El profesor Mariano Baena del Alcázar tiene dos obras capitales para comprender el funcionamiento de nuestra Administración pública. La primera en el tiempo, Élites y conjuntos de poder en España (1939-1992) es una gran investigación empírica sobre, podemos decir, la estructura social del poder en España, imposible de resumir aquí la importancia de esta obra en orden al conocimiento de nuestra estructura política y administrativa y comprensión de cómo funciona nuestra Administración pública. Obra y métodos que puestos en conexión con cada momento social e histórico nos ofrecerían una visión real del poder que nos gobierna y de la que Baena califica como Cúpula organizacional. Fruto de esta importantísima investigación empírica y de su estudios y trabajos surge la otra obra fundamental, su Curso de la Ciencia de Administración, en especial recomiendo su cuarta edición reformada. En ésta y en su versión más sencilla del Manual de Ciencia de la Administración, nos ofrece el concepto y definición de la Cúpula organizacional, como: El conjunto de relaciones que mantiene el subsistema político administrativo con los demás subsistemas económico, ideológico o de creencias, de comunicación o información y técnico. De la cúpula dependen organizaciones concretas que ejecutan o cumplen los fines a que se refieren los diversos subsistemas.
En el Curso al explicar la cúpula organizacional nos dice que a la hora de situar a la Administración en la compleja red de relaciones que se da en la sociedad se propone atender sobre todo a las relaciones que tienen lugar con ocasión de las decisiones que suponen una regulación social, que además se sitúan en una estructura social determinada y que producen un impacto de mayor o menor envergadura sobre ella. Y un poco más adelante concreta que en esa decisión conformadora intervienen fundamentalmente determinados conjuntos de personas interrelacionadas que se corresponden con los sistemas antes citados. Pero aún precisa más y nos indica que: Cada sistema está constituido justamente por una red de relaciones entre sujetos, existiendo una realidad de mayor interés que es la red de relaciones entre unos conjuntos y otros. A esta red de relaciones es a lo que llamamos cúpula organizacional. Adviértase que esas relaciones, si bien en cada momento concreto se dan entre personas, suponen la existencia de puntos de intersección, espacios abstractos en los que se entrecruzan las relaciones y estos puntos de intersección, que tienen más entidad y permanencia que las personas físicas, son los que se encuentran interconectados a través de la red.
De otro lado, la obra del profesor Baena, citada en primer lugar y referida a las élites y conjuntos de poder en España, en su estudio no se comprenden las élites regionales, ni a las locales y en orden a los grupos estudiados, se estudian las personas que han ocupado puestos en conjuntos organizacionales y las relaciones entabladas. Los conjuntos escogidos son el Parlamento y sus escaños, los puestos del Gobierno y de los altos cargos de la Administración, y los puestos de las grandes empresas que son sede de las decisiones económicas importantes. De las empresas se estudian los puestos de los Consejos de Administración distinguiendo entre las del sector público y las privadas, considerando que en éstas segundas los nombramientos no pueden considerarse de carácter público, mientras que en las primeras sí. Al objeto de este análisis, añado, por mi parte que el cargos de consejero de las cajas de ahorro es incompatible con el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo de partido político, asociación empresarial o sindicato, desde la Ley 26/2013, según el texto vigente desde 29 de junio de este año. Con anterioridad simplemente se declaraba, respecto de las Administraciones públicas, la incompatibilidad de las personas al servicio de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que realicen funciones directamente relacionadas con las actividades propias de las cajas de ahorros. En la Ley 31/1985 se disponía que la representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas no podría superar en su conjunto el 40 % del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones. A partir de su derogación y en la actualidad se dispone que el número de consejeros generales designados por las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público, en su caso, no podrá superar en su conjunto el 25 por ciento.
De otro lado, la obra del profesor Baena, citada en primer lugar y referida a las élites y conjuntos de poder en España, en su estudio no se comprenden las élites regionales, ni a las locales y en orden a los grupos estudiados, se estudian las personas que han ocupado puestos en conjuntos organizacionales y las relaciones entabladas. Los conjuntos escogidos son el Parlamento y sus escaños, los puestos del Gobierno y de los altos cargos de la Administración, y los puestos de las grandes empresas que son sede de las decisiones económicas importantes. De las empresas se estudian los puestos de los Consejos de Administración distinguiendo entre las del sector público y las privadas, considerando que en éstas segundas los nombramientos no pueden considerarse de carácter público, mientras que en las primeras sí. Al objeto de este análisis, añado, por mi parte que el cargos de consejero de las cajas de ahorro es incompatible con el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo de partido político, asociación empresarial o sindicato, desde la Ley 26/2013, según el texto vigente desde 29 de junio de este año. Con anterioridad simplemente se declaraba, respecto de las Administraciones públicas, la incompatibilidad de las personas al servicio de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que realicen funciones directamente relacionadas con las actividades propias de las cajas de ahorros. En la Ley 31/1985 se disponía que la representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas no podría superar en su conjunto el 40 % del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones. A partir de su derogación y en la actualidad se dispone que el número de consejeros generales designados por las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público, en su caso, no podrá superar en su conjunto el 25 por ciento.
Apuntadas estas cuestiones iniciales, es cuando corresponde que por mi parte intente conectar con el caso de las tarjetas opacas, su importancia, y la relación con la cúpula organizacional o con la Administración pública.
El escándalo producido en la actualidad por el caso de las tarjetas opacas, principalmente, viene por el uso de esas tarjetas por muchos consejeros para su uso personal y asuntos al margen de su función, con el agravante de que esos gastos o ingresos, según se mire, en bastantes de esos casos, no se declaraban a Hacienda. Es evidente que para muchos de los afectados ese uso ha sido considerado como normal y como una retribución más. El hecho inmoral y el posible delito o infracción administrativa no es lo que interesa destacar aquí. Lo que interesa, primero es saber que estos consejeros están incluidos en ese concepto de cúpula organizacional que hemos definido y que, por tanto, están dentro de la red de relaciones que la configuran y que influyen, de una manera u otra, en las decisiones conformadoras de nuestra política y, consecuentemente, de nuestra sociedad. Lo segundo es saber cuántos han sido designados por las Administraciones públicas o las organizaciones que se integran en la cúpula y cuántos han sido altos cargos en aquéllas o son designados por los partidos políticos, que además, si lo son por parte del que está en el gobierno correspondiente, resulta ser un nombramiento que también se puede considerar como público. Todo esto influye en la configuración de las élites en España y en la forma de hacer política y tomar las decisiones que nos afectan a todos. Puede ser, o es, la corrupción absoluta. Sus nombramientos, también, puede ser una compensación política y económica, al cesar y como cargos públicos. El estudio o investigación de todo esto, con el empirismo que el profesor Baena realizó en su día, se convierte en una necesidad y en una obligación moral de cualquier universidad que se precie de ser tal y no se conforme con incluirse en este sistema de corrupción o de la subvención y convendría saber cuántos consejeros o políticos, además, forman parte de los cuadros de profesores universitarios y no porque no puedan o deban serlo, sino para saber qué predican y comparar con lo que hacen.
También es posible preguntarse si se puede servir a dos señores o a intereses diferentes en los casos en que el nombramiento depende, directamente o indirectamente, de las administraciones públicas o sus gobiernos o de los partidos políticos, en el poder o no. ¿Y qué decir de los sindicatos? Permítanme, el estrambote, no podemos permitirlo pero tampoco se puede con partidos del estilo de Podemos, porque el resultado tampoco puede ser el deseado por cualquier demócrata, pese al panorama actual. Agentes dobles, triples, asalto al poder, apropiación del dinero público y de los ciudadanos. Claro, así resulta que hoy la moda está en ser restaurador y cocinar, hasta el punto de que los padres pueden dejar de llevar a sus hijos a los clubes de fútbol para llevarlos a escuelas de cocina. Eso siempre que las "tarjetitas" de políticos y consejeros estén vigentes, porque si no la burbuja puede explotar como otras antes. Pero es más fácil cargar contra una función pública inexistente, que, además, era una de las formas de integrarse la sociedad en el poder, siempre que cumpliera su papel garante de la legalidad. La verdad es que la regeneración ha de ser total y no veo el camino ante tanta mentira y vaciedad en nuestra sociedad.
El escándalo producido en la actualidad por el caso de las tarjetas opacas, principalmente, viene por el uso de esas tarjetas por muchos consejeros para su uso personal y asuntos al margen de su función, con el agravante de que esos gastos o ingresos, según se mire, en bastantes de esos casos, no se declaraban a Hacienda. Es evidente que para muchos de los afectados ese uso ha sido considerado como normal y como una retribución más. El hecho inmoral y el posible delito o infracción administrativa no es lo que interesa destacar aquí. Lo que interesa, primero es saber que estos consejeros están incluidos en ese concepto de cúpula organizacional que hemos definido y que, por tanto, están dentro de la red de relaciones que la configuran y que influyen, de una manera u otra, en las decisiones conformadoras de nuestra política y, consecuentemente, de nuestra sociedad. Lo segundo es saber cuántos han sido designados por las Administraciones públicas o las organizaciones que se integran en la cúpula y cuántos han sido altos cargos en aquéllas o son designados por los partidos políticos, que además, si lo son por parte del que está en el gobierno correspondiente, resulta ser un nombramiento que también se puede considerar como público. Todo esto influye en la configuración de las élites en España y en la forma de hacer política y tomar las decisiones que nos afectan a todos. Puede ser, o es, la corrupción absoluta. Sus nombramientos, también, puede ser una compensación política y económica, al cesar y como cargos públicos. El estudio o investigación de todo esto, con el empirismo que el profesor Baena realizó en su día, se convierte en una necesidad y en una obligación moral de cualquier universidad que se precie de ser tal y no se conforme con incluirse en este sistema de corrupción o de la subvención y convendría saber cuántos consejeros o políticos, además, forman parte de los cuadros de profesores universitarios y no porque no puedan o deban serlo, sino para saber qué predican y comparar con lo que hacen.
También es posible preguntarse si se puede servir a dos señores o a intereses diferentes en los casos en que el nombramiento depende, directamente o indirectamente, de las administraciones públicas o sus gobiernos o de los partidos políticos, en el poder o no. ¿Y qué decir de los sindicatos? Permítanme, el estrambote, no podemos permitirlo pero tampoco se puede con partidos del estilo de Podemos, porque el resultado tampoco puede ser el deseado por cualquier demócrata, pese al panorama actual. Agentes dobles, triples, asalto al poder, apropiación del dinero público y de los ciudadanos. Claro, así resulta que hoy la moda está en ser restaurador y cocinar, hasta el punto de que los padres pueden dejar de llevar a sus hijos a los clubes de fútbol para llevarlos a escuelas de cocina. Eso siempre que las "tarjetitas" de políticos y consejeros estén vigentes, porque si no la burbuja puede explotar como otras antes. Pero es más fácil cargar contra una función pública inexistente, que, además, era una de las formas de integrarse la sociedad en el poder, siempre que cumpliera su papel garante de la legalidad. La verdad es que la regeneración ha de ser total y no veo el camino ante tanta mentira y vaciedad en nuestra sociedad.
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