LAS ELECCIONES Y SU REPERCUSIÓN ADMINISTRATIVA

El cara a cara Lerma y Fabra en el diario Las Provincias, aparte de ser bastante diplomático y con tendencia al pacto entre PSOE y PP., me ha dejado un momento, o dos, que encajan con el contenido que vengo dando al blog. Así El expresidente Lerma(PSOE) se refiere al hecho de que se han articulado 17 autonomías y sus municipios junto con las elecciones europeas y generales y dice: por lo que estás prácticamente siempre en campaña electoral o en una previa. Es complicado gobernar sin perder el tiempo en posicionarse políticamente en muy diversos temas. Cuando no hay elecciones en Cataluña lo son en Galicia o en cualquier otra región. Eso condiciona la gobernabilidad.

La frase me da mucho que pensar y siendo cierta, no sé si el expresidente se da cuenta de su alcance. Para los que pensamos como nos decía Alejandro de Olivan que no hay gobierno sin administración y que se gobierna administrando, la primera e inmediata conclusión es que al complicarse la gobernabilidad no se administra. Lo segundo es que con tanta elección el predominio de lo político y de la conservación del poder hace que la Administración se ocupe más de esos problemas electorales y sus efectos que de avanzar administrativamente en su eficacia y cualquier reforma "antipática" para el elector se deja sin abordar.

A mí me ha pasado; en algún momento se me ha dicho algo así: "Ahora no, Andrés, deja pasar las elecciones y después de ellas hablamos", pero entonces los problemas parlamentarios seguían teniendo ocupado al personaje político. Así que en cuanto a lo que se necesitaba era una ley o una norma que requería atención política, o no había diálogo o decidías tú, al menos en tener preparada una decisión final. Lo que tampoco resulta favorable porque te marcan de ambicioso de poder; sobre todo si actúas sin consultita previa.

Las políticas iniciadas se ven dificultadas en su desarrollo y cuando te descuidas ha cambiado el gobierno y la política se marchita poco a poco o la matan, siendo la victima la administración que da bandazos. Así pues " la política" sobre todo y la administración sin dirigir, acomodada e ineficaz, es lo que importa más que las leyes y políticas públicas sean válidas y eficaces.

De otro lado, al mencionar a las 17 autonomías y los procesos electorales, consciente o inconscientemente, nos ofrece el panorama de politización y la existencia de 17 parlamentos o galleras de pelea política, donde tampoco la administración importa sino lo que recoja la prensa o produzca su efecto en el votante.

De este modo, un pequeño avance cuesta a lo mejor un siglo y se va poniendo, por ejemplo, el acento doctrinal en los medios informáticos y su gestión u otros avances técnicos y no en los jurídicos, administrativos y sociales y en lo esencial. Así, también, si se trataba de acercar la administración al ciudadano y descentralizar dando margen de decisiones  a las autonomías, lo único que se ha conseguido es que también el ciudadano sólo piense en las elecciones para quitar a quien no le gusta.

Las elecciones, la propaganda, el escaparate, lo que diga la prensa subvencionada, el asistir a los Goyas o al encuentro del Cordobés padre e hijo, las declaraciones de la hija de unos famosos sobre su maltrato, acaban siendo más importante que atender a la Administración. Y ello es una debacle no percibida.

Y a pesar de tanta elección, no son compartimentos estancos ni su resultado depende de la eficacia, sino que los hechos y políticas del Gobierno y su partido, (ya confundidos plenamente), influyen en todas y todas afectan al Gobierno. Mientras un coro de cigarras canta en los parlamentos bienestares y malestares, bondades y maldades y el votante, que ya ha decidido, ve el cine, el futbol o trabaja, esperando las elecciones y maldiciendo a la Administración.

DEMOCRACIA, PUEBLO, PROGRESO Y DIÁLOGO SÓLO PALABRAS VACÍAS DE CONTENIDO.

Estos días de acontecimientos políticos importantes se nos ha mostrado la gran variedad de conductas políticas dirigidas a tomar el poder y, por supuesto, también la estructura estatal administrativa (hoy dicen que cesan 1.300 cargos) y con todo ello se muestran igualmente los vicios que nos corrompen. Pero sobre todo, se han repetido estos días la serie de palabras o términos habituales que apunto en el título de la entrada que por distintos según cada pensamiento han acabado vacíos de contenido y significado. Valen para todo y para cualquiera, aunque los que los utilicen estén cada uno en las antípodas del otro. Las palabras que deben ser elementos de unión lo son en realidad de confusión  y engaño. Puede que todo forme parte de la estrategia seguida para lograr eso que se llama el pensamiento único, pero eso lo dejo para los especialistas en el tema. Vamos con cada uno de los términos que he escogido.

LA BUROCRACIA Y SU CONEXIÓN CON EL PUEBLO

En la última entrada del blog a través de principio de legalidad o del imperio de la ley se producía una conexión entre burocracia  y democracia. Decía Von Mises que en democracia era el pueblo el soberano y que las autoridades no eran quienes decidían lo mejor para el bienestar, sino los representantes elegidos por el pueblo; controlando, además el presupuesto. Resulta pues el pueblo un elemento  básico del concepto de democracia y también en la creación de la ley que va a ser el límite de las decisiones burocráticas y la guía de la acción de burócratas y funcionarios.

Por eso hoy, como anuncié, trataré de ver las conexiones del pueblo con la burocracia y la función pública, sin perjuicio de que al hacerlo se valore el verdadero alcance de esa idea del pueblo como soberano  y su realidad.

LOS PROGRAMAS POLÍTICOS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La entrada dedicada al espacio de la tecnocracia y las ya próximas elecciones generales me llevaron a la conexión con otra cuestión que es la de los programas políticos que cada partido ofrece cara a las procesos electorales y su eficacia o su mentira o inadecuación a la realidad. De tal manera que hoy una crítica ciudadana bastante general se refiere al incumplimiento o engaño de los programas políticos. Por ello mi pretensión es referirme al papel que la Administración pública ha de jugar en ellos. Y el hecho de tener que destacar este papel se produce porque es la Administración la que, normal o mayoritariamente, ha de ejecutar las políticas públicas y, por tanto, éstas, que deben de ser, a su vez, cumplimiento y ejecución de los programas políticos, han de ser posibles y realistas para ser eficaces y, para ello, veo necesario explicar más o menos el proceso habitual.

AHORA TOCA GOBERNAR Y ADMINISTRAR

Las elecciones municipales y comúnitarias han supuesto  un  cambio sustancial y el castigo a los dos partidos más importantes también lo ha sido y muy significativo en el caso del PP. En Valencia el resultado produce un giro a la izquierda muy evidente y el PP ha pagado sus múltiples errores: corrupción, eliminación de RTVV, mala administración y falta de renovación.

Pero el castigo o los problemas no son sólo para los partidos como organización sino que puede serlo también para los ciudadanos que les votaron o para aquellos que, sin votarlos, coincidieran con su ideología formal o programática y que se sintieron traicionados o menospreciados. El giro en Valencia puede revivir etapas pasadas y vueltas a la guerra de los signos o del valenciano y catalán.

Por eso el reto de los nuevos partidos que  alcancen el gobierno es precisamente el de gobernar y administrar y de hacerlo para todos y enfrentarse con la realidad y la posibilidad material o no de sus promesas que, a buen seguro, incurrirán en contradicciones y oposición entre ellas. Habrá que saber si se cuenta con los factores y medios para llevar cabo las políticas correspondientes y a qué derechos fundamentales pueden oponerse. Y para ello he repetido hasta el hartazgo lo necesaria que es una administración profesional y en este aspecto el panorama es casi desolador. Exceso de cargos de libre nombramiento, puestos de libre designación y puede que muchos funcionarios muy dependientes e imposibilitados de ejercer neutral o independientemente la función garante a la que dediqué la última entrada. Quizá en el largo periodo de los gobiernos pasados algunos funcionarios han dejado muchos heridos o enemigos. 

No me quedan buenas sensaciones y percibo posibles malos vientos y algún que otro temblor y son previsibles excesos legislativos; espero equivocarme.

LA BRECHA POLÍTICO/CIUDADANO

La brecha entre el político y el ciudadano implica, como mínimo, una dificultad de entendimiento, lo que conlleva el alejamiento entre los representantes y los ciudadanos. La consecuencia es la deslegitimación del sistema político y de sus integrantes, lo que supone una pérdida de confianza por algunos sectores de la ciudadanía en el valor de la democracia como régimen de integración social. La democracia no aparece ante algunos ciudadanos como un premio del sistema en el que conviven, sino como una estructura alienante y causante de los males de la sociedad actual.

La gente corriente no tiene interés en comunicarse en el lenguaje de la política, sino que se comunica preferentemente a través de sus relaciones personales, familiares, de trabajo o de mercado. Esto genera un desencuentro de comunicación e información con los políticos que se ve agravada porque los referentes de valoración del ciudadano y del político no coinciden. Ambos discrepan del para qué de la actuación publica y política. Además, el político administra de una manera personal o grupal la información como un recurso de poder frente a los adversarios, que son los que pueden hacer peligrar su posición o carrera.

El político piensa legítimamente en su reelección y en hacer prosperar o mantener su carrera política, y el ciudadano la política piensa que la política es un medio para lograr mayor bienestar personal y de su entorno. Este hecho no tendría por qué ser antagónico, pero lo cierto es que el ciudadano constata que la búsqueda de la felicidad por los dos actores de la ecuación, políticos y ciudadanos, se suele resolver a favor de los primeros.

La asimetría elector/político es debida al papel que cada uno de ellos se otorga a sí mismo en el sistema político y del papel que otorga al otro. Ambos actores se sitúan desde promontorios distintos dentro de un mismo campo de juego que les impide ver toda la realidad del otro. Ahora bien, es el político el que tiene que hacer el esfuerzo para interpretar todo el terreno de juego; además, el ciudadano cree que es el que debe hacerlo.

Este texto forma parte de : “¿Son los políticos los responsables de la crisis?”, en R. Peña (Dir.) (2011) Herramientas para enfrentarse a la crisis, Barcelona: ServiDoc, 2011., p. 85-120.

15 - M, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Cumplido el proceso electoral y pasadas las primeras impresiones proporcionadas por la movilización del 15 de mayo y concentración en la Plaza del Sol y en otras plazas de la geografía española, es cuando siento la necesidad de hacer algún comentario al respecto, pues salvada la impresión favorable que pueda producir el hecho de que se ponga de manifiesto el hartazgo que produce la conducta de nuestra clase política, hay que apuntar a los otros aspectos de la movilización, que a mí particularmente no me produce, en general y en algunos casos en particular, ninguna impresión favorable, sobre todo si atendemos a las cuestiones que son objeto y finalidad de este blog.

De un lado, dado el tipo de comportamientos que vengo sufriendo en el barrio en el que vivo, mucho de lo visto me recuerda a las fiestas estudiantiles que tanto me molestan y a su ocupación de espacios públicos en detrimento de otros derechos ajustados a la legalidad. De otro lado, me imagino que para los comercios de las zonas correspondientes el ambiente no les habrá resultado muy favorable y, también, me pregunto cuál será la higiene en la zona y el grado de suciedad en la calle. Nada gratificante seguro.

Pero aparte estas cuestiones propias de quien saturado por dichos comportamientos se muestra ultra sensibilizado contra ellos, la carga de ingenuidad e ignorancia o, en su caso, de manipulación, nos evidencian la existencia de unos conceptos de la democracia, bien preocupantes, bien risibles, según como uno quiera reaccionar. Asambleísmo, totalitarismo, estatalismo, sovietización, anarquismo y otros ismos, más bastante intolerancia, son atribuibles a los visto en el acampamiento de la Plaza del Sol, pero muy poco de la democracia real que se predicaba. Ésta, aun contando con la indignación de cada cual por la situación actual española, se muestra en la urnas y en sus resultados y éstos demuestran que muchos indignados no se han limitado a acampar libres de otras responsabilidades y atrapados en un nirvana especial e inmaduro alejado de todo compromiso real y contributivo. La democracia se hace efectiva cumpliendo con los procedimientos establecidos y las formas legales. Nunca pues más adecuado el recordar lo dicho por Ihering en El espíritu del Derecho Romano: Enemiga jurada de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad. Es, en efecto, el freno que detiene las tentativas de aquellos que arrastran la libertad hácia la licencia; la que dirige la libertad, la que la contiene y protege. Las formas fijas son la escuela de la disciplina y del órden, y por consiguiente de la libertad; son un baluarte contra los ataques exteriores: podrán romperse, pero no plegarse. El pueblo que profesa verdaderamente culto á la libertad comprende instintivamente el valor de la forma, y siente que ella no es un yugo exterior, sino el vigía de su libertad.

Sencillamente, creo que buena parte del pueblo español y de su gobierno no sólo carece del instinto señalado, sino que parece con los hechos demostrar que no hay forma ni ley que someta a su arbitrierad, pues el principio de legalidad se ve afectado e incumplido diariamente y los acontecimientos que son objeto de este comentario son una muestra de ello, primero porque se ha permitido que lo ilegal ocurriera y segundo porque declarada la ilegalidad el hacer cumplir la ley podía producir daños sensibles a las personas. Negligencia y mal gobierno y descomposición institucional disfrazados de bondad, razonabilidad, en realidad “buenismo” rayano en la hipocresía. Poco ha afectado todo ello al proceso electoral, unos votos más para la izquierda, un avance de UPyD y una reducción de votos en la suma de los dos partidos mayoritarios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las formas y de la legalidad radica la verdadera democracia y el Estado de Derecho y, por ello, a la hora de valorar los resultados electorales para el PSOE, no hay que quedarse con los efectos de la crisis, sino con estos incumplimientos de la legalidad y de las formas. Cuando se cambia la Constitución subvirtiendo las formas establecidas para ello en la propia Constitución o cuando se aprueban asuntos que dividen a los españoles sin propiciar su participación y su voto o se utiliza al Tribunal Constitucional como correa de transmisión de los partidos políticos, mientras se muestra ineficaz en la gestión de los recursos de amparo de los simples ciudadanos, se están realizando actuaciones contrarias a la democracia y al derecho establecido, se quebrantan las formas y su garantía. No es sólo la crisis económica lo que indigna, para mí son otras muchas cosas más que afectan al Estado de Derecho y todas aquellas que propician nuestra división y son una regresión indebida hacia momentos históricos que debían estar superados y que en cambio resucitan a aquellos fantasmas que asustaron a nuestros padres -a los de mi generación- y que nosotros vivimos indirectamente en el refugio de una dictadura fruto de una victoria derivada de las divisiones que el gobierno actual parece querer avivar, justificable entonces, pues desgraciadamente hubo vencedores y vencidos, pero inadecuada y contraria a derecho en la actualidad y antidemocrática y totalitaria. Sumado todo a la situación económica es comprensible lo ocurrido. Aún quedamos muchos hijos de la postguerra y conocemos lo bueno y lo malo del franquismo como para caer en la trampa de otra dictadura sea cual sea su signo, su cara y sus “formas”.

De todo, pues, hay que tomar nota por parte de los políticos y propiciar el proceso que permita que se produzca el cambio que la ciudadanía desea y ha proclamado,  con mayor participación y libertad en la elección, respetando las formas y el derecho, o sea en democracia, con seriedad y sin demagogias.

QUE NOS ESCUCHEN

Con cierta frecuencia se señala la brecha que existe entre los ciudadanos corrientes y las instituciones políticas y sus dirigentes. Para ello se utilizan términos como falta de legitimidad, desafección o apatía que apuntan a que existe una dificultad creciente para que el ciudadano consienta el ejercicio del poder.

Puede parecer que nos hemos acostumbrado a que más de la mitad de los encuestados por el CIS otorguen a los partidos políticos una valoración entre 0 y 3 sobre 10 puntos; a que la satisfacción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales haya empeorado en los últimos años; a que España no ocupe la misma posición internacional en economía que, por ejemplo, en educación o en democracia; a que en la percepción ciudadana sobre la corrupción hayamos pasado en el ranking mundial del puesto 23 en el 2006 al 32 en 2010; a que la confianza política haya caído casi 20 puntos en los últimos quince años, siendo muy significativo el desplome desde 2004; a que para más de la mitad de los españoles la política esté asociada al sentimiento de desconfianza; o a que la Encuesta Social Europea nos sitúe en 2009 en el último país en interés por la política o en los puestos de cola en la confianza en los políticos y en los partidos políticos. También parece que aceptamos que lo anterior no tiene que ver con que casi la mitad de la población no esté satisfecha con el funcionamiento de la democracia; ni que esté relacionado con la existencia de unas tasas de abstención que en las elecciones locales superan la tercera parte de los votantes. Sin embargo, la conclusión es que nos encontramos en una democracia debilitada, que algunos de sus elementos están en riesgo y otros en crisis.

El Movimiento 15-M presenta varias lecturas necesariamente provisionales a los pocos días de su nacimiento. Puede ser que se trate de una explosión espontánea de irritación ciudadana convocada a través de las redes sociales en un momento de máxima atención política del país. Pudiera ser que se tratase de lo anterior y que grupos radicales que cuentan con organización y objetivos precisos pretendan capitalizarlo. También, claro es, caben las teorías conspiratorias. Es posible que el Movimiento se disuelva tras las elecciones, aunque también que perdure en el tiempo bajo otras formas.

Suceda lo que suceda el 22 de mayo, las percepciones de los ciudadanos sobre el sistema político seguirán estando ahí, como también lo estarán los hechos: cinco millones de parados, un paro juvenil que duplica la media de la UE y una crisis económica a la que no se ve la salida del túnel. La mezcla de percepciones políticas sólidamente consolidadas con los duros hechos económicos y sociales es la que hace que deba ser considerado muy seriamente el Movimiento del 15-M como expresión de un amplio descontento popular. Hasta ahora no se había producido una cristalización entre la desafección ciudadana por el ejercicio del poder y la desesperanzada realidad objetiva. Esto ha permitido a los partidos políticos ignorar a los abstencionistas y a amplias capas de población, especialmente jóvenes, que no se implican formalmente en la democracia, no reformar las reglas del juego político y no permitir la entrada de nuevas expresiones ciudadanas. Así, se ha pasado de la apatía privada a la irritación individual y de aquí a la movilización pública.

Es inevitable tratar de considerar quién gana en esta situación en términos políticos. Es probable que la parte organizada del Movimiento se alinee con la izquierda en su sentido ideológico. Así parece corroborarlo algunas de las propuestas iniciales y la adhesión de algún partido político. En esta hipótesis aparecería la identificación de los causantes de la crisis actual con el capital y a éste con la derecha. De esta manera, se produciría una dilución de la mayor responsabilidad por la gestión de la crisis, que corresponde al Gobierno, y compartirla con los partidos políticos y especialmente con el Partido Popular.

Con ser lo anterior de interés, no es lo más importante. La clave de las crisis se encuentra en cómo se afrontan por aquellos que son el sujeto de las demandas, en este caso el Gobierno y los partidos políticos. Hay mucha diferencia en considerar al Movimiento del 15-M desde una óptica de partido (quién gana con esta situación) y minimizar la realidad que está en la base de la protesta o fundamentarla sólo en la crisis económica manteniendo una posición defensiva ante cualquier tipo de cuestionamiento; asumir el compromiso de la apertura, la reflexión y el debate con los manifestantes; o aceptar parte de la culpa por la situación actual, reconocer los fallos del sistema y comprometerse a tratar de reformarlo. Existe un gran riesgo en términos políticos en la primera opción y una ganancia futura en la tercera.

Habrá que esperar a ver si el 15-M tiene incidencia en las urnas del domingo. Lo que sí tiene posibilidades es, de mantenerse la movilización, de influir en las próximas elecciones generales. Si esto se produce en cualquiera de los dos casos no será porque el Movimiento del 15-M haya sido capitalizado por una corriente determinada, sino porque conecta con el sentir de una parte significativa de la ciudadanía y porque los responsables políticos no han satisfecho sus demandas. Los ciudadanos reclaman un nuevo estilo de hacer política y cambios en el funcionamiento de la democracia. En un estudio español de hace pocos años sobre qué demandaban los ciudadanos de los responsables públicos, destacaba: “que, de verdad, nos escuchen”.

Publicado en El Imparcial el 20 de mayo de 2002

EL GOBIERNO VALENCIANO ANTE LA CRISIS

Había comentado que haría mención a las medidas que el gobierno valenciano tenía en mente realizar por razón de la crisis económica y que han sido objeto de referencia en la prensa y que se manifiestan cerca de la campaña electoral. Hay que tener en cuenta que muchos de los proveedores de la Administración autonómica valenciana no cobran y, por tanto, que la situación económica ha de ser delicada. Es destacable en este orden la noticia que aparecía el día 24 del pasado mes de abril de que el Consell ofrecía a los contratistas costear obras por 2000 millones. ¿Participación? ¿Externalización? ¿Financiación privada? El día siguiente se nos decía que los contratistas sólo estaban dispuestos a financiar obras que fueran rentables; totalmente lógico, las obras no rentables son las que se cargan al presupuesto público y si no hay rentabilidad mal van a surgir concursantes a una obra. Además, también, se hace referencia al análisis de la viabilidad de las obras o proyectos, lo que preocupa un poco más pues nos ofrece la imagen de una Administración incapaz de realizar este análisis o de calcular los precios según los cuales la concurrencia y la oferta, a efectos de adjudicación de las contratas, es posible. Cabe preguntarse si, en el fondo, no se produce una renuncia a la determinación del precio del contrato por la propia Administración y se deja en manos de los propios contratistas o no se cuenta con personal preparado para hacerlo.

También el día 28 el Conseller Blasco se refiere a que la "máxima austeridad" sera el lema del Consell y se contempla la simplificación de la Administración y la reducción del gasto. Espero que no desaparezcan los servicios de obras y contratos o las Oficinas de supervisión de proyectos y sean los empresarios los que ocupen la Administración, porque es cierto que reduciríamos organización pero no es tan claro que se redujera el gasto. El día 4 de este mes se nos ofrecen algunas medidas en este orden y, en concreto, se nos dice que se creará una Conselleria de Hacienda, partiendo de su separación de Economía, y mediante la unificación  con la actual de Administraciones Públicas y en la que se ubicará una Junta General de Contratación y Compras; junta a la que ya había hecho referencia el día 26 de abril.

En resumen, se vuelve  a soluciones clásicas en nuestra Administración estatal y se prefiere la reducción del gasto a las actuaciones descentralizadas o desconcentradas en cuanto a las licitaciones. No se sí se pretende que sólo haya un adjudicatario o se tratará de que nadie monopolice los suministros y que lo único que se unifica son las 140 cuentas a que se hace referencia. Supongo que los proveedores que ahora se diversifican ante la descentralización se preocuparán de evitar que a través de la unificación se produzcan actuaciones monopolísticas, pues hoy la acción administrativa y política también trata de ser equitativa y de repartir bienes y potenciar la actividad económica. Pero habrá que ver el desarrollo en su día de esta cuestión. En Sanidad tuve que asistir a múltiples mesas de contratación en hospitales y centros de salud y sólo algunos suministros, previa consulta con los hospitales, fueron objeto de contratación centralizada, tratando de satisfacer las necesidades y preferencias que los hospitales y médicos tenían respecto de determinados productos o materiales, con lo que abaratando precios sin embargo no se producía la circunstancia de que sólo hubiera un único adjudicatario. El numero de mesas que se conformaban, hacía que hubiera días en que los servicios jurídicos o la intervención no tuvieran personal bastante para acudir a ellas.

Clásica es también la propuesta de que hacienda y recursos humanos sean materias que se gestionen de modo unido, pues en buena parte los departamentos de hacienda siempre han tenido un peso específico en la gestión de aquéllos, en cuanto su número dependía de la dotación presupuestaria y a ella se han venido condicionando los incrementos de plantillas o relaciones de puestos. Pero no hay que olvidar que en los años sesenta, en el Estado, se pretendió que la Presidencia, a través del Ministerio de la Presidencia, asumiera un papel racionalizador en materia organizativa y en la administración de personal, de modo que se redujera el poder de Hacienda para reforzar el del presidente en orden a la política de personal y a la reforma de la Administración.  esta idea de una gestión de hacienda y recursos humanos en la organización dependiente del presidente creo que se manifiesta en otros países, de modo que el poder radica en la Presidencia que además formula las políticas correspondientes. Lo cierto es que ahora los presidentes huyen del problema y la creación de departamentos de Administración pública, fue una forma de alejar responsabilidades. La unificación en Hacienda pese a que no conlleve la política económica presenta aspectos que pueden ser negativos y la convierte en el centro de toda negociación para conseguir recursos por parte de los departamentos y puede alejar al presidente de la gestión y del conocimiento de su Administración y dejarlo como un simple elemento político y de representación, preocupado de la imagen del partido y de las elecciones pero que no gobierna en realidad o, al menos, se desentiende de la administración y gestión  que es una forma de no gobernar.

Esta visto que nuestra Administración pública es como el tapiz o telar de Penélope, se teje y desteje, continuamente y los problemas siempre son los mismos. Habrá que esperar a ver la realidad de todo lo antedicho y si sólo es fruto de las próximas elecciones y del programa electoral. Las medidas se presentan con una cierta racionalidad pero es posible que de llevarse a efecto se den algunos efectos perversos que lleven a destejer lo tejido.

AVERGONZADO Y PREOCUPADO

Es indudable que pertenezco al grupo de los mayores y ancianos y no sólo por razones de edad, siempre presentes, sino por la incomprensión y falta de tolerancia con que afronto determinados comportamientos sociales, políticos y administrativos. Viene ello a cuenta del macrobotellón que el pasado día 5, jueves, se organizó en el campus universitario, zona lindante con el barrio en el que vivo o mal vivo, gracias a nuestra administración municipal. De buena mañana numerosos grupos de jóvenes con sus mochilas se proveían en los comercios del barrio de comida y bebida al efecto. La referencia que realiza el diario de las Provincias es clarificadora.

La vergüenza que me invade respecto de lo que vi y de lo que leo es profunda y la desazón que me produce el comportamiento de estos jóvenes también. Sé que en toda época los jóvenes estudiantes hemos sido objeto de una visión desfavorable de nuestros mayores y que en toda época aquéllos han sido mal considerados por razón de sus comportamientos, en buena parte, manifestativos de la falta de estudio y de alegrías demostrativas de su “dolce far niente” propio de privilegiados e irresponsables niñatos, frente a aquéllos que desde su primera juventud e, incluso niñez, tenían que enfrentarse con el duro cumplimiento de un trabajo diario y todavía de una posguerra no superada. En general, por ello, mal vistos por una buena parte de la sociedad. Mala imagen dábamos los estudiantes de derecho el llamado “día del borrego” cuando se recibía el primer día de curso a los novatos a golpe de paquetes de polvos de blanco de España, ensuciando la céntricas calles de Valencia y las columnas y paredes del claustro de la vieja Universidad o cuando, en horas de clase, el Club universitario permanecía lleno de estudiantes jugando a los dados o bebiendo cerveza u otras bebidas. Entonces estudiar en la universidad se podía considerar un privilegio, hoy resulta normal y corriente, la masificación y la falta de preparación actual constituye un problema social y futuro, ya que de la excelencia de aquellos que pueden acceder a los puestos de mayor responsabilidad depende lo que sea nuestra sociedad, nuestra nación y nuestro Estado y, por tanto, la vida de los españoles o de lo que nuestros políticos quieran que seamos, pues poco podemos hacer, salvo votar a quienes en realidad querríamos botar, mientras nos imponen su dictado general. En toda época, pues, cuecen habas. Pero la imagen que me ofrece la actualidad me resulta mucho más preocupante y exagerada que la de antaño. El número de estudiantes es mayor, la permisividad también y la actuación política, educativa y administrativa deplorables y la falta de trabajo acuciante.

La fiesta estudiantil, es ya diaria, la noche en Valencia nos muestra cada día los grupos de jóvenes, y prácticamente niños, preparados para dirigirse a los puntos de reunión y bebercio y a cualquier hora te despierta el grito del gamberro borracho o de la histérica y ridícula niñita de turno. Por ello choca que se lea, tras una fracasada, por prohibida, general paella callejera y alternativo botellón convocado a través de la red, que llevamos todo el año esperando este momento y por culpa de la Universidad o de nuestros representantes, nunca lo sabremos, no nos vamos a quedar sin celebrar la fiesta que no hace daño a nadie o el año que viene espabilarán y buscarán lugar donde hacer paellas porque les hemos demostrado que nosotros no vamos a dejar de hacer el día de la paella o como el gracioso de turno Tanto estudiar Óptica para acabar ciegos. Pues bien a estos tipos es probable que a través del partido de turno, fuente hoy segura de empleo, se los vean ustedes dirigiendo su sociedad, sin mérito ni capacidad, pero dictando a placer lo que los demás hemos de soportar, incumpliendo todas las leyes sin la menor consideración o ejecutándolas a su gusto y dominando todos los poderes públicos en una partitocracia absoluta y dictatorial.

Mientras, la pasividad municipal es evidente, no sea que los chicos se enfaden y no nos voten, y la ciudad se convierte,  ocupada por borrachos, mal educados estudiantes pendientes de la fiesta continúa y, en su caso, de la consola de video juegos, gritones y estrafalarios, en el dominio de unos pocos, en zona de bebería y bebendurria, con mesas y sin ellas, en fumadero general, estercolero y letrina pública, mientras los impuestos los pagamos esos mayores a los que sí se nos hace daño, no sólo por que se afecta a nuestra vida, intimidad y descanso, sino porque moralmente nos resentimos pensando en el porvenir que aguarda a nuestros nietos y a nuestra sociedad, por esta y otras muchas cosas que están en la mente de todos ante el gobierno que nos somete a cambios del sentido de la ley y de nuestra Constitución al margen de los procedimientos legales, por la vía de hecho y del contubernio.

Como este mes hemos de votar, amiga Rita, popular en lo personal y político, y populista en general, quédate con el botellón, pero no con mi voto, porque no sólo de lo bueno eres responsable sino porque eres la cabeza de una administración plagada de vulgares concejales, ignorantes del derecho y de la ley y de una, al menos aparente, corrupción en la concesión de  licencias y otros menesteres. Y dar gracias a que la oposición cuenta con un gobierno central que os supera en mucho en el despropósito y empeñado en cabrear a los valencianos, quizá porque vosotros estáis en el poder o por su incapacidad de conectar con nuestros sentimientos y, por qué no, por la gran “calidad” e “imparcialidad” de sus dirigentes. No olvidemos que estos políticos son responsables directos de la conformación de nuestra sociedad, primero porque en los parlamentos dictan las leyes que luego incumplen, por que dicen lo que ha de ser pero luego no hacen. Por tanto, en realidad, “desconfiguran” a troche y moche. ¿Cómo llamar a esto Estado de Derecho?, cuando tenemos una administración espuria, nada pública, propiedad de unos pocos y nada al servicio de la ley y del interés general declarado en las leyes. Esto es una dictadura de tomo y lomo, en la que algunos no contamos para nada, salvo para pagar, o en la que una parte de la sociedad y sus valores ha de ser eliminada en favor de la otra.  

EL SIGNIFICADO DE LAS ELECCIONES Y POR QUÉ SE VOTA

Las elecciones tienen tres significados:

1. 
   
   Suponen la confirmación de los derechos y deberes de los ciudadanos. La mayoría vota para preservar los principios democráticos o para alcanzarlos si no los tienen.



2. Determinan quién va a regir el Gobierno y en qué grupos se va a apoyar preferentemente.



3. Permiten influir en las políticas públicas ya que los referendos suelen estar fuera de la agenda de los políticos por cuestionar su monopolio para adoptar las decisiones.

El partido ganador tras las elecciones tiene ante sí la difícil tarea de decidir lo que la gente debía de querer cuando le votó. También tiene que adivinar cómo quiere la gente que el Gobierno aborde las políticas públicas. Esas dotes adivinatorias que se presumen de los políticos deben completarse con las señales emitidas desde la gente hacia los gobernantes. Por eso se puede decir que ganar las elecciones es el cincuenta por ciento del trabajo de los dirigentes políticos, el resto es interpretar correctamente las señales del electorado. No se trata de mantener el apoyo constante del electorado a lo que se hace desde el poder, sino de conseguir ese apoyo el día de las elecciones.

Las elecciones son una interrupción de la vida ordinaria para los electores, los gestores públicos y los políticos. Ni unos ni otros esperan demasiados cambios por lo que respecta a las políticas públicas ni a las prestaciones que de ellas se derivan. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, no van a hacer variar la perspectiva habitual de cada uno de esos actores. Desde esta perspectiva no es posible esperar que el resultado de las elecciones produzca grandes cambios en las situaciones de crisis.

La votación a un partido no está vinculada fundamentalmente a un conocimiento ideológico, sino que refleja la experiencia acumulada por los ciudadanos por las enseñanzas políticas directas o indirectas. Existirían cinco posibles explicaciones para determinar el voto:

1. 
   
   La socialización. Esta se efectúa durante la infancia y es de tipo indirecto. Su peso como factor explicativo del voto se encuentra en declive y se mide por la identificación con el voto familiar.


2. 
   
   El segundo factor es la situación socioeconómica general, que cada vez tiene más valor, especialmente en momentos como el actual.


3. 
   
   El tercero hace referencia a los principios políticos. Este factor se encuentra muy relacionado con los dos anteriores.


4. 
   
   El funcionamiento de los partidos es la cuarta explicación del voto. En este apartado, tiene cada vez más importancia los resultados de la gestión de un Gobierno que la presencia de un líder concreto al frente de él. En este factor cada vez cobra más relevancia las expectativas personales que el ciudadano tenga respecto a la ocupación del poder por un grupo concreto.

La identificación personal con un partido, que cada vez pesa menos en la votación.

El ciudadano al votar no realiza un auténtico análisis coste-beneficio de las acciones del Gobierno y de la oposición, sino que acumula una serie de sensaciones y hechos que son interpretados y seleccionados a lo largo de los años previos a las elecciones y que los ha ido filtrando con sus creencias, valores, necesidades y expectativas. La explicación del voto hay que encontrarla, sobre todo, cada vez más en los factores tercero y cuarto, lo que matiza sustancialmente la idea tradicional del voto político basado en la adhesión partidaria y hace que el factor de la prestación de servicios por parte de los poderes públicos sea cada vez más determinante en el resultado de la votación.

Hay que llamar la atención sobre las palabras relacionadas con lo que el ciudadano da importancia a la hora de votar: identificación, situación, principios, resultados y expectativas. Es decir, se incluyen dentro del campo de las emociones. Incluso la situación socioeconómica general debe ser filtrada por esa percepción ya que, como numerosas encuestas nos muestran, no es necesario una crisis real de la economía o de la sociedad para que se retraiga la inversión o el gasto, ya que muchas veces estos efectos se producen aparentemente sin causa alguna racional. Las mismas bolsas de valores funcionan atendiendo a las percepciones de los inversores. En el mismo sentido hay que pronunciarse sobre los resultados, ya que son en buena parte la consecuencia de la percepción del rendimiento de los servicios públicos.

El ciudadano precisa de algo más que de hechos para entregar su confianza en el voto. Los hechos mostrados por sus dirigentes pueden ser una condición necesaria, pero la confianza en el representante político se otorga desde una percepción en la que domina la transcendencia sobre las cosas materiales y en la que destacan los anhelos y esperanzas depositadas en una sociedad mejor y en su futuro. Es una renovación permanente del contrato social y político entre la sociedad y sus representantes políticos. En este modelo la eficacia del Gobierno funciona como un factor básico de credibilidad cuya no superación por los gobernantes dificulta o impide el darles la confianza para cuestiones de mayor calado para los ciudadanos como personas: el bienestar, la seguridad, el futuro, la democracia, la igualdad, la familia o el desarrollo personal. Se puede concluir que no es posible saber cómo ganar las elecciones y sí como perderlas. Se ganan sintonizando con las emociones de los ciudadanos y se pierden ofertando sólo eficacia a los electores.

CÓMO SABEN LOS POLÍTICOS LO QUE QUIEREN LOS CIUDADANOS

Para ganar las elecciones es necesario sintonizar con las expectativas de los ciudadanos, con sus necesidades y con la valoración que hagan de la actuación pública, de sus resultados y de los dirigentes. Las señales que recibe el gobernante para saberlo provienen de cuatro fuentes:

• Las leyes o grandes normas que conforman la sociedad. Se refieren a las cuestiones que más importancia tienen para los ciudadanos (educación, sanidad, pensiones). La alteración de estas leyes suele ser mínima a lo largo del tiempo debido a la existencia de una alta coincidencia entre los partidos que cuenta con posibilidad de formar gobierno. Las leyes explican que el gasto público se encuentra comprometido en un porcentaje muy elevado por decisiones anteriores, lo que suele ser muy descorazonador para los políticos que acceden por primera vez al poder, pero enormemente tranquilizador para los ciudadanos. Todo ello genera una fuerte estabilidad que propicia el asentamiento de una serie de valores permanentes en el tiempo. En definitiva, conforman el armazón de nuestro sistema político y social y resultan ser las principales fuentes de educación cívica, política y administrativa de los ciudadanos. Aunque también son la fuente de resistencia más grande para producir innovaciones, transformaciones o adaptaciones de la realidad, como podemos comprobar en la situación de crisis actual.
• Los expertos. Son el enlace natural entre el ciudadano y los gobernantes y se encuentran en organizaciones e instituciones profesionales, académicas, científicas etc. Son lo que ayudan a determinar el riesgo admisible en la actuación política.
• El mercado. Algunos mantienen que la ausencia de pago por la prestación de los servicios públicos distorsiona los fines de la Administración pública, al no percibirse información suficiente sobre el cumplimiento de los fines públicos. Se señala que éstos no son los que la gente quiere, sino los que determinan los expertos y los funcionarios. Debido a esto, se llega a afirmar que si los cargos públicos no saben lo que quiere el ciudadano, habrá que dejar en manos del mercado la consecución de los objetivos. Sin embargo, existen consideraciones al margen del mercado que exigen el mantenimiento de varias prestaciones por la Administración pública.
• El electorado. El electorado envía más de un tipo de señal a los políticos, sin embargo, las señales no son armónicas, por lo que es preciso interpretarlas. Por otra parte, la sensibilidad de los políticos en las situaciones electorales tiene más que ver con su carrera personal que con las actuaciones públicas.

Las señales que llegan al político lo hacen de forma débil y desigual, además el político puede alterar el peso o incluso la naturaleza de cada señal. Así, no está garantizado que el experto sea un buen intérprete de los ciudadanos o de las otras señales, ya que puede reforzar el modelo habitual de relación entre el gobernante y el ciudadano. Si no lo hace, el político quizá no encuentre ventajas en su colaboración. En estas condiciones el experto no es muy adecuado para introducir alteraciones significativas en el marco institucional, social o económico. En la crisis actual los expertos “propios” no han logrado el cambio en el sistema, como sí lo están haciendo ahora los organismos internacionales, estos también integrados por expertos, aunque no dependientes de los políticos de cada país.

Las señales más importantes para establecer y llevar a cabo las políticas públicas eficazmente son las provenientes de las leyes y las de los expertos. Sin embargo, ninguna de las dos son suficientes para lograr el voto de los ciudadanos.