Ante todos los acontecimientos que los españoles estamos viviendo que afectan a los partidos políticos y a su actividad pero que transciende de ellos para afectarnos a todos, me surge una pregunta que es la de si se puede hacer política sin que haya corrupción y si ésta resulta inherente a dicha actividad. Pero, la corrupción admite múltiples calificativos y es la política la que nos interesa y sus también diferentes aspectos. Pero antes de analizar estos conviene repasar el diccionario.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el término corrupción nos presenta cinco acepciones y dos de ellas interesan más al efecto aquí perseguido. La primera, nos presenta un aspecto más moral que material y dice que es el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Y ejemplifica diciendo Corrupción de costumbres, de voces. La otra acepción es la que se mantiene como afectante al derecho y dice: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. También tenemos el término corruptela que nos presenta la siguiente acepción: Mala costumbre o abuso, especialmente los introducidos contra la ley. Para completar acudo al verbo origen del termino corrupción o sea corromper y nos expone las siguientes acepciones: Alterar y trastocar la forma de algo. Echar a perder; depravar, dañar, pudrir. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera: estragar, viciar, etc.
Lo destacable para mí es que la corrupción es tanto material como moral o de costumbres y que comprende también la alteración del derecho y de la ley; en estos casos dependiendo del Código penal se puede llegar a cometer delito.
En este blog no sólo contemplo a la Administración como parte del sistema jurídico, sino que conforme a la Ciencia de la Administración en doctrina del profesor Baena del Alcázar se contempla también como centro esencial en la red de relaciones que se configura a efectos de la formulación de las políticas públicas y del derecho. Este aspecto evidencia que en el seno de la Administración pública y de los políticos y funcionarios se manifiestan una serie de intereses muy diversos, que tienden a que dicha organización pública los satisfaga. Esta satisfacción puede consistir simplemente en que la ley o las normas contemplen favorablemente o reconozcan los intereses del grupo o más allá en conseguir una acción concreta en su favor. Esta acción puede determinar una ilegalidad y puede ser conseguida mediante corrupción o corruptela, dependiendo por tanto de la moralidad o ética de los cargos y funcionarios públicos.
Los grupos de intereses destacan a algunos de sus componentes para esas relaciones y, por tanto, se convierten en la cara amable que, en buena parte de ocasiones, van haciéndose amigos de esos gestores. Comidas, pequeños obsequios, etc., y tratan de hacer que sus puntos de vista (intereses) sean asimilados por el responsable de la gestión o de los informes y las decisiones, de modo que acabe interpretando el derecho o la norma tal como le conviene al grupo o al interesado. Unas veces ello es más normal y suave y otras no; en este último caso la corrupción acaba siendo más material y produce un beneficio también en el responsable de la decisión. Hay en esta graduación entre suave o grave, por tanto, una evaluación por el representante del grupo interesado de la persona responsable con la que se relaciona, en la que decide hasta dónde puede llegar o si ha de cambiar de persona con la que relacionarse y de los medios a utilizar para alcanzar lo perseguido. Normalmente se acude a un cargo o funcionarios superior y se repite el proceso. No es excluible en esas relaciones que se llegue al chantaje como medio, cuando quien tiene que resolver no se corrompe.
Pero, me he referido al hacer política, lo que para mí está plenamente ligado a la acción administrativa, que hace eficaz cualquier política y ley ¿Y cómo se hace política en España? Lo primero a señalar es que la Constitución en su artículo 1 contempla como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado social y democrático, en que se constituye España, el pluralismo político. Y el artículo 6 nos dice que son los partidos políticos los que expresan dicho pluralismo y los que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y que son instrumento fundamental para la participación política. Esta configuración implica, desde mi punto de vista, que para hacer política hay que pertenecer o afiliarse a un partido político. Veamos las consecuencias que percibo, mientras escribo.
Me acude una pregunta ¿para qué quiero hacer política? Soy una buena persona, educada en valores concretos que persigo que sean realidad en beneficio de todos. Contemplo el partido que más se acomoda a mis ideas, sentimientos y valores y me apunto. Participo activamente y al ocupar mucho tiempo, me integro en su burocracia y si no tengo retribución se me dice que ya seré retribuido con un puesto o cargo en la Administración pública si llega el partido a gobernar en alguna. En la medida que me integro y es el partido el que satisface mi sueldo quedo ligado a él y a sus intereses, con lo que mi inicial forma de ver mi participación se corrompe en uno de los sentidos que contempla el diccionario. Si en ese cambio resulta que quiero ocupar cargos, en principio para seguir haciendo lo que éticamente considero, aparece un nuevo fin el de ocupar un cargo en el partido y luego, si cabe, público; se abre otra forma de actuar y este fin se hace primario y una brecha hacia el camino de la corrupción se abre. Entre los intereses generales y los de partido, consciente o inconscientemente, me inclinaré por los del partido, que para mi tranquilidad voy a considerar que son los mismos que los que idealmente siempre consideré. Se produce la identificación entre los intereses de partido con los generales y, por ello, con los míos, y si alcanzo un cargo público la identificación es con los intereses públicos.
Se ha corrompido la idea inicial del hacer política. Si unimos que el partido, si es de los fuertes, de los que consiguen gobernar, ha de retribuir a muchos de los suyos, si gobierna amplía el campo de puestos públicos para colocarlos y además corrompe el sistema de provisión de puestos e incrementa para ello el sector de confianza y acaba con el nivel superior profesional de la Administración pública. Aquel que vela por la legalidad y por la eficacia de las políticas públicas. Corrompe a la Administración pública, a su función; corrompe el mérito y la capacidad e introduce la indolencia en el funcionario no politizado. Y hace de la ley una mentira o un ineficaz deseo o mera utopía irrealizable. Asa de agarre del idealista o tonto teórico y nada práctico en consecuencia, sin perjuicio de que se les utilice precisamente por su idealismo o utopía, para conformar lo formal o el deber ser de las leyes; de modo que lo material quede para los "prácticos".
Aquí me paro y, a pesar de que seguro que hay muchas mas cosas que podría pensar y decir, concluyo. No, no cabe hacer política sin corrupción, en todas sus acepciones y no es posible sobrevivir como funcionario honesto, pues no tienes carrera real, aunque el sistema retributivo te pueda compensar. Mal panorama. Mala realidad. Se necesita algo más que abrir la ventana.
Lo destacable para mí es que la corrupción es tanto material como moral o de costumbres y que comprende también la alteración del derecho y de la ley; en estos casos dependiendo del Código penal se puede llegar a cometer delito.
En este blog no sólo contemplo a la Administración como parte del sistema jurídico, sino que conforme a la Ciencia de la Administración en doctrina del profesor Baena del Alcázar se contempla también como centro esencial en la red de relaciones que se configura a efectos de la formulación de las políticas públicas y del derecho. Este aspecto evidencia que en el seno de la Administración pública y de los políticos y funcionarios se manifiestan una serie de intereses muy diversos, que tienden a que dicha organización pública los satisfaga. Esta satisfacción puede consistir simplemente en que la ley o las normas contemplen favorablemente o reconozcan los intereses del grupo o más allá en conseguir una acción concreta en su favor. Esta acción puede determinar una ilegalidad y puede ser conseguida mediante corrupción o corruptela, dependiendo por tanto de la moralidad o ética de los cargos y funcionarios públicos.
Los grupos de intereses destacan a algunos de sus componentes para esas relaciones y, por tanto, se convierten en la cara amable que, en buena parte de ocasiones, van haciéndose amigos de esos gestores. Comidas, pequeños obsequios, etc., y tratan de hacer que sus puntos de vista (intereses) sean asimilados por el responsable de la gestión o de los informes y las decisiones, de modo que acabe interpretando el derecho o la norma tal como le conviene al grupo o al interesado. Unas veces ello es más normal y suave y otras no; en este último caso la corrupción acaba siendo más material y produce un beneficio también en el responsable de la decisión. Hay en esta graduación entre suave o grave, por tanto, una evaluación por el representante del grupo interesado de la persona responsable con la que se relaciona, en la que decide hasta dónde puede llegar o si ha de cambiar de persona con la que relacionarse y de los medios a utilizar para alcanzar lo perseguido. Normalmente se acude a un cargo o funcionarios superior y se repite el proceso. No es excluible en esas relaciones que se llegue al chantaje como medio, cuando quien tiene que resolver no se corrompe.
Pero, me he referido al hacer política, lo que para mí está plenamente ligado a la acción administrativa, que hace eficaz cualquier política y ley ¿Y cómo se hace política en España? Lo primero a señalar es que la Constitución en su artículo 1 contempla como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado social y democrático, en que se constituye España, el pluralismo político. Y el artículo 6 nos dice que son los partidos políticos los que expresan dicho pluralismo y los que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y que son instrumento fundamental para la participación política. Esta configuración implica, desde mi punto de vista, que para hacer política hay que pertenecer o afiliarse a un partido político. Veamos las consecuencias que percibo, mientras escribo.
Me acude una pregunta ¿para qué quiero hacer política? Soy una buena persona, educada en valores concretos que persigo que sean realidad en beneficio de todos. Contemplo el partido que más se acomoda a mis ideas, sentimientos y valores y me apunto. Participo activamente y al ocupar mucho tiempo, me integro en su burocracia y si no tengo retribución se me dice que ya seré retribuido con un puesto o cargo en la Administración pública si llega el partido a gobernar en alguna. En la medida que me integro y es el partido el que satisface mi sueldo quedo ligado a él y a sus intereses, con lo que mi inicial forma de ver mi participación se corrompe en uno de los sentidos que contempla el diccionario. Si en ese cambio resulta que quiero ocupar cargos, en principio para seguir haciendo lo que éticamente considero, aparece un nuevo fin el de ocupar un cargo en el partido y luego, si cabe, público; se abre otra forma de actuar y este fin se hace primario y una brecha hacia el camino de la corrupción se abre. Entre los intereses generales y los de partido, consciente o inconscientemente, me inclinaré por los del partido, que para mi tranquilidad voy a considerar que son los mismos que los que idealmente siempre consideré. Se produce la identificación entre los intereses de partido con los generales y, por ello, con los míos, y si alcanzo un cargo público la identificación es con los intereses públicos.
Se ha corrompido la idea inicial del hacer política. Si unimos que el partido, si es de los fuertes, de los que consiguen gobernar, ha de retribuir a muchos de los suyos, si gobierna amplía el campo de puestos públicos para colocarlos y además corrompe el sistema de provisión de puestos e incrementa para ello el sector de confianza y acaba con el nivel superior profesional de la Administración pública. Aquel que vela por la legalidad y por la eficacia de las políticas públicas. Corrompe a la Administración pública, a su función; corrompe el mérito y la capacidad e introduce la indolencia en el funcionario no politizado. Y hace de la ley una mentira o un ineficaz deseo o mera utopía irrealizable. Asa de agarre del idealista o tonto teórico y nada práctico en consecuencia, sin perjuicio de que se les utilice precisamente por su idealismo o utopía, para conformar lo formal o el deber ser de las leyes; de modo que lo material quede para los "prácticos".
Aquí me paro y, a pesar de que seguro que hay muchas mas cosas que podría pensar y decir, concluyo. No, no cabe hacer política sin corrupción, en todas sus acepciones y no es posible sobrevivir como funcionario honesto, pues no tienes carrera real, aunque el sistema retributivo te pueda compensar. Mal panorama. Mala realidad. Se necesita algo más que abrir la ventana.
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