TABACO, TERRAZAS, RUIDO Y OTRAS MOLESTIAS

Pendiente de continuar con la serie dedicada a la centralización y descentralización, dedico la entrada de hoy a una serie de asuntos que dependiendo de una administración descentralizada y autónoma, no funcionan y también se ven afectados por la acción de la Administración central estatal, tanto en el orden legislativo como en el cumplimiento de la legalidad. Nuestros lectores saben que el tema del ruido es tratado con frecuencia en el blog, sobre todo porque soy persona que me he visto muy directamente afectado por él y que emprendió una lucha muy directa de carácter jurídico en defensa de sus derechos. Fruto de ella y de otras acciones fue la declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) del barrio en que vivo, a la que han seguido otras más. Lucha enconada de vecinos y de asociaciones, no sólo contra los intereses de los dueños de los locales de "ocio" sino contra la propia administración municipal valenciana, la cual parece que considere que ese empeoramiento progresivo de la vida de los vecinos de los barrios de Valencia constituye un sacrificio en pro de no sabemos que atractivos "turísticos" o de la fiesta nocturna. Se supone que de los estudiantes de Erasmus o personajes similares.

La realidad, desde nuestro punto de vista, es que se consideran mucho los intereses de los empresarios y el contentar a todo el mundo a efectos electorales, sin perjuicio de que, también, exista una escasez de medios para controlar el cumplimiento de las ordenanzas (inspectores técnicos y agentes de policía) Sea como sea lo cierto es que cuando parecía que la cosa se iba arreglando, se ha producido la incidencia de la nueva legislación antitabaco y de pronto nuestras aceras se han visto invadidas por mesas, sillas, toldos y mamparas, que unidas al incremento de las bicicletas con el "valenbisi" municipal impiden la circulación de los simples peatones que no sólo han de seguir la estrecha senda que a ellos queda reservada, compartiéndola con las bicicletas y otros artefactos al uso, hasta desembocar en pasos y semáforos dotados de intermitente ámbar que los vehículos a motor consideran patente de corso para el atropello del arriesgado ciudadano que se atreve a pasar sin precauciones extremas o levantada de brazos, periódicos o paraguas, según los casos. La proliferación legal o ilegal de las mesas, no sólo crea una cortina de humo que te tragas al pasar, sino que multiplica el ruido callejero, de modo que por la noche se vuelve a las cotas de molestia que creíamos superadas. La situación ha provocado ya, no sólo las quejas vecinales, sino que la AVACU (Asociación Valenciana de consumidores y usuarios) también ha tomado conciencia del problema y expuesto su opinión. 

En resumen, una ley estatal que no ha contentado a nadie produce unos efectos perversos, superiores a los que causaba la existencia de locales en los que se podía fumar y en los que existían zonas para fumadores y no fumadores. Particularmente, en la situación anterior si no quería tragar humo no entraba en el local para fumadores e iba a otro y si acudía a uno con zonas diferenciadas no sufría molestias. Pero había que ser más papistas que el Papa y llevar las cosas hasta el extremo. Hoy trago el humo a mi pesar en cualquier rincón, contemplo el triste espectáculo de las personas a las puertas de empresas, comercios, etc., arrojando humo, no puedo circular, me indigno sin acampar, freno mis ansias de patear mesas y sillas, de empujar a ciclistas, de apedrear coches, no descanso y sin dudar empiezo estar demasiado sensible en mi perjuicio y como hombre preocupado por el buen funcionamiento de las Administraciones públicas aún me veo más afectado por su inactividad y por la contemplación de la inutilidad de las declaraciones y normas legales y reglamentarias. Total ineficacia pura y dura en el papel principal de una Administración pública y situación estresante al máximo. Sumen ustedes los malos olores por meadas y vómitos, botellas en el portal de su casa y suciedad callejera y empezarán a comprender la situación de los barrios valencianos.

Mientras la acampada de indignados sigue en Valencia, sin que las Administraciones tomen cartas en el asunto, pero ¡pueden asombrarse¡, la máxima autoridad municipal manifiesta en el diario de las Provincias de hoy estar alucinada de ver en dicha acampada cómo se infringen todas las ordenanzas municipales. De verdad no lo puedo entender, si son las ordenanzas municipales las infringidas, ¿no puede hacer nada la policía municipal? Si supera la situación sus posibilidades ¿por qué no interviene la policía nacional? Tenemos derecho a que se nos explique, primero si se tienen medios suficientes para desde el Ayuntamiento intervenir y acabar con la vergüenza que nos invade y ensucia y, segundo, si no se tienen, porqué la autoridad nacional no interviene. No me gusta oír declaraciones como las reflejadas porque me produce la sensación de que se trata sólo de poner en evidencia, indirectamente, al partido que gobierna y sus representantes en la Comunidad Valenciana y, además, en el caso, de que desde el Ayuntamiento se pueda acabar con la situación, no desgastarse de ningún modo, lo que supondría ser tan responsable como aquél a quien se trata de evidenciar. La verdad es lo que hay que poner de manifiesto y unos y otros han de cumplir con las leyes y colaborar para ello, lo demás es una vergüenza más que perjudica a los ciudadanos, a las instituciones y  al Estado de derecho. Los indignados acaban indignándonos y las autoridades por supuesto. Parece que al final tendré que concluir que ni unos ni otros me representan, por lo que me pensaré si acampo en el lugar destinado a alguna de las mesas de bares de mi barrio, con el correspondiente cartel, una silla reclinable y una máscara o mascarilla contra la contaminación.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 15- M Y PEPINOS

La opinión que el movimiento del 15 de mayo me merecía teniendo en cuenta el derecho y la administración ya la he expuesto y creo que resumí los principales aspectos que me interesaba destacar, pero la cuestión es que la situación continúa y ya se han puesto de manifiesto las quejas de los comerciantes de las zonas afectadas y también la cuestión de la suciedad de las mismas (ver aquí y aquí). Era de esperar, pero lo que realmente no esperaba es que, continuando la situación, el poder ejecutivo de turno mostrara la pasividad actual y que se persista en la idea de actuar con la máxima prudencia cuando se está, primero, actuando en la ilegalidad y, segundo, perjudicando intereses de terceros que están en dentro de la legalidad y cumpliendo con sus deberes ciudadanos. La imagen no puede ser peor, las administraciones municipales dicen que corresponde al Delegado del Gobierno la acción policial de desalojo y cuando  en Cataluña el consejero de interior comienza uno y se utiliza la fuerza, el Ministro del ramo, ahora candidato a la Presidencia del Gobierno, dice que es responsabilidad de aquél dicha actuación; la cual, de otro lado hubo de abortarse.

En otros casos, sobre todo en Valencia, no dejas de ver la inflexible postura del Gobierno estatal en desalojar terrazas de chiringitos playeros por ocupar dominio público costero, sin que existiera, en principio, perjuicio a terceros. Viviendas de veraneo han sido derribadas por la misma cuestión con el uso de toda la fuerza que el derecho otorga a la Administración pública. La desigualdad de trato y de actuaciones es evidente, tan evidente como ha de ser la responsabilidad patrimonial de la Administración estatal por permitir la situación y por los daños y perjuicios causados a terceros con su permisibilidad. El derecho, además, si no cuenta con la fuerza y coacción que permita su eficacia no es derecho y si quien causa esta ineficacia son los propios poderes encargados de ella, la vergüenza es mayor. Vamos a considerar que sea aceptable que no actúe la Administración desalojando a los ocupantes del dominio público, pese el perjuicio al comercio y la deplorable imagen que se ofrece al visitante y a la ya casi única fuente económica existente que es el turismo, pero unos administradores y gobernantes conscientes de su condición, si optan por mantener el quebranto de las normas y consentir los daños, deberían, incluso de oficio indemnizar los perjuicios causados, dada la evidencia de la ilegalidad y la carencia de actividad administrativa, que no es otra cosa que un  mal funcionamiento de un servicio público esencial.  Pero, además, en ese caso, si no se ejerce la repercusión del gasto de las indemnizaciones en los responsables de la decisión inhibidora, al recaer el mismo en el presupuesto público y, por tanto, en nuestros bolsillos, deberíamos manifestarnos la mayoría que en silencio asistimos a esta situación para conformar otro grupo de indignados que sumar a los muchos existentes y capaces de configurarse.

Pero si la situación es esta y la económica la que hay, faltaba por parir la abuela y desde Alemania nos dicen que unos pepinos españoles, (entiéndase que me refiero a a una clase de verdura) son los responsables de la intoxicación y alguna muerte de ciudadanos alemanes, sin fundamento en pruebas y análisis terminantes. Ahora se informa que la intoxicación no procede de los pepinos españoles Tampoco en un caso como éste la actuación de nuestros políticos y Administración se ha mostrado contundente, si bien han salido émulos de Fraga Iribarne, pero en lugar de luciendo ancho bañador, comiendo pepinos andaluces con piel, con gorrito y bata higiénicas (los émulos, no los pepinos). Faltaría más. En fin, otro caso de clara responsabilidad de una Administración pública en el seno de una Unión europea.

De verdad, cómo podemos hablar de Administración pública si el poder y la autoridad brillan por su ausencia, mientras nos debatimos con la sucesión política del mayor responsable, junto con sus ministros, del desastre total que padecemos. ¿Es rentable ser serio y cumplidor de las leyes y deberes ciudadanos? ¿Alguien, contento porque, por fin, unos desorganizados (o no), se manifiesten de modo ilegal, aunque digan cosas que son compartibles, puede considerar que esto es bueno? Puede que la Red haya funcionado convocando, pero a ver que red nos salva de la anarquía causada. Por ello hay que recordar que las formas, los procedimientos y las leyes están para algo y que son la mejor garantía para todos.

15 - M, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Cumplido el proceso electoral y pasadas las primeras impresiones proporcionadas por la movilización del 15 de mayo y concentración en la Plaza del Sol y en otras plazas de la geografía española, es cuando siento la necesidad de hacer algún comentario al respecto, pues salvada la impresión favorable que pueda producir el hecho de que se ponga de manifiesto el hartazgo que produce la conducta de nuestra clase política, hay que apuntar a los otros aspectos de la movilización, que a mí particularmente no me produce, en general y en algunos casos en particular, ninguna impresión favorable, sobre todo si atendemos a las cuestiones que son objeto y finalidad de este blog.

De un lado, dado el tipo de comportamientos que vengo sufriendo en el barrio en el que vivo, mucho de lo visto me recuerda a las fiestas estudiantiles que tanto me molestan y a su ocupación de espacios públicos en detrimento de otros derechos ajustados a la legalidad. De otro lado, me imagino que para los comercios de las zonas correspondientes el ambiente no les habrá resultado muy favorable y, también, me pregunto cuál será la higiene en la zona y el grado de suciedad en la calle. Nada gratificante seguro.

Pero aparte estas cuestiones propias de quien saturado por dichos comportamientos se muestra ultra sensibilizado contra ellos, la carga de ingenuidad e ignorancia o, en su caso, de manipulación, nos evidencian la existencia de unos conceptos de la democracia, bien preocupantes, bien risibles, según como uno quiera reaccionar. Asambleísmo, totalitarismo, estatalismo, sovietización, anarquismo y otros ismos, más bastante intolerancia, son atribuibles a los visto en el acampamiento de la Plaza del Sol, pero muy poco de la democracia real que se predicaba. Ésta, aun contando con la indignación de cada cual por la situación actual española, se muestra en la urnas y en sus resultados y éstos demuestran que muchos indignados no se han limitado a acampar libres de otras responsabilidades y atrapados en un nirvana especial e inmaduro alejado de todo compromiso real y contributivo. La democracia se hace efectiva cumpliendo con los procedimientos establecidos y las formas legales. Nunca pues más adecuado el recordar lo dicho por Ihering en El espíritu del Derecho Romano: Enemiga jurada de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad. Es, en efecto, el freno que detiene las tentativas de aquellos que arrastran la libertad hácia la licencia; la que dirige la libertad, la que la contiene y protege. Las formas fijas son la escuela de la disciplina y del órden, y por consiguiente de la libertad; son un baluarte contra los ataques exteriores: podrán romperse, pero no plegarse. El pueblo que profesa verdaderamente culto á la libertad comprende instintivamente el valor de la forma, y siente que ella no es un yugo exterior, sino el vigía de su libertad.

Sencillamente, creo que buena parte del pueblo español y de su gobierno no sólo carece del instinto señalado, sino que parece con los hechos demostrar que no hay forma ni ley que someta a su arbitrierad, pues el principio de legalidad se ve afectado e incumplido diariamente y los acontecimientos que son objeto de este comentario son una muestra de ello, primero porque se ha permitido que lo ilegal ocurriera y segundo porque declarada la ilegalidad el hacer cumplir la ley podía producir daños sensibles a las personas. Negligencia y mal gobierno y descomposición institucional disfrazados de bondad, razonabilidad, en realidad “buenismo” rayano en la hipocresía. Poco ha afectado todo ello al proceso electoral, unos votos más para la izquierda, un avance de UPyD y una reducción de votos en la suma de los dos partidos mayoritarios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las formas y de la legalidad radica la verdadera democracia y el Estado de Derecho y, por ello, a la hora de valorar los resultados electorales para el PSOE, no hay que quedarse con los efectos de la crisis, sino con estos incumplimientos de la legalidad y de las formas. Cuando se cambia la Constitución subvirtiendo las formas establecidas para ello en la propia Constitución o cuando se aprueban asuntos que dividen a los españoles sin propiciar su participación y su voto o se utiliza al Tribunal Constitucional como correa de transmisión de los partidos políticos, mientras se muestra ineficaz en la gestión de los recursos de amparo de los simples ciudadanos, se están realizando actuaciones contrarias a la democracia y al derecho establecido, se quebrantan las formas y su garantía. No es sólo la crisis económica lo que indigna, para mí son otras muchas cosas más que afectan al Estado de Derecho y todas aquellas que propician nuestra división y son una regresión indebida hacia momentos históricos que debían estar superados y que en cambio resucitan a aquellos fantasmas que asustaron a nuestros padres -a los de mi generación- y que nosotros vivimos indirectamente en el refugio de una dictadura fruto de una victoria derivada de las divisiones que el gobierno actual parece querer avivar, justificable entonces, pues desgraciadamente hubo vencedores y vencidos, pero inadecuada y contraria a derecho en la actualidad y antidemocrática y totalitaria. Sumado todo a la situación económica es comprensible lo ocurrido. Aún quedamos muchos hijos de la postguerra y conocemos lo bueno y lo malo del franquismo como para caer en la trampa de otra dictadura sea cual sea su signo, su cara y sus “formas”.

De todo, pues, hay que tomar nota por parte de los políticos y propiciar el proceso que permita que se produzca el cambio que la ciudadanía desea y ha proclamado,  con mayor participación y libertad en la elección, respetando las formas y el derecho, o sea en democracia, con seriedad y sin demagogias.

QUE NOS ESCUCHEN

Con cierta frecuencia se señala la brecha que existe entre los ciudadanos corrientes y las instituciones políticas y sus dirigentes. Para ello se utilizan términos como falta de legitimidad, desafección o apatía que apuntan a que existe una dificultad creciente para que el ciudadano consienta el ejercicio del poder.

Puede parecer que nos hemos acostumbrado a que más de la mitad de los encuestados por el CIS otorguen a los partidos políticos una valoración entre 0 y 3 sobre 10 puntos; a que la satisfacción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales haya empeorado en los últimos años; a que España no ocupe la misma posición internacional en economía que, por ejemplo, en educación o en democracia; a que en la percepción ciudadana sobre la corrupción hayamos pasado en el ranking mundial del puesto 23 en el 2006 al 32 en 2010; a que la confianza política haya caído casi 20 puntos en los últimos quince años, siendo muy significativo el desplome desde 2004; a que para más de la mitad de los españoles la política esté asociada al sentimiento de desconfianza; o a que la Encuesta Social Europea nos sitúe en 2009 en el último país en interés por la política o en los puestos de cola en la confianza en los políticos y en los partidos políticos. También parece que aceptamos que lo anterior no tiene que ver con que casi la mitad de la población no esté satisfecha con el funcionamiento de la democracia; ni que esté relacionado con la existencia de unas tasas de abstención que en las elecciones locales superan la tercera parte de los votantes. Sin embargo, la conclusión es que nos encontramos en una democracia debilitada, que algunos de sus elementos están en riesgo y otros en crisis.

El Movimiento 15-M presenta varias lecturas necesariamente provisionales a los pocos días de su nacimiento. Puede ser que se trate de una explosión espontánea de irritación ciudadana convocada a través de las redes sociales en un momento de máxima atención política del país. Pudiera ser que se tratase de lo anterior y que grupos radicales que cuentan con organización y objetivos precisos pretendan capitalizarlo. También, claro es, caben las teorías conspiratorias. Es posible que el Movimiento se disuelva tras las elecciones, aunque también que perdure en el tiempo bajo otras formas.

Suceda lo que suceda el 22 de mayo, las percepciones de los ciudadanos sobre el sistema político seguirán estando ahí, como también lo estarán los hechos: cinco millones de parados, un paro juvenil que duplica la media de la UE y una crisis económica a la que no se ve la salida del túnel. La mezcla de percepciones políticas sólidamente consolidadas con los duros hechos económicos y sociales es la que hace que deba ser considerado muy seriamente el Movimiento del 15-M como expresión de un amplio descontento popular. Hasta ahora no se había producido una cristalización entre la desafección ciudadana por el ejercicio del poder y la desesperanzada realidad objetiva. Esto ha permitido a los partidos políticos ignorar a los abstencionistas y a amplias capas de población, especialmente jóvenes, que no se implican formalmente en la democracia, no reformar las reglas del juego político y no permitir la entrada de nuevas expresiones ciudadanas. Así, se ha pasado de la apatía privada a la irritación individual y de aquí a la movilización pública.

Es inevitable tratar de considerar quién gana en esta situación en términos políticos. Es probable que la parte organizada del Movimiento se alinee con la izquierda en su sentido ideológico. Así parece corroborarlo algunas de las propuestas iniciales y la adhesión de algún partido político. En esta hipótesis aparecería la identificación de los causantes de la crisis actual con el capital y a éste con la derecha. De esta manera, se produciría una dilución de la mayor responsabilidad por la gestión de la crisis, que corresponde al Gobierno, y compartirla con los partidos políticos y especialmente con el Partido Popular.

Con ser lo anterior de interés, no es lo más importante. La clave de las crisis se encuentra en cómo se afrontan por aquellos que son el sujeto de las demandas, en este caso el Gobierno y los partidos políticos. Hay mucha diferencia en considerar al Movimiento del 15-M desde una óptica de partido (quién gana con esta situación) y minimizar la realidad que está en la base de la protesta o fundamentarla sólo en la crisis económica manteniendo una posición defensiva ante cualquier tipo de cuestionamiento; asumir el compromiso de la apertura, la reflexión y el debate con los manifestantes; o aceptar parte de la culpa por la situación actual, reconocer los fallos del sistema y comprometerse a tratar de reformarlo. Existe un gran riesgo en términos políticos en la primera opción y una ganancia futura en la tercera.

Habrá que esperar a ver si el 15-M tiene incidencia en las urnas del domingo. Lo que sí tiene posibilidades es, de mantenerse la movilización, de influir en las próximas elecciones generales. Si esto se produce en cualquiera de los dos casos no será porque el Movimiento del 15-M haya sido capitalizado por una corriente determinada, sino porque conecta con el sentir de una parte significativa de la ciudadanía y porque los responsables políticos no han satisfecho sus demandas. Los ciudadanos reclaman un nuevo estilo de hacer política y cambios en el funcionamiento de la democracia. En un estudio español de hace pocos años sobre qué demandaban los ciudadanos de los responsables públicos, destacaba: “que, de verdad, nos escuchen”.

Publicado en El Imparcial el 20 de mayo de 2002