VALORES , DERECHO, AMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD

 Me preguntaba, en estado de ánimo decaído, sobre qué escribir en nueva entrada de este blog, ya que pienso que lo aprendido por mi parece que no vale, que hay otras cosas, e influye en ello la reciente sentencia de Tribunal Constitucional y la reforma proyectada del poder judicial o jurisdiccional.

Acudo, para encontrar tema e inspiración, al libro Estudio de la Administración Pública de Dwight Waldo, que era de actualidad en mi todavía juventud, y me hace recordar que un tema central del libro era poner de relieve que la separación entre política y administración no era realidad. La afirmación a mí se me presentaba en el estudio de la Ciencia de la Admistración y no tanto en el Derecho Administrativo, en el que existía la pretensión de actuar al margen de la política y así no se indagaba el orígen o formación de la ley; sobre todo porque no había Constitución por encima.

El caso es que ojeando el libro veo su capítulo VI dedicado a El problema del valor en el estudio administrativo. Y así dice que para los que consideraban la separación entre Administración y Política no existía problema de valor. Y empiezo a comprender que, dado el actual predominio político y la tendencia hacia la dictadura o poder absoluto del Ejecutivo, no existen valores sino hechos y sin necesidad de cambios la Constitución se nos cae por si sola. Lo que importa es la política o tendencias políticas de una mayoría, que puede formarse al gusto del que manda, ya que la ética no es algo cuya existencia sea comprobable, no es un hecho y es un valor y además adaptable a cada individuo y a su interés. Y así también el interés público no es un hecho comprobable y se nos cae el Derecho administrativo como ciencia y la Política como hecho moral, y no existen valores aunque el Derecho y la Constitución los recoja.

Preside nuestra vida un marcado positivismo que produce corrupción, que puede siendo general, que si es un valor lo es de unos y no de otros, de modo que el Derecho es simplemente interpretable como valor a conveniencia.

Y así también llego a lo que es mi idea de que la Administración debe ser estudiada desde distintas ciencias y abarcar,  más allá del hecho, la metafísica. Con lo que nunca se puede dejar de estudiar y pensar y ahí está el verdadero progresismo. Quizá todo sea un hecho sociológico.

Me educaron con valores y por eso hierro tan a menudo, ya no importan.

MICHELS, LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Final

Todo el  contenido del libro de Michels , sobre los partidos políticos y la tendencia a la oligarquía, es trasladable a todas las organizaciones. Es posible, ante su extensión, que haya dejado de percibir si hay un análisis del comportamiento de los partidos gobernando el Estado, pero es suficiente para conocer cómo es o será, en cuanto ya hemos señalado que entre las finalidades de los partidos está el alcanzar el poder y más adelante transformarlo en dominación. Y todo se relaciona: la organización, la norma y la burocracia que las gestiona, instrumento de dominación como nos muestra Weber. Y como raíz principal la aparición de una oligarquía que aleja a la masa de ese poder y dicha oligarquía se convierte en su representante y la masa  acaba participando sólo a través del voto, previa despersonalización de la individualidad y personalidad y a través de medios y propaganda que lleve a la reacción en masa que prefiera la subsistencia de la organización de partido y su oligarquía, simplemente para evitar que otra oligarquía la sustituya. Y ya expusimos lo dicho por Seymour Martin Lipset, en la introducción al libro, sobre la incompetencia de la masa y su menor ilustración y educación que los líderes.

En ese análisis organizativo, Michels, recoge palabras de Ernst Günther en una obra de 1906, el cual nos dice algo cierto en bastantes organizaciones, su burocracia o miembros y su deseo de permanencia en las mismas, con el deseo de seguir su actividad o vocación. Y dice Michels, que junto a buenos críticos de las cuestiones socialistas: Günther, se ha esforzado en explicar el hecho de que personas de reconocida capacidad y valor hayan preferido someterse a la voluntad partidaria más bien que romper completamente con la organización, sugiriendo que si hubieran decidido otra cosa habrían puesto en peligro su existencia política y habrían renunciado a la <<posibilidad de continuar representando de manera eficiente los intereses de los obreros>>.

Creo que esta tendencia es cierta, pero hoy es base de corrupción pues en las organizaciones políticas la reconocida capacidad y valor es rechazada, ya que en un momento dado surge el espíritu crítico y la oposición a determinadas decisiones, hechos posibles en cuanto ese valor permanezca como tal y no se tergiverse en pro de la permanencia. También caben cuando el partido se descentraliza, ya que algunos de los líderes del centro separado puede ver con las decisiones del centro peligrar su poder.

De otro lado, esa tendencia se pone en conexión con el hecho de que produce una asociación estrecha de la propia existencia económica con la dependencia del partido u organización, lo que lleva a proclamar la necesidad de recibir una retribución. Y Michels dice: La dependencia financiera del partido, es decir de los líderes que representan a la mayoría, traba la organización como con cadenas de hierro.

Pero en esas reflexiones Michels distingue entre los diputados que son sostenidos por el partido de aquellos que son remunerados por el Estado, considerando que los primeros adquieren un sentido de dependencia de la propia organización partidaria, mientras que los segundos sienten que son parlamentarios por encima de todo, aún cuando deban su elección exclusivamente al partido socialista. Claro, vista nuestra situación, discrepo, pues el parlamentario de un modo u otro depende del partido e incluso si quiere permanecer en su ejercicio, no se siente o no es individuo e incurre en su conformación como masa de partido, aún cuando sea líder y capaz, votando lo que quiere el partido y no según el interés público o estatal, ya que el partido se considera representante del interés público y se identifica partido, gobierno y Estado, Lo estamos viendo. 

Y voy a acabar, sea como sea el partido necesita estar financiado y en cuanto crece necesita más por lo que llega a la corrupción, primero pidiendo al Estado que le subvencione, luego, cuando gobierna, haciendo crecer la organización, estructurando la  administración pública y  aumentando el número de parlamentarios, con el único fin de crear puestos para sus partidarios o para comprar voluntades o para que sus fieles colocados en puestos en los que prima la contratación pública consigan una contribución de empresas para obtener el contrato, incluso se crean empresas al efecto. 

Tal es la situación que realmente, salvo que se trabaje en serio en las comisiones parlamentarias, bastaría con un representante por partido. Únicamente percibimos unanimidades parlamentarias para aumentarse sus retribuciones.

En tanto el poder judicial no está financiado del mismo modo pues la justicia no interesa como tal, sino en cuanto se le pueda hacer dependiente, de modo que la carrera de los magistrados depende de la propuesta y acuerdo de los partidos que piensan en la tendencia política de los candidatos. Sin embargo no cuenta con medios y, en consecuencia,  resulta lenta e ineficaz.

Muchas cosas pueden extraerse de la obra de Michels pero no acabaría de poner citas que explican no sólo el liderazgo en los partidos y la tendencia oligárquica, pues esa oligarquía no significa el liderazgo de los mejores.

De la oligarquía y su liderazgo se pasa al dominio de la organización y con el fin de dominar el Estado, y, de todo ello, a la corrupción y la expropiación del fruto del trabajo del ciudadano independiente de forma desproporcionada e inconstitucional. Y de la corrupción e ilegalidad a la decadencia.

La democracia, si se considera la mejor de las opciones de gobierno, ha de ser cuidada plenamente y ese cuidado depende de la condición de las personas, su capacidad, ética, moral e independencia. Y hoy como ya he dicho parece una utopía imposible.

Por lo menos para que sea mejor hay que ser consciente de lo principal sobre lo superfluo o secundario, y del modelo en el que estamos.

MICHELS, LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS II

Es indudable que hoy los partidos políticos son los principales instrumentos de acción política y ellos vienen a configurar básicamente el gobierno y el poder legislativo. Hoy es tal su presencia que frente a las diferentes "cracias" posibles se ha impuesto el término o neologismo de la partitocracia o partidocracia para cuando son los partidos políticos los que dominan los órganos básicos del estado e imponen su voluntad.

Frente a la dictadura franquista que los eliminaba considerándolos un mal para España, junto a los nacionalismos y los sindicatos, hoy su tendencia es autocrática y oligárquica, que corrompe a la democracia y domina de un modo u otro a los ciudadanos que van cada día dependiendo más del partido o que le sirven incondicionalmente. Muere la individualidad, la personalidad y el sistema de mérito y capacidad que ya sólo, formalmente, resta constitucionalmente, para la Administración pública. Y taxativamente en la misma Constitución se nos dice que La justicia emana del pueblo y se administrará en nombre del Rey por Jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independiente, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por lo que cualquier intento de dominarla por el resto de los poderes o por los partidos políticos directamente o a través de un politizado Tribunal Constitucional es un hecho inconstitucional de primera magnitud.

Artículo 117. 1 que a mi ver hay que poner en conexión con el artículo 9 considerando, como consecuencia, el término ley en su sentido completo de ordenamiento jurídico y Derecho, pues de no ser así puede anularse su capacidad de relación de unas normas con otras y de su mayor o menor conexión con los principios fundamentales de la Constitución, a través de un legislativo dominado por el partido la ley sería la  querida por el partido o partidos e indirectamente se dominaría al poder judicial sin perjuicio de que más allá de las incompatibilidades los jueces y magistrados muestren sus diferentes tendencias políticas, con los inconvenientes que puede presentar. Hoy vemos jueces ocupando cargos políticos y designados por el partido de turno. Así, creo pasan a ser parte no del Cuerpo judicial sino de la oligarquía dominante.

Michels nos avisa: La forma externa democrática que caracteriza la vida de los partidos políticos bien puede enmascarar - para los observadores superficiales- la tendencia hacia la aristocracia, o, mejor dicho, hacia la oligarquía que es propia de toda organización de partido. Si queremos comprender esta tendencia, el mejor campo de observación nos lo ofrece la estructura íntima de los partidos democráticos y, entre ellos, el partido socialista y laboralista revolucionario.

.....De este modo, la aparición de los fenómenos oligárquicos en el propio seno de de los partidos revolucionarios es una prueba terminante de la existencia de tendencias oligárquicas inmanentes en todo tipo de organización humana que persigue el logro de fines definidos.

Dada la importancia política de los partidos elementos principales de la participación ciudadana, su oligarquía se presenta en el resto de poderes y la democracia deriva hacia la misma. De otro lado, vemos que sus fines reales son el poder y su conservación y su financiación conducente a la corrupción.

Para conocer las consecuencias o derivaciones que pueden producir las diferentes combinaciones de las formas de gobierno, Aristóteles nos ofrece en el libro séptimo de su obra La Política, bajo el título " De la organización del poder en la democracia y en la oligarquía" puntos esenciales para comprender y entender. Y así nos dice: Hablemos, en primer lugar, de la democracia, y nuestras explicaciones bastarán para hacer comprender bien la forma política diametralmente opuesta a ésta y que comúnmente se llama oligarquía.

Así, pues, si resulta que nos domina una oligarquía y que además la misma es tendencia en cualquier organización, cabe preguntar si la democracia es una utopía o una ensoñación y que, puestos a que una oligarquía domine la política, es mejor que sea de personas formadas y preparadas intelectualmente, técnica y moralmente, cuestión totalmente alejada de la que se nos muestra en la actualidad.

MICHELS, LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los últimos momentos que vive España y el modelo democrático constituido vengo diciendo que son graves y cada día se hace más evidente, por eso una vez más busco fuentes de inspiración para seguir escribiendo en este blog y acudo a Robert Michels y sus estudios sociológicos en 1915, sobre los partidos políticos y las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Y ello porque hoy, no sé si más que nunca los partidos políticos son protagonistas en la situación actual,

En el prólogo ya nos dice: Desenmascarar y formular en detalle el complejo de tendencias que se oponen a la realización de la democracia son cuestiones de dificultad suma. Podemos intentar, sin embargo, el análisis preliminar de ellas. Encontraremos que son clasificables en tendencias que dependen: 1) de la naturaleza del ser humano; 2) de la naturaleza de la lucha política y 3( de la organización, La democracia conduce a la oligarquía y contiene  necesariamente un núcleo oligárquico.

Si pienso en el núcleo o núcleos que aparecen en España, ante los hechos lo hago principalmente en los partidos políticos y básicamente en el que gobierna y sobre todo por sus tendencias autocráticas. en su larga Introducción Seymour Martin Lipset se refiere a la <<incompetencia de las masas>> y a las dificultades de participar en las decisiones y en un momento dice: "El poco interés y la escasa participación obedecen también, al hecho de que los miembros de toda organización de masa tienen por fuerza, menos educación e ilustración general que los líderes" Habría mucho que oponer respecto de la ilustración de los líderes y pensar en cambio en la que tengan sus equipos asesores, capaces de aprovechar lo que autores como Michels nos han mostrado, para utilizarlo. Por ejemplo, cabe pensar si el participar o no depende e la educación o ésta provocara reacciones en contra de lo que el núcleo oligárquico pretende, ¿no será conveniente que no se eduquen o lo sea en el sentido conveniente para la oligarquía y el partido que gobierna y la suya? ¿Hay pues dentro del núcleo otros que él mismo necesita? Pero éstos últimos no pueden ser independientes.

Es indudable que hemos de avanzar mucho en las investigaciones sociológicas del poder y nuestra democracia y de sus componentes básicos y ocupantes de la Administración pública. Son ellos los que legislan y, por si acaso, hay que dominar el poder judicial, su oligarquía y  el derecho a aplicar, olvidando el Derecho básico, natural o universal o del hombre, para reducir al juez el campo para formar su opinión y la juridicidad y legitimidad correspondiente de lo actuado.

Es verdad son problemas internos a veces queridos y buscados los que obstaculizan en realidad nuestra democracia. Seguiré con Michels para encontrar el porqué de nuestra oligarquía política y partidos políticos.  De otro lado, nunca hay que olvidar a Aristóteles como fuente de los conceptos de democracia y oligarquía.

LA UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LA LEYES Y LA DICTADURA. REFLEXIONES

Quería analizar el Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se nos ofrece como dirigido a ampliar y fortalecer ambas carreras, pero no considero que pueda apreciar la verdadera finalidad y sentido de cada modificación concreta y si es peor o mejor que lo modificado y, sin renunciar, a analizar desde mi perspectiva actual dicho proyecto, lo que ahora haré es una reflexión del uso que se hace del poder político y de la pérdida de la división e independencia de cada uno de los poderes constitucionales, de los que, paradójicamente, el único calificado como tal es el Judicial.

Como se deducirá de mis recientes entradas y segunda etapa del blog, mi preocupación radica en el hecho de que la situación política y social es grave y no se puede dejar de ser consciente de ello, pues, ya dentro de lo que he de considerar última etapa de mi vida, creo que esta situación es gravísima, desde mi punto de vista la peor de las vividas, pese a haberse desarrollado la parte esencial de mi vida y formación en época de dictadura que no se disfrazaba de demócrata. De tal manera que el Derecho lo aprendí entonces y mediante experiencia y vivencias y siempre estudiando y trabajando. 

Hoy mi experiencia me conduce al escepticismo y sobre todo al prejuicio y a la preocupación por lo que vivirán mis nietos y las consecuencias en la vida de mis hijos.

Este prejuicio me lleva a considerar que el proyecto  puede ser una forma de hacer del poder judicial un instrumento del ejecutivo o de los partidos políticos, pues con las excepciones existentes, el ministerio fiscal ya está contaminado. Y no digamos el legislativo y el Tribunal Constitucional. Y creo que estamos casi en dictadura.

En cierto modo una cuestión que me planteo es si considerar la relación entre Política y Derecho, como algo diferente a la del poder o gobierno y las leyes, ya que me refiero frecuentemente, más allá de posiciones estrictamente jurídicas, a esa relación entre Política y Derecho. Pero siempre pensando en que en el ejercicio de la justicia, en general, es más frecuente que, según la formación del aplicador, se analicen sólo los preceptos legales y no interese el cómo se configura la ley y muy poco si cumple la finalidad declarada en su enunciado y exposición de motivos. Y mucho menos importa sí será posible su eficacia o no. Esto último, en realidad corresponde analizarlo a la parte del Ejecutivo que conocemos como Administración pública y según su constitución y finalidad recogidas en la Constitución y en la Ciencia de la Administración pública. Administración pública que está desprofesionalizada, politizada, dependiente y con menor formación y preparación técnica y jurídica.

¿Pueden llegar al poder judicial y al ministerio público fiscal a la misma situación?  Sin duda, el proceso pienso que ha comenzado, y que se sabe que es así el mismo proyecto nos lo dice buscando, dice más calidad, pero con medidas que lo contradicen. Nunca es el número de jueces o funcionarios lo importante sino su preparación, formación y calidad.

Así pues, la relación entre Derecho y Política ha de trasladarse al efecto de su valoración a la de leyes y poder, dejado la primera en la esfera del deber ser y no de la realidad, incluso por que sus principios y valores se ignoran y apenas se transmiten por un utilitarismo y practicidad exagerados.

Por eso creo que hay que analizar este proyecto en marcha y espero a ver las reacciones de los profesionales no contaminados por el partidismo o confundiendo a éste con la ideología o pensamiento.

Espero y estudio.

LEOPOLDO ALAS, IHERING Y LA LUCHA POR EL DERECHO

Me refería en la última entrada la necesidad de luchar por el derecho y obra en mi poder el opúsculo de Ihering " La lucha por el derecho", una de las que hace que prefiera obras clásicas en lugar de tratados o libros especializados en un tema, pues sigo anhelando asimilar los principios y bases generales del Derecho e informadoras de todo quehacer jurídico.

En esta copia que poseo, hay un un prólogo de Leopoldo Alas (Clarín) que comienza con una cita de Ihering, pero de su obra "El espíritu del derecho romano":

Sólo la voluntad puede dar al derecho lo que constituye su esencia: la realidad. 

Por eminentes que sean las cualidades intelectuales de un pueblo si la fuerza moral, la energía, la perseverancia le faltan, en este pueblo jamás podrá prosperar el derecho.

Escribo y disfruto de esta joya y además me hace pensar que nada ha cambiado, desde 1921, el panorama español ante nuestra actualidad que con crudas palabras puede y debe decirse que es vergonzosa y vergonzante.

Refiriéndose al opúsculo, Leopoldo Alas, en el inicio de su prólogo, dice " pero entre nosotros, hoy más que nunca, es oportuna su lectura porque puede servir de acicate a los ánimos decaídos y corregir muchas perniciosas aberraciones de la voluntad y la inteligencia"

Desde que reabrí el blog, trato, cómo únicamente puedo, de luchar contra la actualidad social y jurídica y mi única ventana es este blog y que se piense no sólo en el ejercicio de una profesión y en la utilidad práctica de lo que se ofrece y lee. Para mí la única utilidad práctica es el saber y la voluntad de esa realidad del derecho y las leyes legítimas. Y, desde mi punto de vista, esta realidad es la eficacia de la ley encomendada, en la teoría, al Gobierno y la Administración. Sin gobiernos y administraciones y sin un pueblo que comprenda el papel de estas instituciones, y lejos de los partidos actuales, no puede haber ni voluntad ni eficacia, ni por tanto realidad. Díganlo los derechos ineficaces que existen hoy en día y que proclama nuestra Constitución y la falta de voluntad y de inteligencia para su realidad y la desigual distribución de recursos y bonhomía para que ello sea así.

¿ Que ello es una tarea ardua y difícil? Sin duda, para eso sí que es necesaria una memoria en el tiempo y de los aciertos y fracasos, y el registro de todo ello tiene que ser la Administración pública, alejada de la temporalidad y dependencia existente, por unos políticos que no quieren ninguna voluntad que pueda ser ajena o sombra de la suya, ni siquiera cuando es la ley la que la mantiene y, en consecuencia, tampoco quieren la inteligencia que crea la libertad individual. Mientras tanto leamos a los clásicos y repasemos la historia de España.

¿Retórica o realidad?

LUCHAR POR EL DERECHO.

Al tratar del fin del derecho venia a proponer, en cierto modo, la necesidad de investigar el derecho y los hechos como realidad material para realizar una valoración del verdadero fin, razón o causa de una norma o de una proposición. Casi como una constante pregunta: ¿ qué hay detrás de esto?

Y la verdad es que abrí una caja cargada de cuestiones científicas y filosóficas y de posturas diferentes en el rol o fin de la administración pública. Hay tal como se expresa en la obra de Dwihgt Waldo Estudio de la administración pública", la existencia en el siglo XX de un movimiento filosófico "encaminado a la separación de las categorías de hecho y valor".

Y más allá de las consecuencias de ello o de la posición contraria, relaciono esta dicotomía con la cuestión de la lucha por el derecho, bien vista como un conflicto de intereses a resolver política y legislativamente y con la interpretación administrativa de las ambigüedades contenidas en la norma, o bien como una lucha para imponer o establecer unos valores sobre otros. Y al escribir esto me acude la consideración que básicamente el contenido del derecho como valor y con menor ambigüedad se ofrece en la Constitución y de ahí su importancia y de que el Tribunal Constitucional no sea un instrumento político sino de los valores de la norma y factor esencial en la lucha por el derecho y me aparece en ello esa separación entre valor y hechos o realidad y esta resulta ser un factor de eliminación de la lucha por el Derecho y los valores a considerar.

Así pues la primera lucha por el derecho se muestra en la fase de formalización de las leyes o normas mediante la participación de los intereses grupales en juego y su valoración preferencial, en la que sin duda ya influye el valor pretendido por el órgano político que propone la norma y la redacta, pero también por el hecho que oculta realmente el texto; es decir, su verdadera o real finalidad que no se manifiesta en aquél.

La segunda forma de lucha parte del sentimiento de injusticia que la noma produce en la sociedad y en sus grupos de intereses o valores morales que la informan o regulan de modo general o abstracto, que acaba frecuentemente en un juicio jurisprudencial. De nuevo el valor y el hecho se muestran, el valor es la independencia del poder judicial y constitucional, el hecho la forma de su designación, político o de mérito, preparación, capacidad y experiencia y su real formación técnica.

Para esta lucha se necesita una sociedad fuerte imbuida de su ser y el deber ser que le corresponde y no acomodada y dependiente, si no es así la lucha es titánica y el individuo sucumbe en la injusticia y el engaño, incapaz de asumir valores y aceptando el hecho injusto o irracional.

EL FIN DEL DERECHO

Sintiéndome a mis 84 años, ya y medio, preocupado por lo que veo y la falta de valores en la actualidad, me refugio en los clásicos, para seguir atendiendo este blog, pues en otro orden creo que en mi última obra de Juridicidad y organización en la Administración española publicada por el INAP están reflejadas extensa e irregularmente quizá, y atendiendo a mi experiencia, las razones o causas de la situación política y administrativa actual, si bien no de un modo plenamente conclusivo sino expositivo. Y lo hago porque hoy me siento ante la segunda dictadura de mi vida y no sé si peor, ya que el régimen actual se dice democrático y su Estado tiene Constitución que lo califica como de Derecho.

Hoy acudo a Jhering y a su obra El fin del derecho y ya en su inicio se refiere a causa y fin y nos dice "Es por tanto, necesario para que la voluntad obre, una razón suficiente, una causa" y de inmediato pienso que la gran causa o razón principal de nuestro Estado, e instituciones que lo constituyen, es nuestra Constitución; en ella está nuestra voluntad que obró y obra o debe de obrar. Pero también leo: "El hombre que obra, no obra porque, sino a fin, a fin de conseguir tal o cual objeto"

Y ahí está la clave para que todo español y las instituciones que han de velar por el derecho y su fin, descubran cuál es el fin real que se persigue hoy este nuestro gobierno autocrático y oligárquico en su burocracia general. Es decir, analizar lo dispuesto formalmente, su finalidad, pero también el ajuste al mismo del obrar real y de sus efectos o no en el bien general. O sea no hay que apoyarse al juzgar en la literalidad o ambigüedad de la norma o precepto sino en su fin particular en el seno de uno más general y común al ordenamiento constitucional y jurídico.

Y por ello, llamo a todo funcionario público y a las instituciones a indagar el fin en nuestro derecho, ese que a muchos juristas no preocupa porque suele ser previo a la norma o expuesto de modo literario en la motivación legal, y por tanto hecho político que no ha de juzgarse.

Craso error, si no se analiza la causa no se analiza tampoco el fin o los fines y domina el leguleyo y sus artimañas normativas y el derecho no cobra eficacia.

LEGISLACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN II

La democracia es una lucha constante en mantener un equilibrio de poderes y en evitar la dictadura de uno de ellos, mientras que la política, mal entendida, tiene como finalidad obtener el poder más absoluto desdibujando los derechos de los ciudadanos y utilizándolos demagógicamente.

Así, por su cercanía y complemento de toda la organización, el gobierno lo primero que pretende dominar es la Administración pública y restarle su carácter de poder y garantía. Pero veíamos que la doctrina estadounidense predicaba la condición de legislador del Presidente y esto me obliga a matizar si esto en España se da o no.

En cierto modo, el hecho de un ejecutivo legislador se opondría a la idea de separación de poderes, pero lo cierto es que se puede legislar mediante leyes o reglamentos y estamos viendo en la actualidad también un abuso del Decreto ley. También cabe preguntarse si, en realidad y en la práctica, con nuestro sistema electoral y de partidos existe una independencia del poder legislativo y no puedo más que pensar y decir que no.

¿Porqué? sencillamente por que en nuestro legislativo no existen diputados como individuos sino como miembros obedientes y dependientes de su partido político y estómagos agradecidos que votan fieles a la señal el portavoz al sentido de voto que han de emitir. En estas condiciones y siendo, lo más frecuente que la iniciativa legislativa parta del Gobierno, en principio para hacer las políticas públicas que bien prometieron o que bien les interesan. De este modo, es lo más seguro que el proyecto de ley remitido a las Cortes sea aprobado con escasas y poco importantes enmiendas, salvo que gobernado en coalición y para mantener el poder accedan a un cambio. además de que en realidad es el propio Gobierno quien decide, salvo impedimento constitucional o a pesar de ello, el rango de la norma y su forma y contenido.

Si a esta situación, añadimos que nuestra Administración pública ya no es tal, sirviendo al Gobierno y a aquel que les ha nombrado, al margen de los sistemas de mérito y capacidad, y no está al servicio de los ciudadanos. Lo primero que se resiente es el principio de legalidad, otra base democrática, y al mismo tiempo se hurta la participación de los intereses contrarios a la política programada. Pero lo fundamental es que el derecho también descansa sobre fundamentos corroídos porque no respeta los principios constitucionales que son su base y me atrevería a decir que se ignoran por incompetencia o por voluntad torticera.

Todo me hace pensar que nuestro sistema electoral falla y puede uno preguntase si es o no democrático o nos lleva a una dictadura de los partidos políticos, los que, además, una vez gobiernan tienen  como primera política conservar el poder y realizar sus "relatos"  y hechos para ganar elecciones.

Al mismo tiempo con una administración servil, condicionada o independiente, se hurtan fases esenciales de carácter técnico administrativo en la valoración de la viabilidad y eficacia de la política, de modo que tampoco se muestran a quién gobierna los inconvenientes legales y prácticos de la política en preparación, limitándose a darle la forma y contenido deseados por quien manda, y quedando en bastantes ocasiones en una farsa, pues lo proyectado no va ser eficaz o va causar algún que otro problema social, si no es que la sociedad ya está adormecida y sin reacción entrando en la peor de las dictaduras sin sentirlo o ser conscientes de ello.

Si falla el Derecho, si la ley no es legítima, si dominan los partidos políticos, se reduce la capacidad ciudadana de elegir a buenos gobernantes y estos le caen ya elegidos, ¿hay pues democracia o sólo una palabra mágica a utilizar a conveniencia?

LEGISLACIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN I

En la lectura de la doctrina estadounidense  de principios del siglo XX que vengo realizando y exponiendo en anteriores entradas, es un tema importante la relación entre política y administración, con tendencias claras de separación entre ellas y en favor de una independencia de la segunda, hasta el punto de que Willougby llegó a predicar el considerar a la administración como un cuarto poder. Por ello también se muestra otra tendencia distinguiendo también entre poder ejecutivo y administración. Y en relación con esto último, cómo en España la Administración, constitucionalmente, es una parte del Poder ejecutivo junto con el Gobierno, vengo manteniendo y tratando de concretar qué poder es el de la Administración, lo cual no puede dejar de relacionarse con la ley.

En otro orden, la citada doctrina viene no sólo a decir que el Presidente no debe presidir sobre los departamentos administrativos y también que no sólo es jefe del ejecutivo sino también jefe legislador, sin necesidad de entrar aquí a sus relaciones y problemas con el Senado.

En todo esto no sólo encuentro esa idea de separación entre política y administración, sino que también me hace pensar como, en cambio, yo he llegado a ir más allá del derecho administrativo para señalar que el estudio de la Administración pública ha de ser multidisciplinar y como una ciencia, en la que política, derecho y administración están estrechamente unidos, única forma de comprender el sistema, sus contradicciones y sus deberes en base constitucional y considerando la división de poderes.

En consecuencia, en estas últimas entradas, y con frecuencia,  se muestra mi tendencia a confrontar el derecho y los hechos políticos y administrativos y destacar la complejidad existente y a la política o a los políticos como encaminados en cambio a la unificación del poder en el gobierno, contaminado a su vez por los partidos políticos. 

Esta situación resulta hoy evidente y es francamente difícil distinguir entre política, legislación y administración. Dejo apuntada la cuestión para en la próxima entrada analizar esta confusión y sus causas, de otra forma, aún a riego de no cerrar el tema, la extensión de la entrada excedería de una lectura cómoda, si bien es evidente que hoy la política está mucho más presente que en el siglo pasado.

LEGISLAR Y ADMINISTRAR.

Como es difícil no repetirme y, en resumen, el perfil de este blog es la relación entre política, derecho, administración y organización, voy a transcribir algunas ideas, presentes en la doctrina estadounidense del siglo XX, que surgen en relación a la dualidad de la política y la administración y también la existente con la función legislativa.

W.F. Willoughby en su obra Principles of Public Administration , dijo que la función de la legislatura es diferente de las ramas judicial y administrativa, pero es una organización y, por tanto, está sujeta a los mismos principios y métodos de análisis. También, que pocas legislaturas han llevado a cabo un adecuado inventario analítico de si mismas y casi nunca les ha dado buen resultado hacerlo.

Pero lo más interesante desde mi punto de vista, es cuando se señala que las legislaturas igual que cualquier otro organismo, deben analizar los hechos cuando quiera que se le presente un problema, considerar las diversas alternativas, organizarse a fin de lograr una labor eficaz y responsable. Deben conseguir personal apto, disponer y vigilar sus responsabilidades y coordinar el esfuerzo conjunto a fin de que destaquen el sistema y los logros obtenidos.

Y pienso que, no sé porqué, todo esto en principio no se da y queda en simple deber ser o utopía sobre todo si atendemos a lo que estamos viendo en España. La realidad es diferente y lo digo pensando en la relación que el legislativo o sus diputados, forzosamente han de establecer en muchas ocasiones con la administración y sus funcionarios. De ahí que el propio Reglamento de nuestro Congreso venga a decir en su artículo 7.1 que: Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas. Y en el punto 2 que : La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la Presidencia del Congreso y la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan.

Willoughby también, en relación a esto, nos dice  que las legislaturas establecen normas fundamentales, en forma de leyes escritas, que en realidad viene a ser un poder conferido a los administradores. Y aquí entiendo que se manifiesta la relación con el poder ejecutivo y la administración pública, que, tal como en el blog se ha evidenciado a través de las entradas referidas a las políticas públicas, supone tanto la previa proyección de la norma, previa evaluación de su viabilidad y existencia de recursos para su eficacia, como la ejecución y eficacia de la ley aprobada.

En este sentido WHITE nos dice que "los funcionarios son responsables tanto de la elaboración de las normas, como de su cumplimiento".

Una vez más, en mi opinión, se pone de relieve la gran importancia de una administración profesional y no politizada; la política se centra en el paso de proponer y diseñar con ello una política pública para cumplir un interés general o un derecho constitucional en favor de los ciudadanos. 

De este modo, atendiendo  a la distinción entre política y administración mantenida por Wilson, en el libro "Administración" de Lepawsky, se refleja que esta distinción "fue más generalmente considerada como una distinción entre normas y administración".  Y recoge que Jhon M. Pfiffner resume diciendo "la política debe permanecer en la esfera de las normas y dejar a la administración libre del obstáculo de la interferencia política"

En definitiva, en esta entrada, me limito a manifestar, en parte, la relación entre el legislativo y la administración, no tanto como con el Gobierno, aunque en realidad éste no queda al margen, sino que frente a los diputados de la oposición procura evitar  que aquélla facilite la labor de los mismos. O sea surge una interferencia política más.

En la próxima entrada trataré de ver lo que dice la doctrina americana en orden a la posición del poder ejecutivo frente al legislativo.