El 25 de mayo pasado, tras las elecciones, publicaba esta entrada en la que me refería a la necesidad de pasar a administrar y avisaba del exceso de cargos de libre designación existentes, del mismo modo que, en otras ocasiones, me he referido a la consecuencia que ello tiene en los partidos políticos pequeños y su carencia de cuadros preparados para asumir la dirección de la Administración pública. Hoy mismo leo aquí que la lucha, entre los partidos coaligados, en la Generalidad Valenciana, por la Dirección General de la Función Pública, repercute en la falta de nombramientos en las distintas consellerias, con la parálisis administrativa consiguiente.
Una de las constantes en los primeros años de mi ejercicio profesional como funcionario público y como elemento básico de una reforma administrativa era la afirmación de que los direcciones generales debían corresponder a funcionarios, lo que sólo en parte se ha reflejado en la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, como en este blog se ha comentado con frecuencia. Pero el problema no es sólo este sino los niveles inferiores que también están politizados. En esta situación que nos refleja el periódico valenciano, la organización se resiente y la gestión, en consecuencia, también. Parece que consuela el que ocurra en el mes de agosto, pero si se lee la noticia, se ve que no sólo hay una lucha entre partidos por dominar la organización sino que incluso las intenciones son las de colocar a un sindicalista en la dirección ( tentación siempre presente en los partidos políticos de la izquierda) se comprenderá el lío que se puede formar.
En resumen, que una dirección general técnica y casi siempre atribuida a funcionarios cuando se pretende profesionalizar, resulta ser un instrumento de dominio de la organización. Consecuencia: politización al canto y gestión antijurídica asegurada y, de paso, desprofesionalización asegurada también. Lo siento por los funcionarios de verdad y finalmente por los destinatarios de la gestión y actividad administrativa y sus derechos.
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