LOS PROGRAMAS POLÍTICOS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La entrada dedicada al espacio de la tecnocracia y las ya próximas elecciones generales me llevaron a la conexión con otra cuestión que es la de los programas políticos que cada partido ofrece cara a las procesos electorales y su eficacia o su mentira o inadecuación a la realidad. De tal manera que hoy una crítica ciudadana bastante general se refiere al incumplimiento o engaño de los programas políticos. Por ello mi pretensión es referirme al papel que la Administración pública ha de jugar en ellos. Y el hecho de tener que destacar este papel se produce porque es la Administración la que, normal o mayoritariamente, ha de ejecutar las políticas públicas y, por tanto, éstas, que deben de ser, a su vez, cumplimiento y ejecución de los programas políticos, han de ser posibles y realistas para ser eficaces y, para ello, veo necesario explicar más o menos el proceso habitual.

AHORA TOCA GOBERNAR Y ADMINISTRAR

Las elecciones municipales y comúnitarias han supuesto  un  cambio sustancial y el castigo a los dos partidos más importantes también lo ha sido y muy significativo en el caso del PP. En Valencia el resultado produce un giro a la izquierda muy evidente y el PP ha pagado sus múltiples errores: corrupción, eliminación de RTVV, mala administración y falta de renovación.

Pero el castigo o los problemas no son sólo para los partidos como organización sino que puede serlo también para los ciudadanos que les votaron o para aquellos que, sin votarlos, coincidieran con su ideología formal o programática y que se sintieron traicionados o menospreciados. El giro en Valencia puede revivir etapas pasadas y vueltas a la guerra de los signos o del valenciano y catalán.

Por eso el reto de los nuevos partidos que  alcancen el gobierno es precisamente el de gobernar y administrar y de hacerlo para todos y enfrentarse con la realidad y la posibilidad material o no de sus promesas que, a buen seguro, incurrirán en contradicciones y oposición entre ellas. Habrá que saber si se cuenta con los factores y medios para llevar cabo las políticas correspondientes y a qué derechos fundamentales pueden oponerse. Y para ello he repetido hasta el hartazgo lo necesaria que es una administración profesional y en este aspecto el panorama es casi desolador. Exceso de cargos de libre nombramiento, puestos de libre designación y puede que muchos funcionarios muy dependientes e imposibilitados de ejercer neutral o independientemente la función garante a la que dediqué la última entrada. Quizá en el largo periodo de los gobiernos pasados algunos funcionarios han dejado muchos heridos o enemigos. 

No me quedan buenas sensaciones y percibo posibles malos vientos y algún que otro temblor y son previsibles excesos legislativos; espero equivocarme.

MI HEMEROTECA: Promesas y mentiras

El incumplimiento de las promesas electorales es una cuestión de permanente análisis y conversación y las agresiones verbales e, incluso, físicas a los políticos en sus visitas a la Universidades también. Reciente está lo ocurrido al Presidente de la Comunidad Valenciana en la Universidad Jaime I de Castellón, donde, además, la mayor parte de los agresivos no eran estudiantes. Pero la cuestión es antigua, pues en 14 de abril de 1993 escribía yo en el Diario las Provincias, en la sección Firmas, el artículo de opinión que a continuación suscribo y que, como en ocasiones anteriores, sigue estando de actualidad, si bien también se demuestra que lo dicho no sirve para nada.

Dos actitudes diferentes han mantenido días pasados los estudiantes universitarios de Madrid y Huelva, abucheando y aplaudiendo, respectivamente a los cabezas de los dos partidos políticos mayoritarios españoles. Dos actitudes que, quizá, puedan ser consideradas como de frustración y de esperanza, en uno u otro caso.

Me interesa destacar de dichas actitudes la negativa, la que se produjo frente al presidente del Gobierno, y no por lo que suponga de extremada y rayana en la mala educación, sino porque en sus manifestaciones estuvo presente el grito o la acusación de mentiras para sus palabras o explicaciones en torno a la acción de gobierno. Y me interesa destacar porque son las promesas incumplidas, el cinismo y la mentira, cuando se producen, las que tengo comprobado que más desligan a los jóvenes respecto de sus mayores.

En esta página he venido reiterando que interesa la política de los hechos y no la de las apariencias ni de las promesas o programas sin cálculo ni planificación. Sorprende, en este aspecto, la actitud de algunos políticos del partido socialista que alegan la inexperiencia del señor Aznar y que, por tanto, presumen de experiencia en el arte de gobernar. Y sorprende porque es dudoso que exista tal arte cuando los elementos para desarrollarlo han sido sistemáticamente desestimados o no implantados donde tenían que serlo.

Tanto para gobernar como para saber qué promesas hay que hacer o cuáles son viables, hay que tener no sólo experiencia, sino contar con una Administración Pública profesional, independiente y objetiva. Esperemos que, de verdad, unos adquieran experiencia con el tiempo que llevan de gobierno y los otros tomen nota de que las promesas incumplidas constituyen los fracasos del futuro y, por tanto, las mentiras que se nos echarán a la cara.

Bastante de esto permanece, parece que no se tomó nota, si bien puede hoy servir de paño caliente el que las promesas se hicieron ante datos que también se proporcionaron desde la mentira y el engaño y lo experimentado a corto plazo obliga a cambiar lo prometido o antedicho. Pero para el simple ciudadano no es un consuelo.

LAS PRIMERAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE RAJOY

Todos sabíamos que la situación económica es grave y que existe un gasto público desorbitado o poco meditado y establecido sin seguir los principios de buena administración pública y con criterios políticos casi exclusivamente. Es indudable que para gastar hay que ingresar o conseguir crédito, es decir endeudarse. Eso lo sabe cualquier ciudadano que se administra a sí mismo y no cuenta con administrador alguno. Por eso el anuncio del Sr. Rajoy de que no se iban a aumentar los impuestos era aventurado antes de contactar con los administradores públicos o no debió hacerse nunca. De todas formas, dudo mucho que el hecho de que el déficit iba a ser mayor del 6 % anunciado, no se barruntara o conociera antes de llegar al gobierno formalmente, ya que todo partido político cuenta con la información de funcionarios suficiente para hacerse cargo de la situación con la que va a encontrarse y todavía más si ha ganado las elecciones.

Por eso de todas las primeras medidas que la prensa nos ha trasladado, a mí, particularmente me llama la atención la subida del IBI y por varias razones. La primera porque es un impuesto que se encuadra en el sistema de la tributación local, aún cuando es compartido entre Ayuntamientos y Administración central. Es decir, la medida beneficia a los entes locales y es ahí donde me duele porque éstos, en su mayor parte, en época de vacas gordas, en la bonanza de la construcción, contando con los ingresos legales o no, provenientes de esta actividad, han cometido alegrías incalificables y aumentado sus plantillas y gastos de personal de forma exagerada y que es lógico que en época de vacas flacas sea todo ello una carga imposible de sufrir. Ya comenté que el IBI iba a ser el instrumento "salvavidas". Eso es lo injusto, porque los ciudadanos son los que van a pagar esas alegrías, mientras que ni siquiera se plantea la exigencia de responsabilidades a los políticos y administradores que han llevado la situación a ese extremo o, incluso, que se han beneficiado particularmente de ella.

Es indudable que la "clase" política, sencillamente los partidos políticos, lo tienen claro y mantienen que lo importante es mirar al futuro y que agua pasada no mueve molino, con lo que el sistema quiebra en su credibilidad y en cuanto Estado de Derecho, para convertirse en un sistema de explotación de los simples ciudadanos, cosa que se manifiesta cuando éstos han de cubrir no sólo los costes de los servicios que se le prestan sino la corrupción, el exceso y el lujo con que los cargos políticos y  algunos administradores superiores viven; y no digamos si además los organismos públicos se han disfrazado de empresa privada y sus administradores cubierto las espaldas con indemnizaciones millonarias. El incremento del impuesto de bienes inmuebles por todo ello me parece injusto, si no se hace con justicia, ya que en estos últimos años, en que la crisis se ha manifestado, ya ha sufrido incrementos exagerados, que son difíciles de discutir jurídicamente por cualquier ciudadano, basados, además, en justificaciones abstractas en buena parte proporcionadas por los servicios de las Diputaciones, sin fundamentos reales, aprovechando también el momento de las valoraciones hipotecarias altas e ignorando las correcciones actuales de la situación. Es decir, se va a incrementar un impuesto que creo que ya estaba hinchado y que sólo algunos ayuntamientos, como propaganda electoral, han mantenido sin crecer, a sabiendas de su  injusticia. Hay que tener en cuenta, que los más ricos tiene escapes con los que el simple ciudadano no cuenta.

De otro lado, si el bien objeto del impuesto, procede de los abuelos de uno, no calcule lo que ha pagado por él a las Administraciones públicas, ya que seguro que ha abonado su valor más de una vez, En resumen una medida discutible, ya que no cabe duda que el gasto público se puede reducir mucho más y que hay muchos "chocolates del loro" que sumados constituyen cifras considerables y que sería más justo suprimir. Hay que pensar, pues, que no se hace porque hay otras repercusiones que no se asumen políticamente ya que tienen un coste político y social importante y porque, al menos de momento o por unos cuantos años, supondría que se incrementara el paro de modo importante al suponer el cese de una buena parte del empleo público actual directo o indirecto, siendo así que salir del bache y recuperarse costará bastante más. Pero ¿es justo que la solidaridad recaiga en el ciudadano a través del impuesto reseñado o del de los rendimientos del trabajo o del capital, aunque se diga que con carácter temporal? 

Muy difícil está la situación y mucho habrá que apretarse el cinturón para mantener los servicios que se prestan a los ciudadanos de la importancia de la educación y la sanidad, por ejemplo; pero también mucho se ha de hacer para que el coste de los mismos no se vea incrementado por la mala administración y la corrupción y todo recaiga en el ciudadano. Si ha habido mala administración, corrupción, malversación, delitos, etc., el gobierno de turno ha de denunciarlo, resarcir al pueblo de la exacción indebida de una manera u otra y asumir su cupo de responsabilidades como partido en aquellas administraciones que han estado a su cargo y donde la situación también ha sido irregular o nefasta. El borrón y cuenta nueva es un indulto en propia carne. Como mínimo si no se puede recuperar lo robado se ha de inhabilitar a los responsables de por vida para cargos públicos. ¿Por qué no se reclama en la sociedad en este sentido? Puede que buena parte de las organizaciones que la representan estén compradas por la subvención pública.

En mi repaso de los recortes de prensa en mi poder encontré el otro día unas páginas del Diario 5cinco días de fecha 14 de junio de 1980, por contener algunas entrevistas y comentarios sobre la burocracia de una serie en la que participé y en ellas constan unas palabras de Ferrer Salat, presidente entonces de la CEOE, en una reunión con doscientos empresarios, con motivo del proyecto de Código penal y su Título VII, decía por las mismas razones alegadas debe proponerse otro título general para los políticos, en el que se incluya el sometimiento al Código Penal de todos aquellos que no cumplen sus promesas electorales. Eso, pues, respecto de simples promesas ¿qué cabe pedir respecto de las acciones nefastas o corruptas, que son claramente detectables por aquellos que acceden al poder y sobre las que se pasa página? ¿No es una forma de corresponsabilidad esta desconsideración del hecho?

VERSIÓN PERDIDA Y RECUPERADA DE LA ENTRADA EL GOBIERNO VALENCIANO ANTE LA CRISIS

Con la última entrada se alcanzaba la cifra de 400 entradas desde que se inició este blog, pero una de ellas ha tenido dos versiones, puesto que a mediados de este mes un problema del blogger eliminó una que tuvo muy escasa vigencia. La veo ahora como borrador y me parece interesante publicarla pues es una muestra de como la misma idea, según el día y el momento, puede tener expresiones o versiones diferentes. Esta es la primera versión de la los lectores pueden haber leído ya:


Me refería el otro día a las medidas que ante la crisis se planteaban por el Gobierno Valenciano y que se presentan precisamente ante las próximas elecciones. Los problemas de liquidez de la Administración parecen evidentes, los contratistas no cobran y la sanidad presenta unos gastos importantes por lo que se reclama del gobierno central que sus aportaciones se ajusten a la realidad de la población que vive en Valencia y de las necesidades existentes. Lo que he venido leyendo es lo siguiente: El día 26 del pasado mes se nos dice que la Generalitat unificará todas las compras de sus organismos para ahorrar; es decir se reinventa a nivel autonómico las juntas centrales de compras y se dice que supondrá la unificación de 140 cuentas en una sola. Prima el ahorro y la racionalidad sobre la desconcentración  o descentralización. Algo lógico yo he tenido que asistir, por ejemplo, a múltiples mesas de contratación de los hospitales valencianos en representación del servicio jurídico de la Conselleria y había días en que no existían suficientes funcionarios para ello, pues sólo en algunos casos se centralizaban en la Conselleria algunos contratos de suministros de productos, después de tratar las necesidades y preferencias con cada hospital. ¿mejor o peor? ¿Se tratarán de diversificar los adjudicatarios o sólo uno podrá hacerse con el contrato? El sistema descentralizado podía no ser tan económico pero a lo mejor beneficiaba a más empresas. La austeridad se impone.

Por eso precisamente el día 28 siguiente el Conseller Blasco afirma que la "máxima austeridad" será el lema del Consell  y también se nos dice que el Consell eliminará uno de cada cuatro coches oficiales para los políticos; sólo el presidente y los 10 consellers dispondrán de un vehículo y el resto de altos cargos los tendrán que compartir. Vamos como al principio de la autonomía; entonces los altos cargos no tenían coche para circular a diario y si tenían que desplazarse a otra localidad se pedía un coche al parque móvil, nutrido por lo viejos coches transferidos del Estado, pero con penuria de chóferes, de modo que muchos de los que estaban en el parque, en talleres y ya no conducían, volvieron a hacerlo. Les confieso que en algunos casos era un peligro, pero espero que si alguno me lee no se ofenda por lo dicho. Hay que ver tanto recorrido para volver a los orígenes. Se acaban las alegrías con el dinero público. 

También ese día se nos dice que el Consell ofrece a los contratistas costear obras por 2000 millones y pretende que ellos analicen la viabilidad de las obras. ¿Participación? ¿Privatización de funciones públicas? ¿Penuria económica? ¿Incapacidad técnica? Un poco de todo. Al día siguiente, seguramente atendiendo a la reacción de los empresarios se nos dice que los contratistas sólo financiarán obras si está asegurada su rentabilidad. Lógico. Las no rentables siempre han sido financiadas con presupuesto público.

Seguramente las noticias inquietan a los funcionarios y Camps les dice que los necesita a todos para que se calmen. Faltaría más, cómo van a sobrar funcionarios. Puede que sea verdad y no sobren, pero como algunos no trabajan o trabajan menos que otros y las cargas están mal distribuidas, habrá que reorganizar algunos órganos administrativos ¿no?

Para acabar con este listado de propósitos y medidas el día 4 de este mes el presidente dice que reordenará el Consell  y unificará Hacienda y Administraciones públicas en una sola conselleria de Hacienda, separada de Economía. Parece que se distingue la gestión económica de la planificación y se le une la gestión de recursos humanos. Ejecución presupuestaria y gestión de recursos humanos bajo la misma mano, predominando la visión del gasto y del ahorro, pero en departamento separado de la Presidencia. Se le adjudica la mencionada junta de compras. También se nos dice que de la Conselleria de Industria dependerán dos grupos empresariales uno dedicado a la inversión de infraestructuras y otro de prestación de servicios. También se unifican Educación, Formación y Empleo. Supongo que todo forma parte del programa electoral y que la prensa refleja lo que se les ha comunicado.

Bien habrá que esperar, en todo lo enumerado hay un buen número de "recetas" clásicas de organización y buena parte de racionalidad.

EL GOBIERNO VALENCIANO ANTE LA CRISIS

Había comentado que haría mención a las medidas que el gobierno valenciano tenía en mente realizar por razón de la crisis económica y que han sido objeto de referencia en la prensa y que se manifiestan cerca de la campaña electoral. Hay que tener en cuenta que muchos de los proveedores de la Administración autonómica valenciana no cobran y, por tanto, que la situación económica ha de ser delicada. Es destacable en este orden la noticia que aparecía el día 24 del pasado mes de abril de que el Consell ofrecía a los contratistas costear obras por 2000 millones. ¿Participación? ¿Externalización? ¿Financiación privada? El día siguiente se nos decía que los contratistas sólo estaban dispuestos a financiar obras que fueran rentables; totalmente lógico, las obras no rentables son las que se cargan al presupuesto público y si no hay rentabilidad mal van a surgir concursantes a una obra. Además, también, se hace referencia al análisis de la viabilidad de las obras o proyectos, lo que preocupa un poco más pues nos ofrece la imagen de una Administración incapaz de realizar este análisis o de calcular los precios según los cuales la concurrencia y la oferta, a efectos de adjudicación de las contratas, es posible. Cabe preguntarse si, en el fondo, no se produce una renuncia a la determinación del precio del contrato por la propia Administración y se deja en manos de los propios contratistas o no se cuenta con personal preparado para hacerlo.

También el día 28 el Conseller Blasco se refiere a que la "máxima austeridad" sera el lema del Consell y se contempla la simplificación de la Administración y la reducción del gasto. Espero que no desaparezcan los servicios de obras y contratos o las Oficinas de supervisión de proyectos y sean los empresarios los que ocupen la Administración, porque es cierto que reduciríamos organización pero no es tan claro que se redujera el gasto. El día 4 de este mes se nos ofrecen algunas medidas en este orden y, en concreto, se nos dice que se creará una Conselleria de Hacienda, partiendo de su separación de Economía, y mediante la unificación  con la actual de Administraciones Públicas y en la que se ubicará una Junta General de Contratación y Compras; junta a la que ya había hecho referencia el día 26 de abril.

En resumen, se vuelve  a soluciones clásicas en nuestra Administración estatal y se prefiere la reducción del gasto a las actuaciones descentralizadas o desconcentradas en cuanto a las licitaciones. No se sí se pretende que sólo haya un adjudicatario o se tratará de que nadie monopolice los suministros y que lo único que se unifica son las 140 cuentas a que se hace referencia. Supongo que los proveedores que ahora se diversifican ante la descentralización se preocuparán de evitar que a través de la unificación se produzcan actuaciones monopolísticas, pues hoy la acción administrativa y política también trata de ser equitativa y de repartir bienes y potenciar la actividad económica. Pero habrá que ver el desarrollo en su día de esta cuestión. En Sanidad tuve que asistir a múltiples mesas de contratación en hospitales y centros de salud y sólo algunos suministros, previa consulta con los hospitales, fueron objeto de contratación centralizada, tratando de satisfacer las necesidades y preferencias que los hospitales y médicos tenían respecto de determinados productos o materiales, con lo que abaratando precios sin embargo no se producía la circunstancia de que sólo hubiera un único adjudicatario. El numero de mesas que se conformaban, hacía que hubiera días en que los servicios jurídicos o la intervención no tuvieran personal bastante para acudir a ellas.

Clásica es también la propuesta de que hacienda y recursos humanos sean materias que se gestionen de modo unido, pues en buena parte los departamentos de hacienda siempre han tenido un peso específico en la gestión de aquéllos, en cuanto su número dependía de la dotación presupuestaria y a ella se han venido condicionando los incrementos de plantillas o relaciones de puestos. Pero no hay que olvidar que en los años sesenta, en el Estado, se pretendió que la Presidencia, a través del Ministerio de la Presidencia, asumiera un papel racionalizador en materia organizativa y en la administración de personal, de modo que se redujera el poder de Hacienda para reforzar el del presidente en orden a la política de personal y a la reforma de la Administración.  esta idea de una gestión de hacienda y recursos humanos en la organización dependiente del presidente creo que se manifiesta en otros países, de modo que el poder radica en la Presidencia que además formula las políticas correspondientes. Lo cierto es que ahora los presidentes huyen del problema y la creación de departamentos de Administración pública, fue una forma de alejar responsabilidades. La unificación en Hacienda pese a que no conlleve la política económica presenta aspectos que pueden ser negativos y la convierte en el centro de toda negociación para conseguir recursos por parte de los departamentos y puede alejar al presidente de la gestión y del conocimiento de su Administración y dejarlo como un simple elemento político y de representación, preocupado de la imagen del partido y de las elecciones pero que no gobierna en realidad o, al menos, se desentiende de la administración y gestión  que es una forma de no gobernar.

Esta visto que nuestra Administración pública es como el tapiz o telar de Penélope, se teje y desteje, continuamente y los problemas siempre son los mismos. Habrá que esperar a ver la realidad de todo lo antedicho y si sólo es fruto de las próximas elecciones y del programa electoral. Las medidas se presentan con una cierta racionalidad pero es posible que de llevarse a efecto se den algunos efectos perversos que lleven a destejer lo tejido.

MI HEMEROTECA: Frustación

Ya que en las últimas entradas se ha hecho referencia a los políticos en la Administración pública, parece oportuno reproducir un artículo mio publicado en el diario Las Provincias del 2 de mayo de 1992, con el título arriba referido. Decía así:

Significaba tanto el valor de la democracia y había tantas esperanzas en el cambio político que la frustación que me parece percibir era previsible con carácter general. Si la apreciación puede ser algo exagerada, quizá lo sea por subjetiva y pesonal o, simplemente, por un reflejo de la situación provocada por la comparación con el, real o aparente, auge de otras ciudades o regiones por la mejora de sus infraestructuras.

Sea como sea, desde mis preocupaciones, ya en los momentos de la preautonomía expuse la conexión existente entre Administración y Gobierno o, lo que es lo mismo, entre Administración y política. La Administración concreta y hace efectivos los programas políticos mediante su actividad, pero el Gobierno es el responsable de su conformación, dirección y efectividad.

Me parece que hasta ahora los ciudadanos vienen valorando ideas, programas, planes, proyectos y normas y muy poco los hechos, los actos y las realidades.

Políticamente, también ha interesado más el alcance del poder en el seno de cada partido político; éste ha sido el factor considerado como habilitante para poder conseguir fines y realizar actuaciones concretas. Sin embargo, al convertirse dicho alcance en un  fin en sí mismo no deja tiempo para los hechos, para que los programas políticos, de partido o de gobierno, sean realidades. Por ello nos hemos quedado con las ideas (cada día más confusas), y simplemente con los actos administrativos. Además resulta que en el seno interno de los partidos los hechos de gobierno, de buena administración y de cumplimiento de programas no son la vía de la conquista del poder, por el contrario puede ser la de su pérdida.

La cuestión se agudiza cuando, además, los partidos políticos no cuentan con profesionales en Administración Pública, especialistas y generalistas, y cuando la Administración se desprofesionaliza o los gobiernos desconfían del personal de carrera y se apoyan en aprendices, diletantes o políticos de medio pelo. Entonces una parte de la realidad, la de la Administración Pública y su capacidad, efectividad, estructura y respuestas que puede ofrecer, se ignora. Y, en consecuencia, los programas políticos pueden ser imposibles de cumplir o quedar en simples promesas y el resultado es el incremento del gasto público sin la realidad de la obra y el servicio público.

Un amigo mío, catedrático de Ciencia de la Administración, me decía "Andrés, cuando los gobiernos políticos emprenden programas serios de reforma administrativa, es síntoma de su decadencia".

Particularmente, presiento la decadencia pero, de momento, no veo programas serios de reforma administrativa.

En fin, al releer este artículo y vista mi hemerotca y los comentarios del blog, no cabe duda que repito el mismo discurso cientos de veces y que mis ideas centrales o nucleares no han cambiado mucho. también puede que la realidad política sea también la misma siempre o, más bien, que empeore cada día más.

FEIJÓO Y LAS PROMESAS ELECTORALES

Estos días es noticia el borrador de Decreto que el gobierno gallego ha presentado en el que trata de regular la enseñanza bilingüe en Galicia y que ha provocado las críticas de Gloria Lago estimando que se han incumplido las promesas electorales efectuadas respecto de que los padres podrían elegir la lengua en la que estudiaran sus hijos. Aparte de los matices posibles que se pueden realizar sobre el alcance del lema "Galicia bilingüe" que ha formado parte de campañas y promesas, lo cierto es que por lo que yo escuche en radio y ví en televisión, el Sr. Feijóo, muy claramente, realizó la afirmación de que los padres podrían efectuar la elección de la lengua de estudio de sus hijos, hasta el punto que me hizo pensar de inmediato que o bien no había medido los problemas de ejecución y eficacia de dicha medida o bien que contaba ya con información suficiente para saber que ello era posible.

Hoy la realidad política y administrativa es otra y oigo que no se cuenta con medios suficientes, sobre todo por lo que respecta a medios humanos, o que también es una obligación conocer o saber el gallego,  etc. Lo cierto es que traigo la cuestión aquí, una vez más, para destacar la importancia que tiene, para tomar cualquier decisión o para efectuar planes y promesas que vayan a ser realidad, el contar con la información de la Administración pública que ha de llevar a cabo la política pública correspondiente o hacer efectivo el plan o promesa. Se gobierna administrando y no mediante promesas electorales, pero la triste realidad es que lo más importante es ganar unas elecciones y luego ya veremos. Pero así el descrédito político está garantizado y la Administración no puede funcionar como institución al servicio de todos, de cualquier partido político y de los intereses generales o públicos.

La oposición o cualquier partido político debe tener la posibilidad de recibir información de cualquier Administración de si lo que se propone realizar es posible o de cómo podría llevarse a efecto, sin que dicha información se considere una filtración o una falta disciplinaria. Pero no crean que soy ingenuo, ya sé que lo  que verdaderamente importa es que no lo sepa el "enemigo"o que lo que interesa es prometer lo que sea útil para ganar las elecciones sin que importe su eficacia futura o no.