viernes, 27 de junio de 2025

VALORES , DERECHO, AMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD

 Me preguntaba, en estado de ánimo decaído, sobre qué escribir en nueva entrada de este blog, ya que pienso que lo aprendido por mi parece que no vale, que hay otras cosas, e influye en ello la reciente sentencia de Tribunal Constitucional y la reforma proyectada del poder judicial o jurisdiccional.

Acudo, para encontrar tema e inspiración, al libro Estudio de la Administración Pública de Dwight Waldo, que era de actualidad en mi todavía juventud, y me hace recordar que un tema central del libro era poner de relieve que la separación entre política y administración no era realidad. La afirmación a mí se me presentaba en el estudio de la Ciencia de la Admistración y no tanto en el Derecho Administrativo, en el que existía la pretensión de actuar al margen de la política y así no se indagaba el orígen o formación de la ley; sobre todo porque no había Constitución por encima.

El caso es que ojeando el libro veo su capítulo VI dedicado a El problema del valor en el estudio administrativo. Y así dice que para los que consideraban la separación entre Administración y Política no existía problema de valor. Y empiezo a comprender que, dado el actual predominio político y la tendencia hacia la dictadura o poder absoluto del Ejecutivo, no existen valores sino hechos y sin necesidad de cambios la Constitución se nos cae por si sola. Lo que importa es la política o tendencias políticas de una mayoría, que puede formarse al gusto del que manda, ya que la ética no es algo cuya existencia sea comprobable, no es un hecho y es un valor y además adaptable a cada individuo y a su interés. Y así también el interés público no es un hecho comprobable y se nos cae el Derecho administrativo como ciencia y la Política como hecho moral, y no existen valores aunque el Derecho y la Constitución los recoja.

Preside nuestra vida un marcado positivismo que produce corrupción, que puede siendo general, que si es un valor lo es de unos y no de otros, de modo que el Derecho es simplemente interpretable como valor a conveniencia.

Y así también llego a lo que es mi idea de que la Administración debe ser estudiada desde distintas ciencias y abarcar,  más allá del hecho, la metafísica. Con lo que nunca se puede dejar de estudiar y pensar y ahí está el verdadero progresismo. Quizá todo sea un hecho sociológico.

Me educaron con valores y por eso hierro tan a menudo, ya no importan.

miércoles, 18 de junio de 2025

MICHELS, LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Final

Todo el  contenido del libro de Michels , sobre los partidos políticos y la tendencia a la oligarquía, es trasladable a todas las organizaciones. Es posible, ante su extensión, que haya dejado de percibir si hay un análisis del comportamiento de los partidos gobernando el Estado, pero es suficiente para conocer cómo es o será, en cuanto ya hemos señalado que entre las finalidades de los partidos está el alcanzar el poder y más adelante transformarlo en dominación. Y todo se relaciona: la organización, la norma y la burocracia que las gestiona, instrumento de dominación como nos muestra Weber. Y como raíz principal la aparición de una oligarquía que aleja a la masa de ese poder y dicha oligarquía se convierte en su representante y la masa  acaba participando sólo a través del voto, previa despersonalización de la individualidad y personalidad y a través de medios y propaganda que lleve a la reacción en masa que prefiera la subsistencia de la organización de partido y su oligarquía, simplemente para evitar que otra oligarquía la sustituya. Y ya expusimos lo dicho por Seymour Martin Lipset, en la introducción al libro, sobre la incompetencia de la masa y su menor ilustración y educación que los líderes.

En ese análisis organizativo, Michels, recoge palabras de Ernst Günther en una obra de 1906, el cual nos dice algo cierto en bastantes organizaciones, su burocracia o miembros y su deseo de permanencia en las mismas, con el deseo de seguir su actividad o vocación. Y dice Michels, que junto a buenos críticos de las cuestiones socialistas: Günther, se ha esforzado en explicar el hecho de que personas de reconocida capacidad y valor hayan preferido someterse a la voluntad partidaria más bien que romper completamente con la organización, sugiriendo que si hubieran decidido otra cosa habrían puesto en peligro su existencia política y habrían renunciado a la <<posibilidad de continuar representando de manera eficiente los intereses de los obreros>>.

Creo que esta tendencia es cierta, pero hoy es base de corrupción pues en las organizaciones políticas la reconocida capacidad y valor es rechazada, ya que en un momento dado surge el espíritu crítico y la oposición a determinadas decisiones, hechos posibles en cuanto ese valor permanezca como tal y no se tergiverse en pro de la permanencia. También caben cuando el partido se descentraliza, ya que algunos de los líderes del centro separado puede ver con las decisiones del centro peligrar su poder.

De otro lado, esa tendencia se pone en conexión con el hecho de que produce una asociación estrecha de la propia existencia económica con la dependencia del partido u organización, lo que lleva a proclamar la necesidad de recibir una retribución. Y Michels dice: La dependencia financiera del partido, es decir de los líderes que representan a la mayoría, traba la organización como con cadenas de hierro.

Pero en esas reflexiones Michels distingue entre los diputados que son sostenidos por el partido de aquellos que son remunerados por el Estado, considerando que los primeros adquieren un sentido de dependencia de la propia organización partidaria, mientras que los segundos sienten que son parlamentarios por encima de todo, aún cuando deban su elección exclusivamente al partido socialista. Claro, vista nuestra situación, discrepo, pues el parlamentario de un modo u otro depende del partido e incluso si quiere permanecer en su ejercicio, no se siente o no es individuo e incurre en su conformación como masa de partido, aún cuando sea líder y capaz, votando lo que quiere el partido y no según el interés público o estatal, ya que el partido se considera representante del interés público y se identifica partido, gobierno y Estado, Lo estamos viendo. 

Y voy a acabar, sea como sea el partido necesita estar financiado y en cuanto crece necesita más por lo que llega a la corrupción, primero pidiendo al Estado que le subvencione, luego, cuando gobierna, haciendo crecer la organización, estructurando la  administración pública y  aumentando el número de parlamentarios, con el único fin de crear puestos para sus partidarios o para comprar voluntades o para que sus fieles colocados en puestos en los que prima la contratación pública consigan una contribución de empresas para obtener el contrato, incluso se crean empresas al efecto. 

Tal es la situación que realmente, salvo que se trabaje en serio en las comisiones parlamentarias, bastaría con un representante por partido. Únicamente percibimos unanimidades parlamentarias para aumentarse sus retribuciones.

En tanto el poder judicial no está financiado del mismo modo pues la justicia no interesa como tal, sino en cuanto se le pueda hacer dependiente, de modo que la carrera de los magistrados depende de la propuesta y acuerdo de los partidos que piensan en la tendencia política de los candidatos. Sin embargo no cuenta con medios y, en consecuencia,  resulta lenta e ineficaz.

Muchas cosas pueden extraerse de la obra de Michels pero no acabaría de poner citas que explican no sólo el liderazgo en los partidos y la tendencia oligárquica, pues esa oligarquía no significa el liderazgo de los mejores.

De la oligarquía y su liderazgo se pasa al dominio de la organización y con el fin de dominar el Estado, y, de todo ello, a la corrupción y la expropiación del fruto del trabajo del ciudadano independiente de forma desproporcionada e inconstitucional. Y de la corrupción e ilegalidad a la decadencia.

La democracia, si se considera la mejor de las opciones de gobierno, ha de ser cuidada plenamente y ese cuidado depende de la condición de las personas, su capacidad, ética, moral e independencia. Y hoy como ya he dicho parece una utopía imposible.

Por lo menos para que sea mejor hay que ser consciente de lo principal sobre lo superfluo o secundario, y del modelo en el que estamos.

lunes, 16 de junio de 2025

MICHELS, LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS II

Es indudable que hoy los partidos políticos son los principales instrumentos de acción política y ellos vienen a configurar básicamente el gobierno y el poder legislativo. Hoy es tal su presencia que frente a las diferentes "cracias" posibles se ha impuesto el término o neologismo de la partitocracia o partidocracia para cuando son los partidos políticos los que dominan los órganos básicos del estado e imponen su voluntad.

Frente a la dictadura franquista que los eliminaba considerándolos un mal para España, junto a los nacionalismos y los sindicatos, hoy su tendencia es autocrática y oligárquica, que corrompe a la democracia y domina de un modo u otro a los ciudadanos que van cada día dependiendo más del partido o que le sirven incondicionalmente. Muere la individualidad, la personalidad y el sistema de mérito y capacidad que ya sólo, formalmente, resta constitucionalmente, para la Administración pública. Y taxativamente en la misma Constitución se nos dice que La justicia emana del pueblo y se administrará en nombre del Rey por Jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independiente, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por lo que cualquier intento de dominarla por el resto de los poderes o por los partidos políticos directamente o a través de un politizado Tribunal Constitucional es un hecho inconstitucional de primera magnitud.

Artículo 117. 1 que a mi ver hay que poner en conexión con el artículo 9 considerando, como consecuencia, el término ley en su sentido completo de ordenamiento jurídico y Derecho, pues de no ser así puede anularse su capacidad de relación de unas normas con otras y de su mayor o menor conexión con los principios fundamentales de la Constitución, a través de un legislativo dominado por el partido la ley sería la  querida por el partido o partidos e indirectamente se dominaría al poder judicial sin perjuicio de que más allá de las incompatibilidades los jueces y magistrados muestren sus diferentes tendencias políticas, con los inconvenientes que puede presentar. Hoy vemos jueces ocupando cargos políticos y designados por el partido de turno. Así, creo pasan a ser parte no del Cuerpo judicial sino de la oligarquía dominante.

Michels nos avisa: La forma externa democrática que caracteriza la vida de los partidos políticos bien puede enmascarar - para los observadores superficiales- la tendencia hacia la aristocracia, o, mejor dicho, hacia la oligarquía que es propia de toda organización de partido. Si queremos comprender esta tendencia, el mejor campo de observación nos lo ofrece la estructura íntima de los partidos democráticos y, entre ellos, el partido socialista y laboralista revolucionario.

.....De este modo, la aparición de los fenómenos oligárquicos en el propio seno de de los partidos revolucionarios es una prueba terminante de la existencia de tendencias oligárquicas inmanentes en todo tipo de organización humana que persigue el logro de fines definidos.

Dada la importancia política de los partidos elementos principales de la participación ciudadana, su oligarquía se presenta en el resto de poderes y la democracia deriva hacia la misma. De otro lado, vemos que sus fines reales son el poder y su conservación y su financiación conducente a la corrupción.

Para conocer las consecuencias o derivaciones que pueden producir las diferentes combinaciones de las formas de gobierno, Aristóteles nos ofrece en el libro séptimo de su obra La Política, bajo el título " De la organización del poder en la democracia y en la oligarquía" puntos esenciales para comprender y entender. Y así nos dice: Hablemos, en primer lugar, de la democracia, y nuestras explicaciones bastarán para hacer comprender bien la forma política diametralmente opuesta a ésta y que comúnmente se llama oligarquía.

Así, pues, si resulta que nos domina una oligarquía y que además la misma es tendencia en cualquier organización, cabe preguntar si la democracia es una utopía o una ensoñación y que, puestos a que una oligarquía domine la política, es mejor que sea de personas formadas y preparadas intelectualmente, técnica y moralmente, cuestión totalmente alejada de la que se nos muestra en la actualidad.

viernes, 13 de junio de 2025

MICHELS, LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los últimos momentos que vive España y el modelo democrático constituido vengo diciendo que son graves y cada día se hace más evidente, por eso una vez más busco fuentes de inspiración para seguir escribiendo en este blog y acudo a Robert Michels y sus estudios sociológicos en 1915, sobre los partidos políticos y las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Y ello porque hoy, no sé si más que nunca los partidos políticos son protagonistas en la situación actual,

En el prólogo ya nos dice: Desenmascarar y formular en detalle el complejo de tendencias que se oponen a la realización de la democracia son cuestiones de dificultad suma. Podemos intentar, sin embargo, el análisis preliminar de ellas. Encontraremos que son clasificables en tendencias que dependen: 1) de la naturaleza del ser humano; 2) de la naturaleza de la lucha política y 3( de la organización, La democracia conduce a la oligarquía y contiene  necesariamente un núcleo oligárquico.

Si pienso en el núcleo o núcleos que aparecen en España, ante los hechos lo hago principalmente en los partidos políticos y básicamente en el que gobierna y sobre todo por sus tendencias autocráticas. en su larga Introducción Seymour Martin Lipset se refiere a la <<incompetencia de las masas>> y a las dificultades de participar en las decisiones y en un momento dice: "El poco interés y la escasa participación obedecen también, al hecho de que los miembros de toda organización de masa tienen por fuerza, menos educación e ilustración general que los líderes" Habría mucho que oponer respecto de la ilustración de los líderes y pensar en cambio en la que tengan sus equipos asesores, capaces de aprovechar lo que autores como Michels nos han mostrado, para utilizarlo. Por ejemplo, cabe pensar si el participar o no depende e la educación o ésta provocara reacciones en contra de lo que el núcleo oligárquico pretende, ¿no será conveniente que no se eduquen o lo sea en el sentido conveniente para la oligarquía y el partido que gobierna y la suya? ¿Hay pues dentro del núcleo otros que él mismo necesita? Pero éstos últimos no pueden ser independientes.

Es indudable que hemos de avanzar mucho en las investigaciones sociológicas del poder y nuestra democracia y de sus componentes básicos y ocupantes de la Administración pública. Son ellos los que legislan y, por si acaso, hay que dominar el poder judicial, su oligarquía y  el derecho a aplicar, olvidando el Derecho básico, natural o universal o del hombre, para reducir al juez el campo para formar su opinión y la juridicidad y legitimidad correspondiente de lo actuado.

Es verdad son problemas internos a veces queridos y buscados los que obstaculizan en realidad nuestra democracia. Seguiré con Michels para encontrar el porqué de nuestra oligarquía política y partidos políticos.  De otro lado, nunca hay que olvidar a Aristóteles como fuente de los conceptos de democracia y oligarquía.

miércoles, 4 de junio de 2025

LA UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LA LEYES Y LA DICTADURA. REFLEXIONES

Quería analizar el Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se nos ofrece como dirigido a ampliar y fortalecer ambas carreras, pero no considero que pueda apreciar la verdadera finalidad y sentido de cada modificación concreta y si es peor o mejor que lo modificado y, sin renunciar, a analizar desde mi perspectiva actual dicho proyecto, lo que ahora haré es una reflexión del uso que se hace del poder político y de la pérdida de la división e independencia de cada uno de los poderes constitucionales, de los que, paradójicamente, el único calificado como tal es el Judicial.

Como se deducirá de mis recientes entradas y segunda etapa del blog, mi preocupación radica en el hecho de que la situación política y social es grave y no se puede dejar de ser consciente de ello, pues, ya dentro de lo que he de considerar última etapa de mi vida, creo que esta situación es gravísima, desde mi punto de vista la peor de las vividas, pese a haberse desarrollado la parte esencial de mi vida y formación en época de dictadura que no se disfrazaba de demócrata. De tal manera que el Derecho lo aprendí entonces y mediante experiencia y vivencias y siempre estudiando y trabajando. 

Hoy mi experiencia me conduce al escepticismo y sobre todo al prejuicio y a la preocupación por lo que vivirán mis nietos y las consecuencias en la vida de mis hijos.

Este prejuicio me lleva a considerar que el proyecto  puede ser una forma de hacer del poder judicial un instrumento del ejecutivo o de los partidos políticos, pues con las excepciones existentes, el ministerio fiscal ya está contaminado. Y no digamos el legislativo y el Tribunal Constitucional. Y creo que estamos casi en dictadura.

En cierto modo una cuestión que me planteo es si considerar la relación entre Política y Derecho, como algo diferente a la del poder o gobierno y las leyes, ya que me refiero frecuentemente, más allá de posiciones estrictamente jurídicas, a esa relación entre Política y Derecho. Pero siempre pensando en que en el ejercicio de la justicia, en general, es más frecuente que, según la formación del aplicador, se analicen sólo los preceptos legales y no interese el cómo se configura la ley y muy poco si cumple la finalidad declarada en su enunciado y exposición de motivos. Y mucho menos importa sí será posible su eficacia o no. Esto último, en realidad corresponde analizarlo a la parte del Ejecutivo que conocemos como Administración pública y según su constitución y finalidad recogidas en la Constitución y en la Ciencia de la Administración pública. Administración pública que está desprofesionalizada, politizada, dependiente y con menor formación y preparación técnica y jurídica.

¿Pueden llegar al poder judicial y al ministerio público fiscal a la misma situación?  Sin duda, el proceso pienso que ha comenzado, y que se sabe que es así el mismo proyecto nos lo dice buscando, dice más calidad, pero con medidas que lo contradicen. Nunca es el número de jueces o funcionarios lo importante sino su preparación, formación y calidad.

Así pues, la relación entre Derecho y Política ha de trasladarse al efecto de su valoración a la de leyes y poder, dejado la primera en la esfera del deber ser y no de la realidad, incluso por que sus principios y valores se ignoran y apenas se transmiten por un utilitarismo y practicidad exagerados.

Por eso creo que hay que analizar este proyecto en marcha y espero a ver las reacciones de los profesionales no contaminados por el partidismo o confundiendo a éste con la ideología o pensamiento.

Espero y estudio.

viernes, 23 de mayo de 2025

LEOPOLDO ALAS, IHERING Y LA LUCHA POR EL DERECHO

Me refería en la última entrada la necesidad de luchar por el derecho y obra en mi poder el opúsculo de Ihering " La lucha por el derecho", una de las que hace que prefiera obras clásicas en lugar de tratados o libros especializados en un tema, pues sigo anhelando asimilar los principios y bases generales del Derecho e informadoras de todo quehacer jurídico.

En esta copia que poseo, hay un un prólogo de Leopoldo Alas (Clarín) que comienza con una cita de Ihering, pero de su obra "El espíritu del derecho romano":

Sólo la voluntad puede dar al derecho lo que constituye su esencia: la realidad. 

Por eminentes que sean las cualidades intelectuales de un pueblo si la fuerza moral, la energía, la perseverancia le faltan, en este pueblo jamás podrá prosperar el derecho.

Escribo y disfruto de esta joya y además me hace pensar que nada ha cambiado, desde 1921, el panorama español ante nuestra actualidad que con crudas palabras puede y debe decirse que es vergonzosa y vergonzante.

Refiriéndose al opúsculo, Leopoldo Alas, en el inicio de su prólogo, dice " pero entre nosotros, hoy más que nunca, es oportuna su lectura porque puede servir de acicate a los ánimos decaídos y corregir muchas perniciosas aberraciones de la voluntad y la inteligencia"

Desde que reabrí el blog, trato, cómo únicamente puedo, de luchar contra la actualidad social y jurídica y mi única ventana es este blog y que se piense no sólo en el ejercicio de una profesión y en la utilidad práctica de lo que se ofrece y lee. Para mí la única utilidad práctica es el saber y la voluntad de esa realidad del derecho y las leyes legítimas. Y, desde mi punto de vista, esta realidad es la eficacia de la ley encomendada, en la teoría, al Gobierno y la Administración. Sin gobiernos y administraciones y sin un pueblo que comprenda el papel de estas instituciones, y lejos de los partidos actuales, no puede haber ni voluntad ni eficacia, ni por tanto realidad. Díganlo los derechos ineficaces que existen hoy en día y que proclama nuestra Constitución y la falta de voluntad y de inteligencia para su realidad y la desigual distribución de recursos y bonhomía para que ello sea así.

¿ Que ello es una tarea ardua y difícil? Sin duda, para eso sí que es necesaria una memoria en el tiempo y de los aciertos y fracasos, y el registro de todo ello tiene que ser la Administración pública, alejada de la temporalidad y dependencia existente, por unos políticos que no quieren ninguna voluntad que pueda ser ajena o sombra de la suya, ni siquiera cuando es la ley la que la mantiene y, en consecuencia, tampoco quieren la inteligencia que crea la libertad individual. Mientras tanto leamos a los clásicos y repasemos la historia de España.

¿Retórica o realidad?


lunes, 19 de mayo de 2025

LUCHAR POR EL DERECHO.

Al tratar del fin del derecho venia a proponer, en cierto modo, la necesidad de investigar el derecho y los hechos como realidad material para realizar una valoración del verdadero fin, razón o causa de una norma o de una proposición. Casi como una constante pregunta: ¿ qué hay detrás de esto?

Y la verdad es que abrí una caja cargada de cuestiones científicas y filosóficas y de posturas diferentes en el rol o fin de la administración pública. Hay tal como se expresa en la obra de Dwihgt Waldo Estudio de la administración pública", la existencia en el siglo XX de un movimiento filosófico "encaminado a la separación de las categorías de hecho y valor".

Y más allá de las consecuencias de ello o de la posición contraria, relaciono esta dicotomía con la cuestión de la lucha por el derecho, bien vista como un conflicto de intereses a resolver política y legislativamente y con la interpretación administrativa de las ambigüedades contenidas en la norma, o bien como una lucha para imponer o establecer unos valores sobre otros. Y al escribir esto me acude la consideración que básicamente el contenido del derecho como valor y con menor ambigüedad se ofrece en la Constitución y de ahí su importancia y de que el Tribunal Constitucional no sea un instrumento político sino de los valores de la norma y factor esencial en la lucha por el derecho y me aparece en ello esa separación entre valor y hechos o realidad y esta resulta ser un factor de eliminación de la lucha por el Derecho y los valores a considerar.

Así pues la primera lucha por el derecho se muestra en la fase de formalización de las leyes o normas mediante la participación de los intereses grupales en juego y su valoración preferencial, en la que sin duda ya influye el valor pretendido por el órgano político que propone la norma y la redacta, pero también por el hecho que oculta realmente el texto; es decir, su verdadera o real finalidad que no se manifiesta en aquél.

La segunda forma de lucha parte del sentimiento de injusticia que la noma produce en la sociedad y en sus grupos de intereses o valores morales que la informan o regulan de modo general o abstracto, que acaba frecuentemente en un juicio jurisprudencial. De nuevo el valor y el hecho se muestran, el valor es la independencia del poder judicial y constitucional, el hecho la forma de su designación, político o de mérito, preparación, capacidad y experiencia y su real formación técnica.

Para esta lucha se necesita una sociedad fuerte imbuida de su ser y el deber ser que le corresponde y no acomodada y dependiente, si no es así la lucha es titánica y el individuo sucumbe en la injusticia y el engaño, incapaz de asumir valores y aceptando el hecho injusto o irracional.

lunes, 12 de mayo de 2025

EL FIN DEL DERECHO

Sintiéndome a mis 84 años, ya y medio, preocupado por lo que veo y la falta de valores en la actualidad, me refugio en los clásicos, para seguir atendiendo este blog, pues en otro orden creo que en mi última obra de Juridicidad y organización en la Administración española publicada por el INAP están reflejadas extensa e irregularmente quizá, y atendiendo a mi experiencia, las razones o causas de la situación política y administrativa actual, si bien no de un modo plenamente conclusivo sino expositivo. Y lo hago porque hoy me siento ante la segunda dictadura de mi vida y no sé si peor, ya que el régimen actual se dice democrático y su Estado tiene Constitución que lo califica como de Derecho.

Hoy acudo a Jhering y a su obra El fin del derecho y ya en su inicio se refiere a causa y fin y nos dice "Es por tanto, necesario para que la voluntad obre, una razón suficiente, una causa" y de inmediato pienso que la gran causa o razón principal de nuestro Estado, e instituciones que lo constituyen, es nuestra Constitución; en ella está nuestra voluntad que obró y obra o debe de obrar. Pero también leo: "El hombre que obra, no obra porque, sino a fin, a fin de conseguir tal o cual objeto"

Y ahí está la clave para que todo español y las instituciones que han de velar por el derecho y su fin, descubran cuál es el fin real que se persigue hoy este nuestro gobierno autocrático y oligárquico en su burocracia general. Es decir, analizar lo dispuesto formalmente, su finalidad, pero también el ajuste al mismo del obrar real y de sus efectos o no en el bien general. O sea no hay que apoyarse al juzgar en la literalidad o ambigüedad de la norma o precepto sino en su fin particular en el seno de uno más general y común al ordenamiento constitucional y jurídico.

Y por ello, llamo a todo funcionario público y a las instituciones a indagar el fin en nuestro derecho, ese que a muchos juristas no preocupa porque suele ser previo a la norma o expuesto de modo literario en la motivación legal, y por tanto hecho político que no ha de juzgarse.

Craso error, si no se analiza la causa no se analiza tampoco el fin o los fines y domina el leguleyo y sus artimañas normativas y el derecho no cobra eficacia.

lunes, 5 de mayo de 2025

LEGISLACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN II

La democracia es una lucha constante en mantener un equilibrio de poderes y en evitar la dictadura de uno de ellos, mientras que la política, mal entendida, tiene como finalidad obtener el poder más absoluto desdibujando los derechos de los ciudadanos y utilizándolos demagógicamente.

Así, por su cercanía y complemento de toda la organización, el gobierno lo primero que pretende dominar es la Administración pública y restarle su carácter de poder y garantía. Pero veíamos que la doctrina estadounidense predicaba la condición de legislador del Presidente y esto me obliga a matizar si esto en España se da o no.

En cierto modo, el hecho de un ejecutivo legislador se opondría a la idea de separación de poderes, pero lo cierto es que se puede legislar mediante leyes o reglamentos y estamos viendo en la actualidad también un abuso del Decreto ley. También cabe preguntarse si, en realidad y en la práctica, con nuestro sistema electoral y de partidos existe una independencia del poder legislativo y no puedo más que pensar y decir que no.

¿Porqué? sencillamente por que en nuestro legislativo no existen diputados como individuos sino como miembros obedientes y dependientes de su partido político y estómagos agradecidos que votan fieles a la señal el portavoz al sentido de voto que han de emitir. En estas condiciones y siendo, lo más frecuente que la iniciativa legislativa parta del Gobierno, en principio para hacer las políticas públicas que bien prometieron o que bien les interesan. De este modo, es lo más seguro que el proyecto de ley remitido a las Cortes sea aprobado con escasas y poco importantes enmiendas, salvo que gobernado en coalición y para mantener el poder accedan a un cambio. además de que en realidad es el propio Gobierno quien decide, salvo impedimento constitucional o a pesar de ello, el rango de la norma y su forma y contenido.

Si a esta situación, añadimos que nuestra Administración pública ya no es tal, sirviendo al Gobierno y a aquel que les ha nombrado, al margen de los sistemas de mérito y capacidad, y no está al servicio de los ciudadanos. Lo primero que se resiente es el principio de legalidad, otra base democrática, y al mismo tiempo se hurta la participación de los intereses contrarios a la política programada. Pero lo fundamental es que el derecho también descansa sobre fundamentos corroídos porque no respeta los principios constitucionales que son su base y me atrevería a decir que se ignoran por incompetencia o por voluntad torticera.

Todo me hace pensar que nuestro sistema electoral falla y puede uno preguntase si es o no democrático o nos lleva a una dictadura de los partidos políticos, los que, además, una vez gobiernan tienen  como primera política conservar el poder y realizar sus "relatos"  y hechos para ganar elecciones.

Al mismo tiempo con una administración servil, condicionada o independiente, se hurtan fases esenciales de carácter técnico administrativo en la valoración de la viabilidad y eficacia de la política, de modo que tampoco se muestran a quién gobierna los inconvenientes legales y prácticos de la política en preparación, limitándose a darle la forma y contenido deseados por quien manda, y quedando en bastantes ocasiones en una farsa, pues lo proyectado no va ser eficaz o va causar algún que otro problema social, si no es que la sociedad ya está adormecida y sin reacción entrando en la peor de las dictaduras sin sentirlo o ser conscientes de ello.

Si falla el Derecho, si la ley no es legítima, si dominan los partidos políticos, se reduce la capacidad ciudadana de elegir a buenos gobernantes y estos le caen ya elegidos, ¿hay pues democracia o sólo una palabra mágica a utilizar a conveniencia?

viernes, 2 de mayo de 2025

LEGISLACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN I

En la lectura de la doctrina estadounidense  de principios del siglo XX que vengo realizando y exponiendo en anteriores entradas, es un tema importante la relación entre política y administración, con tendencias claras de separación entre ellas y en favor de una independencia de la segunda, hasta el punto de que Willougby llegó a predicar el considerar a la administración como un cuarto poder. Por ello también se muestra otra tendencia distinguiendo también entre poder ejecutivo y administración. Y en relación con esto último, cómo en España la Administración, constitucionalmente, es una parte del Poder ejecutivo junto con el Gobierno, vengo manteniendo y tratando de concretar qué poder es el de la Administración, lo cual no puede dejar de relacionarse con la ley.
En otro orden, la citada doctrina viene no sólo a decir que el Presidente no debe presidir sobre los departamentos administrativos y también que no sólo es jefe del ejecutivo sino también jefe legislador, sin necesidad de entrar aquí a sus relaciones y problemas con el Senado.
En todo esto no sólo encuentro esa idea de separación entre política y administración, sino que también me hace pensar como, en cambio, yo he llegado a ir más allá del derecho administrativo para señalar que el estudio de la Administración pública ha de ser multidisciplinar y como una ciencia, en la que política, derecho y administración están estrechamente unidos, única forma de comprender el sistema, sus contradicciones y sus deberes en base constitucional y considerando la división de poderes.
En consecuencia, en estas últimas entradas, y con frecuencia,  se muestra mi tendencia a confrontar el derecho y los hechos políticos y administrativos y destacar la complejidad existente y a la política o a los políticos como encaminados en cambio a la unificación del poder en el gobierno, contaminado a su vez por los partidos políticos. 
Esta situación resulta hoy evidente y es francamente difícil distinguir entre política, legislación y administración. Dejo apuntada la cuestión para en la próxima entrada analizar esta confusión y sus causas, de otra forma, aún a riego de no cerrar el tema, la extensión de la entrada excedería de una lectura cómoda, si bien es evidente que hoy la política está mucho más presente que en el siglo pasado.

viernes, 25 de abril de 2025

LEGISLAR Y ADMINISTRAR.

Como es difícil no repetirme y, en resumen, el perfil de este blog es la relación entre política, derecho, administración y organización, voy a transcribir algunas ideas, presentes en la doctrina estadounidense del siglo XX, que surgen en relación a la dualidad de la política y la administración y también la existente con la función legislativa.

W.F. Willoughby en su obra Principles of Public Administration , dijo que la función de la legislatura es diferente de las ramas judicial y administrativa, pero es una organización y, por tanto, está sujeta a los mismos principios y métodos de análisis. También, que pocas legislaturas han llevado a cabo un adecuado inventario analítico de si mismas y casi nunca les ha dado buen resultado hacerlo.

Pero lo más interesante desde mi punto de vista, es cuando se señala que las legislaturas igual que cualquier otro organismo, deben analizar los hechos cuando quiera que se le presente un problema, considerar las diversas alternativas, organizarse a fin de lograr una labor eficaz y responsable. Deben conseguir personal apto, disponer y vigilar sus responsabilidades y coordinar el esfuerzo conjunto a fin de que destaquen el sistema y los logros obtenidos.

Y pienso que, no sé porqué, todo esto en principio no se da y queda en simple deber ser o utopía sobre todo si atendemos a lo que estamos viendo en España. La realidad es diferente y lo digo pensando en la relación que el legislativo o sus diputados, forzosamente han de establecer en muchas ocasiones con la administración y sus funcionarios. De ahí que el propio Reglamento de nuestro Congreso venga a decir en su artículo 7.1 que: Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas. Y en el punto 2 que : La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la Presidencia del Congreso y la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan.

Willoughby también, en relación a esto, nos dice  que las legislaturas establecen normas fundamentales, en forma de leyes escritas, que en realidad viene a ser un poder conferido a los administradores. Y aquí entiendo que se manifiesta la relación con el poder ejecutivo y la administración pública, que, tal como en el blog se ha evidenciado a través de las entradas referidas a las políticas públicas, supone tanto la previa proyección de la norma, previa evaluación de su viabilidad y existencia de recursos para su eficacia, como la ejecución y eficacia de la ley aprobada.

En este sentido WHITE nos dice que "los funcionarios son responsables tanto de la elaboración de las normas, como de su cumplimiento".

Una vez más, en mi opinión, se pone de relieve la gran importancia de una administración profesional y no politizada; la política se centra en el paso de proponer y diseñar con ello una política pública para cumplir un interés general o un derecho constitucional en favor de los ciudadanos. 

De este modo, atendiendo  a la distinción entre política y administración mantenida por Wilson, en el libro "Administración" de Lepawsky, se refleja que esta distinción "fue más generalmente considerada como una distinción entre normas y administración".  Y recoge que Jhon M. Pfiffner resume diciendo "la política debe permanecer en la esfera de las normas y dejar a la administración libre del obstáculo de la interferencia política"

En definitiva, en esta entrada, me limito a manifestar, en parte, la relación entre el legislativo y la administración, no tanto como con el Gobierno, aunque en realidad éste no queda al margen, sino que frente a los diputados de la oposición procura evitar  que aquélla facilite la labor de los mismos. O sea surge una interferencia política más.

En la próxima entrada trataré de ver lo que dice la doctrina americana en orden a la posición del poder ejecutivo frente al legislativo.


viernes, 18 de abril de 2025

¿TENEMOS UNA ADMINISTRACIÓN NEUTRAL? y IV Políticos y funcionarios. confianza o experiencia y profesionalidad.

Empiezo a escribir y ya acuden a mí tal cúmulo de cuestiones por las que pienso que el tema de hoy da para mucho. Todos conocemos la situación actual de información que los ciudadanos recibimos y como se sitúan en la política y en la administración pública una serie de familiares, amantes incluso, incompetentes, algunos declarando que de la materia de su responsabilidad no sabían nada y todo es obra de actos de parte de los partidos políticos y de los gobiernos. Es una perversión de todo el sistema formal, político, jurídico y administrativo y de la eficacia que se predica como fin central de estos sistemas. Si no ¿para que están? ¿sólo para beneficio de unos cuantos que "ocupan" las instituciones que no son de su propiedad y por procedimientos contrarios a la legalidad?

Como en anteriores entradas, voy a apoyarme en el libro de Marshall E. Dimock y Gladys O. Dimock, no sólo por su contenido, sino porque frente a tantos especialistas jurídicos y científicos de la Administración que parecen mantener la particularidad de los EEUU en política y administración, veremos que no hay tanta diferencia en los problemas existentes.

Por lo que hace a esta cuestión referida a los políticos y a los funcionarios, en el libro, después de comentar lo que un grupo de profesores de la Universidad de Harvard estudió y en sus conclusiones  nos señalan que la realidad es que a medida que las empresas se ven envueltas en competencias semejantes a las de los gobiernos y por ello en uno u otro caso se necesitan las mismas habilidades. Los que me conocen saben que no considero a la Administración pública como una empresa, puede, como se señala, que haya problemas semejantes y soluciones válidas para la empresa y la Administración, pero simplemente el beneficio las separa claramente y ya que estos expertos señalan cómo en las empresas antes referidas existen problemas de supervivencia, ésta también debe darse de modo diferente en las instituciones públicas, aunque veamos que en realidad en el sector político la supervivencia llega a ser un factor distorsionante del sistema público, y también la búsqueda del beneficio particular frente al general.

El libro recoge, tras referir esta consideración de la existencia de comunes habilidades entre administradores y políticos, la pregunta que alguna doctrina de la Public Administration se formula. ¿ A qué se debe, pues, que durante la mayor parte de la historia política de los Estados Unidos, los administradores y los políticos hayan sido considerados somo elementos opuestos de un mismo fenómeno?

Y sigue explayándose y diciendo cómo ya en 1883, con la reforma del servicio civil, se rechaza el reparto de empleos como botín electoral y también se opina en contra de la política y los políticos, y que durante mucho tiempo el ideal de los administradores era la neutralidad política. Se puede decir que en este momento en España la situación empieza a estar presente el mismo rechazo o, en su caso, la indiferencia sobre ello, con el gran peligro que ello supone o la ignorancia de la importancia del problema que le acompaña. También nos dice, en congruencia con lo dicho en mi entrada anterior, que la política en sí no es rechazable sino tan sólo ciertas especies de actividad de partido. Se refiere, igualmente al rechazo del caciquismo, del reparto de empleos por el partido triunfante y que en ello se vio una amenaza a la supervivencia de la democracia.

Más adelante, nos dice que a partir de los años treinta los intelectuales empiezan a opinar que "la función del gobierno .....que era de dominación, es hoy predominantemente de servicio a los ciudadanos y a los consumidores. Es decir, se redescubre, desde mi punto se vista, la idea básica que Aristóteles nos ofrece sobre la política más allá de las formas de gobierno.

En 1957 la Institución Brookings en conferencia celebrada en Washington señala este hecho.

La verdadera diferencia entre los empleos políticos y los de carrera no se debe a su naturaleza sino a su a la experiencia política que debe tener quien vaya a ocuparlos. Si cambiamos el termino política que aquí, en mi opinión se nos ofrece en sentido amplio por el de administración, estamos coincidiendo con mi opinión básica y, al decirnos también que otra conclusión fue que el ejecutivo de carrera es superior al político que ocupa transitoriamente el puesto. El ejecutivo de carrera no sólo tiene aptitudes de dirección y un conocimiento práctico de de la administración gubernamental sino la comprensión detallada de los programas y problemas, además de un cierto grado de habilidad política del que en muchos casos carecen los ejecutivos políticos.

Aquí pues aparecen los trazos permanentes de mi concepto de las funciones públicas y de los funcionarios públicos y también la base de la condición o concepto del directivo público distinto del de empresa, en cuanto que se desenvuelve, primero en el seno de la eficacia de las políticas públicas o programas políticos de gobierno de una nación, estado o Administración pública y después en su ejecución o realidad práctica.

Sigue el libro, en este punto resaltando las ventajas del ejecutivo de carrera y el ideal de su trabajo en unión y cooperación mutua con el ejecutivo político.

Creo que no hace falta apuntar más ideas sobre el funcionario de carrera y los políticos, sino señalar que estamos hoy aquí a un sistema de "spoils" claramente criticado en EEUU en los años señalados. Por tanto el modelo de la experiencia práctica, conocimiento jurídico, administrativo y político en su buen sentido, es una norma constitucional, pero en un simple sueño de algunos funcionarios.

Si no corregimos, la democracia ya dañada seriamente, desaparecerá hasta como deseo o regulación constitucional. Ya hay un sistema ideal uno real confrontados claramente. 

Contestado a la pregunta del título de esta serie de  cuatro entradas se puede afirmar que la neutralidad de la Administración pública no está garantizada en la realidad española.


lunes, 14 de abril de 2025

¿TENEMOS UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NEUTRAL? III Estado de Derecho y la partitocracia

El Estado de Derecho, hace de éste un elemento central en el sistema que, además se apoya en una división de poderes en la que la Administración pública se integra en el poder ejecutivo y,  en cierto modo,  de manera disminuida, al considerarla simplemente un medio auxiliar y dependiente. Y este sistema se considera democrático, no tanto porque mande el pueblo de modo directo sino porque existe un sistema electoral de aquellos en los que se delega el poder de llevar los asuntos públicos, básicamente en el poder legislativo, que aquí en España no se extiende al poder judicial, sujeto a un sistema de ingreso en la carrera por mérito y capacidad.

La participación de los ciudadanos no es directa, pero dónde, legal y constitucionalmente, no sólo es a través de un partido político sino que lo es también a través de la  función pública, incluyente de los jueces y militares. Y siendo el derecho el elemento central de sus funciones, los funcionarios públicos y jueces están al servicio de la ley y de su eficacia y no al del gobernante o partido político correspondiente, de tal manera que en muchos sistemas, estos funcionarios, jueces y militares no pueden militar en un partido político, no porque no puedan tener una opinión o idea política sino porque serian dependientes y con posibles expectativas de una carrera política en su seno. 

Pero, en realidad el desencadenante del derecho y la acción administrativa son las políticas públicas, en las que los partidos sí tienen la iniciativa, si bien a través del Gobierno y, o, con la aprobación del legislativo, aquí hoy dominado por los partidos políticos y no por el mérito y la capacidad, pasando sus componentes a ser masa y no individuos. Primer factor, pues, que se puede considerar barrera a la libertad de pensamiento y de opinión y paso a la corrupción, pues su elemento humano son realmente los partidos políticos y de otro lado, también la ideología. Cosa que nunca puede alcanzar a la Administración ni a la judicatura, pues de ser así no se puede considerar el sistema como democrático y a la ley o el derecho como fruto de la racionalidad y de tener fines generales, sino, al contrario, partidarios o para beneficio particular de un grupo.

Si esto es así, ese fin del bienestar de los ciudadanos que destacaba Aristóteles no existe y hoy queda en palabrería, como tampoco existe pues un estado de derecho puro, al no ser una asociación de hombres libres en realidad.

Esto está ocurriendo en España y si no hay libertad ni independencia, ni la ley, ni la Administración pueden ser neutrales y basadas en el interés general, que, incluso, ya no se define con pureza sino disfrazando intereses espurios.

En cuanto al derecho voy a acabar señalando la importancia de la Administración pública en su generación. En el libro citado de los Dimock nos dicen que: el problema del gobierno y su administración es definir las funciones con la precisión necesaria para evitar confusiones e ineficacia institucional, mas con bastante flexibilidad para permitir que la libertad y la opinión pública penetren y controlen toda la maquinaria gubernamental.

Para inmediatamente recoger la cita del ex rector de la Escuela Maxwell para Graduados en administración pública de la Universidad de Syracuse y, muchos años, funcionario federal, Paul Appleby: La administración pública es establecer normas. Luego, los Dimock acaban el párrafo, continente de las opiniones de Appleby, diciendo: 

" Es indudable que la administración pública es uno de los diversos procesos políticos por el cual un pueblo logra tener gobierno y controlarlo. Appleby llega a esta conclusión después de haber mostrado claramente que los funcionarios de carrera y de nombramiento comparten en esencia las mismas responsabilidades en la política y en la jefatura. En consecuencia, se inclina a acentuar la función normativa que deben desempeñar los administradores profesionales". Añado que fundamentalmente en el plano de su posibilidad de eficacia y la organización para ello.

Esta idea de equilibrio entre Gobierno y Administración existe en el artículo 103 de nuestra Constitución, hecho formal y no material. Habrá en adelante que referirnos pues a políticos y funcionarios, pues son lo que hacen que el modelo sea realidad o no.


jueves, 10 de abril de 2025

¿TENEMOS UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NEUTRAL? II El sentido de la política y el interés general

Recogía en la primera entrada, sobre la cuestión objeto de mis reflexiones actuales, cómo  en su libro los Dimock nos decían que no se podía reducir lo que es la política en una frase y eso es así, aunque se nos trata de explicar partiendo de los filósofos griegos y de la etimología de la palabra, explicándonos que se ocupa del tratamiento de los asuntos de la ciudad, en el sentido de la ciudad-estado griega. O sea se ocupa de los asuntos públicos y aunque siempre hay una referencia a Aristóteles por su obra La Política, en él tampoco encuentro una frase definitoria sino todo un tratado  sobre la actividad política, su fines, sus formas de gobierno, de los poderes, etc. Y es en él donde encontramos referencias muy útiles al respecto de dicha actividad política. Y sobre todo en cuanto él parte de la sociabilidad del hombre y la política, pues, es un hecho social, una consecuencia de esa sociabilidad y en cuanto también las referencias a la democracia parten de la filosofía griega.

En Aristóteles encontramos, cuando trata de la división de poderes y  de las Constituciones, que nos señala que el bienestar individual y común es un deseo del hombre y en consecuencia cabe entender que el bienestar social de los ciudadanos es un fin de la política. Y como el objeto de lo que escribo en estos inicios es señalar lo que de bueno hay en este hecho social y sus fines, para luego tratar de su realidad en España, vemos que el filósofo nos dice en ese capítulo que el citado bienestar o bienestares : es el fin de todos en general y de cada uno en particular; pero se unen, sin embargo, aunque sea únicamente por el solo placer de vivir; y este amor a la vida es, sin duda, una de las perfecciones de la humanidad. Y aún cuando no se encuentre en ella otra cosa que la seguridad de la vida, se apetece la asociación política, a menos que la suma de males que ella cause llegue a hacerla verdaderamente intolerable.

Muchas conexiones de todo esto se me ocurren al respecto de este texto, pero simplemente destacaré, pues, la importancia que la educación y formación ciudadana ha de tener para la obtención de un bienestar común y un pensamiento libre a través de la misma.

Como siempre empezado el tema de hoy, mi escrito podría hacerse interminable y caótico al no seguir guion y reflexión detenida previa. Transcribo otro párrafo de Aristóteles, que tras referirse a la cesión de los ciudadanos del poder a otro de resolver acerca de sus intereses, nos dice: pero más tarde las ventajas que proporcionan el poder y la administración de los intereses generales inspiran a todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del cargo; y si la continuidad en el mando pudiese por si sola curar infaliblemente una enfermedad de que se viesen atacados, no serían más codiciosos en retener la autoridad una vez que disfrutan de ella.

Luego, evidentemente, todas las constituciones hechas en vista del interés general son puras porque practican rigurosamente la justicia; y todas las que solo tienen en cuenta el interés de los gobernantes están viciadas en su base y no son más que una corrupción de las buenas constituciones; ellas se aproximan al poder sobre el esclavo, siendo así que la ciudad no es más que una asociación de hombres libres. Aparecen pues otros fines: el interés general y la justicia.

Y al llegar a este punto me viene a la memoria que en otro momento Aristóteles sienta la importancia de la libertad de pensamiento, que de nuevo conecta con la educación recibida y que sin ella no hay libertad.

Creo que apunto ya por donde van los tiros, pero quedan muchas cosas que decir pues hay que ver las relaciones con el derecho y la importancia de la acción administrativa en todo esto. Y la importancia en todo y en la eficacia de la asociación está en la actividad; de nuevo el filósofo señala: pero se incurre en una gran equivocación al preferir la inacción al trabajo, porque la felicidad sólo se encuentra en la actividad y los hombres justos y sabios se proponen siempre en sus acciones fines tan numerosos como dignos.

Ya se une política y administración, que escel tema principal de estas cuestiones que en la próxima entrada proseguirá.

martes, 8 de abril de 2025

¿TENEMOS UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NEUTRAL? Política y Administración

Me detiene el escribir más en el blog, la sensación de repetirme que me asiste. Hoy me parecen que las cuestiones más generales son más importantes que las de detalle. Pienso que soy conceptualista en cuanto los conceptos son básicos para la compresión. Cuando en la doctrina o en las personas existen conceptos diferentes de una cuestión, el entendimiento de lo escrito puede variar o no ser apreciado del mismo modo y, por tanto, la consecuencia, o lo comprendido, puede ser también diferente. A título de ejemplo, tenemos el preguntarse ante un discurso ¿a que democracia se refiere este sujeto? ¿ qué entiende por derecho? etc.

La situación que vivimos hoy en España, al menos la que yo vivo, es un desastre, pues la Administración pública ha sido dominada por la política (otro término de sentido vario), por eso diremos la política como partido y como interés partidista.

Pero la conexión de la Administración pública con la Política no se muestra en todas las disciplinas académicas que de ella se ocupan y así al jurista no suele interesarle el procedimiento previo a una disposición jurídica sino el texto aprobado. Preveo que esta entrada podría eternizarse y quizá acuda a más para abarcar lo que he comenzado.

También he ido con los años comprendiendo que en España tanto en Política como en Derecho, doctrinalmente, desde el siglo XIX se han mantenido tanto vertientes del modelo administrativo francés o napoleónico o del modelo anglosajón, este sin cuajar plenamente al acogernos al sistema o régimen de derecho administrativo francés y a su modelo de función pública. Pero el sistema americano en cambio manifiesta más la conexión con la política pues su referencia principal es a la Administración pública más que al sistema jurídico. Igualmente, acogemos con agrado, en la realidad o por lo que nos ofrece el cine, la jurisprudencia norteamericana, entiendo por el distinto modelo constitucional en que se basa que le hace acudir a sentencias más transcendentales al ir la jurisprudencia concretando el contenido de los principios constitucionales. Cualquiera puede considerar, por ejemplo, el avance en principios de igualdad en contra de la discriminación racista.

Dicho esto, entro un poco en la conexión entre política y administración. En los textos de Public Administration americanos esta conexión se evidencia con claridad. Y así, por ejemplo, en el último texto que adquirí, Administración pública de Marshall E. Dimock y Gladys O. Dimock, en su parte segunda, dedicada a la administración y la política pública, capítulo 8, comienza diciendo:

Toda la Administración gubernamental funciona dentro de un medio político. Ya se trate del puesto más inferior del servicio civil o de los más altos cargos políticos, el medio político es un hecho central en la vida administrativa de los funcionarios gubernamentales.

Hay por supuesto, muchos matices en el grado en que se siente la influencia de la política en la administración. Aunque no podemos definir la política con una simple frase, debemos unir los diferentes significados del vocablo para ver la forma en que, gracias a la influencia de la política tiene en la administración, las funciones del gobierno sirven a los grandes intereses de la sociedad.

Creo que aquí dejaré esta entrada para continuar en otras desentrañando esta influencia en general y en el sistema español actual y qué significado damos al vocablo "política". Y también creo que eso necesariamente nos conecta con la clase de políticos que nos gobierna y funcionarios que nos administran. 

Hasta la próxima.

jueves, 27 de marzo de 2025

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU COMPLEJIDAD.

En mis escritos sobre Administración pública y en este blog vengo reiterando el predominio de "la política" sobre la administración. Es como decir que predomina o se confunde el deseo con la realidad. También que políticamente la gestión deja de importar y en mi extenso libro sobre Juridicidad y organización en la Administración española, están expuestas si no todas las causas de la situación de ineficacia actual sí casi todas.

Pero la cuestión a señalar es que, en Valencia , se han evidenciado problemas de gestión y la gente ya aprecia que no basta con programas, palabras, prensa dirigida, y "circulares"  a los miembros del Gobierno correspondiente, unificando sus respuestas a las preguntas problemáticas. También se ha reiterado las afirmaciones de Olivan sobre que no hay Gobierno sin Administración o que administrando se gobierna, tan evidente que asombra que se haya destrozado a la Administración para crear equipos de dependientes y fieles de asistencia al partido gobernante o a su presidente, normalmente también la cabeza del partido dominante. Y así la mala gestión evidencia las vergüenzas del poder ejecutivo y ya se aprecian por los ciudadanos, con perjuicio del sistema democrático.

La dana, la gestión municipal con cambio de partido gobernante y sin efectos reales en los problemas que tocaba cambiar, y las bombas o megapetardos que holandeses, ah es verdad neerlandeses, y alemanes han explotado en Valencia con efectos perniciosos y muestra de inseguridad, escasez de medios de control y humanos, falta de coordinación entre administraciones y sus aeropuertos o entradas al país de esa gentuza, evidencian también que una autonomía no es un estado y que no puede serlo dada la dependencia existente entre ellas que forman parte del territorio común, que llevó a considerarlo nación y darle la forma de Estado y su Constitución.

Y es que la gestión es compleja, cada ley o política pública debe contar con los medios indispensables para hacerlas eficaces y reales y a mantenerlas durante años hasta que dejaran de ser necesarias.

No voy a pormenorizar las funciones en cada forma de gestión sólo voy a enumerar las que expongo, en el libro citado, respecto de la organización ejecutiva superior, es decir la que debe ser neutral, técnica y profesional y no de confianza como ya ha llegado a ser. Y así, sin entrar en la participación de esta organización en la valoración de las políticas públicas y proyectos de ley y su dotación de medios para su eficacia o valorando su viabilidad, en la organización de ejecución, mantenimiento y gestión, aparecen los siguientes apartados:

a) los aspectos jurídicos.

b) los aspectos organizativos.

c) la gestión de recursos e intendencia.

d) los aspectos relacionales.

e) la información en general.

f) la función inspectora.

Todas ellas factores, más el directivo, determinantes de la gestión y de la eficacia administrativa en su nivel más alto hoy suplido por una organización de confianza o de libre designación con menosprecio, se puede decir que absoluto, del principio de mérito y capacidad. quien tenga interés por estos temas, lea por puntos y con calma,  mi tocho de libro mencionado, pues aquí no se puede decir todo y el tocho mis años me ha costado.

martes, 11 de marzo de 2025

MATERIAS, COMPETENCIAS Y FACULTADES.

Cuando reanudé la actividad en este blog lo hice indignado por la mala gestión de la denominada "dana" y sus consecuencias en Valencia. mala gestión en la que no se salva nadie y que proviene, como ya he dicho, de la desprofesionalización de la Administración pública. Hoy me siento desorientado, ya no sé nada, mis conceptos están desflecados y cada fleco es un concepto distinto.

Hay una pérdida de rigor técnico y una carencia de seguridad jurídica cada vez mayor y la realidad es que creo que ya no existe ni Estado ni Constitución, la cual hasta el más lerdo la interpreta y así proliferan las contradicciones y las posturas encontradas. y cando toca interpretar a los autorizados legalmente para ello, entonces surge no la competencia técnica y jurídica sino la dependencia política de un partido. Y lo aguantamos todo.

Viene a cuento todo esto por la dichosa constitucionalidad o no de la "delegación" de competencias a Cataluña en materia de inmigración y demás, que aún no está resuelta mediante acuerdo, decisión o norma de orden jurídico y de modo efectivo.

Tras un período en que miembros del partido, y no recuerdo si incluso el presidente del Gobierno, manifestaron que era inconstitucional una transferencia o delegación en esta materia de competencia exclusiva del Estado, ahora se dice que es posible y que la Constitución permite la delegación y que eso es lo que se hace y que el Estado tiene la titularidad. 

El problema es que la competencia no es un concepto unívoco sino que se refiere a muchas cosas, desde materias, potestades, facultades o funciones respecto de las materias, de modo que en el nacimiento de las Comunidades Autónomas se hizo precisa la referencia a competencias compartidas o exclusivas. La exclusividad supone que el Estado es el único al que corresponde la competencia y la materia objeto de discusión, así  a mí me lo parece.

La titularidad no siempre garantiza el dominio es como cuando se alquila un piso y el inquilino dispone a conveniencia y el dueño no se entera y cuando se entera ya tiene un problema material y jurídico y  no digamos si los okupas se introducen en él o subarrendados, etc.

Lo importante en este asunto, desde mi punto de vista, atendida la exclusividad de la materia, es que hay que acudir al artículo 150.2 de la Constitución que dice: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de  titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, La ley preverá en cada caso la transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado"

A destacar, no hay referencia a competencia sino a materia, o si se quiere materias que son de titularidad estatal, y a facultades, lo que quiere decir nunca a la competencia o materia correspondiente completa, que además por su naturaleza sean susceptibles de ello. y, salvo opinión contraria, no sé qué facultades serían susceptibles y si son las que cree el Sr. Puigdemont, ni qué control se establecerá que no haga inútil la titularidad estatal ni las repercusiones en el resto de España. Por facultades, en este caso, yo prefiero la referencia a funciones.

Pero de momento, todo es repercusión mediática, caos de declaraciones, ningún proyecto ley orgánica, conceptos imprecisos, dependencias partidarias, carencia de sentido común, mientras todo se viene a abajo. Aquí sólo hay un programa de anulación de instituciones básicas y de la propia Constitución y el estado que configura.

Pero todos tranquilos los que vengan detrás que arreen, sobre todo si se esta "en capilla" como yo.  

lunes, 24 de febrero de 2025

LOS EXPERTOS Y LOS FUNCIONARIOS.

Ya hace tiempo que vengo observando la costumbre de los políticos que gobiernan en justificar muchas de sus acciones y se apoyan en que hacen lo que dicen los expertos. Los expertos parecen la razón que lo motiva todo, pero nunca se dice qué tipo o clase de expertos. en cambio no se dice si son funcionarios y éstos parecen haber desaparecido del panorama de las resoluciones. Tampoco suele aparecer el cargo responsable de la opinión experta y mucho menos su nombre y apellido, ni hay referencia al expediente justificativo.

Pienso que en esta generalización de "expertos" cabe cualquier cosa y no nos permite comprobar si lo eran o no y quiénes son y su capacidad técnica, palabra que tampoco suele utilizarse ni siquiera con referencia a "los técnicos". En la administración pública los expertos según materias son los funcionarios y las referencias la ley, el reglamento, la experiencia en la gestión correspondiente y la ciencia que la rige. Así pues los expertos son  el parapeto en el que se amparan los políticos.

Se puede considerar que una de mis obsesiones es la libre designación y la politización de muchísimos puestos funcionariales participantes en las resoluciones y las decisiones y también en la creación de una Administración paralela de confianza política plena, que no sólo aumenta el gasto sino el derecho. Hoy no hace falta la compra de cargos públicos ya son propiedad del político y partido de turno y así se garantiza que el funcionario de carrera sea dependiente y se lo piense antes de negar o corregir la propuesta política y si ello falla aparece el experto indeterminado.

Pero el procedimiento administrativo exige en las resoluciones su motivación, extensiva a toda decisión, pero no asignada a nadie en su concreción o confección. En cambio, los informes vinculantes sí están referidos como función pública y el resto de informes en expedientes administrativos a los funcionarios responsables de la materia o asunto que se trata de resolver o decidir.

La presión política sobre el funcionario está garantizada y éstos buscan la vía de escape de un modo u otro. es normal, pues, que las propuestas de resolución vayan desapareciendo, los informes se sustituyan cuando no convienen e incluso que no se firmen como recientemente estamos viendo. Otra es la creación de órganos colegiados en los que la designación de sus componentes es facultad del político y el funcionario concreto también desaparece. Y finalmente, el funcionario en vez de proponer o informar por escrito en simple conversación asesora como subvertir la norma que constituye el obstáculo.

Así pues, expertos al poder y funcionarios a la sombra. Pero también hay que considerar la adopción de soluciones como en la empresa privada basadas en técnicas de gestión empresarial, inadecuadas  en muchos casos a la gestión pública y sus principios, pero propuestas por "expertos"; lo que conviene al poder político que puede razonar que es lo más eficaz, naturalmente para él pero no para los intereses públicos o generales. también el funcionario incurre esa apelación a "técnicas eficaces" porque luce ante los demás por sus arcanos conocimientos en la buena administración, pero que ignoran el derecho primando a la gestión y resultado pretendidos. La privatización en la gestión se garantiza y no importa si el político es liberal o socialista. El lenguaje nuevo con aspiraciones "técnicas " se complica, no se habla de coordinación sino de gobernanza, concepto a aclarar y, por tanto, incomprensible o confuso para todos. Tampoco importa que las cosas sean reales basta con enumerar las acciones para que ya se haya cumplido el objetivo político: parecer que se hacen cosas y que hay expertos detrás de todo. Gobierno y Administración se confunden, desapareciendo la segunda en su carácter público y de servicio al ciudadano y al Derecho.

Como siempre mucho más se queda en el teclado.

jueves, 13 de febrero de 2025

EL AFAN EXPANSIVO DEL PODER EJECUTIVO

 En la actualidad estamos viviendo un teórico, o no, conflicto o enfrentamiento del Gobierno con el Poder Judicial. Mi intención es simplemente reflexionar sobre las causas que pueden haber conducido a esto y ello sin que puedan ser transpuestas situaciones históricas actuales a la antigüedad, pero sin poder dejar de considerarlas pues todo es producto de una evolución y sin perder de vista que el poder legislativo también ha evolucionado y nos ofrece situaciones muy distintas.

Ihering en su obra "El espíritu del Derecho Romano", nos ofrece múltiples ejemplos, sobre todo al referirse a la justicia privada y la jurisdicción criminal. También cuando nos dice, por ejemplo, que el concepto que hoy tenemos de la ley no es el mismo en derecho romano que el actual. En un punto nos dice La voluntad del Estado es la voluntad del conjunto de los ciudadanos, la ley un contrato, por el cual estos últimos se obligan a observar cierto modo de proceder y la obligación de todos, que de ello resulta, el derecho en el sentido objetivo. Más adelante:

" La lex publica es un convenio de todos, y a la inversa un pacto privado es una ley para los dos contratantes"

Si pensamos en nuestra actualidad y partimos de que muchos principios del derecho pueden permanecer en el tiempo, tendríamos que pasar a analizar los procedimientos en cada época. Pero no trato de penetrar en tal investigación histórica superior a mis fuerzas y voluntad. Lo primero, desde los procedimientos, es dudar seriamente de que la voluntad del Estado sea la voluntad del conjunto de los ciudadanos y que el interés general coincida plenamente con intereses particulares de un mayoría sustancial.

También he vivido diferencias de opinión sobre si lo primordial como motor es la economía o el poder. Yo pienso que lo es el poder, que hoy aporta el resto de "beneficios", que cuando no son generales y pasan a privados estamos en un proceso de corrupción.

Todo esto no es simple ni mucho menos. Pero simplificando, respecto de Justicia y Poder ejecutivo, es normal exponer que la justicia correspondía al rey y que los jueces actuaban con jurisdicción retenida o delegada según casos. Otro objeto a investigar en profundidad y analizar la diferencia entre la justicia privada y la pública o criminal según los momentos.

Hoy aprecio una gran identificación, espuria, entre Gobierno y Estado y una voluntad individual que cada día es menos objeto de pacto y más desvirtuada por la voluntad de los partidos políticos, padeciendo, por ello las instituciones una subversión de su naturaleza y fines. La voluntad individual se remite a procesos electorales con procedimientos diversos e incluso corrompidos. El peso del poder de los partidos y del Gobierno es enorme. El refugio es el poder judicial, en la medida que no se corrompa.

Si vamos a la naturaleza de un régimen de Derecho administrativo y de su formas en Francia, vemos que uno de los objetos principales es la de separar Justicia de Administración, con bases en la idea de la eficacia, sobre todo en las obras públicas, de modo que no se paralizaran en virtud de un juicio en los tribunales de justicia y la creación de una justicia administrativa, el Consejo de Estado, que forma parte del poder ejecutivo y juzga sus actos administrativos o todo  aquello que, desde la doctrina jurisdiccional de dicho Consejo, se considera como servicio público, del que por la fuerza atractiva de esta jurisdicción, o sea poder ejecutivo, su concepto acaba identificándose con toda la acción administrativa. Otra cuestión que habría que considerar, pues llega a afectar a derechos individuales.

España modifica el régimen administrativo reflejado al crear una jurisdicción especial en el seno del poder judicial, de modo que los conflictos deja de resolver sobre los actos, servicios y obras públicas. el poder judicial cobra importancia en los asuntos públicos y nuestra Constitución es al único que denomina como poder. Además, al formar parte del derecho público, la acción popular persiste y, con los límites legalmente impuestos, permite a los colectivos privados reclamar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Otro inconveniente para el ejecutivo.

Todo esto provoca, en la medida que existen jueces independientes que el poder ejecutivo, los gobiernos y partidos políticos consideren a los tribunales como un obstáculo y traten de corromperlos, limitarlos o anularlos, utilizando la ley como su voluntad, no producto del pacto con ciudadanos, sino del negocio entre intereses partidarios.

Se crea tensión, se trata de acumular poder en el ejecutivo y se lleva a la dictadura y a la supresión de la individualidad, la personalidad y los principios morales. La ley pasa de pacto a imposición y el gobierno compra voluntades o votos para permanecer y crecer en poder y los ciudadanos pasan a una mayor dependencia del poder ejecutivo y de los partidos políticos. Se alejan de los gobiernos los independientes y aquellos que subsisten gracias a su trabajo personal.

Así estamos lamentablemente. cada día más subditos y menos ciudadanos.

sábado, 1 de febrero de 2025

LOS DEFECTOS O DESVIACIONES QUE AFECTAN A LA EFICACIA Y CORROMPEN EL SISTEMA: La utilización de la ley

El tema que quiero explicar, según mi idea, abarca varias cuestiones que trato de exponer a continuación

Como ya he comentado en ocasiones anteriores el cambio hacia la democracia y los partidos políticos pendientes de las elecciones hacen que predomine el Gobierno sobre la Administración. Ésta se confunde con aquél y aquél con el partido. La situación ha creado o incrementado la necesidad política de estar presentes de modo permanente en la sociedad.

Ello y la actualidad de la idea de las políticas públicas crea la necesidad de continuas adopciones de "nuevas políticas". Muchas de ellas son más que verdaderos cambios una forma de propaganda ya que se dan por adoptadas sólo con su aparición y comentario en los medios de comunicación. Y al no estar aprobadas, la propaganda sustituye a la publicidad. Esta propaganda ya es sustancial para el político y si se aprueba "objetivo cumplido".

Pero las políticas públicas importantes se formalizan con rango de ley y ésta multiplica su número de modo exagerado. Y como ya he dicho esto obedece a que no existe una reserva del reglamento por lo que cualquier cuestión deriva al Parlamento, sobre todo si hay mayoría. De otro lado, también el hecho se produce para evitar acciones judiciales que modifican las de la Administración y, con ello, voluntades políticas. Y se arregla elevando el reglamento a rango de ley para evitar a la jurisprudencia.

También influye el querer evitar o modificar las políticas de gobiernos anteriores o de cambiar por intereses burocráticos algún articulado y se hace publicando nueva ley que en lo sustancial puede no modificar la anterior.

Otra conducta son el abuso de modificaciones en las leyes de acompañamiento que en buena parte pueden pasar desapercibidas y que se utilizan para modificar puntos en los que puede surgir una oposición y bien las ramas no dejan ver el árbol o los árboles el bosque.

Por supuesto también tenemos el abuso en la utilización del Decreto Ley.

Además de que el interés de una ley nueva, en muchos casos ya no obedece a uno general sino a pactos para permanecer en el poder y salir de un paso difícil.

En definitiva, estas u otras prácticas complican el ordenamiento jurídico, pero lo más grave es que crean leyes que no van a ser efectivas o no se van a cumplir por escasez de recursos y un carga administrativa exagerada, pero al político, normalmente, una vez aprobada la ley y dominando la Administración pública y sus puestos superiores, esto no le importa salvo que la situación provocada pueda afectar a las elecciones o a la mayoría parlamentaria.

Y así el jurista y los funcionarios aplicadores de la ley tienen ante sí un sistema legislativo cada día más inabarcable y una derivación grosera del recurso en vía jurisdiccional para remitirte al Constitucional politizado y a la indefensión.

miércoles, 15 de enero de 2025

LOS DEFECTOS O DESVIACIONES QUE AFECTAN A LA EFICACIA Y CORROMPEN EL SISTEMA: La libre designación.

En anteriores entradas he hecho referencia al crecimiento exagerado del espacio político que arropa a los gobiernos y lo reflejaba para poner en evidencia que este crecimiento se produce en realidad por varias razones. Una, la creación de puestos de confianza que suponen la posibilidad de empleo y retribución de miembros de los partidos que gobiernan, otra, la desconfianza respecto de los funcionarios de carrera profesionales e independientes, y, otra, la forma de configurar argumentos que eviten o superen los efectos no deseados por el espacio político de los informes, propuestas y acciones de dicho sector profesional.

También he señalado la tendencia de los políticos o gobiernos a apropiarse de todas las instituciones y estructuras públicas. Esta tendencia llega hoy en día hasta el punto de poner en peligro la democracia por la invasión política de los poderes legislativos y judicial.

Pero en ese afán de dominio no les basta con la creación de estructuras paralelas, sino también el sector administrativo profesional molesta, es la criada respondona o el pepito grillo que hay que callar y así al no poder corromper, de momento, las bases y principios morales y de mérito y capacidad, lo hacen por la vía de corromper los procedimientos de selección y de provisión de puestos de trabajo.

Lo más útil ha venido siendo el sistema de provisión "extraordinario"  de la libre designación convirtiéndolo en normal y evitando el concurso, fácil de cumplir en los niveles altos y puestos singulares o de jefaturas, pero complejo en los niveles inferiores donde el número de concursantes es mayor. Otra causa nace del abuso de las temporalidades, interinidades y sistemas de nombramientos provisionales y comisiones de servicio, que no sólo hacen que el concurso en todos los casos se complique en número de vacantes reales sino que los nombrados tengan encima el peso de una dependencia en su permanencia muy sujeta a la voluntad del titular del órgano que los nombró, o del miedo a perder una buena parte de su retribución, de calidad del puesto y de su "carrera".

De este modo esta carrera ya no existe como tal pues todos los puestos, formalmente, desde el nivel 22 hasta el 30 es de decir nivel superior y medio son hoy de libre designación, ningún funcionario titulado superior y de nivel directivo o cercano al mismo tiene verdadera carrera profesional y no depende de su mérito, capacidad, preparación, interés en la función, ética, etc. sino de la "gracia" que en los tiempos franquistas se solicitaba de los altos cargos.

La función pública ha de ser como los tres monos que están tapándose ojos, boca y oídos y a cambio recibe una fruta y supervive pero no con los fines que el ordenamiento jurídico y la Constitución le atribuyen. El sistema no es eficaz, ni objetivo, ni independiente es ineficaz por corrupto. Y el funcionario en aquello que al político no le importa sabiendo que la ley se incumple generalmente y las reclamaciones tardan años en ser resueltas y, además, que nunca va a responder por sus acciones, manifiesta su poder tergiversando los hechos y el derecho. Todo produce serias dudas sobre la existencia de una Administración pública al servicio del ciudadano y del Derecho.

Tenemos el reciente ejemplo de un informe aportado al poder judicial sin sello del órgano correspondiente y sin firma.

miércoles, 8 de enero de 2025

LOS DEFECTOS O DESVIACIONES QUE AFECTAN A LA EFICACIA Y CORROMPEN EL SISTEMA: Las elecciones y la planificación política

Se ha descrito, en cierto modo, el proceso de crecimiento de la estructura política en el seno de la Administración pública y, paradójicamente, creo que frente a la dictadura franquista en los finales de los 50 y mediados los 60, se debe a la mayor importancia de la Administración en la configuración de las políticas públicas, al ir formándose en los cuerpos de funcionarios, especiales y técnico general, una ocupación de los puestos superiores como funcionarios directivos, en el concepto expuesto con frecuencia en este blog. Es decir, o en consecuencia, surge un espacio que  no es gestión simplemente, sino que en contacto con el cargo político le ayuda a conseguir la eficacia de los proyectos y fines de la política de cada departamento y que dirige y controla la gestión de los puestos del nivel inferior y así como éste a los inferiores a él, etc. O sea la jerarquía sí cobra aquí un sentido más fuerte al no ser ya aplicación de derecho afectante a los ciudadanos sino dirigida a la eficacia y rendimiento interno o a la de los deseos del político.

Pero llegada la democracia y admitidos los partidos políticos y aparecida la estructura política creciente, ya comentada en entrada anterior, la administración pública se complica, puesto que la actividad política crece y propone políticas distintas para captar votos y conseguir el poder a través de la urnas. De este modo, frente a la presencia doctrinal jurídica del "acto administrativo" aparece la presencia, en las ciencias políticas o en especial en la de la Administración, la idea de las políticas públicas, presente en el mundo anglosajón o en EEUU. Y la legislación se incrementa desorbitadamente, sobre todo en cuanto al formalizar en rango de ley el poder judicial no podrá contradecirla. O peor todavía, si en un Decreto Ley se burla el primer escollo del poder legislativo si no se domina plenamente.

La tarea administrativa se complica o destaca estos dos espacios el político y el jurídico produciendo de hecho una separación que no existe o no debe de existir, ya que lo político importante ha de acabar formalizándose como derecho.

La no exigencia formal y real de preparación técnica y capacidad en del sector político, cada vez más dependientes del partido y sujetos a él u ocupados en hacerse con su dirección, incrementa la necesidad de que el sector administrativo coordine, asesore, ayude a planificar y lograr la eficacia de las políticas que desde el gobierno o partido gobernante se configuran. Pero la propia ignorancia técnica del político que necesita ese asesoramiento produce una buena parte de la desconfianza hacia el funcionariado ya que no es de los "suyos" y busca bien a los que sabe que sí, o bien a personas de su grupo o fieles del partido y como dije coloniza espacios y puestos en la administración pública, con personas de capacidad y mérito no demostrado que siguen dependiendo en parte del funcionario para comprender el sistema y el ordenamiento jurídico.

Lo antedicho, lo es para poner de relieve que ya la gestión empieza a no importar y el ordenamiento jurídico a ser un instrumento de configuración de políticas públicas y éstas a su vez en instrumento  o de utilidad para hacer propaganda de las que va a ser la siguiente acción del Gobierno y "su" Administración. Pero, estas políticas empiezan a no ser producto de la racionalidad, sino medio de tratar de influir en las elecciones para conseguir el poder o mantenerlo. Y el político se dedica, en los años de gobierno, a ocupar al menos dos tercios del mismo, pensando en las elecciones y nada que le haga pensar que perderá votos con los que cuenta o que proponga la racionalidad funcionarial o administrativa, va a fructificar. Incluso si hay algunas que si podrían hacerlo se aplazan porque vienen elecciones y no es momento para tratar el asunto. Realmente el asesoramiento del "fiel" especialista es el de cómo hurtar el ordenamiento jurídico, sin que conste nunca su participación o información. La gestión empieza a no importar, sus efectos son tardíos e impropios del tiempo político, los efectos que importan son los que ofrecen los medios de comunicación y las redes sociales y el boletín oficial; es decir los inmediatos. Lo demás ya no es un problema político pasa a ser administrativo y si la política no va a ser eficaz puede que el problema ya sea del siguiente en el poder.

Esta importancia de las elecciones provoca la existencia de políticas públicas que son únicamente una apariencia en las que el sector superior administrativo no ha colaborado pero que luego se imponen como fin y la Administración por ello se va corrompiendo, como trataré de ir comentado en otras ocasiones Sobre todo ocurre si no ha participado en la valoración de la posibilidad real de su validez o eficacia como exige una buena aplicación de lo que en estos aspectos nos enseña la Ciencia de la Administración y la eficacia del derecho, o sea su realidad práctica, tampoco se produce y poco a poco se acaba perdiendo las elecciones y el proceso comienza de nuevo con otros protagonistas en la Política y en la Administración.

Además ni siquiera el hecho, pues, de formalizar una política pública garantiza su eficacia y se puede dejar morir si no es conveniente para las próximas elecciones.

Todo un mundo que influye en en Derecho, en la Sociedad y en la vida, pero que no resulta tema jurídico o de preocupación científica.

¡Cuánto queda por decir o haber dicho!



jueves, 2 de enero de 2025

LOS DEFECTOS O DESVIACIONES QUE AFECTAN A LA EFICACIA Y CORROMPEN EL SISTEMA: La estructura política

Descrito el elemento humano de la Administración pública, sin entrar en todos sus detalles, ni en el personal laboral, se ha expuesto el modelo que se recoge en el ordenamiento jurídico. Pero éste se puede considerar tanto como un mandato, como lo que se desea y la realidad mostrarnos que hay deformaciones en la acción que lo corrompen y al hacerlo le resta eficacia y sobre todo anula sus fines y produce efectos de los que da en llamarse "perversos".

Se ha señalado la función de dirección del Gobierno, pero también sometida al ordenamiento jurídico, y en especial por ser el que determina las políticas públicas a realizar y el que elige su forma jurídica o la simple acción. Dos cuestiones en este orden son a destacar, una es el peso del partido o político o políticos en el Gobierno en elegir el diseño y el cumplimiento o no de sus programas electorales, otro como los pactos dirigidos a la conservación del poder, dicho sea en el buen sentido, como en el peyorativo. Pero tanto en una como otra la desviación de lo prometido a los electores puede producirse.

Si bien el diseño y las políticas públicas las realice el Gobierno o los partidos y cuenten con un parlamento de ellos dependiente, pues eligen a sus componentes al formalizar las listas electorales, la realización o acción de cumplimiento y eficacia corresponde a la Administración pública plenamente sometida a derecho y que se califica en la Constitución de independiente, lo que la separa del Gobierno pero no del ordenamiento jurídico. De modo que la función pública, que ha de ser seleccionada por el mérito y la capacidad, es una parte del poder ejecutivo y el político, que se considera, por la partitocracia existente como la única fuente del Derecho, encuentra que hay un poder que puede oponerse a sus proyectos de decisiones.

El modelo real existente me llevaría a alargar mucho la exposición, pero si la mosca molesta la matas o le ofreces miel para que quede atrapada en ella. Además si la estructura administrativa superior es independiente se considera que hay que colonizarla. Y para ello hay que crear espacios en los que el personal no sea plenamente independiente sino que quede condicionado y dependiente por tanto, y para ello se incrementa irracionalmente la estructura política eventual o de organismos regidos por derecho privado, con contratos de dirección y con personal laboral.

El predominio de los partidos gobernantes se consagra y la Administración queda en un segundo plano, es la mosca atrapada y que queda satisfecha por poder tomar la miel y reduce su poder y aumenta su dependencia para supervivir. Así, se aumenta también el número de ministerios o departamentos superiores de cada Administración, cuando en cambio su existencia como "pública" prácticamente no existe, sobre todo allí donde el político de turno tiene interés. Por eso, quizá el funcionario, además mal formado y con selección poco exigente, se ceba en el ciudadano y administrativo y dice "Aquí estoy yo, el peso del decreto y del precepto" y Dios te coja confesado,

La eficacia ya no está garantizada y tenemos el triste y real efecto de la dana en Valencia y la actuación política previa y, de muchos años, y la posterior donde resplandece la imprevisión y la carencia de medios, mientras el espacio político llega a tener cargos como jefes de servicio, sección, directores de programas, cuya denominación sólo lo es para establecer niveles retributivos, son falsos asesores, son títeres al servicio de quien maneja los hilos y se mueven como y para lo que él quiere.

Otro día más, iremos bajando a la realidad del ordenamiento formal.

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