser comprendida en el sector público o sujetarse totalmente a una forma de derecho privado o societaria y empresarial, pero en la medida que depende de la aportación de fondos públicos forma parte de lo público y ha de ser objeto de la cura y vigilancia propia de las propiedades y patrimonio público y de lo común. No puede funcionar sobre las bases de la existencia de una voluntad personal, particular o privada. No es una propiedad privada, aunque adopte formas de organización del mundo privado.

En resumen, lo lógico, lo pertinente es que siempre que hay fondos o aportaciones públicas se impongan procedimientos y garantías propias del derecho público y administrativo y se considere que se administra lo público y que hay administración pública. No hay soberanía de ninguna persona privada o, como he dicho en otra ocasión, no hay propietario ni empresario privado y si se quiere que lo haya habría la organización correspondiente de alimentarse de sus propios ingresos obtenidos conforme al derecho privado y sujetarse a las leyes de la oferta y la demanda actuando plenamente en el mercado y siempre que exista un interés público y fin que lo justifique. En definitiva, lo público se identifica con la organización administrativa mantenida con fondos públicos y con los fines públicos atribuidos a la misma y las potestades públicas y competencias establecidas para su eficacia. Lo público o privado debe considerarse, en lo público, sólo como sistemas de gestión o reducirse a simples procedimientos, pero lo que se administra es lo público, es propiedad pública en todo o en parte. En cambio la intervención pública en la actividad privada es actividad administrativa pública.

LA ADMINISTRACIÓN DE MI NIÑEZ

Se me ha ocurrido tratar de recordar que presencia tuvo la Administración pública en mi niñez, es decir en la década de 1940 y principios de los cincuenta y el ejercicio se puede resumir en una acción principal el orden público. Policías nacionales, guardias de jardines, vigilantes y serenos, usos y consumos con funcionarios uniformados y gorras de plato, racionamientos y transportes. Eso es lo que acude a mi mente, esa es mi percepción, el recuerdo del niño. Por supuesto que tenía que haber muchas más cosas, pero no las percibía y otras serán las de adolescencia si hago memoria.

Lo significativo, más allá de estarme refiriendo a la época de la dictadura franquista, es que el orden público tenía una presencia vital y que si lo comparo con mi percepción de anciano o al menos de hombre de la tecera edad, resulta que lo que más hecho de menos es el orden público en los aspectos más cotidianos, tráfico, vigilancia, molestias y ruidos, ciclistas y motoristas campando por sus respetos, el más absoluto desprecio por las normas de convivencia, etc. Pero además, los hechos producidos en la huelga general y los especiales de Barcelona, me producen una gran sensación de bochorno y una imagen de los poderes públicos o, al menos de sus máximos dirigentes, de lo más pobre. Creo que todo es consecuencia de un utilitarismo exacerbado en la administración de dichos poderes y de su finalidad electoral o, en su caso, de desprestigio del oponente político. Pero hay tantas causas acumuladas que estimo que ya no estamos educados para ejercer de ciudadanos conscientes del fracaso al que nos dirigimos, sino al contrario que se nos ha adomercido plenamente y esperamos el maná del papa Estado, sin que sea necesaria ninguna acción de nuestra parte. Nada es necesario merecer sino que todo nos es debido. Incluso en política, pues, la acción no es precisa, sólo basta con que el enemigo se desgaste para tratar de conseguir el poder.

Pero es que hemos de ser conscientes de que el orden público no es sólo la presencia policial, aspecto vivo, sino el mantenimiento de las instituciones que sostienen a la sociedad y la seguridad necesaria para que la actividad económica, la riqueza y nuestra tranquilidad y nuestros valores sean efectivos, no se trata de que unos cuantos bajo el ropaje de la política y del partido sean los dictadores que se apropian de toda la organización para hacer su agosto a costa de los ciudadanos, mientras nosotros idiotizados vivimos los días de vino y rosas, del futbol o de las tertulias de los medios de comunicación. Un síntoma de la dictadura real en que vivimos es que de nuevo empiezo a escuchar que es mejor no implicarse, no aparecer, ni, por tanto, molestar al poder instituido por las consecuencias que puede traernos.

La crisis del Estado y de la Administración pública

Si hace unos años nos preguntábamos cuál iba a ser el Estado que sustituiría al de Bienestar, hoy ya tenemos la respuesta: el que estamos viviendo desde hace más de tres décadas; el mismo tiempo de vigencia del añorado y escaso, por poco extendido, Estado de Bienestar. Echando la vista atrás pocos no coincidirían en las causas que hicieron entrara en declive. Destacan las financieras, consecuencia de la crisis del petróleo de comienzos de los 70 del pasado siglo y de sus efectos en el ámbito público que trajeron, para no irse del todo, los rigurosos programas de estabilidad presupuestaria por parte de los organismos internacionales. Este rigor en el gasto público se relajó a principios de los años 90 y se vuelve a proclamar, de momento con poco éxito, en la actualidad al hilo de la actual crisis.

En el ámbito financiero no hay grandes discrepancias en este tiempo en los países más avanzados, por lo que se puede hablar de un pensamiento hegemónico que en sus soluciones mezcla las tradicionales medidas de gasto social, que tratan de paliar los crecientes desequilibrios sociales, con otras de restricción del gasto y de limitación del endeudamiento.

Estos dos tipos de medidas generan una fuerte tensión en la Administración pública que tiene que cumplir su finalidad de integración y articulación social atendiendo a los nuevos y complejos problemas y demandas sociales, mientras trata de resolver los viejos problemas sociales, todo ello entre medidas de contención del gasto público y sin subir los impuestos. Tamaña tarea no parece encaminada al éxito, aunque se han buscado soluciones más o menos imaginativas que pasan por recurrir al sector privado, importando sus valores, instrumentos y técnicas de gestión, vendiendo activos públicos o entregando al mercado la prestación de los servicios públicos más rentables, incluso los que se habían considerado las joyas del Estado del Bienestar. El pensamiento que ha avalado estas soluciones se ha sintetizado en la denominada nueva gestión pública. Se trata de un pensamiento monocolor, blanco, que ha sido envasado por las marcas conservadora y socialdemócrata con muy leves variaciones en el diseño.

La segunda causa de la crisis del Estado de Bienestar es la recurrente y difusa “pérdida de valores”. La crisis de valores actual en el ámbito público afecta a la idea de un desarrollo ilimitado; a la certeza de una riqueza y bienestar vinculados a los constantes descubrimientos científicos y tecnológicos; a la existencia de un interés general y de un poder público que lo administra y lo concreta; a la posibilidad de conseguir una sociedad equilibrada; y a la trascendencia humana en sus más variadas formas filosóficas, ideológicas o religiosas. La respuesta de los poderes públicos a esta nueva cultura ha sido elaborar una cesta que contiene medidas de tipo solidario-participativo con otras de corte liberal-competitivo.

Con ser significativos los cambios anteriores desde la perspectiva pública, el más relevante es el que sitúa en una posición distinta al ciudadano frente a sus instituciones políticas y administrativas. En no demasiado tiempo se ha pasado de un ciudadano/administrado a otro usuario/cliente, y de aquí a otro ciudadano-democrático. El cambio cultural ha tenido unos efectos revolucionarios para la Administración pública: ya no interpreta en solitario el interés general, que de una forma ya evidente se muestra conformado por una serie de intereses privados hechos públicos por el poder. La Administración acredita la legitimidad a los participantes-conformadores de las reglas públicas, a la vez que es “arena” en la que interactúan los diversos participantes y “botín” de estos. Esto es debido a que la participación ciudadana alcanza su sentido en el proceso de las políticas públicas, que es donde ven satisfechos sus intereses los diversos actores sociales.

La tercera causa de la crisis deriva de la anterior y se refiere a que el consentimiento de los ciudadanos a las actuaciones públicas ya no es automático, ni aunque estén destinadas a la mayoría y se ejecuten con acierto. Ahora se trata de conocer las preferencias ciudadanas de la forma más precisa posible, aunque ésta se base en valores declarados, y de evaluar los servicios públicos, con el fin de conocer el éxito o fracaso de la gestión. Todo ello lleva a enfatizar los resultados y a destacar la faceta de cliente del ciudadano que, como en la empresa privada, “siempre lleva la razón”.

Las tres causas de la crisis del Estado de Bienestar lo son también de la Administración pública que ha visto cómo se han fracturado los cimientos en los que estaba basada. Baena señalará que la crisis financiera ha activado la transformación del sistema económico que a su vez ha incidido en el político y en el cultural. La Administración pública, como parte del sistema político institucional, ha cumplido su papel en la transmisión a la sociedad de los nuevos valores, a la vez que ha debido replantear sus principios y referentes, como se ha señalado.

El resultado más evidente y profundo de los cambios producidos en las últimas décadas para la Administración pública es la intensa pérdida de su legitimidad, que se produce incluso cuando mejoran sus resultados y cuando los decisores públicos hacen esfuerzos reales de alinear sus iniciativas con los referentes declarados por los ciudadanos. Mucho tiene que ver con ello los relativamente frecuentes casos de corrupción, la invariabilidad del estilo de gobernar, la percepción ciudadana de que la actuación política está regida por los imperativos vinculados por el poder y, especialmente, que los ciudadanos no perciban de forma directa cuál es el impacto global de su participación en el juego democrático.

La dificultad de la Administración para enfrentarse con la pérdida de legitimidad institucional tiene dos orígenes, uno que tiene que ver con su misión y otro con su naturaleza política. Respecto del primero, debe resolver las siguientes contradicciones: garantizar la cohesión social, lo que implica un creciente gasto público, a la vez que debe aplicar políticas de contención del mismo; lograr la aceptación social de los nuevos cambios y compartir su consecución con una serie de agentes que pueden no responsabilizarse de sus resultados; legitimarse por el cumplimiento de la ley o por los resultados.

La pérdida de legitimidad de las instituciones políticas y de sus integrantes arrastra a las administrativas al ser percibidas correctamente por la ciudadanía como integrantes de un todo. Es claro que si falla el primer nivel y la aceptación de sus valores y formas de actuación, poco puede hacer la Administración ofreciendo la mejora de sus resultados. Estos son condición necesaria pero no suficiente, ya que la cuestión de fondo es política y nos habla de la forma en la que se ejerce el poder sobre la ciudadanía; esto es, la forma en la que se ejerce la democracia. De ahí que Denhardt lleve razón al afirmar que “El Gobierno no debería funcionar como un negocio; debería funcionar como una democracia”.