LA ADMINISTRACIÍÓN PÚBLICA , UNA NECESIDAD SOCIAL.

Dije que había que examinar, dada la situación del edificio, tanto los cimientos, el proyecto, la obra, las tejas, etc. 

Pero este edificio, la Administración PUBLICA y no privada o asistencial sólo, es una institución nacida de la necesidad de una organización social y para llegar a sus bases actuales y en especial a las españolas, hay que tener en cuenta que es consecuencia de un proceso histórico y de la sociedad y de la evolución del poder. Comprender esto más allá de los detalles que cada ciencia destaca es esencial. 

No se trata de exponer toda la tipología social o la evolución del poder y su administración pública como Weber nos mostró. Creo que para iniciar la cuestión hay que partir ya de la división de poderes como planteamiento político y jurídico, por lo segundo, formal, y necesario una vez constituido el modelo contemplar si existe en la realidad o no y en parte a ello dedicaré esta etapa.

Partamos pues de la división de poderes en nuestra Constitución, la cual, en realidad, sólo denomina como tal al Judicial. Y esta división en nosotros parte de considerar a España como un estado social y democrático de Derecho y de que sus poderes  emanan del pueblo español. Esto es pues la base formal y luego cada poder es descrito a través del texto constitucional.

Claro que quien quiera examinar qué o quién es el pueblo, se metería en un jardín en el que acabaría describiendo lo que es la democracia, cuyo concepto se estima o describe de forma distinta según sistemas de Estado o políticos. Pero, naturalmente, no entro en el jardín y partiré de su dibujo.

Los lectores que aguanten la lectura de este blog, ya saben cuáles son los poderes públicos estatales. Y como aquí se tiene como objeto de observación a la Administración pública como parte del poder ejecutivo, la vamos a considerar desde su eficacia real, lo que conlleva necesariamente exponer su relación con el poder judicial.

Mi defecto de escribir vuela pluma es que toda relación que acude a mi mente me llevaría o a sintetizar mucho o a extenderme demasiado. Como han surgido las relaciones con el poder judicial se nos muestra el protagonismo de lo jurídico e, inmediatamente, del Derecho administrativo, y también el legislativo y los partidos políticos. Así pues de esa relación iré escribiendo en siguientes entradas.

POLITICAS DE GOBIERNO, GASTO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA Y REFORMA SOCIAL III

Bien, corresponde relacionar las cuestiones ya tratadas con la Administración pública y su reforma, en su caso. Con respecto a la política de gobierno le corresponde ejecutarla y al gobierno correspondiente dirigirla en ello. Dirigirla en el aspecto politico y no, en principio, en lo jurídico y lo técnico, salvo que los más preparados en los tres aspectos estén en el nivel político y administrativo por su mérito y capacidad para hacerlo.

Pero la mayor o menor estructura de la Administración influye en el gasto público y también en la sociedad. Ésta puede tener iniciativa o no para crear riqueza según la actuación político-administrativa o ser perezosa, dependiente y conformista. Actuación que empieza en la educación y sus fines que no han de ser los del adoctrinamiento o igualitarismo adocenante e improductivo. De ser asi, pobreza, dependencia o carencia de personalidad y libertad, se producen y unos cuantos viven a costa de otros sin que dejen de ser ignorantes. Así pues la Administración influye en cómo sea la sociedad y que ésta no espere simplemente el maná del dios Estado.

Si se quiere una sociedad activa y libre (no llego aún a decir liberal) el gasto público no puede dedicarse a crear estructuras administrativas destinadas a proporcionar empleo a los afiliados o amigos del partido político del gobierno. Debe de ser racional, eficaz y eficiente. Si lo programado lo puede realizar la sociedad civil es preferible que así sea o, en su caso, subvencionar las actividades privadas productivas y no aquellas que no alcancen la categoría de verdaderos fines públicos.

Y ahí, en este punto cualquier politica de gobierno ha de contemplar la Administración pública con la que se encuentra y sanearla en cuanto no cumpla fines generales y públicos y adormezca iniciativas privadas para ser en los campos correspondientes peor en gestión y productividad. Hay que tener en cuenta que productividad unida a rendimiento económico, creador de riqueza, es mejor que simple burocracia, sin que ello implique la eliminación de controles y establecimiento de límites en favor de los intereses  generales, bien social y convivencia.

Para ello también, sin perjuicio de incentivar el rendimiento funcionarial y evaluarlo, la Administración, la función pública, ha de ser permanente en el campo administrativo y profesional, por tanto. Sólo así sirve a cualquier gobierno y al ciudadano y al derecho, por encima de aquél. Así es la memoría ( que dada la trayectoria actual podíamos denominar histórico-administrativa) que ayuda a considerar al gobierno de turno la viabilidad de la política programada y sus efectos o consecuencias. Y si el gobierno se encuentra con una función pública politizada, dependiente, incapacitada, inútil y partidaria ha de sanearla y abrirla a la sociedad civil por mérito y capacidad y velar por la formación previa al ejercicio funcionarial dentro de proceso selectivo y, después,  ya en el ejercicio.

Así, toda política de gobierno ha de incluir un programa de reforma administativa inicial y otro de carácter permanente, mediante  las estructuras precisas y convenientes. 

Y para acabar algo que sería de interminable reflexión, la sociedad civil y los mejores de sus componentes es necesario que participen, sin perder su visión personal, hay que incorporarlos en Consejos especializados y pedirles siempre opinión. Para comprobar que un gobierno cumple su política y los mandatos legales y constitucionales ha de motivar y exponer las razones de su acción y políticas públicas. 

Con mayor o menor acierto, espero haber trazado las líneas más generales de conexion de las cuestiones apuntadas y tratadas. 

POLITICAS DE GOBIERNO, GASTO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA Y REFORMA SOCIAL II

Realizado el preámbulo explicativo de las razones que llevan al tema escogido, trataré de relacionar los puntos delimitados.

En primer lugar menciono las políticas de gobierno y generalizo, pues pienso en la que singularmente pretenda cada partido político y que ha de explicitar de forma simple y clara el modelo estatal y social que persigue para conocimiento del ciudadano, sin que éste haya de esperar a los hechos o acciones concretas para conocerlas y comprender su real contenido y efectos. Por política de gobierno entiendo una política de Estado y de Sociedad, la cual ya se configura en la Constitución, de modo que, en consecuencia, realmente es una política de administración. Una vez más se nos manifiesta la relación entre Política, Administración y Derecho.

Si la relación entre Sociedad y  Constitución es real y marca un camino, un cambio sustancial en la Constitución conllevaría  un cambio de Sociedad y de política, gobierno y administración y de derecho. Por eso la promesa o el juramento de la Constitución por un Gobierno no debe llevar a cambios constitucionales sustanciales sino en las políticas de gobierno y administrativas para hacerla efectiva y real. Cuando se jura en falso para provocar el cambio desde el poder se miente y la demagogia susituye a "el gobernar" creando un caos social.

No obstante, como la efectividad y realidad de una sociedad o nación no es inmediata con la promulgación de una Constitución es lógico que exista siempre una sociedad que no se corresponde con la ideal constitucional y cada partido con su política de gobierno ha de concretar el camino, el suyo, para su realidad y el plazo para  ello, mediante politicas concretas. Y estas políticas pueden cumplirse por la sociedad civil o por la Administración pública lo que nos reconduce a la necesaria relación entre riqueza nacional y gasto público, pues éste no puede conducir a un empobrecimiento o a un endeudamiento que comprometa la riqueza de la futura sociedad y sus ciudadanos, ni su libertad ahora y después. Y eso implica una responsabilidad en doble sentido, la de eficacia y la de responder cuando no se cumple ni se es eficaz o se miente y quebranta la ley. 

La primera política de gobierno ha de considerar esta relación entre riqueza y gasto, como cualquier ciudadano, pues los ingresos estales dependen del patrimonio de cada ciudadano, sin que impida que éste no lo incremente, de modo que con ello permita, con proporcionalidad, mayores  ingresos y con ellos gastos dirigidos a mejorar la sociedad y hacer eficaces los principios y mandatos constitucionales.

Así pues estimo que aquí queda expuesta la relación entre política de gobierno y gasto público y, en cierto modo, con la reforma social. Pero todo no acaba aquí pues hay que relacionarlo con la Administración pública y a ello iré en otra entrada.

POLITICAS DE GOBIERNO, GASTO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA Y REFORMA SOCIAL I

Al ser este blog el de un anciano, sus lineas y entradas se generalizan más en sus contenidos y el título de hoy ya lo anuncia. Las preocupaciones dejan de ser profesionales y son más vitales. Y es que pensaba hoy en la enorme presencia de " lo político " en nuestras vidas. Parece que no existe otra cosa.  Los partidos políticos están hasta en la sopa y al mismo tiempo nuestra vida y libertad se han condicionado y limitado demasiado. Ello repercute todavía más en lo político, pero en su sentido más puro, pero, a su vez, con más presencia de lo impuro.

Dada la actualidad de las elecciones madrileñas y su indudable repercusión me preguntaba si partidos que no tocan poder y, en cosecuencia,  gozan menos de él, tienen la capacidad económica y técnica para realizar investigaciones que contribuyeran a configurar una política de gobierno y no un ramillete de políticas públicas inconexas y de base electoral. Todo ello configurando sus propios cuadros profesionales capaces, después, de ocupar los más altos cargos de la Administración pública y, una vez en ella, contar con funcionarios públicos profesionales, técnicos generalistas y especializados, que contribuyan a la eficacia de su política de gobierno que, al abarcar las cuestiones que figuran en el título de hoy, necesita de un tiempo mayor que la del ciclo político de 4 u 8 años o como contrapartida de esa Administración independiente, profesional y técnica capaz de evitar burocracias politizadas, que cumpla los principios que nuestra Constitución considera, sin que ello ocurra por las actuales políticas de gobierno de los distintos partidos existentes, pues sólo es un un pasto para dar alimento  a su ganado fiel y aborregado.

Y al pensar en esto un montón de ideas bulleron en mi mente y después de este preambulo trataré de ir desarrollando en las entradas siguientes si alcanzo a conservarlas y ordenarlas.

LA ADMINISTRACION COMO HECHO SOCIAL Y POLÍTICO

Es evidente que cada vez más, debido a nuestra situación política, mis entradas tratan de la Administración pública  y su relación con la política, de modo que el derecho parece quedar en un plano secundario, no es así. Lo que ocurre es que en momentos en que la política lo tiñe e invade todo, se eluden sus fundamentos o principios básicos, los cuales quedan como recurso demagógico. Y en estas situaciones mi pensamiento no puede dirigirse a una ley o precepto concreto  pues salvo en una actividad profesional o intereses, carecen de importancia. Pero, pensando en la Administración hay que destacar su aspecto social.

CUANDO "LA POLÍTICA" LO DOMINA TODO II

En la entrada anterior me referí la política, la administración y el derecho como partes de un todo, pero entre los fines de la primera consideraba el del mantenimiento y conservación de cada una de estas instituciones y de sus funciones y fin. Pero el objeto de mi reflexión es cuando la política domina al resto y adelantaba que en ese caso se perdía el todo y sus partes. Considero necesario para continuar volver sobre el fin de la política que ligaba, según el clásico derivado de su propio contenido etimológico, al bien de la ciudad. Es pues un fin social, el del bien común que requiere del orden y éste del derecho o leyes y normas, todo para establecer el orden necesario para cumplir el fin. Y, del mismo modo, necesita de la acción o administración consiguiente. Así, pues, podemos considerar, como contenidos de la política y medios de cumplir sus fines, el derecho o legislación y la administración  de lo público o común y general para todos los ciudadanos. Y estos medios o contenidos se configuran como poderes e instituciones para que sus funciones se adecuen a sus fines y a su eficacia y se les atribuyen competencias propias. Desde lo simple, la ciudad, sus ciudadanos, su asamblea y sus reglas, hemos llegado a una organización compleja actual, pero que considero que se alimenta de los mismos principios y fines que la primitiva sencillez.

Pero todo esto forma parte de la teoría o del deber ser y hay que destacar que al considerar la configuración del todo y de las partes como instituciones hay, en consecuencia, que comprender que son organizaciones reconocidas por el derecho y reguladas por él y compuestas y dirigidas por personas. Como la reflexión lo es respecto de España hay que considerar no sólo la organización del gobierno o del poder ejecutivo sino también a los partidos políticos. Y aquí ya entramos en el terreno de lo práctico y lo real.

POLÍTICAS PÚBLICAS, PODERES PÚBLICOS Y CENTROS DE DIÁLOGO. II: Anteproyectos de ley

En la anterior entrada hemos contemplado a la Administración como un centro importante de relaciones y en la que confluye la organización política de gobierno y la de los cargos de designación política con los funcionarios públicos y hemos reseñado la funciones administrativas que se realizan en orden a las políticas públicas y nos hemos referido al ejercicio de potestades administrativas. Hoy quiero continuar con las relaciones que se producen en el seno de las instituciones públicas y en gran parte de las sociales que se realizan al efecto de la consecución de que los intereses de cada subsistema o grupos se vean convertidos en decisiones y acciones políticas, así como actuaciones administrativas dirigidas a su realidad y eficacia. Teniendo en cuenta que gran parte de las políticas públicas se formalizan mediante normas con rango de ley y ésta es producto de las asambleas legislativas, es preciso pues referirse a las relaciones que se producen en torno a los anteproyectos antes de convertirse en  proyectos; por lo que hoy hay que seguir contemplando lo que supone la acción administrativa y de gobierno en torno a su iniciativa legislativa y preparación de los citados proyectos.

POLÍTICAS PÚBLICAS, PODERES PÚBLICOS Y CENTROS DE DIÁLOGO. I: El papel de la Administración Pública

La verdad es que cada vez me cansa más la reiteración o la recurrencia de los políticos en considerar al diálogo como la panacea frente a cualquier problema o diferencia de opiniones, ya que creo que nuestras instituciones políticas, en su mayor parte, son precisamente centros de diálogo y de formalización y ejecución o eficacia de políticas públicas. Por tanto, el diálogo en un Estado de Derecho se formaliza a través de sus poderes públicos e instituciones y el resultado suele ser la configuración del derecho y de las normas jurídicas. La ley, tras las elecciones y configuración de los parlamentos, es el resultado del diálogo realizado a través de los procedimientos constitucionalmente establecidos para ello. La ley es, en consecuencia, el poder y la otorgadora de potestades para la efectividad de los intereses públicos que se contemplan y establecen a través de su contenido que comprende las políticas públicas a cumplir y los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo es el diálogo que se realiza para configurar esas políticas públicas  y esos derechos? ¿Es sólo una reunión o acuerdos entre partidos políticos o personajes de los mismos? ¿Es el seguimiento de los cauces legales establecidos y de participación y configuración del derecho? ¿Qué peso o importancia en el proceso tiene el simple ciudadano? ¿Cómo contribuye al diálogo cada poder o institución pública? ¿Hay democracia o estamos en un tipo determinado de dictadura o de corrupción de principios y del derecho? En el análisis que pretendo realizar, quizá hallemos una respuesta.

LA CONVIVENCIA Y EL DERECHO

En esta sociedad actual nuestra parece que todo son derechos y que no existen obligaciones y el derecho parece también que sólo tiene como fuente el pacto y que ningún principio le limita o constriñe y son no tanto las actuaciones y problemas políticos los que nos muestran estos hechos, sino la mayor parte  de las veces son los más ordinarios y cotidianos los que nos evidencian que las normas tienen como origen básico el regular la convivencia, estableciendo los derechos y las obligaciones que los hacen efectivos como los brazos de una balanza que representa el equilibrio que es también  la base de la justicia.

Derechos y obligaciones que exigen del poder público que ejerza, cuando la acción particular no basta o no respeta la convivencia, la coacción y la fuerza que restablezcan el equilibrio y sienten la paz que exige aquélla. Cualquiera, ahora este verano va a tener múltiples ejemplos, la mayor parte de las veces fruto de la mala educación y de la indolencia y de un mal entendido "buenismo" y de no querer asumir responsabilidades o de una falsa consideración  del ejercicio de la autoridad como autoritarismo o confusión de la libertad con el libertinaje o la anarquía. 

Cualquiera de Vds considere la cantidad de normas para convivir o establecer un orden, expresadas con meros signos o símbolos, comprensibles hasta para anafabetos, que se desconsideran del modo más absoluto por todos y cómo cuando lo hacen menores de edad sus padres no realizan la más mínima corrección.  Esta pequeñas cosas que me convierten en viejo cascarrabias son para mí la más clara manifestación del pobre pueblo y sociedad en que los españoles nos estamos convirtiendo y explica porqué tenemos los dirigentes que tenemos.

Sin cumplimiento  del derecho no hay convivencia ni respeto mutuo y, lógicamente, tampoco Estado de Derecho. El bienestar no es sólo economía.

LA CÚPULA ORGANIZACIONAL Y EL CASO DE LAS TARJETAS OPACAS

El profesor Mariano Baena del Alcázar tiene dos obras capitales para comprender el funcionamiento de nuestra Administración pública. La primera en el tiempo, Élites y conjuntos de poder en España (1939-1992) es una gran investigación empírica sobre, podemos decir, la  estructura social del poder en España, imposible de resumir aquí la importancia de esta obra en orden al conocimiento de nuestra estructura política y administrativa y comprensión de cómo funciona nuestra Administración pública. Obra y métodos que puestos en conexión con cada momento social e histórico nos ofrecerían una visión real del poder que nos gobierna y de la que Baena califica como Cúpula organizacional. Fruto de esta importantísima investigación empírica y de su estudios y trabajos surge la otra obra fundamental, su Curso de la Ciencia de Administración, en especial recomiendo su cuarta edición reformada. En ésta y en su versión más sencilla del Manual de Ciencia de la Administración, nos ofrece el concepto y definición de la Cúpula organizacional, como: El conjunto de relaciones que mantiene el subsistema político administrativo con los demás subsistemas económico, ideológico o de creencias, de comunicación o información y técnico. De la cúpula dependen organizaciones concretas que ejecutan o cumplen los fines a que se refieren los diversos subsistemas.

En el Curso al explicar la cúpula organizacional nos dice que a la hora de situar a la Administración en la compleja red de relaciones que se da en la sociedad se propone atender sobre todo a las relaciones que tienen lugar con ocasión de las decisiones que suponen una regulación social, que además se sitúan en una estructura social determinada y que producen un impacto de mayor o menor envergadura sobre ella. Y un poco más adelante concreta que en esa decisión conformadora intervienen fundamentalmente determinados conjuntos de personas interrelacionadas que se corresponden con los sistemas antes citados.  Pero aún precisa más y nos indica que: Cada sistema está constituido justamente por una red de relaciones entre sujetos, existiendo una realidad de mayor interés que es la red de relaciones entre unos conjuntos y otros. A esta red de relaciones es a lo que llamamos cúpula organizacional. Adviértase que esas relaciones, si bien en cada momento concreto se dan entre personas, suponen la existencia de puntos de intersección, espacios abstractos en los que se entrecruzan las relaciones y estos puntos de intersección, que tienen más entidad y permanencia que las personas físicas, son los que se encuentran interconectados a través de la red.

De otro lado, la obra del profesor Baena, citada en primer lugar y referida a las élites y conjuntos de poder en España, en su estudio no se comprenden las élites regionales, ni a las locales y en orden a los grupos estudiados, se estudian las personas que han ocupado puestos en conjuntos organizacionales y las relaciones entabladas. Los conjuntos escogidos son el Parlamento y sus escaños, los puestos del Gobierno y de los altos cargos de la Administración, y los puestos de las grandes empresas que son sede de las decisiones económicas importantes. De las empresas se estudian los puestos de los Consejos de Administración distinguiendo entre las del sector público y las privadas, considerando que en éstas segundas los nombramientos no pueden considerarse de carácter público, mientras que en las primeras sí. Al objeto de este análisis, añado, por mi parte que el cargos de consejero de las cajas de ahorro es incompatible con  el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo de partido político, asociación empresarial  o sindicato, desde la Ley 26/2013, según el texto vigente desde  29 de junio de este año. Con anterioridad simplemente se declaraba, respecto de las Administraciones públicas,  la incompatibilidad de las personas al servicio de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que realicen funciones directamente relacionadas con las actividades propias de las cajas de ahorros. En la Ley 31/1985 se disponía que la representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas no podría superar en su conjunto el 40 % del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones. A partir de su derogación y en la actualidad se dispone que el número de consejeros generales designados por las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público, en su caso, no podrá superar en su conjunto el 25 por ciento.

Apuntadas estas cuestiones iniciales, es cuando corresponde que por mi parte intente conectar con el caso de las tarjetas opacas, su importancia, y la relación con la cúpula organizacional o con la Administración pública.

El escándalo producido en la actualidad por el caso de las tarjetas opacas, principalmente, viene por el uso de esas tarjetas por muchos consejeros para su uso personal y asuntos al margen de su función, con el agravante de que esos gastos o ingresos, según se mire, en bastantes de esos casos, no se declaraban a Hacienda. Es evidente que para muchos de los afectados ese uso ha sido considerado como normal y como una retribución más. El hecho inmoral y el posible delito o infracción administrativa no es lo que interesa destacar aquí. Lo que interesa, primero es saber que estos consejeros están incluidos en ese concepto de cúpula organizacional que hemos definido y que, por tanto, están dentro de la red de relaciones que la configuran y que influyen, de una manera u otra, en las decisiones conformadoras de nuestra política y, consecuentemente, de nuestra sociedad. Lo segundo es saber cuántos han sido designados por las Administraciones públicas o las organizaciones que se integran en la cúpula y cuántos han sido altos cargos en aquéllas o son designados por los partidos políticos, que además, si lo son por parte del que está en el gobierno correspondiente, resulta ser un nombramiento que también se puede considerar como público. Todo esto influye en la configuración de las élites en España y en la forma de hacer política y tomar las decisiones que nos afectan a todos. Puede ser, o es, la corrupción absoluta.  Sus nombramientos, también, puede ser una compensación política y económica, al cesar y como cargos públicos. El estudio o investigación de todo esto, con el empirismo que el profesor Baena realizó en su día, se convierte en una necesidad y en una obligación moral de cualquier universidad que se precie de ser tal y no se conforme con incluirse en este sistema de corrupción o de la subvención y convendría saber cuántos consejeros o políticos, además, forman parte de los cuadros de profesores universitarios y no porque no puedan o deban serlo, sino para saber qué predican y comparar con lo que hacen.

También es posible preguntarse si se puede servir a dos señores o a intereses diferentes en los casos en que el nombramiento depende, directamente o indirectamente, de las administraciones públicas o sus gobiernos o de los partidos políticos, en el poder o no. ¿Y qué decir de los sindicatos? Permítanme, el estrambote, no podemos permitirlo pero tampoco se puede con partidos del estilo de Podemos, porque el resultado tampoco puede ser el deseado por cualquier demócrata, pese al panorama actual. Agentes dobles, triples, asalto al poder, apropiación del dinero público y de los ciudadanos. Claro, así resulta que hoy la moda está en ser restaurador y cocinar, hasta el punto de que los padres pueden dejar de llevar a sus hijos a los clubes de fútbol para llevarlos a escuelas de cocina. Eso siempre que las "tarjetitas" de políticos y consejeros estén vigentes, porque si no la burbuja puede explotar como otras antes. Pero es más fácil cargar contra una función pública inexistente, que, además, era una de las formas de integrarse la sociedad en el poder, siempre que cumpliera su papel garante de la legalidad. La verdad es que la regeneración ha de ser total y no veo el camino ante tanta mentira y vaciedad en nuestra sociedad.

MI HEMEROTECA: Instituciones y Gobierno.

Estos días de nuevo los valencianos nos encontramos con la histórica controversia sobre nuestro idioma y si es catalán o valenciano; cuestión que también he vivido, como descendiente de mallorquines respecto del mallorquín. Soluciones diferentes en Valencia y Mallorca han adoptado sus Estatutos, la primera nos dice que nuestra lengua es el valenciano y la segunda dice que su lengua es el catalán. La situación en Valencia se ha agravado con un diccionario que la Academia Valenciana de la Llengua ha publicado, antes de su informe por la Conselleria de Educación y el Consell Juridic Consultiu, y que califica al valenciano como: Llengua románica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, El Principat d'Andorra, la franja oriental d' Aragó i la ciutat sarda de l'Alguer, llocs on rep el nom de català.

Las reacciones han sido inmediatas y los partidarios de valenciano como lengua distinta lanzan sus críticas y los más extremos atacan a la Academia y realizan pintadas en la vivienda de su presidente. No puedo entrar en la materia desde un punto de vista científico o histórico, no es de mi especialidad o de mi conocimiento propio. Soy valenciano, hablo el valenciano, hijo y nieto de mallorquines, con una abuela Ana Villalonga y Zaydin que escribía en mallorquín, conocida en su tiempo por sus comedias costumbristas y criticada por los puristas del catalán y hoy asimilada rápidamente al acerbo de la cultura pancatalanista. No sé que diría si pudiera verlo. También he vivido en Tarragona más de cuatro años. Por tanto cuando hablo ya no sé si los términos que empleo son de uno u otro lado y nunca me he atrevido a escribir en valenciano. Mi opinión es que los intereses políticos y del pancatalanismo, la ignorancia de otro lado, y el sentimiento del valencianismo lo han enturbiado todo y el catalán que se nos ofrece en los medios públicos, principalmente en televisión, tiene poco que ver con el valenciano, mallorquín y catalán hablado y sus diferentes acentos. Si no hubiera detrás de todo un proyecto político, la cuestión no tendría la misma dimensión. De otro lado, hay mucha tela que cortar en este asunto, y ciencia y sentimiento entran muchas veces en conflicto y, además, la primera es manipulable y los segundos también y para ello se utiliza a la educación y la ciencia de turno. Pero todo esto viene al efecto de reproducir un artículo publicado en el diario Las Provincias en 3 de mayo de 1995, hace ya casi 20 años, y que decía así:

CICLO DE CONFERENCIAS EN EL INAP: La realidad social en España

Desde la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública se me remite la siguiente nota, que transcribo para cualquier interesado:

Con el ciclo de conferencias «La reforma del Estado y de la Administración española», iniciamos uno nuevo que atenderá, desde febrero y hasta mediados de junio de 2014, a «La realidad social en España». Dirigido por Julio Iglesias de Ussel, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, este ciclo de doce conferencias impartido por intelectuales de renombre, tratará cuestiones trascendentales para la sociedad española como la globalización, la crisis económica, la democracia, el Estado del bienestar o la Agenda Digital Europea, entre otros temas.

El ciclo se inaugura con la intervención «La economía española ante la globalización» de Juan Emilio Iranzo Martín, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid.

Fecha: 13 de febrero de 2014

Lugar: sede principal del INAP (calle de Atocha, número 106). Entrada libre hasta completar aforo.

Hora: 18:30 horas

En los albores del siglo XXI, estamos asistiendo a avances trascendentales que están configurando una nueva realidad económica caracterizada por la globalización, entendida como la interconexión mundial en tiempo real. Los cambios tecnológicos, gracias a la revolución de las comunicaciones y del transporte, e institucionales, fruto de la liberalización de los mercados, están impulsando las fuerzas competitivas que, a su vez, permiten un crecimiento equilibrado y sostenido.

Las fluctuaciones derivadas del progreso técnico han dado lugar a los ciclos económicos, caracterizados por un perfil más o menos regular de expansión (recuperación) y contracción (recesión) de la actividad económica en torno a una senda de crecimiento tangencial. En definitiva, la globalización incrementa las oportunidades, pero también la competencia; por  lo que hay que ser más competitivo para poderlas aprovechar.

Términos como la competitividad o la pérdida de esta, la productividad y la inversión de capital humano, se expondrán en una conferencia que también tratará de las reformas necesarias, de cómo aumentar la competitividad, de la reforma laboral o de la estabilidad macroeconómica, necesaria para que España pueda salir definitivamente de la crisis.

MI HEMEROTECA: Yo también soy Miguel Cuenca

Comienza el primer mes habitual de vacaciones veraniegas y en principio pienso espaciar más las entradas del blog y para empezar presento uno de mis artículos de opinión que en su día escribía en el diario de Las Provincias y que aun dedicado a las cosas de mi barrio y, por ello, firmado haciendo constar mi condición de vecino del Barrio de San José, veo que reflejaba cuestiones que escritas en 10 de junio de 1998, son de aplicación a muchas otras cosas y aún en la actualidad. Empezaba así:

                                 

                                               "Nadie contaba cuánta edad vivía,

                                               sino de qué manera, ni aun una hora

                                               lograba sin afán su valentía,"

                                                                                   (Quevedo)

Miguel Cuenca, presidente de la asociación del barrio de san José ha visto aparecer una cruz y un R.I.P., en el mármol que enmarca el portal de su casa, después de que la prensa ha puesto de relieve que los vecinos del barrio no claudicamos de los derechos que nos asisten, aun cuando hayamos dado nuestra conformidad a que las mesas y sillas puedan permanecer durante nayor tiempo en la calle.

Miguel viene luchando desde 1974, junto con otros vecinos por evitar el deterioro del barrio derivado de un ilegal incremento de licencias de establecimientos, mal llamados de ocio, que han producido una contaminación acústica, que constituye el efecto no querido por la ley  y que ha sido propiciada por la imprevisión de distintos consistorios desde dicho año y por la misma administración y funcionarios. Y lo ha hecho, y lo hace, con valor, con su nombre por delante y dando la cara por todos los vecinos, por los valientes y los tímidos. Por eso, porque defiende un derecho incontestable, porque los intereses económicos que están en el lado contrario tienen como fuente la bebida alcohólica y destinatarios a una buena parte de nuestros jóvenes, con efectos negativos desde el punto de vista social y de la convivencia, escribo hoy para manifestar que Miguel no está  solo y que las amenazas serias o no, no van a causar mella en nuestro ánimo.

Que tampoco nos van a quebrar ni los formalismos contrarios al sentido común más elemental y al derecho más evidente, ni las timideces burocráticas o judiciales, ni la impunidad, ni las ridículas sanciones, ni la corrupción si es que existiere. Que la causa de la situación es la actuación municipal de siempre y que no nos importa que exista carencia de medios, que ése es un problema de la administración y del presupuesto municipal o de la racionalización y adecuación de las plantillas de personal y que nosotros contribuimos fiscalmente a mantener el sistema y que es nuestro derecho inviolable y producto de un contrato milenario que los poderes públicos protejan nuestros derechos y los sitúen en el nivel preferencial que les corresponde. No estamos contra el comerciante honrado, simplemente se ha producido un exceso y hay que corregirlo; si el municipio debe retirar licencias e indemnizar, que lo haga.

No es el momento de exponer los miles de argumentos y fundamentos que evidencian la errónea actuación municipal en más de una veintena de años, pero si es hora de que los ciudadanos levantemos la voz para exigir que los derechos colectivos y los intereses públicos, establecidos en la Constitución y las leyes, sean efectivos y que el denostado orden público, que es la primera manifestación de la democracia, pues defiende ese interés general y es manifestación del poder y de la fuerza de la autoridad que los ciudadanos hemos depositado en gobiernos y administraciones, sea una realidad y que no sean precisos héroes, ni sacrificios aislados, ni miles de reclamaciones en los tribunales de justicia. Sobre el voto, por encima de él, el derecho declarado por los parlamentos españoles, el cumplimiento de los compromisos y la eficacia.

Espero que a partir de las amenazas, cada vecino del barrio manifieste sin dudas ni ambages que ellos también son Miguel Cuenca y que así sepa lo que le apreciamos y consideramos"

Creo que los últimos párrafos, aun con su tono soflamático, son aplicables a muchas cosas actuales. Y ya que el artículo empezaba con esos versos del soneto de Quevedo dirigido al conde de Olivares, me atrae poner otras, salteadas, de las décimas dedicadas al estado de la Monarquía:

                                           Toda España está en un tris

                                           y a pique de dar un tras;

                                           ya monta a caballo más

                                          que monta a maravedís.

                                          Todo es flamenco país

                                          y toda cuarteles es;

                                         al derecho o al revés

                                         su paz alterado han

                                         el rebelde catalán

                                         y el tirano portugués.

Otro

                                       Ignórase la ocasión

                                       de este mal, que aspira a eterno,

                                       si es de España mal gobierno

                                       o es divina permisión;

                                       creo que ambas cosas son;

                                       que Dios, por nuestros pecados,

                                       para castigar culpados,

                                      aunque su remedio advierten,

                                      permite que nada acierten

                                      los sabios y los letrados.

Uno más para finalizar

                                     

                                     Cataluña, lastimada

                                     con marciales desafueros,

                                     suplicando por sus fueros

                                     está ya desaforada;

                                     que suele tal vez, negada

                                     a los vasallos la audiencia,

                                     apurarles la paciencia;

                                     e irritada la lealtad

                                     perder a la majestad

                                    el respeto y la paciencia.

Más de cuatrocientos años ha. 

                                       

                                     

LA MALA EDUCACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

Mis seguidores saben sobradamente que el ruido y el botellón son temas recurrentes en el blog y que forman parte de mis preocupaciones y problemas, pues bien estos días ha surgido la noticia de que el  Gobierno pretende multar a los padres por los comas etílicos de sus hijos menores. La medida se funda en razones sanitarias y de salud y lo que de inmediato me viene a la cabeza es que llega tarde y mal. En Valencia ya hace mucho tiempo que se dictó una ley en la que la bebida en la calle estaba prohibida, pero era papel mojado y no había  ni hay medios (viendo el punto al que hemos llegado) ni voluntad política para poder hacer efectiva dicha ley y de paso todas las normas contra el ruido del que la bebida en la calle y el botellón son causa evidente. Tarde y mal, porque por un lado se dictan esas normas y por otro políticamente se ha fomentado el desorden y el desmadre, entre otras por razones como éstas en el caso valenciano:

¿HAY CRISIS DEL DERECHO EN GENERAL?

Confieso que el desánimo empieza a invadirme y temo que sea no sólo por la situación social y política de España, sino por razón de edad y del mayor aislamiento a que ella y la jubilación le llevan a uno. Pero, a pesar de todo ello, la acción pública, las conductas sociales, el entorno geográfico y la continuidad en la conexión (no dedicación profesional) con el Derecho y los asuntos administrativos, producen efectos e impresiones que son, precisamente, bastante responsables de este desánimo. No  puedo saber hasta qué punto mi sentimiento y opiniones son, por tanto, exactos o acertados, ni si son compartidos por otros. De ahí que la entrada la titule con un interrogante, ya que sí bien yo tengo la sensación de que el Derecho, como tal y en general, hoy ha entrado en crisis. Y esta crisis tiene fundamentalmente una causa social que abarca a muchos sectores.

Desde la desaparición de la dictadura, del inicio de la denominada transición y de la aparente consolidación del sistema diseñado por la Constitución, en virtud de la rotación de la izquierda y la derecha en el gobierno, hasta la actual reivindicación de un cambio por agotamiento del modelo, mi opinión o simple impresión, es que el protagonismo político, de los partidos y de los políticos, ha sido excesivo y contraproducente, hasta el punto de que creo que hoy una de las "salidas" hacia el empleo es precisamente el sector político, que es por tanto, parte del sector público. De otro lado, también desde la transición, me parece que existe un predominio en los puestos públicos de los economistas; claro que no tengo datos y no los he buscado, si bien escribiendo ahora busco en internet mediante la cuestión economistas en el poder  y encuentro esto, por lo que otros interrogantes se abren respecto de sociólogos y psicólogos. Pero no pretendo determinar qué profesionales o titulaciones predominan hoy en nuestras Administraciones públicas, sino apuntar el hecho que considero que los juristas han perdido mucho peso en la Política o que no les interesa como antes o que imperan los leguleyos y aficionados más que verdaderos profesionales y que éstos si acuden es al olor de estudios, comisiones de expertos, etc. que producen beneficio pero no responsabilidad. También hay que considerar la extensión que han tenido los estudios de la ciencia política y la aparición de los politólogos, que han estudiado derecho público, pero quizá no tanto  derecho en general y en sus fundamentos más filosóficos y básicos, pero que a la hora del actual administrar pueden ser bastante eficaces y menos formalistas que los juristas o licenciados en derecho y que es frecuente que accedan al nivel superior de la administración general por oposición y, por tanto, como profesionales.

Sea como sea, la perspectiva jurídica que presidía la Administración de la mayor parte del siglo XX,  ha ido decayendo, de modo que el derecho ya no es un fin sino más bien un medio para la política y los políticos. También la concepción de un derecho natural o  derecho superior informante o fuente, conjunto de principios fundamentales o básicos para el contenido normativo, se ha secularizado y corrompido en buena parte, de modo que los valores empiezan a no importar porque no son útiles en la sociedad actual y sus pretensiones. En buena parte este sentimiento mío ya lo plasmaba en la entrada de 5 de julio de 2009 sobre derecho y sociedad. Se puede decir que hemos crecido mucho en general y que la dimensión del sector político, administrativo y judicial también, pero en número no en calidad ni en valores morales y sobre todo la calidad de nuestro derecho y de sus profesionales también ha bajado. Hay, por ejemplo, una queja frecuente de que se pleitea mucho y  ello se pretende arreglar con una imposición de tasas judiciales, que ya he comentado que es en mi opinión inconstitucional o contraria a Derecho, concebido éste como esos principios superiores o generales. El acento debía ponerse en otros puntos, en el funcionamiento de los operadores jurídicos: Parlamento, Gobierno, Administración, Tribunal Constitucional, Justicia, etc. y en su organización y en quién, cómo  y por qué accede a estos poderes e instituciones. Ello es más importante que disuadir al ciudadano de recurrir a base de golpes a su patrimonio. Es mejor convencer de que se funciona bien, de que se es justo y que el sentimiento del ciudadano sea que el derecho es efectivo y no de que es un sorteo cuyo resultado no depende del derecho en sí, sino de quién te toque a la hora de resolver, de su saber o de su independencia o no. El derecho implica seguridad en su contenido y efectos, no puede ser una lotería o el capricho del político de turno.

Dado que en muchas ocasiones me he referido al valor de los principios respecto de las normas o preceptos, recojo aquí el contenido de una ficha sobre el libro de Clavero Arévalo Estudios de Derecho Administrativo página 63, reflejando la opinión de De Diego : DE DIEGO se plantea el problema fundamental de la consideración del principio como norma. Al ser traídos los principios a la categoría de normas de Derecho, tendrán que convenir con éstas en ser dictados de razón, convicciones jurídicas que declaren la ordenación de una relación de la vida social. Hay principios, agrega, que están incorporados a la ley y son normas jurídicas definentes. Otros van en ellas implícitos y están como latentes en las disposiciones concretas de las mismas. Tanto unos como otros tienen, a su juicio, razón de principio y de precepto, en los primeros aparece en primer plano el carácter de norma; en los segundos, el de principio. Es cierto, dice DE DIEGO, que el principio habla a la razón y la norma a la voluntad, pero por ser uno (el principio) y otra (la norma) de Derecho, ambos ligan a la voluntad y son ordenación de la razón al bien. Sin embargo, la diferenciación entre principio consagrado como norma y principio no formulado tiene una gran importancia, ya que a los primeros no hay necesidad de indagarlos y sí a los segundos. La especialidad de éstos, considerados en su aspecto de norma, consiste en ser proposiciones abstractas cuyo grado de abstracción es superior a la ley. Su virtud imperativa procede no tanto de si mismos cuando de la ley o precepto que los recoge o del nexo lógico y necesario que les liga con las normas concretas de un Derecho positivo. Su declaración no es obra de la sociedad, ni del Poder legislativo. Es obra de la ciencia y de la técnica del jurista; de aquí que no aparezcan formulados sino en períodos de intensa cultura y de gran desarrollo del Derecho. Sin embargo, aunque no formulados por la sociedad ni por el Poder legislativo, sino por el jurista, su valor no reside en éste sino en aquéllos.

Concluyo, pues, preguntándome ¿cuánto se indagan hoy estos principios? y considero que muy poco, por lo que no me cabe duda que no estamos en un período de intensa cultura ni de gran desarrollo del Derecho, quizá al contrario. Pero puede que todo sea pesimismo de viejo.

MI HEMEROTECA; El silencio de los perros

Ya que el ruido sigue siendo protagonista en la ciudad de Valencia y que tengo unas vecinas con dos perritos escandalosos, me parece oportuno incorporar un artículo que publiqué en el diario de las Provincias el 1 de agosto de 1994, con el título que indico arriba. Decía lo siguiente:

Hace ya cierto tiempo leí la noticia de que las Cortes Valenciana, o puede que algún departamento de la Generalidad, estaban preparando una normativa por la cual los dueños de los perros que ladren serán multados. Como vecino del Barrio de San José la cuestión me movió a risa y pensé que algún alto personaje debía estar siendo molestado por el perro del vecino. La frase se puede prestar a equívocos y me hace pensar que algunos vecinos pueden empezar a sentirse tratados peor que perros.

Si queremos vivir en paz y tranquilos, ya sabemos que nada podemos esperar de nuestras administraciones públicas, todo lo más que el Síndico de Agravios emita alguna "recomendación". La administración estatal no sabe, no contesta, no tiene competencia y, según ella, es el Ayuntamiento quien debe actuar. La administración autonómica dicta normas que fomentan la vida nocturna hasta altas horas de la noche.

El Ayuntamiento tiene la patata caliente entre las manos, junto con otras tantas de orden público, y es incapaz de solucionar la cuestión, por falta de medios y de competencia técnica.

Todas ignoran, en aras de dejar en mal lugar al partido político contrario o en coalición, lo que es la coordinación y la asistencia técnica a que obliga la ley y el bien de los ciudadanos. En este orden los principios constitucionales no se aplican, porque los funcionarios, y a veces los jueces, no sben ir más allá de lo que les indican los preceptos de meros reglamentos; ya que de la Ley del Ruido, como advertí en su día, nunca más se supo. Precisamente, estos días se está poniendo de relieve por expertos en el tema que el ruido excesivo es nocivo para la salud.

Mientras tanto, los vecinos pagamos los impuestos; no somos atendidos en nuestras reclamaciones; desaparecen servicios que teníamos en la zona y, en cambio, los vemos sustituidos por el único negocio que debe ir viento en popa:bares y discotecas. la policía local, desbordada y nerviosa, a buen seguro por asuntos derivados de esta permisividad horaria y del consumo de alcohol, ignora nuestras reclamaciones y hasta falta educación al hacerlo.

Y este es uno de tantos problemas. El deterioro es general; las leyes son papel mojado, y ello es evidente para el más lerdo. El "chupar del bote" expresión del tiempo de la dictadura, es hoy beber del tonel o tomar gambas, jamón de Jabugo y Vega Sicilia. Entre todos se están cargando la consolidación democrática. Se están conculcando derechos de los ciudadanos tan importantes como los que conculcaba la dictadura y se está provocando su añoranza. Los ciudadanos en las últimas votaciones parecen haber expresado que es necesario cambiar, pero las alternativas de poder deben de ser conscientes de que son los hechos los que realmente importan y que si todo continúa igual, la dictadura ya no será una añoranza; si no es que ya nos encontramos en otro tipo de dictadura; Problemas como el del ruido no son cuestiones banales, pueden provocar reacciones individuales desmesuradas o, incluso, de grupos que se tomen la justicia por su mano.

A todo esto, ya que los ruidos callejeros o provenientes de las personas no importan, hay que recordar que los perros son muy sensibles de oído, si nosotros los rodeamos de ruidos desmesurados, si los mantenemos intranquilos, ¿podemos multarlos si ladran? ¿qué haremos si, nerviosos, llegan a morder?

Han pasado 19 años y el ruido en la calle ha mejorado bastante; los horarios de cierre funcionan mejor; la policía tiene un trato amable cuando se reclama, otra cosa es que pueda ser todo lo eficaz que se desearía. Pero el control previo en la apertura de los bares ha desaparecido y la inspección y control no funciona bien; por ejemplo, ahora tenemos un pub o pequeña discoteca a la que veo acudir muchos sudamericanos, los fines de semana, muy jóvenes, incluso hay niños de pocos años, y que me dicen que provoca molestias hasta bien avanzada la madrugada. El ruido se traslada a los pisos residencia de estudiantes. Hace unas semanas tuvieron que ser desalojados 135 estudiantes, de Erasmus, de uno de los del barrio en el que habían montado un botellón, ante el estupor de vecinos y policía. Las terrazas y el momento posterior al cierre de los bares son causa de tertulias callejeras, gritos y canciones de las que, como es lógico el bar se desentiende; otros bajan la persiana y la juerga sigue a puerta cerrada. En fin, hay cambios en la cuestión y los hosteleros de verdad protestan por el botellón que ahuyenta a su clientela que no puede dormir allí donde aquél prospera. Las convocatorias de botellones masivos por internet y móviles incide en la actuación policial dificultando sus actuaciones y expandiéndose las molestias a toda la ciudad. Y ya para el día 6 del mes de marzo 600 carpas (envelats en valenciano), según leo, empezarán a ocupar las calles de Valencia para el bebercio, comercio y juerga musical de los aficionados en la materia, por si no bastaba con que los tradicionales y simples casales falleros extiendan su actividad a todo el año y hayan sido objeto de cierres por molestias a los vecinos.  Hay crisis, sí, pero la fiesta ha de continuar y una semana no es suficiente. En general, pues, la decadencia no cesa y la educación no mejora.

ROUSSEAU Y LAS DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO

Mucho se ha escrito en este blog sobre la eficacia, el tamaño idóneo de las organizaciones, la voluntad general, la legalidad, descentralización, soberanía, independencia, autonomía, buen gobierno, corrupción, etc., pero he encontrado entre mis libros un viejo y pequeño ejemplar del Contrato social de Rousseau, traducido por Fernando de los Ríos y editado por Espasa Calpe en 1929, que he ojeado y del que voy a reflejar el capítulo II (Del principio que constituye las diversas formas de gobierno) de su Libro Tercero, pues, aun cuando requiere atención en su lectura y no resultará corto, plantea una serie de consideraciones a las que cada lector puede sacar utilidad y relación con los problemas políticos y administrativos que existen aún en la actualidad. El capítulo sigue a un primero dedicado al gobierno en general, en el que se refiere a las diferencias entre el cuerpo del gobierno y el cuerpo del Estado y dice lo siguiente:

Para exponer la causa general de estas diferencias es preciso distinguir aquí el principio y el gobierno, como he distinguido antes el Estado y el soberano.

El cuerpo del magistrado pude hallarse compuesto de un mayor o menor número de miembros. Hemos dicho que la relación del soberano con los súbditos era tanto mayor cuanto más numeroso era el pueblo, y, por una evidente analogía, podemos decir otro tanto del gobierno en lo referente a los magistrados.

Ahora bien; la fuerza total del gobierno, siendo siempre la del Estado, no varía; de donde se sigue que mientras más se usa de esta fuerza sobre sus propios miembros le queda menos para obrar sobre todo el pueblo.

Por tanto, mientras más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno. Como esta máxima es fundamental, dediquémonos a aclararla mejor.

Podemos distinguir en la persona del magistrado tres voluntades esencialmente diferentes: primero, la voluntad propia del individuo, que no tiende sino a su ventaja particular; segundo, la voluntad común de los magistrados, que se refiere únicamente a la ventaja del príncipe, y que se puede llamar voluntad del cuerpo, que es general con relación al gobierno y particular con relación al Estado, del cual forma parte el gobierno; en tercer lugar, la voluntad del pueblo o la voluntad soberana, que es general, tanto en relación con el Estado considerado como un todo, cuanto en relación con el gobierno, considerado como parte del todo.

En una legislación perfecta, la voluntad particular o individual debe ser nula; la voluntad del cuerpo, propia del gobierno, muy subordinada, y, por consiguiente, la voluntad general o soberana ha de ser siempre la dominante y la regla única de todas las demás.

Por el contrario, según el orden natural, estas diferentes voluntades devienen más activas a medida que se concentran. Así la voluntad general es siempre la más débil; la voluntad del cuerpo ocupa el segundo grado, y la voluntad particular el primero de todos; de suerte que, en el gobierno, cada miembro es primeramente él mismo; luego magistrado, y, después, ciudadano; gradación directamente opuesta a aquella que exige el orden social.

Una vez esto sentado, si todo el gobierno está en manos de un solo hombre, aparecen la voluntad particular y la del cuerpo perfectamente unidas, y, por consiguiente, en el más alto grado de intensidad que pueden alcanzar. Ahora bién; como el uso de la fuerza depende del grado de la voluntad, y como la fuerza absoluta del gobierno no varía nunca, se sigue que el más activo de los gobiernos es el de uno sólo.

Por el contrario, unamos el gobierno a la autoridad legislativa; hagamos príncipe al soberano, y de todos los ciudadanos, otros tantos magistrados; entonces la voluntad de cuerpo, confundida con la voluntad general, no tendrá más actividad que ella y dejará la voluntad particular en todo su vigor. Así, el gobierno, siempre con la misma fuerza absoluta, se hallará con un mínimum de fuerza relativa o actividad.

Esto es incontestable, y aun existen otras consideraciones que sirven para confirmarlas. Se ve, por ejemplo, que cada magistrado es más activo en su cuerpo que lo es cada ciudadano en el suyo y que, por consiguiente, la voluntad particular tiene mucha más influencia en los actos de gobierno que en los del soberano, pues cada magistrado está siempre encargado de una función de gobierno, en tanto cada ciudadano aislado no tiene ninguna función de soberanía. Además, mientras más se extiende el Estado, aumenta más su fuerza real, aunque no en razón de su extensión. Más al seguir siendo el Estado el mismo, es inútil que los magistrados se multipliquen, pues el gobierno no adquiere una mayor fuerza real porque esta fuerza sea la del Estado, cuya medida es siempre igual. Así la fuerza relativa o la actividad del Estado disminuye, sin que su fuerza absoluta o real pueda aumentar.

Es seguro, además, que la resolución de los asuntos adviene más lenta a medida que se encarga de ellos mayor número de personas; concediendo demasiado a la prudencia, no se concede bastante a la fortuna, y se deja escapar la ocasión, ya que, a fuerza de deliberar, se pierde con frecuencia el fruto de la deliberación.

Acabo de demostrar que el gobierno se relaja a medida que los magistrados se multiplican, y he demostrado también, más arriba, que mientras más numeroso es el pueblo, más debe aumentar la fuerza coactiva. De donde se sigue que la relación de los magistrados con el gobierno debe ser inversa a la relación de los súbditos con el soberano; es decir, que mientras más aumenta el Estado, más debe reducirse el gobierno; de tal modo, que el número de los jefes disminuya en razón del aumento de población.

Por lo demás, no hablo aquí sino de la fuerza relativa del gobierno y no de su rectitud; porque, por el contrario, mientras más numerosos son los magistrados, más se aproxima la voluntad de cuerpo a la voluntad general; en tanto que bajo un magistrado único esta voluntad de cuerpo no es, como he dicho, sino una voluntad particular. Así se pierde de un lado lo que se puede ganar de otro, y el arte del legislador consiste en saber fijar el punto en que la fuerza y la voluntad del gobierno, siempre en proporción recíproca, se combinan en la relación más ventajosa para el Estado.

Bien, difíciles de seguir estas consideraciones, pues hay que superar conceptos como cuerpo, magistratura, Estado, etc., hoy utilizados de modo diferente y, además, situarse en cada perspectiva de las que el autor utiliza. Por ello el final, como resumen, nos resulta más claro; pero lo que me hace reflejar estas palabras es el que se vea cómo pueden ser utilizadas para defender posturas contrarias o encontradas si se emplean fuera del contexto de la totalidad de la obra y si no se tiene en consideración la conexión entre voluntad general y legislación y del número de magistrados con las distintas figuras de gobierno: democracia, aristocracia o monarquía, y su mayor o menor conveniencia, cuestión que está en el fondo de todo lo dicho y que se concreta en los capítulos siguientes de la obra. No descarto, pues, que tras más lecturas de aquélla, por mi parte, no volvamos a reflejar más su contenido.

SIN CABEZA

En este panorama político y de crisis general en el que creo que nos encontramos, busco un referente intelectual, alguien que desde la filosofía, el ensayo y la reflexión nos ilustre al efecto de un conocimiento exacto de la historia del siglo pasado y del anterior y que muestre el camino lógico para no repetir los anteriores errores, pero no soy capaz de encontrar nombres tan significativos como aquellos que constituyeron referente en mi juventud y que se manifestaron a principios de siglo XX y en la época franquista y contra el dictador, y no quiero referirme a los escritores que siempre se incluyen en la categoría de los intelectuales, ni tampoco a los historiadores, sino preferentemente a los pensadores y filósofos ensayistas que reflexionan o han reflexionado sobre España como problema. No veo equivalentes a Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Julián Marías, José Luis Aranguren, Marañón, Laín Entralgo, por ejemplo, sin perjuicio de la presencia de escritores o de historiadores como Américo Castro, Menendez Pidal, Madariaga que tanta importancia tuvieron el siglo pasado durante la segunda república y tanta influencia posterior. Hoy el predominio de los políticos en la sociedad me parece exagerado y la cantidad de libros a ellos dedicados igual. Es enorme el crecimiento de tertulias radiofónicas y televisivas en las que no se profundiza en los temas de actualidad o de importancia, sino que manifiestan preferentemente una tendencia y toleran la presencia de un cómodo y fácil contradictor.

Las cabezas pensantes parecen haber huido del panorama español y la mediocridad se ha apoderado de nosotros. El tiempo franquista fue mejor semillero que la transición; como se decía en su momento: Contra Franco estábamos o vivíamos mejor. La partitocracia y el apoderamiento de la organización pública y social ha creado un grupo de asalariados y de plumiferos para mejor loa del jefe y del partido y por su pequeñez y dependencia ni siquiera creo que quepa referirse a ellos como una oligarquía, en todo caso son siervos de una, que en el seno de un partido político trata de dominarlo, pero que rechaza el mérito y prefiere la mediocridad agradecida. En esta situación, es difícil que se nos muestren intelectuales de verdad o que quieran formar parte del sistema o circo montado.

Pero todo esto además, como es lógico, de por el panorama actual, me surge porque he recordado mis tiempos de juventud y de teatro universitario y en otros grupos, en los que tuve el placer de estrenar, en Valencia, dos obras del teatro del absurdo; una Esperando a Godot de Samuel Beckett, interpretando a Vladimiro, en la que, como saben los conocedores del tema, Godot nunca llega  y, otra, una piececita de Eugene Ionesco denominada El Maestro, en la que un grupo de gente en escena, de modo exaltado e histérico, pasaba el tiempo diciendo ¡que viene el maestro¡ o ¡ya está aquí¡, corriendo de un lado al otro esperando su aparición; la cual tras un buen rato se producía y, en el montaje realizado por el director Manuel Bayo, aparecía una gran chistera sola, de modo que uno de los del grupo de gente decía: ¡Pero si no tiene cabeza¡ y la oscuridad cerraba la obra. No sé porqué, pero me ha parecido que es un gran reflejo de nuestra realidad y que muchos de nuestros cacareados maestros o dirigentes son iguales al Maestro de la obra de Ionesco, una gran chistera de cartón, sin cuerpo que la sostenga, aparentando ser una gran cabeza, pero sin contenido alguno, vacía por dentro. Lo que pasa es que nos hace falta esa persona capaz, como el niño del cuento ante el rey desnudo, que nos grite que el maestro no tiene cabeza y que, por tanto, todos estamos sin dirección.

¿DESLEGITIMACIÓN DE LA LEGALIDAD O CADUCIDAD POLÍTICA?

Estamos ante una situación grave, pero sobre todo desde mi punto de vista muy triste. La crisis económica no es ya la única causa de la situación pese a su importancia y repercusión, muchos factores se han añadido en poco tiempo o han estallado cuando los antisistema y aquellos que quieren sacar fruto de ellos han olido el miedo o la debilidad o han visto la brecha por la que atacar, desde luego, creo yo que de modo desleal los segundos y de forma antidemocrática los primeros y siempre en contra de todos. Ante esta situación la Administración, su reforma técnica y sus problemas quedan en un plano menor. Pero ante todo, hay que preguntarse cómo se ha ido llegando a este punto y lo que puede venir aún. Creo que ha contribuido de modo claro que los gobiernos de España y los políticos de los partidos más importantes, no han hecho nada por atender a lo que los ciudadanos han ido señalando como reformas esenciales; a título de ejemplo, cambiando la ley electoral estableciendo listas abiertas y evitando una partitocracia que se autoalimenta o sobrevive manteniendo aquellas políticas que le favorecen sin poner en evidencia lo hecho con anterioridad y exigir las responsabilidades, que todo el mundo considera esenciales, pues todos los partidos tienen que perder. 

Las entradas dedicadas a la libertad, derecho y autoridad ponen en evidencia puntos que contribuyen claramente a la situación y ya en ellas conectaba la cuestión con la legitimidad del derecho y ahora hay que extender la posible deslegitimación a todo el ámbito político, sin perjuicio, como siempre que se diga que no todos los políticos son corruptos y que los hay honrados y trabajadores, porque resulta que no han podido influir o no han influido en que los cambios necesarios se produzcan por los procedimientos legales establecidos (pues actúan como meros burócratas empleados del partido), sin dejar que se tome la calle precisamente por aquellos que el sistema no legitima, por muchas que sean las razones existentes para sus reclamaciones y manifestaciones, que en  ningún caso autorizan la violencia. Además, por si faltaba poco, los nacionalismos saltan a la palestra a golpear o sacar tajada y contribuir al despropósito general y nos remontan a tiempos pasados que nos llevaron a la dictadura de Franco y que con el regreso a tiempos pasados le legitiman también de hecho, al darle la razón en los males que declaraba eran los de España. 

La Constitución se ha ido sorteando, pues apoyadas muchas decisiones en el Tribunal constitucional, indudablemente politizado, se evita que formalmente se pueda alegar la real inconstitucionalidad de las decisiones y normas que muchos consideran. Se ha sorteado, también, en cuanto ante situaciones que ahora los reclaman, se han eludido los procedimientos que podían evitarlas y que hacía fuerte a la Constitución y a la legalidad. Renuncia que supone precisamente que los gobiernos que la realizan o los políticos que la proponen, repito, ante hechos que reclaman dichos procedimientos, estén haciéndonos entender que esos mecanismos o garantías del sistema no son legítimas en la realidad y que lo que todos los españoles apoyamos en referendum era una fase que hoy, sin seguir los citados procedimientos, pueden modificarse o desconsiderarse a conveniencia y de forma pactada en las covachuelas del poder y se han regalado competencias del Estado irrenunciables, rompiendo la unidad de políticas esenciales y la formación libre de los ciudadanos. 

En un momento determinado en defensa de la legalidad y en un comentario recuerdo haber dicho que la moral afectaba al ámbito individual y el derecho al social o colectivo. Pero como siempre y ante todo en las entradas de un blog, si no se contempla en su totalidad, la referencia es incompleta y por ello resulta inexacta. Es indudable que podemos hacer referencia a una moral que afecta al derecho o que se relaciona con él y le otorga sentido y legitimidad y, en este sentido, sería posible hacer referencia a una moral social que se manifiesta, básicamente, en el comportamiento de los gobernantes y políticos y de los grupos sociales o de las personas que sirven en las instituciones. La suma de inmoralidades individuales, no contestadas no repudiadas y no sancionadas se convierten en inmoralidad general y social. Ya no es un problema de conciencia lo es de ilegalidad y si no se reprime se deslegitima la ley y se legitima cualquier conducta antidemocrática. No es un problema de conformación del derecho o de participación ciudadana o de procedimientos, lo es de conducta, es una responsabilidad política clara que, al no exigirse, hace caduco el sistema político actual y exige de un comportamiento moral en el que todos abandonen su egoísmo y devuelvan a los ciudadanos las garantías democráticas que están en nuestra Constitución, y abandonen, también, la patrimonialización de todo poder y el abuso del mismo y realicen las reformas que exige la razón, tanto sea la formal materializada en derecho, como la  procedimental práctico-racional o secular, como la de un derecho natural apoyado en principios metafísicos. 

ARISTÓTELES Y LA IDEA DEL ESTADO

 De vez en cuando los que me siguen saben que acudo a los clásicos porque en ellos está la raíz de los conceptos que son básicos en la sociedad actual y en la materias que son objeto de reflexión en el blog y porque creo que se muestran con mayor sencillez que en lo que la política actual nos muestra. Por ello hoy escojo unos párrafos de Aristóteles ( La Política. Novena edición. Espasa -Calpe Colección Austral. Traducción  Patricio de Azcárate. Pag.24) que espero que nos sean útiles y nos hagan reflexionar si los comparamos con la actualidad española y europea. Dice el filósofo:

No puede ponerse en duda que el Estado está naturalmente sobre la familia y sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente superior a la parte, puesto que una vez destruido el todo, ya no hay partes, no hay pies, no hay manos, a no ser que por pura analogía de palabras se diga una mano de piedra, porque la mano separada del cuerpo no es ya una mano real. Las cosas se definen en general por los actos que realizan y pueden realizar, y tan pronto como cese su aptitud anterior no puede decirse ya que sean las mismas; lo único que hay es que están comprendidas bajo un mismo nombre: Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre el individuo es que, si no se admitiera, resultaría que puede el individuo entonces bastarse a sí mismo aislado así del todo como del resto de las partes; pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro del Estado; es un bruto o un dios.

La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la asociación política. El primero que la instituyó hizo un inmenso servicio, porque el hombre, que cuando ha alcanzado toda la perfección posible es el primero de los animales, es el último cuando vive sin leyes y sin justicia. En efecto, nada hay más monstruoso que la injusticia armada. El hombre ha recibido de la naturaleza las armas de la sabiduría y de la virtud, que debe emplear sobre todo para combatir las malas pasiones. Sin la virtud es el ser más perverso y más feroz, porque sólo tiene los arrebatos brutales del amor y el hambre. La justicia es una necesidad social porque el derecho es la regla de vida para la asociación política, y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho.

Cada uno puede aplicarlo a su actualidad y a su pensamiento, pero el texto es claro e ilustrativo. Antes de estos párrafos Aristóteles nos dice:

.......pero la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el mal, y por consiguiente, lo justo y lo injusto, y el hombre tiene esto de especial entre todos los animales; que solo él percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto y todos los sentimientos del mismo orden cuya asociación constituye precisamente la familia y el Estado.

A propósito de la palabra vean el video de la niña Victoria Grant, ya popular en la red, y comparen su nivel de expresión frente a la de buena parte de nuestros políticos que todo lo tienen que leer.