¿SOBRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?

El dia 13 de este mes el diario EL MUNDO Comunidad Valenciana publicaba en Tribuna invitada mi siguiente colaboración:

En tiempos de crisis económica la mirada se pone en el gasto público y, consecuentemente, en la dimensión de las Administraciones públicas. Las primeras medidas suelen dirigirse hacia las plantillas de funcionarios y sus retribuciones. La reducción de aquéllas, es decir del número de funcionarios, goza de buen predicamento, si bien rompe las esperanzas de muchos que las tenían puestas en acceder al empleo público y en superar unas oposiciones. Más popular, por tanto, resulta la congelación o reducción de los sueldos de los empleados públicos. El funcionario público no goza de buena prensa y el carácter de permanente de su empleo es envidiado por quienes no tienen este privilegio o por quienes no tienen noción clara del papel que una Administración pública representa en el cumplimiento y efectividad de los intereses generales y tampoco de la legitimidad que otorga la aprobación de las oposiciones.

Pero lo que preferentemente se trata de analizar aquí, es si es exacto que la estructura de nuestras Administraciones públicas es exagerada o no. Cuestión compleja que no puede reducirse a una simple afirmación en uno u otro sentido, aunque a simple vista y según mi experiencia quepa, inicialmente, decir que sí. Sea como sea, en tiempos de crisis, los expertos y profesores y, especialmente, los liberales, proponen reducir la Administración pública y privatizar servicios públicos. La medida guarda relación evidente con la reducción del gasto: menos organización, estructura y personal es igual a menos gasto. Frente a esta postura, otros matizan, que no es que sobre personal sino que está mal distribuido y que hay sectores de las Administraciones públicas que están sobrados de medios y otros en los que las carestías son evidentes.

La respuesta sobre el exceso o no de Administración pública es compleja, ya que esta institución de por sí lo es. No sólo es que tenemos distintos niveles de Administración: estatal, Comunidades Autónomas y Administración local, sino que cada una de ellos se organiza de modo complejo con diferentes estructuras que, además, se presentan como personas jurídicas diferentes, cuando se sabe que son simples marionetas manejadas por la Administración matriz. La complejidad, también tiene origen en que normalmente la prensa y los ciudadanos no distinguen Gobierno y Administración, siendo así que el primero (sus componentes, ministros o consejeros, ayuntamientos y concejales), es el que toma las decisiones, al menos formalmente, y especialmente aquellas que tienen trascendencia política, económica o social y, salvo excepciones, las firman todas. La Administración es, o debe ser, la parte técnica, de asistencia a la parte política, pero cuando se le califica de pública, no es sólo eso, que sería común a todo tipo de administración, sino que es garantía de la legalidad, de los intereses generales y de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos y que forman parte de las leyes aprobadas por los parlamentos.

Conviene que al referirnos a una Administración pública, distingamos en ella el nivel político, compuesto de personas a las que no se exige mérito ni capacidad y que son objeto de libre nombramiento de gobiernos y partidos políticos, parte que ha sufrido un incremento muy importante, sobre todo con la creación de las Comunidades Autónomas, y cuya dimensión es discutible, sin contar con la estructura y administración de las distintas asambleas legislativas. La partitocracia, la necesidad de contar con personas fieles y la inseguridad de los políticos, han hecho que la estructura política no sólo pueda ser excesiva sino que haya ocupado parte del sector profesional de la Administración. También hay que considerar el sector burocrático formado por los funcionarios y personal de confianza que trabaja en Ministerios y Consejerias, en los centros de poder y sector de mayor papeleo y utilización del derecho. También este sector es seguro que sería reductible, salvo en las funciones de policía y control. En tercer lugar, el sector de servicios públicos es aquel en que se realizan prestaciones materiales en favor de los ciudadanos; servicios clásicos son la sanidad, la educación, el transporte, etc. En este sector se puede hablar tanto de necesidades como de excesos. Es además el sector en que los procedimientos de gestión empresarial son más fáciles de aplicar y en el que se acude a organizaciones con personalidad o basadas en el derecho privado y en el que se pueden conceder servicios a empresas privadas o privatizarlos completamente. Más recientemente han proliferado fundaciones en el sentido del derecho privado, consideradas personas jurídicas privadas, pero que se alimentan de presupuesto público y que ofrecen actividades, en campos como la cultura, la sanidad o la asistencia social, por ejemplo. Suponen un importante gasto y pueden encubrir subvenciones a grupos y financiaciones a partidos. Famoso es el caso del Palau en Cataluña y no son descartables otros ejemplos parejos.

Reducir todas estas estructuras es una decisión política. El caso de las Diputaciones es incluso decisión constitucional. Pero la pregunta final es ¿están los partidos y gobiernos dispuestos a sufrir el desgaste que suponen los despidos, el pase de servicios gratuitos a servicios sujetos a precio, etc.? Si su repuesta es negativa, ya saben la razón de la desproporción de la Administración. No es un problema de funcionarios es un problema político y de organización."

Sobre el tema hay mucho que decir, en el blog se vienen diciendo muchas cosas, siempre he pensado que no hay en las Administraciones públicas quienes de modo centralizado analicen y estudien su propia organización, considerada ésta en sentido general, ni que genere serias y meditadas propuestas de modificación, reforma o reorganización, por lo que no hay una respuesta tajante y general a la cuestión abierta en el título de la colaboración reflejada.