MI HEMEROTECA: Inflación universitaria (II)

La segunda columna sobre la inflación universitaria se publicó en el diario de Las Provincias del 26 de octubre de 1994, decía así:

En ocasión anterior, ponía en evidencia que los intereses del profesorado habían generado unos planes de estudios universitarios con un buen porcentaje de irracionalidad; Pero la actuación irracional de dichos planes no cabe atribuirla solamente a este hecho. Existe toda una compleja trama de circunstancias que también influye en todo ello.

Piénsese que, normalmente, se acusa a la universidad de impartir conocimientos que son excesivamente teóricos y faltos de contenido práctico e, incluso, se oye decir a los postgraduados, que de poco sirven cuando se enfrentan con el ejercicio de las profesiones para las que habilita el título correspondiente.

Este estado de ánimo de los graduados universitarios y la proliferación de escuelas privadas que ofertan cursos de especialización, la mayor parte d las veces relacionados con la gestión y dirección de empresas, creo que han influido en que la universidad, abandonando, en cierto modo, los denominados masters, haya acudido a un sistema de currículos y créditos, en una especie de lucha contra la iniciativa privada y de modernización del sistema educativo. Las repercusiones en la organización han sido claras y el alumnado ha puesto de manifiesto el caos reinante.

Las consecuencias en los contenidos de las correspondientes disciplinas y su nivel científico ya las manifesté, Lo que hoy describo, pone de manifiesto no sólo los intereses burocráticos de los profesores, sino, también, los aspectos de negocio que de todo ello resulta. En el marasmo de ofertas que recibe el estudiante o el postgraduado, es muy difícil distinguir los buenos de los malos y los cursos rentables de los que no lo son.

De otro lado, existe un verdadero dilema entre la necesidad de homologación de los estudios y la autonomía de las universidades; pues, es lógico, que cuando más se trate de innovar más difícil le será a una universidad establecer un plan de estudios y, puede, que más difícil le sea homologarlo: Por ello cuando alguna universidad lo consigue, las restantes copian el plan de estudios, aunque sea irracional. Piensan que el tiempo pondrá cada cosa en su sitio.

La realidad es que, como en todos los órdenes de nuestra administración pública y de los gobiernos que soportamos, se carece de una actividad de investigación que constituya un plan de actuación que, a su vez, permita en unos años establecer un plan de estudios racional y con utilidad para el ejercicio de una profesión, además de impartir el nivel cultural universitario correspondiente.

La identificación de la docencia con la hora de clase; la exclusión de la universidad de los profesionales de cada materia; la descoordinación entre departamentos; la excesiva especialización en el diseño de las disciplinas, etc., son los factores que unidos a la magnificación del título universitario, al desprecio de la formación profesional y a la falta de empleo, han determinado la inflación universitaria actual y la existencia de un buen número de universitarios incapaces de descubrir los principios teóricos que les permiten ejercer la práctica profesional para la que su título les capacita.

Pero esta incapacidad no es problema que derive de sus condiciones personales, la mayor parte de las veces proviene del sistema educativo en sus primeros niveles: La verdad es que conviene detenerse aquí, porque, puestos a relacionar no quedaría títere con cabeza.

Han transcurrido 19 años y, alejado, del mundo universitario no puedo afirmar si todo sigue igual, pero lo que no cabe duda es, que de seguir las cosas así o peor, la crisis económica obliga a las universidades a replantearse la cuestión y olvidar esa teoría de que en lo público se ha de actuar en competencia al igual que en el mundo privado. Al revés, las autoridades superiores, la coordinación y la razón deben imponer unos planes que permitan que cada universidad sea excelente y no disperse sus esfuerzos en aquello que a corto plazo le puede ser beneficioso, aunque sea a costa de agostar a la universidad vecina, porque el final es que España está en el furgón de cola en cuanto al prestigio de nuestras universidades. De otro lado como viejo y vecino afectado por los botellones y mala educación, la verdad es que la imagen del estudiante universitario es cada día peor, salvas sean las excepciones, lo cual agrava el panorama. Evitemos que las excepciones y buenos estudiantes se pierdan por el desorden administrativo público y los intereses económicos y burocráticos y en la eliminación general del mérito y el trabajo.

BECAS, ESTUDIO Y CAPACIDAD ECONÓMICA

El debate que ha provocado el proyecto que lidera el ministro Sr. Wert me incita al comentario, ya que los distintos aspectos que presenta tienen su lógica y, además, porque los lectores pueden también descansar, (los que la sigan), respecto de la serie dedicada al puesto de trabajo; descanso que también me alcanza ya que el tema exige cierta investigación. 

La primera cuestión que me suscita el tema de las becas es, naturalmente, el de la exigencia de una nota mínima para ser merecedor de la obtención de las mismas, que en el caso que nos ocupa era, en principio, de un 6´30 puntos: es decir un poco menos del notable. Para aquellos que nos educamos en los tiempos en que las becas eran para los mejores estudiantes y en los que se exigía, si no me equivoco, una media de sobresaliente o, en su caso, de notable alto y en los que no cabía el suspenso en ningún caso, la medida proyectada parece totalmente lógica. En mis tiempos de estudiante de Derecho, destacaba, por ejemplo, el caso de los becarios del Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot y ellos alcanzaron en mi curso los mejores expedientes y el respeto de sus compañeros. No sé las condiciones que entonces se exigían, por supuesto que el expediente en el bachillerato era punto esencial, además de las pruebas correspondientes; hoy sigue siendo el expediente académico el factor principal y el concurso oposición el sistema establecido, como pueden ver aquí. Un sistema que prima la excelencia como se dice en la actualidad. O sea que prime el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación al estudio, naturalmente teniendo en cuenta la capacidad intelectual de cada uno. A mí me  sigue pareciendo un criterio imprescindible, no tanto para conceptuar lo que es una beca y el mérito y el premio al esfuerzo, sino porque beneficia a todos y sobre todo, a la larga a toda la sociedad que mantiene un sistema como este. Representa unos valores a tener en cuenta. Pero la realidad actual, por desgracia no es esa y el ejemplo que el otro día ponía respecto de la Administración y la mala educación puede ser un ejemplo de valores muy distintos y puede que incluso de becarios muy diferentes.

Por eso hay que analizar la segunda idea que se nos ofrece de las becas como elemento destinado a proporcionar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios en todos los niveles; de modo que todos, sobre todo los de menor capacidad económica, puedan acceder a aquéllos del mismo modo que quién tiene capacidad económica para soportar el gasto que suponen y por bastante tiempo. Visto así no se puede negar el principio y parece adecuado el criterio. Pero es aquí donde, al separarse este criterio del de la exigencia de un esfuerzo y mérito significado y una nota mínima (cada vez más bajita), se produce, para mí, una cierta disfunción, porque me parece o da la impresión de que la igualdad de oportunidades lo es no tanto respecto a la posibilidad de acceso como respecto a la posibilidad de permanecer estudiando cualquiera que sea tu rendimiento, tal como podría hacer el más rico del lugar. Por lo que puedes ser becario simplemente por tu condición económica viviendo como cualquier niñato que se dedica a vivir regaladamente a costa de sus padres, estudiando a "ratitos" y aprobando una pocas asignaturas. Igualdad en la fiesta y en el relajo y exigencias la mínimas. Este sistema no me gusta, naturalmente, pero no me cabe duda que satisface muchos intereses de grupos, sean las universidades y profesores de carrera o asociados o los alumnos; mientras existen carreras y estudios duplicados o triplicados incluso en diversas universidades del mismo territorio, con deescoordinación y competencia entre lo público y lo privado, y número de alumnos muy escaso y que no justifican el mantenimiento de muchos estudios en su situación actual, sólo la penuria económica parece ir poniendo coto al problema, y todo mantenido con dinero público, bien sea por ser sector público bien sea por el gasto de las becas.

Parece lógico pues que la combinación de los dos criterios unidos sea lo mejor y para que el "rico" no tenga ventaja o más oportunidades, sólo hay una solución poner el nivel de exigencia universitaria donde corresponde, sin excesos en la "bondad", ni predominio de los intereses burocráticos y de grupo sobre los generales para mantener el empleo o la adhesión y buena consideración hacia el profesor para su evaluación y exigir no sólo información sino también formación. Vamos una Universidad como quien dice y no un simple centro o "colegiete". De modo que el abandono del que no sirve o no quiere, sea por agotamiento y no por no superar un límite de convocatorias que es una trampa, ya que coloca al profesor ante el problema de decidir que continúe o no el estudiante la carrera, en vez de simplemente decir o considerar que no llega al nivel y conocimiento exigible, lo que dado el "buenismo" actual ya hace presuponer el resultado mayoritario final de la decisión. Becas para que los mejores puedan acceder a las mejores universidades tanto sean públicas como privadas y sistema que facilite que estas mejores Universidades puedan proliferar y no que se deteriore el nivel tanto de las mismas como de los estudiantes, favoreciendo estudios que no son universitarios y que son tanto o más dignos y que favorecen a la sociedad en mayor medida que muchos "titulitos" universitarios actuales.

Ustedes decidirán lo que les parece o prefieren pero una sociedad montada sobre las bases actuales  y lo que podemos llamar la "demagocracia" sólo puede ir en general a la deriva.

LECCIONES APRENDIDAS: FINES Y VALORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Podemos plantearnos como punto de partida de la gestión pública incrementar la libertad individual de los ciudadanos. Esto supondría el punto de referencia al que encaminar los fines del gobierno y de la Administración pública y, consecuentemente, su actuación. No se trata solo de la libertad de elegir, cuando sea conveniente y posible, entre los diversos prestadores de un servicio público, sino de aumentar el ámbito de libertad de los individuos restringiendo el poder público, estableciendo mecanismos eficaces de información, transparencia, participación, control y exigencia de responsabilidades en manos de los ciudadanos. Los distintos procesos de reforma nos han enseñado que esto es más eficaz que establecer sofisticados, costosos e inciertos mecanismos que persiguen la eficiencia y la calidad. El cambio en el ámbito público, raras veces proviene de su interior y cuando sucede así, es probable que se agote antes de llevar a cabo sus fines.

Una de las principales enseñanzas de estos años de reformas incompletas es que los valores y principios del servicio público son de una importancia crítica para entender el éxito de los servidores públicos en el trabajo que realizan. Esto supone que la acción administrativa no ha de olvidar su “para qué”, que implica una imbricación entre la acción y el fin concreto que el centro decisional busca satisfacer con una política y la misión general de la Administración pública. Esta enseñanza implica situar en primer plano el desarrollo cultural de los individuos, de la sociedad y de los Estados para determinar el éxito o el fracaso de los sistemas administrativos.

Si de valores tratamos, la Administración y sus integrantes han de basarse en las ideas siguientes: Buscar el interés público, la meta no son las soluciones individuales, sino crear intereses y responsabilidades compartidas en y con la comunidad; servir a ciudadanos, no a clientes, los servidores públicos se centran fundamentalmente en construir relaciones de confianza y de colaboración con y entre los ciudadanos; el valor de la ciudadanía sobre el de la empresa, el interés público se logra mejor por servidores públicos y ciudadanos comprometidos en hacer contribuciones significativas a la sociedad que por gestores empresariales actuando como si el dinero público fuera suyo; pensar estratégicamente, actuar democráticamente: las políticas y los programas que tratan de satisfacer necesidades públicas pueden ser más efectiva y responsablemente alcanzados a través de los esfuerzos colectivos y procesos colaborativos; reconocer que la responsabilidad no es simple: los servidores públicos deberían estar atentos, en primer lugar, a los derechos de los ciudadanos, a los valores de la comunidad, a las normas políticas, a los estándares profesionales y a los intereses públicos y, en segundo lugar, al mercado y a su regulación; servir antes que timonear: los servidores públicos deben utilizar valores basados en el liderazgo para ayudar a los ciudadanos a articular y encontrar sus intereses compartidos antes que intentar controlar o dirigir la sociedad; valorar a las personas, no sólo a la productividad: las organizaciones públicas y las redes en las que participan es más probable que tengan éxito a largo plazo si actúan a través de procesos de colaboración y liderazgo compartido basado en el respeto a todo el mundo.

Estos principios y valores deben implicar un cambio en el interior de la Administración pública y transformar sus referentes de actuación. Así, si admitimos que la misión de la Administración es prestar democracia, ha de fomentar la ciudadanía democrática explicando el funcionamiento del gobierno, interpretar los datos que sean de interés para los ciudadanos, fomentar el análisis objetivo de la realidad, difundir ampliamente los resultados de la actuación pública e involucrar a los ciudadanos en el trabajo de la Administración. Esto supone sustituir o suplementar la autoridad del estatus por la del conocimiento y la competencia, situar la adopción de decisiones y la resolución de problemas lo más cerca posible de las fuentes de información, contribuir a crear un ambiente en el que sea posible el debate sobre el funcionamiento de los servicios y proporcionar una perspectiva panorámica, interrelacionada e interdepartamental.

A la vista de lo anterior la clave es la transparencia que implica en el interior de la organización crear un clima abierto de resolución de problemas y generar confianza entre los individuos y los grupos a través de toda la organización. Esta transparencia se concreta en transmitir la información que tenga valor añadido, fomentar que se publique el máximo de información, cuestionar el secretismo innecesario, informar sobre el gasto, sobre la coordinación entre los diversos niveles de gobierno con el fin de ilustrar y educar a os ciudadanos. En definitiva, la transparencia se concreta en responder a preguntas incómodas.

VIVA LA FIESTA

En varias ocasiones anteriores me he referido al ruido y a los jovenes y el alcohol y sobre todo a las actuaciones municipales al respecto, pero estos días, en concreto la noche del 31 de octubre y, ya, en la fiesta de Todos los Santos, de tradición católica, la cuestión se presenta con matices nuevos. Halloween se impone y las túnicas blancas son sustituidas por las brujas, demonios y góticos de moda. No soy sociólogo y, por tanto, no analizo profesionalmente el avance de estas fiestas extrañas a nuestras tradiciones que han acabado con la representación anual del Don Juan Tenorio de Zorrilla y  la Hosteria del Laurel, aun cuando peristen los gritos de lo malditos a los que no parte ningún mal rayo. Pero no por ello dejo de considerar que nuestra sociedad, o parte de ella, no está por estoicismos, tristezas y sacrificios que valgan, lo que prima es el nirvana proporcionado por las drogas, el alcohol y la fista permanente.Cualquier excusa es válida y aprovechable. Pero el desmadre ya viene siendo total y el nirvana un simple decir, pues el vómito y el malestar pronto acaba con él.

El asunto en Valencia ha llegado al extremo y la autoridad municipal ha quedado perpleja por la dimensión adquirida, ante las 15 toneladas de basura acumuladas en el Barrio del Carmen, lean. La verdad es que no sé de qué se extrañan, pues su desconocimiento y falta de previsión son evidentes para cualquier ciudadano que vive en la zona y para cualquiera que vive con jóvenes estudiantes alrededor. El fomento de las brujitas y otros bichos semejantes es total y hasta colegios de religiosos permiten la fistecita de Halloween para los que los niños se diviertan.

Los vecinos o los ciudadanos que antes recordaban a sus muertos y antepasados pasan esa noche a acordarse de los muertos y antepasados de los festeros y de las autoridades municipales y encima leen que la fiesta cuesta un pastón al erario público. Pero no se crean que va a ser cierto que el próximo año la policía local evitará el problema, pues eso es lo que se dice el día 2, pero al día siguiente de nuevo el diario Las Provincias refleja que la solución puede ser un botellón sin alcohol en el cauce del desviado río Turia. Vamos que han caido en la cuenta de que hay que contentar a todos y que ya no hay forma de hacer actuar a la policía como tocaría en beneficio social y moral. Pero claro eso sería caer en un Estado policial de estilo franquista y ahora lo que toca es escuchar ilegalmente al prójimo y ponerlo en la picota de los medios informativos y darle mucho Halloween, discotecas, botellón, futbol y otras formas de no pensar. Que pensar es malo, hace daño, entristece y puede conducir a la violencia y perjudicar a las instituciones, leáse a los malos políticos y al exceso de los partidos políticos pendientes del voto y de la persistencia en el sillón.

ADMINISTRACIÓN Y HORARIOS (II)

La segunda conclusión enlaza además con otra de las líneas de modernización administrativa a nivel mundial: la concepción de la Administración de manera integrada, coordinada, en su conjunto, como una sola pieza o, como ha dicho la Directora General de Familia, transversal. Esto significa que el departamento de Calidad y el de Función Pública tienen que saber que sus decisiones afectan al de Familia. Si la Directora General de la Función Pública negocia la jornada del colectivo de 90.000 empleados públicos o si se cambian los horarios de atención al ciudadano desde la Dirección General homónima todo ello afecta a numerosos trabajadores del sector privado y a ciudadanos en general que deben adaptar sus horarios a la Administración en su calidad de proveedores, contratistas o usuarios de los servicios públicos de la Comunidad de Castilla y León. Además, hay que considerar el efecto emulación del resto de los sectores de actividad y de los convenios colectivos del sector privado.

Si se desea actuar sobre los planes de apoyo a la familia como parte de un plan de conciliación en que se integre la racionalización de los horarios, es necesario revisar la política fiscal, las prestaciones de la Seguridad Social, la conciliación de la vida familiar y laboral, la política de vivienda, favorecer el acceso de la familia a las nuevas tecnologías, la revisión de los derechos de familia, etc. Es decir, si se desea modificar los horarios, es necesario abordar numerosas políticas sociales y económicas de manera conjunta. Esto explica la gran dificultad de modificar los horarios, porque es preciso aportar soluciones en aspectos tan concretos, como son los señalados en la investigación realizada: desarrollo de servicios de orientación y mediación familiar, apoyo a las familias en situaciones especiales, fomento de la participación social y acceso a la cultura de las familias, protección a familias numerosas, plan de igualdad de oportunidades, planes de empleo y programas de coordinación interadministrativa. Mientras se aborde desde un enfoque sectorial es difícil que se avance en la conciliación de la vida profesional, familiar y personal. Esto implica necesariamente que, como sucede con cualquier problema político o social, la conciliación entendida de una manera integral debe estar en la agenda política al más alto nivel, y debe ser una preocupación política de primer nivel. Como señalaba el Presidente de la Comisión Nacional, hasta la adopción del euro pasaron cuarenta años, y se implantó cuando pasó a ser una política prioritaria de los integrantes de la Unión Europea, cuando figuró en su agenda. Hoy la conciliación de la vida profesional, familiar y personal no está en la agenda política española.

La tercera conclusión de la investigación está relacionada con la cultura y trata de responder a la pregunta ¿por qué cuesta tanto lograr la conciliación? A la vista de las iniciativas publicitarias y normativas de los gobiernos pudiera parecer que la realidad ya ha cambiado, o al menos se va en el buen camino. Sin embargo, el dato que ofrece la investigación de que el 43 % de las empresas creen que las responsabilidades familiares limitan el rendimiento laboral, especialmente de las mujeres, parece mostrar todo lo contrario. Esta opinión es muy probable que se halle fundamentalmente anclada en el nivel de las creencias, lo que significa que resulta difícil de desarraigar, al menos, solo con publicidad y medidas más o menos cosméticas. Esto nos lleva a que es preciso cambiar la cultura, y no sólo en la Administración.

La Administración tiene la capacidad de transformar la sociedad a través de las políticas públicas, lo que no es posible en las sociedades avanzadas es que esto que lo haga solo el sector privado. Una política pública destinada a conciliar el trabajo con la vida laboral y familiar debe conllevar en su interior una voluntad inequívoca de transformar la sociedad en un sentido determinado, en el sentido en el que se pretenda resolver el problema planteado. Si esto no se ha conseguido hasta ahora puede ser debido a que no se haya definido correctamente el problema, a que las medidas implementadas no sean suficientes o no estén alineadas correctamente para solventar el problema planteado o a que no exista suficiente impulso político para llevar a cabo con éxito la política emprendida. Es muy probable que la falta de éxito de la racionalización de los horarios se deba a que el problema no esté correctamente definido –se trata más del derecho a conciliar que de racionalizar horarios-, los medios puestos a disposición para resolver el problema sean escasos –la Comisión Nacional no tiene medios propios ejecutivos, ni un volumen organizativo que garantice el cumplimiento de los objetivos asignados, ni está conectada con los organismos públicos competentes en la políticas implicadas- y la voluntad política, el liderazgo político, es de insuficiente rango y no ha logrado situarse en la agenda política del Gobierno.

La cuarta conclusión de la investigación es que la cada vez más abundante normativa en materia de conciliación de la vida laboral en los ámbitos privado y público se dirige, o es aprovechada esencialmente por las personas que siempre han conciliado, las mujeres, lo que provoca el efecto no deseado de reforzar el estereotipo cultural femenino, especialmente en el mundo laboral. Así, se observa un incremento de la conciliación, pero está lejos de ser equitativa si atendemos a la variable sexo. Se puede afirmar después de la investigación realizada que existe un efecto perverso en las políticas legislativas y de fomento de la conciliación al reforzar el papel cultural de la mujer en su papel de atención a la familia y a los dependientes. Pudiera parecer que las medidas adoptadas no van tanto a transformar las creencias sociales que impiden que se produzca la conciliación en todos los ámbitos, como a atender otras cuestiones como la “igualdad de género” o la introducción de algunas medidas de flexibilidad laboral.

Según fijemos el problema político a resolver, así se deben establecer los medios para resolverlo. Básicamente, hasta ahora lo que se están poniendo son algunos medios, más bien escasos, para resolver la conciliación entre la vida laboral y familiar de la mujer. Se parte además de la fundamentación teórica de que los acuerdos en la sociedad civil y el mercado serán los impulsores del cambio social propuesto, en este caso el logro de la conciliación. Esto sería largo de rebatir, pero baste señalar que esto sucede en contadas ocasiones y en el caso que tratamos, después del tiempo transcurrido, no parece que vaya a ser una de ellas. Es necesaria la inclusión del problema, definido de una manera precisa, en la agenda política, en los términos aceptados por el poder público, para que pueda abordarse con una mínima garantía su resolución. Finalmente, el actual planteamiento de la racionalización de horarios descansa en que el papel del Estado en la sociedad debe ser residual, algo que, por poner un caso reciente, la grave crisis actual esté rebatiendo con hechos contundentes y con enormes cantidades de dinero público.

Otra conclusión derivada de la investigación es que la flexibilidad de horarios y la conciliación laboral no afectan por igual si nos atenemos al nivel de renta. Los que tienen dificultades para conciliar son las familias con niveles medios de renta y los que viven en determinados lugares geográficos. Esto nos lleva de nuevo a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el paradigma unitario, que no es necesariamente igualitario, dominante en el ámbito público. Esto significa que en esta cuestión, como en tantas otras, la Administración no debe prestar el mismo tipo de servicios a toda la población ni utilizar los mismos recursos al abordar una misma política pública.

La investigación muestra otra serie de datos interesantes, como que a mayor nivel de ingresos existe una menor obligación de asumir personalmente adultos en situación de dependencia. Por otra parte, las personas con estudios primarios y sin actividad profesional remunerada son las personas que en mayor proporción han reconocido las obligaciones de la dependencia, mientras que los individuos de niveles medios y altos no lo han hecho, ya que esperan que lo haga el Estado o, si tienen ingresos suficientes, el mercado. Las mujeres, en un 61,8 %, se ocupan de las personas dependientes, tres veces más que los hombres. La dificultad del acceso de la mujer al mercado de trabajo entre los 30 y los 45 años viene causada por ocuparse de las obligaciones familiares; esta es una razón de que España tenga una tasa de población activa femenina de las más bajas de Europa. El 40 % de los encuestados, mayoritariamente mujeres, que solicitan jornada parcial lo hacen por obligaciones familiares. Las horas extraordinarias aumentan cuando se tienen personas dependientes y se produce una grave correlación: cuanto más personas dependientes se tenga al cargo de uno, más horas extraordinarias se realizan, siendo el colectivo de los separados/as, divorciados/as el que más horas extraordinarias realiza.

En resumen, la cuestión de los horarios o de la conciliación no afecta igualmente por edad, sexo o nivel de estudios, y tampoco lo hace si atendemos a la condición familiar. Esto implica necesariamente que la aplicación de programas concretos deben ser sectorializados atendiendo a estas variables. De igual manera, los horarios de atención al público deben de tener en cuenta estos condicionamientos tan importantes si lo que se desea es atender de forma igualitaria a los ciudadanos. Así, por ejemplo, no es lo mismo atender al público en Salamanca que en un pueblo de la sierra, ya que los ciudadanos no tienen los mismos horarios o, por ejemplo, no comen a las mismas horas. Otro dato: los que tienen personas dependientes a su cargo acaban la jornada laboral entre las 14.30 y las 16.00 horas, y el resto entre las 20.30 y las 22.00 horas.
La investigación, en fin, nos muestra que la medida de conciliación más valorada es la flexibilidad y que en caso de haber tenido mejores horarios, las mujeres hubieran tenido más hijos. Llegados a este punto, es evidente que ya no estamos hablando de racionalizar horarios, sino de la conformación de un determinado modelo social, de un modelo de derechos, de la organización de los recursos humanos y materiales de la Administración para satisfacer esos derechos y del papel que debe adoptar la Administración Pública en conformar la Administración y la propia sociedad de una manera determinada para poder solventar los problemas que se han ido exponiendo. Hablamos de que hay una serie de disfunciones graves socialmente que la Administración tiene que abordar y debe abordarlas de forma sectorializada y adaptativa, conforme a un nuevo paradigma que se basa en la concepción del ciudadano como un sujeto de derechos y obligaciones, en los términos someramente expuestos. Esto supone la creación de una Administración flexible que considera al ciudadano como el referente de actuación desde su perspectiva, entendiendo lo que es un ciudadano plural, diverso, fragmentado y que solicita sus servicios a demanda. Muchas gracias.

Intervención realizada en la Jornada "La Administración sin restricción de horarios" organizada por la Junta de Castilla y León. Salamanca, 17 de junio de 2009.

ADMINISTRACIÓN Y HORARIOS (I)

Cuando se me invitó a realizar una breve intervención sobre modernización administrativa, hablé con la Directora General de Familia para tratar de ver el enfoque con el que relacionar este tema con el general de la Jornada, que es el de una Administración sin restricción de horarios. La suerte ha venido en mi ayuda porque hace un año aproximadamente terminamos un trabajo de ámbito nacional que dirigí para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales denominado “El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares”, cuyo objeto era la familia ante el mercado de trabajo, en el que se abordaba la conciliación entre vida profesional, familiar y privada, el empleo y la mujer y las nuevas formas de trabajo. Para este trabajo utilizamos toda la información disponible sobre estas materias y ahora puedo exponer algunas de sus conclusiones relacionadas con el objeto de esta Jornada.

La primera reflexión que podemos hacernos es por qué las Administraciones públicas en los últimos años se están orientando a formular políticas de conciliación laboral y de racionalización de horarios y qué tiene que ver esto con la modernización administrativa. Existe un importante consenso internacional sobre las grandes líneas de reforma de las Administraciones públicas y sobre las relaciones entre Administración y sociedad. A este consenso se suman no solo los académicos, sino los grandes organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, así como las instituciones supranacionales, como la Unión Europea, y nacionales, a través de los diversos organismos competentes en los procesos de modernización administrativa. De esta manera, podemos señalar algunas ideas aceptadas en este campo.

La primera de ellas trata de cambiar la forma de denominar a las cosas, con el fin de alterar el significado de viejos conceptos. Alguno pensará que este hecho no supone una gran novedad, pero sí que lo es. Si nos fijamos en la denominación de la Dirección General de Calidad, ésta se llama de manera completa “de Atención al Ciudadano”. Podría haberse llamado de atención al cliente o al administrado, o de atención pública o de servicios públicos. La elección de “Atención al Ciudadano” significa que la Junta de Castilla y León asume al usuario de los servicios públicos como sujeto de derechos individuales, políticos y sociales, este, y no otro, es el significado filosófico, jurídico e histórico de la palabra “ciudadano”. Por el contrario, un cliente tiene derecho a lo estipulado en la transacción comercial con la persona o entidad que le está prestando un servicio o entregando un producto. Así, si entramos en un centro comercial tenemos derecho a que se nos preste, bajo pago, un servicio como es comprar una botella de agua, pero no tenemos derecho a participar en sus decisiones, ni a intervenir en la forma en la que lleva el negocio. Como ciudadanos, cuando interactuamos con la Administración para que nos preste un servicio del tipo que sea, tenemos derecho a participar en la elección de los responsables políticos finales del mismo y a pedir cuentas o incluso a participar en la fijación de los criterios por los que va a funcionar el servicio, que son, o deben serlo, distintos a los que rigen las relaciones comerciales. La diferencia entre cliente y ciudadano, como se puede apreciar, es notable.

Mientras estaba escuchando al presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, pensaba por qué seguimos con los horarios de siempre en España después de seis años de actividades de dicha Comisión. La clave creo que puede estar en que se sigue hablando de horarios y no de derechos. Si nos situamos en los primeros, lo normal es que nos movamos en las singularidades culturales de los países y en la comparación entre los mismos. Si se me permite, creo que esto es enfocar mal el problema. Éste no es que sea más o menos racional comer o dormir a unas horas, sino que realmente se trata de derechos: a conciliar nuestra vida laboral con la familiar y la personal, a tener un ámbito, un derecho, a desarrollarnos como personas y como miembros de la sociedad, y a dedicar más tiempo a la familia, a nosotros mismos y a la sociedad. Definido así, el problema adquiere otra dimensión y permite que pueda intervenir la Administración, ya que si se trata sólo de horarios, es fundamentalmente un problema del mercado, de empresarios y trabajadores que irán resolviéndolo, o no, mediante los correspondientes acuerdos.

Por tanto, la primera idea sobre los procesos modernizadores de las Administraciones Públicas afecta a su papel en la sociedad, y concibe a la persona como ciudadano, como sujeto de derechos y obligaciones y a la Administración Pública como garante de los mismos. De esta manera, la principal diferencia entre la Administración pública y una eorganización privada es que el fundamento, el fin y la misión de la Administración es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que no corresponde a ninguna otra organización ni al conjunto del resto de las organizaciones. Estas pueden prestar servicios, algunos en competencia con la Administración, fabricar productos e incluso pueden no buscar el beneficio empresarial, pero los ciudadanos no las legitiman para que garanticen sus derechos y libertades y no pueden imponer obligaciones a los ciudadanos si no es a través del poder público. Este fortalecimiento de la idea de ciudadano, como sujeto de derechos cada vez más amplios, es la que relaciona los procesos modernizadores de las Administraciones públicas con las políticas destinadas a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

El ciudadano actual se siente contribuyente, co-conformador de la sociedad en la que vive y sujeto democrático y de derechos y obligaciones. Esto explica que el ciudadano sea cada día más exigente con la Administración pública porque lo que solicita no son exclusivamente servicios o prestaciones, sino unos derechos que sabe que le pertenecen. Es la propia Administración quien se los otorga formalmente, la que normalmente los hace efectivos y es ella la que debe dar cuenta de su cumplimiento a los propios ciudadanos. El ciudadano vive en una comunidad política de derechos y responsabilidades y en esa comunidad el papel esencial de los gobiernos es establecer las reglas políticas y legales, equilibrar intereses, asegurar el respeto de principios democráticos y de justicia social. Éste es el papel que tienen realmente las Administraciones Públicas y sus gobiernos. Esto pasa por tener Estados sólidos, por Administraciones fuertes, no necesariamente grandes, conscientes de cuál es su fin. Así, por ejemplo, el papel de la Administración en una negociación colectiva no es el mismo que el de la llamada parte social. Esto es debido a que los sindicatos de empleados públicos no tienen entre sus fines y obligaciones defender los derechos y libertades de los ciudadanos, englobados en el término más genérico de interés general. Esta diferencia se fundamente en la distinta legitimidad de unos y otros. La de la Administración es de tipo democrático y responde a través de sus órganos políticos directamente ante los ciudadanos; la de los sindicatos se basa en la audiencia obtenida y en la capacidad de representar exclusivamente a sus afiliados.

La segunda idea se refiere a la revalorización de la ética pública. Cabe hacerse la pregunta de por qué proliferan los códigos éticos y los códigos del buen gobierno en los más variados niveles gubernamentales. El ciudadano es sujeto de derechos y desea evaluar a sus dirigentes y a sus instituciones públicas con el fin de obtener mejores resultados de lo que aporta al sistema político-administrativo en términos fiscales, sociales y políticos. Estos códigos suponen un nuevo contrato social entre los dirigentes políticos y administrativos y los ciudadanos más allá de los contenidos formales de las leyes. Suponen por un lado, la ampliación de los derechos ciudadanos y, por otro, la limitación del poder político y de sus integrantes, al a vez que una mayor conciencia ciudadana de la vida en comunidad.

La tercera idea aceptada es la necesidad de reforzar la participación ciudadana. Podemos constatar la tendencia en España a crear órganos específicos en las comunidades autónomas con el rango de direcciones generales e incluso viceconsejerías de participación ciudadana. De esta manera se suman a la casi generalizada existencia en los ayuntamientos españoles de cierta entidad poblacional de concejalías de participación ciudadana, que cuentan en muchos casos con programas muy avanzados. Esto se produce porque el ciudadano se siente con derecho a co-conformar las decisiones públicas, al menos en los ámbitos que le son más cercanos. Ésta es una tendencia ampliamente extendida en el mundo. Hasta aquí las notas más relevantes en la actualidad de las corrientes reformadoras en el ámbito público. Paso a continuación a tratar la cuestión de la Administración sin restricción de horarios.

Entre las conclusiones de la investigación “El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares” se pueden extraer la siguiente: existe una gran diversidad de destinatarios y agentes implicados en la conciliación, como ha señalado el presidente de la Comisión Nacional. Cuando hablamos de conciliación estamos hablando de miles de empresas, de millones de trabajadores, de núcleos de población desde veinte o menos habitantes a tres millones y medio, por lo que no se puede hablar de uniformidad. Esto implica que hay que tener en cuenta las múltiples situaciones en las que se puede encontrar cada individuo, que son muy distintas. La Directora General de la Función Pública señalaba que la Junta tiene implantada la jornada flexible, pero aún así no será lo mismo trabajar en Valladolid que hacerlo en una oficina de servicios sociales en una población que tenga cuatro mil habitantes. En un caso y en el otro la flexibilidad no tiene el mismo significado. De aquí que haya que adecuar las políticas públicas sobre conciliación a las características de cada empresa, de cada situación o de cada ámbito. ¿Qué puede hacer la Administración desde la perspectiva de la modernización administrativa? Debe cambiar de mentalidad, de paradigma cultural, de una cultura uniforme a una cultura adaptativa, a una cultura a demanda. En la actualidad cada vez hay más servicios a demanda. Tómese como ejemplo el pay per view de la televisión, frente a emisiones cerradas por el programador; los canales temáticos frente a los generalistas; la confección de una programación personal de audio y de video a través del podcast; las comunicaciones de la Administración a través de SMS previa demanda individualizada; la enorme gama de posibilidades de interacción que ofrece la Web 2.0, etc. Por lo tanto, no estamos ya ante una realidad uniforme, y Castilla y León no es uniforme ni territorial, ni económica, ni demográficamente.

Intervención realizada en la Jornada "La Administración sin restricción de horarios" organizada por la Junta de Castilla y León. Salamanca, 17 de junio de 2009.