La última entrada hizo la 900 de las publicadas en este blog, en tarea personal, salvo el período de colaboración de Manuel Arenilla y, como tantas otras veces he manifestado, siempre me parece que todo está prácticamente dicho, contribuyendo a ello el hecho de que los problemas que se suscitan o, en su caso, el comentario o la reflexión bien sean permanentes o bien afecten a cuestiones ya tratadas. Hoy pensando en los problemas que plantea el personal interino y recordando tiempos pasados ha acudido a mí la cuestión de las relaciones entre técnicos y políticos que a su vez se relaciona con la acción política y la administrativa, sin perjuicio de lo que afecta al poder de los técnicos en la Administración o en la política o sea la tecnocracia. Voy a tratar de ordenar el tema.
La técnica, según el Diccionario de la Real Academia, pertenece o es relativa a la aplicación de las ciencias y las artes, y cuando se refiere al técnico nos dice que es la persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. En nuestras Administraciones públicas existen técnicos de administración especial y técnicos de administración general. Los primeros son especialistas en ciencias que constituyen profesiones en el mundo civil tales como ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, economistas, informáticos, etc. Los generalistas pues serían técnicos que aplicarían ciencias o artes exclusivas o propias de la actividad administrativa pública, que básicamente y de modo breve considero que serían la Ciencia de la Administración y el Derecho administrativo o el arte de la buena gestión administrativa pública.
La ciencia se describe en el mismo diccionario y en su primera acepción, como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Al hacer referencia la sistematización y estructura de los conocimientos y el resultado o existencia de unos principios y leyes resulta indudable que la ciencia se adquiere por el estudio de esas leyes y principios y por la práctica y la observación. Aquélla para la aplicación técnica y, junto con la segunda, o la observación, para concluir la existencia de los principios y leyes, bien sea para confirmarlos bien para establecerlos como nuevos. La ley se considera en el diccionario y en la ciencia como regla o norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. La técnica pues como aplicación de la ciencia supone la posesión de ésta o su conocimiento y su práctica. El arte se describe también como conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo; acepción la más conveniente al objeto de esta reflexión.
De otro lado, de las acepciones de la política o lo político es de considerar la de arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.
¡Cuántas cuestiones plantean todas estas ideas y acepciones¡ No pararía de realizar relaciones entre términos, ideas o concepciones. Pero ciñéndome a los técnicos y a los políticos, en los primeros, en la técnica, encontramos que tanto hay una referencia a la ciencia como al arte, en cambio en lo político la referencia lo es al arte y a la opinión, así como a la doctrina; ésta o las doctrinas suelen formar parte del contenido científico o de la configuración de reglas e, incluso, principios. Y esta referencia a la doctrina en lo político, me lleva a considerar, si es algo más que un arte. La primero que considero es que la doctrina es propia también del arte y no sólo de la ciencia y que en la política hay diferentes doctrinas u opiniones respecto a su ejercicio y buen hacer y la acepción que más se adapta a la actividad política en el sentido que se ha descrito es la de conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo.
Y es que en la ciencia los principios son inamovibles por comprobados, y permanecen y en el arte no lo son tanto, en cuanto la referencia no es tanto al ser sino al cómo. De otro lado, hay ciencias que se denominan como exactas y que son las matemáticas, pero hay que considerar que la mayoría no lo son como ocurre en las sociales o humanas y están más sujetas a doctrinas u opiniones diferentes. En éstas pues pueden confluir tanto principios básicos e inamovibles como aspectos o cuestiones opinables. La leyes científicas tienen carácter inamovible, las leyes políticas, o que son el derecho, debiendo regular lo permanente sin embargo pueden ser más propicias al cambio, en atención a opiniones y doctrinas, pero que nunca deben contradecir aquello que hemos visto que considera el concepto de ley al hacer referencia a la causa primera. De modo que, por ello, en los principios hay jerarquía y unos son superiores a otros, como puede ocurrir en los derechos fundamentales. Esto sea dicho para exponer que incluso allí donde el cambio es posible, existen principios o fundamentos que no pueden o deber ser cambiados o ignorados.
Bien, ya es hora pues de relacionar a los técnicos y a los políticos en el seno de la administración pública. Los técnicos tanto pueden estar en el campo o esfera política como en la administrativa, unos son funcionarios de carrera, sin perjuicio de las interinidades, y otros lo son de nombramiento político o sea altos cargos. Sin complicar más el asunto y entrar en sí los funcionarios serían los aplicadores de ciencia o arte y los empleados de simples tareas, sí hay que considerar que son los que garantizan que la administración actúa científicamente o con arte y no pueden, en consecuencia, ser sujetos a presión cuando actúan o emiten informe u opinión, esta ha de ser neutral, sujeta a las reglas de la ciencia o del arte correspondiente, de ahí que el empleo de los funcionarios sea permanente. Su servicio es al ciudadano y al derecho o a las reglas correspondientes. Las reglas del arte y las de la ciencia pueden convertirse en derecho.
Pero vemos que hay técnicos que forman parte de la esfera política y que son cargos de confianza de los políticos y que, en principio, la lógica marca que, si los puestos exigen de conocimiento técnico, están para garantizar también que en la actividad política no se ignoren los principios de la ciencia correspondiente. Si bien, sin perjuicio de que han de aplicar la ley, al estar al servicio del político o de la política y del gobierno, lo están a una doctrina o corriente de opinión y pueden actuar con determinado sesgo que no contradiga lo fundamental o el derecho o ley existentes, o pueden actuar para cambiar a estos, derecho o ley. Se marca, aquí ya algo de la separación, más bien distinción, entre actividad política y administrativa simple. Sea como sea esta presencia de técnicos en ambas esferas es una estructuración administrativa adecuada a la actividad de gobierno y ejecutiva.
Lo que no es procedente es que el político actúe arbitrariamente o contradiciendo los principios establecidos o que de modo irreflexivo modifique la opinión técnica pues los efectos perversos en la aplicación de los resuelto pueden ser enormes o impensables. En mi caso pienso en el fracaso, por enmendada en parlamento, de la figura del habilitado, regulada en el proyecto de ley de la función pública valenciana de 1985, dirigida a eliminar interinidades. La causa de la enmienda lo fue en razón de que los habilitados podían reclamar el destino definitivo y sin considerar, por tanto, que los problemas de los interinos son infinitamente peores que los de tener más pronto o más tarde un destino definitivo. Las consecuencias hoy son visibles.
Las relaciones entre los políticos y los técnicos deben moverse en estos límites y la confianza no debe residir más que en la preparación y saber del elegido no en su disponibilidad para hacer lo que se le manda sin pegas ni alegaciones de derecho o buen hacer. La designación política de técnicos no puede ser para burlar los principios o las reglas. De este modo, el arte del buen gobierno y de las buenas administración y gestión públicas se cumple. Lo contrario conduce a la corrupción que conocemos. Tampoco el técnico en cargo político ha de llegar para esto último sino para promover las políticas adecuadas científicamente y acordes a la doctrina política del gobierno correspondiente. En definitiva, se evidencia en esta reflexión que no hay buena política, ni política, sin técnica científica, lo que es igual a que no hay gobierno sin administración pública. ? Conduce esto a la tecnocracia? No hay porqué.
¡Cuántas cuestiones plantean todas estas ideas y acepciones¡ No pararía de realizar relaciones entre términos, ideas o concepciones. Pero ciñéndome a los técnicos y a los políticos, en los primeros, en la técnica, encontramos que tanto hay una referencia a la ciencia como al arte, en cambio en lo político la referencia lo es al arte y a la opinión, así como a la doctrina; ésta o las doctrinas suelen formar parte del contenido científico o de la configuración de reglas e, incluso, principios. Y esta referencia a la doctrina en lo político, me lleva a considerar, si es algo más que un arte. La primero que considero es que la doctrina es propia también del arte y no sólo de la ciencia y que en la política hay diferentes doctrinas u opiniones respecto a su ejercicio y buen hacer y la acepción que más se adapta a la actividad política en el sentido que se ha descrito es la de conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo.
Y es que en la ciencia los principios son inamovibles por comprobados, y permanecen y en el arte no lo son tanto, en cuanto la referencia no es tanto al ser sino al cómo. De otro lado, hay ciencias que se denominan como exactas y que son las matemáticas, pero hay que considerar que la mayoría no lo son como ocurre en las sociales o humanas y están más sujetas a doctrinas u opiniones diferentes. En éstas pues pueden confluir tanto principios básicos e inamovibles como aspectos o cuestiones opinables. La leyes científicas tienen carácter inamovible, las leyes políticas, o que son el derecho, debiendo regular lo permanente sin embargo pueden ser más propicias al cambio, en atención a opiniones y doctrinas, pero que nunca deben contradecir aquello que hemos visto que considera el concepto de ley al hacer referencia a la causa primera. De modo que, por ello, en los principios hay jerarquía y unos son superiores a otros, como puede ocurrir en los derechos fundamentales. Esto sea dicho para exponer que incluso allí donde el cambio es posible, existen principios o fundamentos que no pueden o deber ser cambiados o ignorados.
Bien, ya es hora pues de relacionar a los técnicos y a los políticos en el seno de la administración pública. Los técnicos tanto pueden estar en el campo o esfera política como en la administrativa, unos son funcionarios de carrera, sin perjuicio de las interinidades, y otros lo son de nombramiento político o sea altos cargos. Sin complicar más el asunto y entrar en sí los funcionarios serían los aplicadores de ciencia o arte y los empleados de simples tareas, sí hay que considerar que son los que garantizan que la administración actúa científicamente o con arte y no pueden, en consecuencia, ser sujetos a presión cuando actúan o emiten informe u opinión, esta ha de ser neutral, sujeta a las reglas de la ciencia o del arte correspondiente, de ahí que el empleo de los funcionarios sea permanente. Su servicio es al ciudadano y al derecho o a las reglas correspondientes. Las reglas del arte y las de la ciencia pueden convertirse en derecho.
Pero vemos que hay técnicos que forman parte de la esfera política y que son cargos de confianza de los políticos y que, en principio, la lógica marca que, si los puestos exigen de conocimiento técnico, están para garantizar también que en la actividad política no se ignoren los principios de la ciencia correspondiente. Si bien, sin perjuicio de que han de aplicar la ley, al estar al servicio del político o de la política y del gobierno, lo están a una doctrina o corriente de opinión y pueden actuar con determinado sesgo que no contradiga lo fundamental o el derecho o ley existentes, o pueden actuar para cambiar a estos, derecho o ley. Se marca, aquí ya algo de la separación, más bien distinción, entre actividad política y administrativa simple. Sea como sea esta presencia de técnicos en ambas esferas es una estructuración administrativa adecuada a la actividad de gobierno y ejecutiva.
Lo que no es procedente es que el político actúe arbitrariamente o contradiciendo los principios establecidos o que de modo irreflexivo modifique la opinión técnica pues los efectos perversos en la aplicación de los resuelto pueden ser enormes o impensables. En mi caso pienso en el fracaso, por enmendada en parlamento, de la figura del habilitado, regulada en el proyecto de ley de la función pública valenciana de 1985, dirigida a eliminar interinidades. La causa de la enmienda lo fue en razón de que los habilitados podían reclamar el destino definitivo y sin considerar, por tanto, que los problemas de los interinos son infinitamente peores que los de tener más pronto o más tarde un destino definitivo. Las consecuencias hoy son visibles.
Las relaciones entre los políticos y los técnicos deben moverse en estos límites y la confianza no debe residir más que en la preparación y saber del elegido no en su disponibilidad para hacer lo que se le manda sin pegas ni alegaciones de derecho o buen hacer. La designación política de técnicos no puede ser para burlar los principios o las reglas. De este modo, el arte del buen gobierno y de las buenas administración y gestión públicas se cumple. Lo contrario conduce a la corrupción que conocemos. Tampoco el técnico en cargo político ha de llegar para esto último sino para promover las políticas adecuadas científicamente y acordes a la doctrina política del gobierno correspondiente. En definitiva, se evidencia en esta reflexión que no hay buena política, ni política, sin técnica científica, lo que es igual a que no hay gobierno sin administración pública. ? Conduce esto a la tecnocracia? No hay porqué.
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