Quería analizar el Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se nos ofrece como dirigido a ampliar y fortalecer ambas carreras, pero no considero que pueda apreciar la verdadera finalidad y sentido de cada modificación concreta y si es peor o mejor que lo modificado y, sin renunciar, a analizar desde mi perspectiva actual dicho proyecto, lo que ahora haré es una reflexión del uso que se hace del poder político y de la pérdida de la división e independencia de cada uno de los poderes constitucionales, de los que, paradójicamente, el único calificado como tal es el Judicial.
Como se deducirá de mis recientes entradas y segunda etapa del blog, mi preocupación radica en el hecho de que la situación política y social es grave y no se puede dejar de ser consciente de ello, pues, ya dentro de lo que he de considerar última etapa de mi vida, creo que esta situación es gravísima, desde mi punto de vista la peor de las vividas, pese a haberse desarrollado la parte esencial de mi vida y formación en época de dictadura que no se disfrazaba de demócrata. De tal manera que el Derecho lo aprendí entonces y mediante experiencia y vivencias y siempre estudiando y trabajando.
Hoy mi experiencia me conduce al escepticismo y sobre todo al prejuicio y a la preocupación por lo que vivirán mis nietos y las consecuencias en la vida de mis hijos.
Este prejuicio me lleva a considerar que el proyecto puede ser una forma de hacer del poder judicial un instrumento del ejecutivo o de los partidos políticos, pues con las excepciones existentes, el ministerio fiscal ya está contaminado. Y no digamos el legislativo y el Tribunal Constitucional. Y creo que estamos casi en dictadura.
En cierto modo una cuestión que me planteo es si considerar la relación entre Política y Derecho, como algo diferente a la del poder o gobierno y las leyes, ya que me refiero frecuentemente, más allá de posiciones estrictamente jurídicas, a esa relación entre Política y Derecho. Pero siempre pensando en que en el ejercicio de la justicia, en general, es más frecuente que, según la formación del aplicador, se analicen sólo los preceptos legales y no interese el cómo se configura la ley y muy poco si cumple la finalidad declarada en su enunciado y exposición de motivos. Y mucho menos importa sí será posible su eficacia o no. Esto último, en realidad corresponde analizarlo a la parte del Ejecutivo que conocemos como Administración pública y según su constitución y finalidad recogidas en la Constitución y en la Ciencia de la Administración pública. Administración pública que está desprofesionalizada, politizada, dependiente y con menor formación y preparación técnica y jurídica.
¿Pueden llegar al poder judicial y al ministerio público fiscal a la misma situación? Sin duda, el proceso pienso que ha comenzado, y que se sabe que es así el mismo proyecto nos lo dice buscando, dice más calidad, pero con medidas que lo contradicen. Nunca es el número de jueces o funcionarios lo importante sino su preparación, formación y calidad.
Así pues, la relación entre Derecho y Política ha de trasladarse al efecto de su valoración a la de leyes y poder, dejado la primera en la esfera del deber ser y no de la realidad, incluso por que sus principios y valores se ignoran y apenas se transmiten por un utilitarismo y practicidad exagerados.
Por eso creo que hay que analizar este proyecto en marcha y espero a ver las reacciones de los profesionales no contaminados por el partidismo o confundiendo a éste con la ideología o pensamiento.
Espero y estudio.
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