jueves, 16 de diciembre de 2021

LA DINÁMICA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Cuando empiezo a escribir esta entrada, como es habitual en mí, no parto de un guion previo sino del desarrollo por escrito de las ideas que bullen en mi pensamiento. Una vez más también de acuerdo con el objeto o fin de este blog, se trata de ofrecer una perspectiva partiendo del circulo cerrado que se produce entre Política, Derecho y Administración. Pero con la necesidad previa de hacer constar que la política se enfoca no en su idea pura o filosófica, sino desde su estado de corrupción actual, producido por un sistema de partitocracia que elimina la individualidad y conciencia en el Parlamento -desde su designación hasta la disciplina de voto- y que está dominando el resto de poderes públicos: el ejecutivo, el judicial y, claramente, el constitucional.

Desde esta perspectiva, pues, el partido o partidos que dominan el ejecutivo, dominan, también, el resto de poderes de un modo u otro. En esta dinámica política, resulta esencial entender que su fin no es el bien común o interés general, ni siquiera la ley aún dominada o producida por ellos, los políticos, sino lo que el partido persigue, como gobierno, la permanencia en el poder. Y ésta hace que el fin sea ganar las elecciones y no otra cosa. Para ello vale todo y no existe el sistema formal constitucional sino una realidad que afecta al Derecho y la Administración. Voy a tratar de explicar de qué manera.

La Ciencia de la Administración entendida como encarnada en el campo de las ciencias políticas, nos ofrece su concepto nuclear que es el de las políticas públicas, consideradas como el motor que arranca la primera y más importante de las actividades administrativas, vinculada al nivel político administrativo y al directivo superior, como actores de una actividad administrativa que no es jurídica, aunque considere el derecho en su positividad y en su proyección. De este modo, la primera acción política es la de indicar las políticas públicas que persigue, en el plano electoral y después en el ejecutivo-administrativo.

Pero en este sistema corrompido por partidos y las elecciones como meta, las políticas públicas adquieren un sentido de propaganda más que de programa. Pero, aun así, las políticas públicas anunciadas en campaña, aunque la inclinación del partido o gobierno sería el de hacer efectivas sus políticas, o reales intenciones, de facto y sin  formalizar, necesita formalizarlas para que se publiciten. El fin sigue no siendo la eficacia sino el efecto y éste resulta ser el mero hecho de que la ley, el decreto o los programas se hayan aprobado y aparecido en el boletín oficial, en los medios de comunicación o en el parlamento que actúa como escaparate, pero que en sus debates no configura nada, ya que viene previamente pactada la ley por los políticos.

Así el derecho, la norma es sólo un medio y no un fin y el normar o legislar se multiplica exageradamente para dar la sensación de actividad, de eficacia y de cambio. Pero además, en esta situación, dominada también la estructura superior y parte de la media  de la Administración por la designación política, no se cumplen las fases administrativas para validar y lograr la eficacia de las políticas públicas y se aprueban sin contar con recursos y medios para hacerlas realidad o duplicando objetivos, preceptos y principios que ya existen en el ordenamiento. Pero hay que tener en cuenta que esto no importa en la política mal entendida, pues ya he dicho que el efecto está en la publicidad y no en la eficacia que las haga reales. No pasa nada,, pues para las próximas elecciones esto tampoco va a importar, pues de nuevo se confía en que basta la propaganda de nuevas políticas que atraigan o mantengan el voto.

Una vez producido este exceso de legislación y la confusión que puede producir en los operadores jurídicos, nace otro efecto: el de que los destinatarios del derecho declarado en la norma exigen su efectividad y otra dinámica política se produce, pues la Administración al carecer de recursos y de organización al efecto de la eficacia del derecho, no actúa haciéndolo y el político aprecia que puede perder los votos de estos destinatarios y puede volver a normar para evitar el efecto negativo, repitiendo el proceso descrito. Mientras la oposición, que cuando gobernó hizo lo mismo, aprovecha el incumplimiento para jugar también en el futuro campo electoral y degastar al gobierno.

De otro lado, el político, no experto en administración, exige del nivel superior administrativo soluciones o nuevas normas, mientras la ilegalidad e ineficacia jurídica se produce. Pero este nivel superior, dependiente, por el sistema de designación, no es realmente el que más mérito y experiencia puede tener y los expertos de verdad han sido preteridos como aves de mal agüero que anuncian fiascos administrativos y judiciales, y con ello, para el político, impiden sus fines espurios y electorales y les presentan un panorama de eficacia a largo plazo que no cuadra con el tiempo político.

Entonces el nivel administrativo del que se solicitan soluciones, también entiende que en la norma radican las mismas y para ofrecer la sensación de conocimiento, experiencia y puesta al día, en la norma y en sus preceptos introduce políticas que son "modernas" y de aplicación en el sector empresarial, sin validar o conocer sus efectos y sin organización para su eficacia. Y aunque esto puede darse en todos los campos de la actividad social de la acción administrativa, es en el ámbito de la función pública y su actividad donde se produce con más claridad, al menos por ser mayor mi conocimiento en la materia. Y dado que otro día escribiré sobre la evaluación del desempeño, la pongo como política cuya calificación no acierto a encontrar pero que puede servir la de "fantasma", y que al suponer para el funcionario un sistema retributivo que le favorece -por eso, quizá, se introduce en la norma- surge una expectativa de eficacia que genera problemas internos, mientras el político presume de lo avanzado de su política y de su modernidad.

Claro que, cuando el que introduce la política en su norma, al menos no carece del conocimiento de su dificultad o imposibilidad inmediata, añade una transitoria que prácticamente anula el sistema propuesto o pospone, realmente, su vigencia. Pero como existe la expectativa y se produce un análisis de la nueva política por académicos, profesorado y elaboradores de comentarios a la ley, la política permanece en el ambiente. Si la transitoria no existe, el caos se produce en todos los órdenes, incluso en el judicial.

Pero hay que terminar, aunque ideas bullentes en mi mente no salgan de ella. Es evidente que el circulo cerrado inicialmente comentado entre política, derecho y administración, en la situación actual de España, es un globo que explotará tarde o temprano y que exige que sea desinflado y que el estudio de las cuestiones no se queden en la norma y su formalidad sino en su eficacia y así la primera gran reforma activa es la de la Administración  y que la lleve a sus raíces políticas y jurídicas, sin olvidar que para ello se necesitan gestores profesionales de verdad y no artífices que acaban siendo artificieros,

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