miércoles, 4 de septiembre de 2019

LA LENGUA COMO INSTRUMENTO POLÍTICO

Han pasado las vacaciones veraniegas y salvo el entretenimiento que suponen los diálogos que voy publicando, no encuentro un tema con  el que empezar esta etapa postvacacional, ya que si contemplo las etiquetas del blog y las noticias que tienen que ver con las actuaciones administrativas, me encuentro que ya tienen comentario en el blog. 1048 entradas y  casi 12 años de mantenimiento del mismo, han dado realmente para mucho. De otro lado, mi espíritu en la actualidad no está para estudiar las, para mí, pequeñas reformas que se introducen en preceptos de las leyes o en nuevas leyes. Creo que sencillamente hoy me aburre, sobre todo porque lo esencial de la administración pública y del Derecho no se respeta, ni importa.

Este preámbulo indica que lo que escribo ya está dicho, pero la situación en Valencia, la razón y mi verdad, me obligan a escribir de nuevo de la lengua como instrumento de división y de preparación para el futuro al que nos abocan los políticos.


En Valencia tenemos lo que llamamos un catalanista como Conseller de Educación, radical y totalitario, que se o nos prepara para los denominados países catalanes y, si no se remedia, un futuro estado federalista. Claro, para ello la educación es también instrumento y vía idónea para hacerlo. Poco a poco la lengua valenciana, la que se ha creado como tal, de modo que cada día se parezca más al catalán y se pierdan nuestros giros habituales, acentos y particularidades y una vez hecho desaparecer las gramáticas de nuestros antepasados, se impone administrativamente. Una lengua artificial, amanerada y acorde al modelo de Pompeu Fabra es la que nos van introduciendo poco a poco, junto con una disminución escolar del uso del castellano e incluso con inspectores, más bien "espías" de lo que hablan los niños en recreos y fuera del colegio, en su familia, etc. Utilizando también al efecto encuestas y todo con la excusa de proteger la recuperación del valenciano, en realidad con el fin de erradicar el castellano.

Lean, por ejemplo, esto o esto otro. Los ejemplos son múltiples en estos años. Pero lo importante es que estas acciones han sido declaradas contrarias al ordenamiento por los Tribunales de Justicia y son inconstitucionales, en mi opinión, y también contrarias al Estatuto de la Comunidad Valenciana.

En este juego político que sufrimos, de reforma constitucional por la vía de los hechos y de la ilegalidad, aprovechando que las declaraciones legales, de por sí, soslayan el que puedan ser consideradas inconstitucionales, trasladando el problema a los actos de aplicación. De este modo, si cambia la situación política, la ley puede ser interpretada en sentido contrario o distinto al que impone la actual Constitución.

Miramos el citado Estatuto valenciano. El artículo 6.1 dice La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. Si somos rigurosos ello es inexacto, pues se entiende que el valenciano es un idioma exclusivo de la Comunidad, pero parte del territorio valenciano no ha tenido como propio el valenciano, son castellano parlantes, aunque muchos podían hablar más  o menos el valenciano y comprenderlo. Por ello, después de declarar también lengua oficial el castellano, en el punto 7 tiene que decir o regular lo siguiente: Se delimitarán los territorios en los que predomine el uso de una u otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana. Simplemente estos territorios de posible excepción tienen como lengua propia el castellano. Pero esa situación no es sólo de territorios sino de personas y familias, por lo que a los castellano parlantes en otros territorios sí se les obliga a conocer el valenciano o no se les exceptúa. Esta dualidad caracteriza precisamente a la Comunidad Valenciana.

El artículo está lleno de sutilezas, sin duda fruto del pacto legislativo en la aprobación del Estatuto, enmiendas etc. Así vean el punto 2 que dice: El idioma valenciano es el oficial de la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano. Digo sutilezas porque se podía haber dicho los idiomas oficiales de la Comunidad son el castellano y el idioma propio o valenciano, o cualquier redacción en que aparezcan unidos. Por orden de lectura, lo primero que aparece es que la lengua oficial es el valenciano y luego se dice que igual lo es el castellano. Es correcto y es legal, pero matiza que el castellano es el idioma oficial del Estado. Es decir se refiere a la institución y no a la nación España, porque en el propio Estatuto se considera a la Comunidad Valenciana una nacionalidad histórica. Siempre hay una ambigüedad respecto de la Nación Española. Todo es fruto del consenso que fuerza a esas ambigüedades Late la diferencia entre unos y otros valencianos respecto del idioma y la nacionalidad. Unos porque al calificar a Valencia como nacionalidad histórica piensan en el Reino de Valencia y así tratan de separarse del imperialismo catalán, y otros, al contrario, piensan en la nación o países catalanes de los que consideran que formamos parte.

De otro lado, y es importante, el estatuto califica el conocimiento y el uso y la enseñanza de estos idiomas como un derecho. La Constitución, artículo 3.1, en cambio, señala que el conocimiento del español -término que no utiliza el Estatuto-, es un deber para los españoles y su uso un derecho. El conocimiento del valenciano no es un deber, pero de hecho así se está poco a poco imponiendo, para funcionarios, para escolares, desde los primeros años con una línea sólo en valenciano, con la exigencia para ser funcionario y de usarla en las oficinas públicas, etc. Y, además, se fomenta con puntos en oposiciones y se propone ir la exigencia total para ingresar en las Administraciones públicas 

Un modo premeditado de ir hacía un modelo estatal diferente y que afecta a los derechos actuales de los españoles y a su movilidad en el territorio en precisamente el empleo público, que queda primero para fieles y amigos o compadres y dificulta el acceso del resto si no se prepara a conocer el valenciano artificial y oficial. Se va más allá de la simple recuperación y se pasa a la imposición. Se afecta a la libertad sin más. Se incumplen leyes y sentencias y no pasa nada. La indefensión es total, pues sólo la acción judicial es la vía de corrección y esta es cara y no puede ser una acción individual. De este modo, los recursos quedan en manos de partidos políticos, instituciones o asociaciones y lo natural y razonable se convierte así, argumentalmente, en política partidista y retrograda y el artículo 27 de la Constitución queda en papel mojado y se demuestra que la función pública no ejerce sus funciones garantes y sólo son cómplices necesarios y forzados por el sistema de carrera, nombramientos y clasificación de puestos de trabajo.

Esto desde mi punto de vista no es democracia sino totalitarismo.







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