Ha tenido que producirse un recorte del 5 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos para que la Administración pública española empiece a tomar conciencia de su situación. Esta no es otra que su progresivo aislamiento de la sociedad a la que debe servir y en la que justifica su existencia. Lo más significativo de lo sucedido en estas últimas semanas es el apoyo mayoritario de los ciudadanos al mencionado recorte y el silencio complaciente de los partidos políticos. Éstos han pasado de temer las reacciones de los funcionarios en las elecciones a entender que un ataque a su situación reporta más beneficios que pérdidas. Se rompe así la alianza entre políticos y funcionarios de los últimos cincuenta años.
Los términos de esa alianza se pueden resumir en que los políticos disponían de un amplio conjunto de puestos a ocupar en la Administración pública y a los funcionarios se les permitía un apreciable margen de discrecionalidad para regular sus condiciones de trabajo y manejar el interior de la organización. Algunos de los efectos de este acuerdo ha sido la progresiva politización de la Administración española en todos sus niveles y la consolidación de una serie de condiciones de empleo cada vez más alejadas de las que afectan al común de los trabajadores. Esta realidad se convierte en lacerante en periodos de crisis como el actual.
La politización se concreta en que el ápice superior profesional de la Administración se cubre atendiendo fundamentalmente a criterios políticos; en la creación de una amplia estructura paralela de gabinetes y asesores que en muchas ocasiones realizan funciones administrativas; y en la creación de un inmenso sector público opaco dirigido por burócratas de partido, cada vez más presentes en toda la estructura político-administrativa. Por su parte, los empleados públicos han reducido su jornada semanal y anual, cada vez más alejada de los convenios de sus homólogos privados; han incrementado sus retribuciones, incluso en épocas de congelación salarial, a través de la modificación incesante de los complementos retributivos y de los convenios colectivos; han visto incrementadas sus plantillas en los últimos veinte años en un 30 por ciento, esto es, en casi 600.000 empleados; han desarrollado un creciente sistema paralelo y cerrado al resto de la sociedad de ayudas, becas y acción social; y se han dotado de un sistema de licencias, permisos, reducciones de jornada y excedencias inalcanzable para el resto de los trabajadores.
La alianza entre políticos y funcionarios ha tenido una especial transcendencia en el sistema de ocupación de los puestos de nuestro sistema político. En España es estructural que la titularidad de una buena parte de ellos, cuando no de la mayoría, corresponda a los funcionarios públicos. Para ello, las diferentes leyes de función pública, hasta llegar al cénit en 2007, han ido facilitando la ida y vuelta de la Administración a la política. De esta manera, nuestros dirigentes políticos presentan un claro sesgo funcionarial y de la burocracia de los partidos. El resultado es una insuficiente representación de la variedad social en los puestos políticos.
En los últimos años se viene observando otro fenómeno claramente preocupante y que refuerza la endogamia y el aislamiento de nuestras Administraciones públicas. La exigencia constitucional de garantizar la igualdad de acceso al empleo público está siendo soslayada, o directamente contravenida, mediante el favorecimiento anómalo de la promoción interna, esto es, del ascenso a los cuerpos y categorías superiores de los que ya están en la organización. Así, en muchos convenios y acuerdos sindicales vigentes y en varias leyes autonómicas en tramitación, se recoge una reserva de hasta un 60 por ciento para la promoción interna o bien se reconoce como el sistema normal de acceso a los cuerpos de Administración General, incluidos los superiores. En esta situación el sistema de oposiciones libres pasa a ser residual y aplicado a los niveles inferiores.
En esta alianza han tenido un papel decisivo los sindicatos. En la Transición se reconoció la representación dominante de los trabajadores a UGT y CCOO que se formalizó en 1985 a través de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. En ella se extendió el modelo de representación privado al ámbito público, cuando en la Constitución se posibilita un modelo diferenciado. Veinticinco años después asistimos a un panorama de representación en las Administraciones públicas muy fragmentado, reflejo de los interese tan diversos que hay en ellas. El resultado es que el acuerdo con esos dos sindicatos no garantiza ya la paz social en el ámbito público, como tenemos ocasión de comprobar constantemente en numerosos sectores. Sin embargo, la base organizativa de los sindicatos llamados de “clase” se nutre fundamental de las subvenciones del ámbito público y de la creciente plantilla de liberados sindicales de las Administraciones públicas.
La situación anterior produce que la fuerte inercia incrementalista de la Administración española no se detenga con la congelación salarial ni, es más que probable, con el recorte realizado. Así, de enero de 2008 a julio de 2009 la plantilla del conjunto de las Administraciones públicas creció el 2,95 por ciento o 76.000 empleados, 22.000 en la Administración General del Estado, y la masa salarial se incrementó en 2009 en un 5 por ciento, a pesar de que la revisión salarial fue del 0,3 por ciento. Esto hace que sea urgente acometer profundas medidas estructurales, parecidas a las que ya han realizado nuestros socios británicos, irlandeses o alemanes.
Los factores anteriores, la politización de la huelga del 8 J y el abandono a su suerte de los funcionarios por los políticos han provocado que los empleados públicos no secunden las movilizaciones. Es claro que han dejado de ser, si alguna vez lo fueron, la avanzadilla en la lucha obrera. El problema es que la Administración se encuentra sola frente a los ciudadanos y que, como Weber diagnosticara, los burócratas son malos para la representación política.
Los términos de esa alianza se pueden resumir en que los políticos disponían de un amplio conjunto de puestos a ocupar en la Administración pública y a los funcionarios se les permitía un apreciable margen de discrecionalidad para regular sus condiciones de trabajo y manejar el interior de la organización. Algunos de los efectos de este acuerdo ha sido la progresiva politización de la Administración española en todos sus niveles y la consolidación de una serie de condiciones de empleo cada vez más alejadas de las que afectan al común de los trabajadores. Esta realidad se convierte en lacerante en periodos de crisis como el actual.
La politización se concreta en que el ápice superior profesional de la Administración se cubre atendiendo fundamentalmente a criterios políticos; en la creación de una amplia estructura paralela de gabinetes y asesores que en muchas ocasiones realizan funciones administrativas; y en la creación de un inmenso sector público opaco dirigido por burócratas de partido, cada vez más presentes en toda la estructura político-administrativa. Por su parte, los empleados públicos han reducido su jornada semanal y anual, cada vez más alejada de los convenios de sus homólogos privados; han incrementado sus retribuciones, incluso en épocas de congelación salarial, a través de la modificación incesante de los complementos retributivos y de los convenios colectivos; han visto incrementadas sus plantillas en los últimos veinte años en un 30 por ciento, esto es, en casi 600.000 empleados; han desarrollado un creciente sistema paralelo y cerrado al resto de la sociedad de ayudas, becas y acción social; y se han dotado de un sistema de licencias, permisos, reducciones de jornada y excedencias inalcanzable para el resto de los trabajadores.
La alianza entre políticos y funcionarios ha tenido una especial transcendencia en el sistema de ocupación de los puestos de nuestro sistema político. En España es estructural que la titularidad de una buena parte de ellos, cuando no de la mayoría, corresponda a los funcionarios públicos. Para ello, las diferentes leyes de función pública, hasta llegar al cénit en 2007, han ido facilitando la ida y vuelta de la Administración a la política. De esta manera, nuestros dirigentes políticos presentan un claro sesgo funcionarial y de la burocracia de los partidos. El resultado es una insuficiente representación de la variedad social en los puestos políticos.
En los últimos años se viene observando otro fenómeno claramente preocupante y que refuerza la endogamia y el aislamiento de nuestras Administraciones públicas. La exigencia constitucional de garantizar la igualdad de acceso al empleo público está siendo soslayada, o directamente contravenida, mediante el favorecimiento anómalo de la promoción interna, esto es, del ascenso a los cuerpos y categorías superiores de los que ya están en la organización. Así, en muchos convenios y acuerdos sindicales vigentes y en varias leyes autonómicas en tramitación, se recoge una reserva de hasta un 60 por ciento para la promoción interna o bien se reconoce como el sistema normal de acceso a los cuerpos de Administración General, incluidos los superiores. En esta situación el sistema de oposiciones libres pasa a ser residual y aplicado a los niveles inferiores.
En esta alianza han tenido un papel decisivo los sindicatos. En la Transición se reconoció la representación dominante de los trabajadores a UGT y CCOO que se formalizó en 1985 a través de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. En ella se extendió el modelo de representación privado al ámbito público, cuando en la Constitución se posibilita un modelo diferenciado. Veinticinco años después asistimos a un panorama de representación en las Administraciones públicas muy fragmentado, reflejo de los interese tan diversos que hay en ellas. El resultado es que el acuerdo con esos dos sindicatos no garantiza ya la paz social en el ámbito público, como tenemos ocasión de comprobar constantemente en numerosos sectores. Sin embargo, la base organizativa de los sindicatos llamados de “clase” se nutre fundamental de las subvenciones del ámbito público y de la creciente plantilla de liberados sindicales de las Administraciones públicas.
La situación anterior produce que la fuerte inercia incrementalista de la Administración española no se detenga con la congelación salarial ni, es más que probable, con el recorte realizado. Así, de enero de 2008 a julio de 2009 la plantilla del conjunto de las Administraciones públicas creció el 2,95 por ciento o 76.000 empleados, 22.000 en la Administración General del Estado, y la masa salarial se incrementó en 2009 en un 5 por ciento, a pesar de que la revisión salarial fue del 0,3 por ciento. Esto hace que sea urgente acometer profundas medidas estructurales, parecidas a las que ya han realizado nuestros socios británicos, irlandeses o alemanes.
Los factores anteriores, la politización de la huelga del 8 J y el abandono a su suerte de los funcionarios por los políticos han provocado que los empleados públicos no secunden las movilizaciones. Es claro que han dejado de ser, si alguna vez lo fueron, la avanzadilla en la lucha obrera. El problema es que la Administración se encuentra sola frente a los ciudadanos y que, como Weber diagnosticara, los burócratas son malos para la representación política.
Este artículo se ha publicado en El Imparcial el 11 de junio de 2010.
Cierto y como siempre muy bien explicado. Los políticos abandonaron a su suerte a los funcionarios ante la protección que demandaba la supervivencia del sistema de la S.S. (pensiones, 7 millones de votos), permitiendo, por ejemplo, que un funcionario con ingresos de 1200 euros viese disminuído su sueldo a fin de mantener pensiones de 2000 euros. El descuento, así como lo aplicaron no tenía nada que ver con la contención del gasto público y si con la utilización de un colectivo que trabaja en un ámbito que ya de por si, por su fin, está en contra del interés particular y por lo tanto ocasiona la sensación de rechazo y, que una vez convenientemente alimentado se convierte en manifestación de alegria ante las adversidades que al funcionario le pueda suceder.
ResponderEliminarLe costo una disminución de credibilidad a los políticos semejante actitud y que ahora, vuelto otra vez a repetir los descuentos, esta vez de la paga extra como contrapartida popular y justificativa de la subida del IVA, ha ocasionado, en contra de lo esperado, que la sociedad se una a los funcionarios, los comprenda algo más y entienda que todos estan en el mismo sitio, el cual es ajeno al que parece que ocupan los políticos.
Este año se venderá menos turrón.