miércoles, 6 de diciembre de 2017

LA ACTUALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

He esperado al día de la Constitución para comenzar las entradas de este mes. Estos meses y el año se van a caracterizar por el protagonismo político y me cuesta encontrar temas exclusivamente administrativos, pero sin duda ello es así por la estrecha vinculación entre administración pública y política y porque cuando la política, en su buen y mal sentido, ocupa un espacio mayor, la pregunta que surge es cuáles serán las consecuencias en el administrar y en la acción funcionarial. Hoy más que nunca desde su promulgación la Constitución de 1978 es la actualidad.
Para hacer referencia a la Constitución no puede olvidarse en el momento social en que surge y que se dio en llamar la  Transición, simplemente porque significaba el paso de una dictadura a la democracia y no, como parece querer hacerse creer, que la propia Constitución es lo transitorio. Para las personas de mi edad y más jóvenes, la Constitución vigente, de modo pacífico, supone un vuelco al sistema franquista y una plena conformidad de prácticamente  todos los españoles. Si se piensa bien se vuelve a una buena parte de lo que establecía la Constitución de 1931, sobre todo en cuanto a un sistema autonómico, quizá mayor que el regionalismo de ésta. Si uno estudia el periodo constitucional en la Segunda República, verá que se reproducen muchos de los problemas del mismo. Cataluña fue protagonista como hoy lo es. Dichos problemas y acontecimientos, creo que son los que llevan a la inclusión del artículo 155, también hoy protagonista. La pretensión, pues, era, y es, no reproducir los errores que llevaron nada menos a que una guerra civil, sangrienta, pero consecuencia de acontecimientos previos también sangrientos y a un desorden total y una ineficacia constitucional y legal evidentes. Algo que en parte vemos que se reproduce actualmente.

Pero parece que ese ánimo ha desaparecido y por ello se proclama una reforma de la Constitución de 1978, real y aparentemente, destructora de un Estado central, o federal en su caso, que casi lo es ya, que no tendría fuerza o potestades para hacer efectiva la igualdad entre todos los españoles, sino que favorecería una serie de privilegiados por razones históricas que atentan al sentido igualitario de cualquier constitución política que se precie de democrática y que, utilizando palabras frecuentes en la izquierda, sea progresista y moderna. O de llevar los privilegios a todos, destruiría cualquier solidaridad y el papel de un Estado central en la convivencia e igualdad de todos los españoles. 

El valor principal de nuestra vigente Constitución es este: la superación formal y material, durante casi cuarenta años, de las diferencias entre españoles y una vuelta atrás hacia un sistema autonómico, fracasado por la actividad política del desarrollo constitucional en los años treinta, con unas medidas en principios y poderes como el citado artículo 155, que mantuvieran lo bueno del período de la dictadura y la unidad española, para no repetir errores. Por eso, quizá, la autonomía no satisfacen plenamente a todos y unos quieren restringirla y otros convertirla en un sistema de soberanías, separatismos e independencias disparatadas y contrarias al espíritu unitario que representa la Unión Europea.

Por lo tanto, sin perjuicio de reformas posibles de esta buena Constitución que nos rige, preferentemente en un camino mayor hacia la igualdad, y no al contrario como se predica, y hacia la anulación de privilegios para los políticos y sus bolsillos y en contra de los simples ciudadanos; o sea, en evitación de la corrupción y del gasto público y endeudamiento sin fin, lo que hay que destacar hoy es la ineficacia en la consolidación y realidad de los principios fundamentales que ella mantiene y esta ineficacia se debe a nuestros gobiernos y políticos, hasta el punto de que llegan a poner de actualidad aquellos que mantuvo la dictadura y que persistieron, no se olvide, por los horrores políticos y sociales que se produjeron en la Segunda República y por partidos políticos y los cargos públicos. Mal Gobierno, mala Administración, políticos corruptos o, cuando no, inútiles e ignorantes y mal preparados. Mala educación en todos los ámbitos. Y de esto no es culpable la Constitución, para mí, primero es obra política y luego social, por esto último, todos somos responsables.

Reforma en la formación y educación, basada en la verdad y la objetividad, no en los valores de nuestra actual Constitución. Ciudadanos responsables conscientes de que cada uno es el artífice de su futuro, de su libertad y de su dignidad y respeto al Derecho, con mayúscula. 

Para comprobar algunos puntos respecto de nuestros políticos y de las similitudes con la Segunda república y a pesar de extenderme copio unos párrafos de Josep Pla en La Segunda República Española. Una crónica 1931-1934:

Por ejemplo, con referencia a la política del periodo anterior a la república, dice:

La vieja política era muy mala, pero peor ha sido la nueva política. Todo el mundo sabe por qué: por impreparación, incompetencia, ignorancia crasa de los problemas concretos. Hemos estado durante dos años hablando de libertad y democracia y hemos tenido un abandono completo a los problemas concretos. Pero, a pesar de la supremacía  de la política, no hemos sabido ni resolver problemas políticos estrictos. Hemos hecho una Constitución que es un ciempiés. Cuando se presenta un problema constitucional, el presidente de la República ha de pedir dictamen a otras personas para que aclaren lo dicho. Y entonces, pues, ¿qué hemos hecho? No hemos resuelto ni los problemas políticos; hemos creado una guerrilla religiosa preciosísima; no nos hemos encarado seriamente con ningún problema concreto de nuestra economía. Un Ministro -Marcelino Domingo- hablaba de la economía dirigida. !Una economía dirigida....por Marcelino Domingo¡ ¿Se puede dar algo más humorístico y ridículo? Y así, en medio de la farsa más grande de los siglos, hemos llegado a la situación presente.

En un momento anterior, en otra crónica dice todo esto:

Está  claro que hay un hecho que demuestra la enorme puerilidad del ministro de Instrucción Pública, y es el de pensar que su compañero del Ministerio de Finanzas hace todo lo posible para que en España se puedan levantar escuelas y luchar contra el analfabetismo. El señor ministro de Finanzas, con su política fantasiosa, está creando una situación dominada por el hecho de la imposibilidad de llevar a cabo cualquier reforma pensable y posible. Y con todo pasa lo mismo; cosa natural porque la tarea de gobernar es esencialmente una función de coherencia y de integración. Es imposible pensar que se pueda resolver nada si la misión inconsciente de algunos ministros es deshacer sistemáticamente todas las condiciones que permiten resolver las cosas. No se puede engañar a la gente prometiendo grandes reformas si algunos ministros están destruyendo sistemáticamente las fuentes de riqueza que las podrían permitir. Está claro que el mundo oficial vive aún bajo la impresión de las palabras del señor Azaña pronunciadas en el Hotel Nacional; " Hoy en España hay tanta libertad- dijo el actual presidente del Consejo- que incluso tiene la libertad de arruinarse". La frase, que es difícil de imaginar en el desarrollo mental y espiritual de un político medio europeo, es lo que da el tono del momento. Pero, ¿qué haremos con la libertad cuando nos sintamos más pobres que una rata? ¿Qué haremos con la libertad si no tenemos dinero ni potencial económico para organizarla ni defenderla? ¿Qué haremos con la libertad si no nos sirve para nada más que para hacernos sentir con mayor agudeza la vergüenza de la servidumbre nacional y personal? Pero así estamos; tales son las paradojas, tales son los hombres que nos gobiernan. No se había llegado nunca a una puerilidad política tan grande ni se había alcanzado nunca estos extremos. La decadencia pública es cada vez más evidente.

Está claro que hoy se pueden decir casi las mismas cosas y que lo que hay que reformar es el nivel de nuestros políticos y hacer una administración que garantice el derecho y la eficacia. Con la reforma constitucional nos quieren llevar a una situación peor y sin parangón, aún mucho peor que la que nos describe Josep Pla.


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