MI HEMEROTECA; El silencio de los perros

Ya que el ruido sigue siendo protagonista en la ciudad de Valencia y que tengo unas vecinas con dos perritos escandalosos, me parece oportuno incorporar un artículo que publiqué en el diario de las Provincias el 1 de agosto de 1994, con el título que indico arriba. Decía lo siguiente:

Hace ya cierto tiempo leí la noticia de que las Cortes Valenciana, o puede que algún departamento de la Generalidad, estaban preparando una normativa por la cual los dueños de los perros que ladren serán multados. Como vecino del Barrio de San José la cuestión me movió a risa y pensé que algún alto personaje debía estar siendo molestado por el perro del vecino. La frase se puede prestar a equívocos y me hace pensar que algunos vecinos pueden empezar a sentirse tratados peor que perros.

Si queremos vivir en paz y tranquilos, ya sabemos que nada podemos esperar de nuestras administraciones públicas, todo lo más que el Síndico de Agravios emita alguna "recomendación". La administración estatal no sabe, no contesta, no tiene competencia y, según ella, es el Ayuntamiento quien debe actuar. La administración autonómica dicta normas que fomentan la vida nocturna hasta altas horas de la noche.

El Ayuntamiento tiene la patata caliente entre las manos, junto con otras tantas de orden público, y es incapaz de solucionar la cuestión, por falta de medios y de competencia técnica.

Todas ignoran, en aras de dejar en mal lugar al partido político contrario o en coalición, lo que es la coordinación y la asistencia técnica a que obliga la ley y el bien de los ciudadanos. En este orden los principios constitucionales no se aplican, porque los funcionarios, y a veces los jueces, no sben ir más allá de lo que les indican los preceptos de meros reglamentos; ya que de la Ley del Ruido, como advertí en su día, nunca más se supo. Precisamente, estos días se está poniendo de relieve por expertos en el tema que el ruido excesivo es nocivo para la salud.

Mientras tanto, los vecinos pagamos los impuestos; no somos atendidos en nuestras reclamaciones; desaparecen servicios que teníamos en la zona y, en cambio, los vemos sustituidos por el único negocio que debe ir viento en popa:bares y discotecas. la policía local, desbordada y nerviosa, a buen seguro por asuntos derivados de esta permisividad horaria y del consumo de alcohol, ignora nuestras reclamaciones y hasta falta educación al hacerlo.

Y este es uno de tantos problemas. El deterioro es general; las leyes son papel mojado, y ello es evidente para el más lerdo. El "chupar del bote" expresión del tiempo de la dictadura, es hoy beber del tonel o tomar gambas, jamón de Jabugo y Vega Sicilia. Entre todos se están cargando la consolidación democrática. Se están conculcando derechos de los ciudadanos tan importantes como los que conculcaba la dictadura y se está provocando su añoranza. Los ciudadanos en las últimas votaciones parecen haber expresado que es necesario cambiar, pero las alternativas de poder deben de ser conscientes de que son los hechos los que realmente importan y que si todo continúa igual, la dictadura ya no será una añoranza; si no es que ya nos encontramos en otro tipo de dictadura; Problemas como el del ruido no son cuestiones banales, pueden provocar reacciones individuales desmesuradas o, incluso, de grupos que se tomen la justicia por su mano.

A todo esto, ya que los ruidos callejeros o provenientes de las personas no importan, hay que recordar que los perros son muy sensibles de oído, si nosotros los rodeamos de ruidos desmesurados, si los mantenemos intranquilos, ¿podemos multarlos si ladran? ¿qué haremos si, nerviosos, llegan a morder?

Han pasado 19 años y el ruido en la calle ha mejorado bastante; los horarios de cierre funcionan mejor; la policía tiene un trato amable cuando se reclama, otra cosa es que pueda ser todo lo eficaz que se desearía. Pero el control previo en la apertura de los bares ha desaparecido y la inspección y control no funciona bien; por ejemplo, ahora tenemos un pub o pequeña discoteca a la que veo acudir muchos sudamericanos, los fines de semana, muy jóvenes, incluso hay niños de pocos años, y que me dicen que provoca molestias hasta bien avanzada la madrugada. El ruido se traslada a los pisos residencia de estudiantes. Hace unas semanas tuvieron que ser desalojados 135 estudiantes, de Erasmus, de uno de los del barrio en el que habían montado un botellón, ante el estupor de vecinos y policía. Las terrazas y el momento posterior al cierre de los bares son causa de tertulias callejeras, gritos y canciones de las que, como es lógico el bar se desentiende; otros bajan la persiana y la juerga sigue a puerta cerrada. En fin, hay cambios en la cuestión y los hosteleros de verdad protestan por el botellón que ahuyenta a su clientela que no puede dormir allí donde aquél prospera. Las convocatorias de botellones masivos por internet y móviles incide en la actuación policial dificultando sus actuaciones y expandiéndose las molestias a toda la ciudad. Y ya para el día 6 del mes de marzo 600 carpas (envelats en valenciano), según leo, empezarán a ocupar las calles de Valencia para el bebercio, comercio y juerga musical de los aficionados en la materia, por si no bastaba con que los tradicionales y simples casales falleros extiendan su actividad a todo el año y hayan sido objeto de cierres por molestias a los vecinos.  Hay crisis, sí, pero la fiesta ha de continuar y una semana no es suficiente. En general, pues, la decadencia no cesa y la educación no mejora.

LOS HOSTELEROS Y EL BOTELLÓN

En diversas ocasiones me he referido al Barrio de San José y la lucha mantenida contra el ruido por sus vecinos. También he criticado las acciones del Ayuntamiento valenciano respecto del ruido y del botellón y algunas concretas posturas en las que el tema se presentaba como un problema a solucionar entre vecinos y hosteleros, con clara renuncia municipal al ejecicio de sus potestades en cumplimiento de lo legislado y ordenado. Igualmente, he puesto de relieve que el peso de los intereses económicos primaba o prevalecía sobre los intereses y derechos del simple ciudadano.

La actuación municipal en Valencia ha, durante muchos años, considerado, a mi parecer, que la movida nocturna era uno de los atractivos de la ciudad y supongo que una fuente de ingresos. El apoyo municipal a los hosteleros es manifiesto y un hecho como la ampliación de las aceras y de los chaflanes de las calles para dar cabida a mesas de bares y restaurantes, en cualquier zona y no sólo en centro o en calles patonales, ha supuesto en estas fechas un incremento de presencia de gente y ruido en las calles, mitigado por los horarios establecidos. Muchos de los locales pueden sobrevivir gracias a esta ocupación de dominio público, sin ella los mismos no tendrían la capacidad necesaria para obtener ingresos suficientes. Bien, nada que oponer si los horarios se cumplen, si los locales son verdaderos restaurantes y si la vigilania policial impide que se establezcan, después de los horarios reglamentarios tertulias callejeras, gritos, ruido de coches y motos, etc., aunque parezca que en la ciudad ya no puede prosperar otro tipo de negocios. Mucho habría que decir, además, del cumplimiento de los requisitos sanitarios y de higiene y de manipulación de los alimentos en muchos de los locales.

Pero, además, es que el Ayuntamiento, parece querer abarcar todos los frentes de modo que nadie quede descontento, que es la forma de no dejar satisfecho a nadie y ,desde hace bastante tiempo, en contra de las leyes que prohiben el consumo de alcohol en la calle, se muestra impotente para impedir el botellón y se acaba por tolerarlo y establecer ligeras medidas destinadas a evitar los efectos peores que se pueden producir en plena borrachera generalizada, como son las peleas y los daños personales. Los barrios de la ciudad sufren un botellón que va trasladándose u ocupando determinados parques y zonas de carácter amplio, alrededor de las cuales florecen locales que ofrecen la bebida gratis en busca de un beneficio fácil. Pero esta situación ya no afecta sólo a los vecinos, a los valores de sus viviendas en la zona y la contribución que por ellas pagan, desorbitada ante el "servicio" que les presta el municipio, sino que los hosteleros más profesionales empiezan a ver que sus negocios también resultan afectados y que los impuestos que pagan son verdaderas cargas frente a la permisibilidad para aquellos que, en cambio, contravienen buena parte de leyes y reglamentos. Así es noticia , lo leo en Las Provincias, que algunos hosteleros en el Barrio de San José están dispuestos a colaborar en la lucha vecinal y que consideran una vergüenza el comportamiento de los jóvenes en las zonas afectadas por el botellón y limítrofes.

Bienvenida sea esta postura, sólo queda que el Ayuntamiento se entere de una vez y considere que la basura no es sólo la que se vierte en los contenedores sino que hay que evitar conductas impropias de personas civilizadas y educadas y que no todo es sector económico sino que hay que contribuir a mantener los valores y principios sociales y que la educación no es sólo una función administrativa de las escuelas y colegios. Que se suele saber como se empieza pero no se puede prever como se acaba. Mucho hay de criticable en la actividad municipal sin perjuicio de los efectos positivos que algunas actividades de ocio y acontecimientos deportivos o mejoras de la ciudad puedan producir. Al lado de todo ello hay barrios que se deterioran claramente por permitirse una excesiva concurrencia de actidades molestas.

ADMINISTRACIÓN Y HORARIOS (II)

La segunda conclusión enlaza además con otra de las líneas de modernización administrativa a nivel mundial: la concepción de la Administración de manera integrada, coordinada, en su conjunto, como una sola pieza o, como ha dicho la Directora General de Familia, transversal. Esto significa que el departamento de Calidad y el de Función Pública tienen que saber que sus decisiones afectan al de Familia. Si la Directora General de la Función Pública negocia la jornada del colectivo de 90.000 empleados públicos o si se cambian los horarios de atención al ciudadano desde la Dirección General homónima todo ello afecta a numerosos trabajadores del sector privado y a ciudadanos en general que deben adaptar sus horarios a la Administración en su calidad de proveedores, contratistas o usuarios de los servicios públicos de la Comunidad de Castilla y León. Además, hay que considerar el efecto emulación del resto de los sectores de actividad y de los convenios colectivos del sector privado.

Si se desea actuar sobre los planes de apoyo a la familia como parte de un plan de conciliación en que se integre la racionalización de los horarios, es necesario revisar la política fiscal, las prestaciones de la Seguridad Social, la conciliación de la vida familiar y laboral, la política de vivienda, favorecer el acceso de la familia a las nuevas tecnologías, la revisión de los derechos de familia, etc. Es decir, si se desea modificar los horarios, es necesario abordar numerosas políticas sociales y económicas de manera conjunta. Esto explica la gran dificultad de modificar los horarios, porque es preciso aportar soluciones en aspectos tan concretos, como son los señalados en la investigación realizada: desarrollo de servicios de orientación y mediación familiar, apoyo a las familias en situaciones especiales, fomento de la participación social y acceso a la cultura de las familias, protección a familias numerosas, plan de igualdad de oportunidades, planes de empleo y programas de coordinación interadministrativa. Mientras se aborde desde un enfoque sectorial es difícil que se avance en la conciliación de la vida profesional, familiar y personal. Esto implica necesariamente que, como sucede con cualquier problema político o social, la conciliación entendida de una manera integral debe estar en la agenda política al más alto nivel, y debe ser una preocupación política de primer nivel. Como señalaba el Presidente de la Comisión Nacional, hasta la adopción del euro pasaron cuarenta años, y se implantó cuando pasó a ser una política prioritaria de los integrantes de la Unión Europea, cuando figuró en su agenda. Hoy la conciliación de la vida profesional, familiar y personal no está en la agenda política española.

La tercera conclusión de la investigación está relacionada con la cultura y trata de responder a la pregunta ¿por qué cuesta tanto lograr la conciliación? A la vista de las iniciativas publicitarias y normativas de los gobiernos pudiera parecer que la realidad ya ha cambiado, o al menos se va en el buen camino. Sin embargo, el dato que ofrece la investigación de que el 43 % de las empresas creen que las responsabilidades familiares limitan el rendimiento laboral, especialmente de las mujeres, parece mostrar todo lo contrario. Esta opinión es muy probable que se halle fundamentalmente anclada en el nivel de las creencias, lo que significa que resulta difícil de desarraigar, al menos, solo con publicidad y medidas más o menos cosméticas. Esto nos lleva a que es preciso cambiar la cultura, y no sólo en la Administración.

La Administración tiene la capacidad de transformar la sociedad a través de las políticas públicas, lo que no es posible en las sociedades avanzadas es que esto que lo haga solo el sector privado. Una política pública destinada a conciliar el trabajo con la vida laboral y familiar debe conllevar en su interior una voluntad inequívoca de transformar la sociedad en un sentido determinado, en el sentido en el que se pretenda resolver el problema planteado. Si esto no se ha conseguido hasta ahora puede ser debido a que no se haya definido correctamente el problema, a que las medidas implementadas no sean suficientes o no estén alineadas correctamente para solventar el problema planteado o a que no exista suficiente impulso político para llevar a cabo con éxito la política emprendida. Es muy probable que la falta de éxito de la racionalización de los horarios se deba a que el problema no esté correctamente definido –se trata más del derecho a conciliar que de racionalizar horarios-, los medios puestos a disposición para resolver el problema sean escasos –la Comisión Nacional no tiene medios propios ejecutivos, ni un volumen organizativo que garantice el cumplimiento de los objetivos asignados, ni está conectada con los organismos públicos competentes en la políticas implicadas- y la voluntad política, el liderazgo político, es de insuficiente rango y no ha logrado situarse en la agenda política del Gobierno.

La cuarta conclusión de la investigación es que la cada vez más abundante normativa en materia de conciliación de la vida laboral en los ámbitos privado y público se dirige, o es aprovechada esencialmente por las personas que siempre han conciliado, las mujeres, lo que provoca el efecto no deseado de reforzar el estereotipo cultural femenino, especialmente en el mundo laboral. Así, se observa un incremento de la conciliación, pero está lejos de ser equitativa si atendemos a la variable sexo. Se puede afirmar después de la investigación realizada que existe un efecto perverso en las políticas legislativas y de fomento de la conciliación al reforzar el papel cultural de la mujer en su papel de atención a la familia y a los dependientes. Pudiera parecer que las medidas adoptadas no van tanto a transformar las creencias sociales que impiden que se produzca la conciliación en todos los ámbitos, como a atender otras cuestiones como la “igualdad de género” o la introducción de algunas medidas de flexibilidad laboral.

Según fijemos el problema político a resolver, así se deben establecer los medios para resolverlo. Básicamente, hasta ahora lo que se están poniendo son algunos medios, más bien escasos, para resolver la conciliación entre la vida laboral y familiar de la mujer. Se parte además de la fundamentación teórica de que los acuerdos en la sociedad civil y el mercado serán los impulsores del cambio social propuesto, en este caso el logro de la conciliación. Esto sería largo de rebatir, pero baste señalar que esto sucede en contadas ocasiones y en el caso que tratamos, después del tiempo transcurrido, no parece que vaya a ser una de ellas. Es necesaria la inclusión del problema, definido de una manera precisa, en la agenda política, en los términos aceptados por el poder público, para que pueda abordarse con una mínima garantía su resolución. Finalmente, el actual planteamiento de la racionalización de horarios descansa en que el papel del Estado en la sociedad debe ser residual, algo que, por poner un caso reciente, la grave crisis actual esté rebatiendo con hechos contundentes y con enormes cantidades de dinero público.

Otra conclusión derivada de la investigación es que la flexibilidad de horarios y la conciliación laboral no afectan por igual si nos atenemos al nivel de renta. Los que tienen dificultades para conciliar son las familias con niveles medios de renta y los que viven en determinados lugares geográficos. Esto nos lleva de nuevo a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el paradigma unitario, que no es necesariamente igualitario, dominante en el ámbito público. Esto significa que en esta cuestión, como en tantas otras, la Administración no debe prestar el mismo tipo de servicios a toda la población ni utilizar los mismos recursos al abordar una misma política pública.

La investigación muestra otra serie de datos interesantes, como que a mayor nivel de ingresos existe una menor obligación de asumir personalmente adultos en situación de dependencia. Por otra parte, las personas con estudios primarios y sin actividad profesional remunerada son las personas que en mayor proporción han reconocido las obligaciones de la dependencia, mientras que los individuos de niveles medios y altos no lo han hecho, ya que esperan que lo haga el Estado o, si tienen ingresos suficientes, el mercado. Las mujeres, en un 61,8 %, se ocupan de las personas dependientes, tres veces más que los hombres. La dificultad del acceso de la mujer al mercado de trabajo entre los 30 y los 45 años viene causada por ocuparse de las obligaciones familiares; esta es una razón de que España tenga una tasa de población activa femenina de las más bajas de Europa. El 40 % de los encuestados, mayoritariamente mujeres, que solicitan jornada parcial lo hacen por obligaciones familiares. Las horas extraordinarias aumentan cuando se tienen personas dependientes y se produce una grave correlación: cuanto más personas dependientes se tenga al cargo de uno, más horas extraordinarias se realizan, siendo el colectivo de los separados/as, divorciados/as el que más horas extraordinarias realiza.

En resumen, la cuestión de los horarios o de la conciliación no afecta igualmente por edad, sexo o nivel de estudios, y tampoco lo hace si atendemos a la condición familiar. Esto implica necesariamente que la aplicación de programas concretos deben ser sectorializados atendiendo a estas variables. De igual manera, los horarios de atención al público deben de tener en cuenta estos condicionamientos tan importantes si lo que se desea es atender de forma igualitaria a los ciudadanos. Así, por ejemplo, no es lo mismo atender al público en Salamanca que en un pueblo de la sierra, ya que los ciudadanos no tienen los mismos horarios o, por ejemplo, no comen a las mismas horas. Otro dato: los que tienen personas dependientes a su cargo acaban la jornada laboral entre las 14.30 y las 16.00 horas, y el resto entre las 20.30 y las 22.00 horas.
La investigación, en fin, nos muestra que la medida de conciliación más valorada es la flexibilidad y que en caso de haber tenido mejores horarios, las mujeres hubieran tenido más hijos. Llegados a este punto, es evidente que ya no estamos hablando de racionalizar horarios, sino de la conformación de un determinado modelo social, de un modelo de derechos, de la organización de los recursos humanos y materiales de la Administración para satisfacer esos derechos y del papel que debe adoptar la Administración Pública en conformar la Administración y la propia sociedad de una manera determinada para poder solventar los problemas que se han ido exponiendo. Hablamos de que hay una serie de disfunciones graves socialmente que la Administración tiene que abordar y debe abordarlas de forma sectorializada y adaptativa, conforme a un nuevo paradigma que se basa en la concepción del ciudadano como un sujeto de derechos y obligaciones, en los términos someramente expuestos. Esto supone la creación de una Administración flexible que considera al ciudadano como el referente de actuación desde su perspectiva, entendiendo lo que es un ciudadano plural, diverso, fragmentado y que solicita sus servicios a demanda. Muchas gracias.

Intervención realizada en la Jornada "La Administración sin restricción de horarios" organizada por la Junta de Castilla y León. Salamanca, 17 de junio de 2009.

ADMINISTRACIÓN Y HORARIOS (I)

Cuando se me invitó a realizar una breve intervención sobre modernización administrativa, hablé con la Directora General de Familia para tratar de ver el enfoque con el que relacionar este tema con el general de la Jornada, que es el de una Administración sin restricción de horarios. La suerte ha venido en mi ayuda porque hace un año aproximadamente terminamos un trabajo de ámbito nacional que dirigí para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales denominado “El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares”, cuyo objeto era la familia ante el mercado de trabajo, en el que se abordaba la conciliación entre vida profesional, familiar y privada, el empleo y la mujer y las nuevas formas de trabajo. Para este trabajo utilizamos toda la información disponible sobre estas materias y ahora puedo exponer algunas de sus conclusiones relacionadas con el objeto de esta Jornada.

La primera reflexión que podemos hacernos es por qué las Administraciones públicas en los últimos años se están orientando a formular políticas de conciliación laboral y de racionalización de horarios y qué tiene que ver esto con la modernización administrativa. Existe un importante consenso internacional sobre las grandes líneas de reforma de las Administraciones públicas y sobre las relaciones entre Administración y sociedad. A este consenso se suman no solo los académicos, sino los grandes organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, así como las instituciones supranacionales, como la Unión Europea, y nacionales, a través de los diversos organismos competentes en los procesos de modernización administrativa. De esta manera, podemos señalar algunas ideas aceptadas en este campo.

La primera de ellas trata de cambiar la forma de denominar a las cosas, con el fin de alterar el significado de viejos conceptos. Alguno pensará que este hecho no supone una gran novedad, pero sí que lo es. Si nos fijamos en la denominación de la Dirección General de Calidad, ésta se llama de manera completa “de Atención al Ciudadano”. Podría haberse llamado de atención al cliente o al administrado, o de atención pública o de servicios públicos. La elección de “Atención al Ciudadano” significa que la Junta de Castilla y León asume al usuario de los servicios públicos como sujeto de derechos individuales, políticos y sociales, este, y no otro, es el significado filosófico, jurídico e histórico de la palabra “ciudadano”. Por el contrario, un cliente tiene derecho a lo estipulado en la transacción comercial con la persona o entidad que le está prestando un servicio o entregando un producto. Así, si entramos en un centro comercial tenemos derecho a que se nos preste, bajo pago, un servicio como es comprar una botella de agua, pero no tenemos derecho a participar en sus decisiones, ni a intervenir en la forma en la que lleva el negocio. Como ciudadanos, cuando interactuamos con la Administración para que nos preste un servicio del tipo que sea, tenemos derecho a participar en la elección de los responsables políticos finales del mismo y a pedir cuentas o incluso a participar en la fijación de los criterios por los que va a funcionar el servicio, que son, o deben serlo, distintos a los que rigen las relaciones comerciales. La diferencia entre cliente y ciudadano, como se puede apreciar, es notable.

Mientras estaba escuchando al presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, pensaba por qué seguimos con los horarios de siempre en España después de seis años de actividades de dicha Comisión. La clave creo que puede estar en que se sigue hablando de horarios y no de derechos. Si nos situamos en los primeros, lo normal es que nos movamos en las singularidades culturales de los países y en la comparación entre los mismos. Si se me permite, creo que esto es enfocar mal el problema. Éste no es que sea más o menos racional comer o dormir a unas horas, sino que realmente se trata de derechos: a conciliar nuestra vida laboral con la familiar y la personal, a tener un ámbito, un derecho, a desarrollarnos como personas y como miembros de la sociedad, y a dedicar más tiempo a la familia, a nosotros mismos y a la sociedad. Definido así, el problema adquiere otra dimensión y permite que pueda intervenir la Administración, ya que si se trata sólo de horarios, es fundamentalmente un problema del mercado, de empresarios y trabajadores que irán resolviéndolo, o no, mediante los correspondientes acuerdos.

Por tanto, la primera idea sobre los procesos modernizadores de las Administraciones Públicas afecta a su papel en la sociedad, y concibe a la persona como ciudadano, como sujeto de derechos y obligaciones y a la Administración Pública como garante de los mismos. De esta manera, la principal diferencia entre la Administración pública y una eorganización privada es que el fundamento, el fin y la misión de la Administración es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que no corresponde a ninguna otra organización ni al conjunto del resto de las organizaciones. Estas pueden prestar servicios, algunos en competencia con la Administración, fabricar productos e incluso pueden no buscar el beneficio empresarial, pero los ciudadanos no las legitiman para que garanticen sus derechos y libertades y no pueden imponer obligaciones a los ciudadanos si no es a través del poder público. Este fortalecimiento de la idea de ciudadano, como sujeto de derechos cada vez más amplios, es la que relaciona los procesos modernizadores de las Administraciones públicas con las políticas destinadas a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

El ciudadano actual se siente contribuyente, co-conformador de la sociedad en la que vive y sujeto democrático y de derechos y obligaciones. Esto explica que el ciudadano sea cada día más exigente con la Administración pública porque lo que solicita no son exclusivamente servicios o prestaciones, sino unos derechos que sabe que le pertenecen. Es la propia Administración quien se los otorga formalmente, la que normalmente los hace efectivos y es ella la que debe dar cuenta de su cumplimiento a los propios ciudadanos. El ciudadano vive en una comunidad política de derechos y responsabilidades y en esa comunidad el papel esencial de los gobiernos es establecer las reglas políticas y legales, equilibrar intereses, asegurar el respeto de principios democráticos y de justicia social. Éste es el papel que tienen realmente las Administraciones Públicas y sus gobiernos. Esto pasa por tener Estados sólidos, por Administraciones fuertes, no necesariamente grandes, conscientes de cuál es su fin. Así, por ejemplo, el papel de la Administración en una negociación colectiva no es el mismo que el de la llamada parte social. Esto es debido a que los sindicatos de empleados públicos no tienen entre sus fines y obligaciones defender los derechos y libertades de los ciudadanos, englobados en el término más genérico de interés general. Esta diferencia se fundamente en la distinta legitimidad de unos y otros. La de la Administración es de tipo democrático y responde a través de sus órganos políticos directamente ante los ciudadanos; la de los sindicatos se basa en la audiencia obtenida y en la capacidad de representar exclusivamente a sus afiliados.

La segunda idea se refiere a la revalorización de la ética pública. Cabe hacerse la pregunta de por qué proliferan los códigos éticos y los códigos del buen gobierno en los más variados niveles gubernamentales. El ciudadano es sujeto de derechos y desea evaluar a sus dirigentes y a sus instituciones públicas con el fin de obtener mejores resultados de lo que aporta al sistema político-administrativo en términos fiscales, sociales y políticos. Estos códigos suponen un nuevo contrato social entre los dirigentes políticos y administrativos y los ciudadanos más allá de los contenidos formales de las leyes. Suponen por un lado, la ampliación de los derechos ciudadanos y, por otro, la limitación del poder político y de sus integrantes, al a vez que una mayor conciencia ciudadana de la vida en comunidad.

La tercera idea aceptada es la necesidad de reforzar la participación ciudadana. Podemos constatar la tendencia en España a crear órganos específicos en las comunidades autónomas con el rango de direcciones generales e incluso viceconsejerías de participación ciudadana. De esta manera se suman a la casi generalizada existencia en los ayuntamientos españoles de cierta entidad poblacional de concejalías de participación ciudadana, que cuentan en muchos casos con programas muy avanzados. Esto se produce porque el ciudadano se siente con derecho a co-conformar las decisiones públicas, al menos en los ámbitos que le son más cercanos. Ésta es una tendencia ampliamente extendida en el mundo. Hasta aquí las notas más relevantes en la actualidad de las corrientes reformadoras en el ámbito público. Paso a continuación a tratar la cuestión de la Administración sin restricción de horarios.

Entre las conclusiones de la investigación “El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares” se pueden extraer la siguiente: existe una gran diversidad de destinatarios y agentes implicados en la conciliación, como ha señalado el presidente de la Comisión Nacional. Cuando hablamos de conciliación estamos hablando de miles de empresas, de millones de trabajadores, de núcleos de población desde veinte o menos habitantes a tres millones y medio, por lo que no se puede hablar de uniformidad. Esto implica que hay que tener en cuenta las múltiples situaciones en las que se puede encontrar cada individuo, que son muy distintas. La Directora General de la Función Pública señalaba que la Junta tiene implantada la jornada flexible, pero aún así no será lo mismo trabajar en Valladolid que hacerlo en una oficina de servicios sociales en una población que tenga cuatro mil habitantes. En un caso y en el otro la flexibilidad no tiene el mismo significado. De aquí que haya que adecuar las políticas públicas sobre conciliación a las características de cada empresa, de cada situación o de cada ámbito. ¿Qué puede hacer la Administración desde la perspectiva de la modernización administrativa? Debe cambiar de mentalidad, de paradigma cultural, de una cultura uniforme a una cultura adaptativa, a una cultura a demanda. En la actualidad cada vez hay más servicios a demanda. Tómese como ejemplo el pay per view de la televisión, frente a emisiones cerradas por el programador; los canales temáticos frente a los generalistas; la confección de una programación personal de audio y de video a través del podcast; las comunicaciones de la Administración a través de SMS previa demanda individualizada; la enorme gama de posibilidades de interacción que ofrece la Web 2.0, etc. Por lo tanto, no estamos ya ante una realidad uniforme, y Castilla y León no es uniforme ni territorial, ni económica, ni demográficamente.

Intervención realizada en la Jornada "La Administración sin restricción de horarios" organizada por la Junta de Castilla y León. Salamanca, 17 de junio de 2009.