Es permanente la referencia a la necesidad, por ejemplo, de una administración profesional o de directivos profesionales o, simplemente, de verdaderos profesionales en la Administración pública. Pero no es lo mismo referirse a profesionales que trabajan en la Administración que a profesionales en administración pública. En ocasión anterior me ocupé de las acepciones del término "profesional" y de todas las que expone el Diccionario de la Lengua Española, al efecto de mis comentarios creo preferible, frente a las ideas ligadas a la permanencia o dedicación, el aceptar como mejor aquella que considera al profesional como persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. El profesional en Administración pública ha de ser conocedor de ésta y de sus procedimientos y modos de gestión. Normalmente, en los funcionarios de los cuerpos superiores de Administración general han de encontrarse o ser posibles estos conocinientos o su adquisición. En el profesional en Administración pública no hay tanto un dedicación a ser directivo experto en el apoyo a las políticas públicas como el ser perito en las distintas formas de gestión necesarias para hacer efectivas dichas políticas y administrar ejecutándolas y otorgando la asistencia necesaria en orden a la gestión de recursos y medios. Lo especialistas, en el sentido en que se habla al referirse a los cuerpos especiales, son, en realidad, profesionales en la Administración, sin perjuicio de que adquieran, en mayor o menor medida, conocimientos de administración o propiamente administrativos.
Pero se trata de exponer o reflexionar si en la situación actual de nuestra Administración pública existe o puede existir esa Administración profesional, y ha influido en que aborde el tema hoy, el hecho de haber repasado los que el Estatuto Básico del Empleado público califica en su artículo 1.3 como fundamentos de la actuación, los cuales no voy a repetir ahora, pero sobre los que sí quiero señalar que su eficacia requiere de una organización dedicada a conseguir su cumplimiento y realidad y, para mí, está claro que de modo unitario esta organización no existe. También ha influido la lectura de la última aportación de Manuel Arenilla, Las razones de un fracaso, en las que, magnificamente y desde su especialidad, describe una situación de la que poco puede deducirse en favor de la existencia de una administración verdaderamente profesional, y en la que los niveles superiores de la Administración, en consecuencia, bien están polítizados o bien están permanentemente preocupados por subsistir en sus cargos o en otros equivalentes y garantizar su "carrera".
Como he dicho en múltiples ocasiones no puede haber una Administración profesional, entendida como aquella que se dedica a la propia administración pública, a su conocimiento y mejora, si no existe una organización o varias que se ocupen del tema. Tema que consiste en conocer la organización, fines, estructura, clases de puestos, medios, eficacia, los recursos humanos existentes y su preparación y reclutamiento, y que intervenga a efectos de la reorganización y de los cambios necesarios con independencia y sin perjuicio de la decisión política final. En la época de crisis económica actual y con la medidas posibles a realizar la inexistencia de esta organización y la inexistencia posible, incluso, de la función o su dispersión, se hace evidente. En consecuencia, independientemente de que existan profesionales en las Administraciones públicas y existan actuaciones profesionales, estimo que si no hay una organización centralizada, en cada una de ellas, dependiente de su máxima jeraquía, de carácter técnico y ocupada del hecho administrativo: gestión económica al máximo nivel, análisis de procedimientos y estructuras, análisis de la organización, evaluación de políticas públicas, planificación y gestión de recursos humanos, análisis de los procedimientos de adquisición y provisión de medios y recursos y coordinación administrativa y control general, no puede existir una administración profesional. Y es indudable que dicha existencia depende de una voluntad política clara, lo que significa que el político tenga conciencia de su espacio y función y de la necesaria ayuda de un equipo o varios de carácter profesional y técnico y de la imprescindible existencia de una organización dependiente del máximo responsable que le proporcione los datos necesarios para tomar deciciones y para adoptar cambios y reformas, sobre bases y fundamentos racionales y no improvisados; es más, si la organización existe y funciona, la reforma es un proceso permanente y no una medida crítica..
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