Había comentado que haría mención a las medidas que el gobierno valenciano tenía en mente realizar por razón de la crisis económica y que han sido objeto de referencia en la prensa y que se manifiestan cerca de la campaña electoral. Hay que tener en cuenta que muchos de los proveedores de la Administración autonómica valenciana no cobran y, por tanto, que la situación económica ha de ser delicada. Es destacable en este orden la noticia que aparecía el día 24 del pasado mes de abril de que el Consell ofrecía a los contratistas costear obras por 2000 millones. ¿Participación? ¿Externalización? ¿Financiación privada? El día siguiente se nos decía que los contratistas sólo estaban dispuestos a financiar obras que fueran rentables; totalmente lógico, las obras no rentables son las que se cargan al presupuesto público y si no hay rentabilidad mal van a surgir concursantes a una obra. Además, también, se hace referencia al análisis de la viabilidad de las obras o proyectos, lo que preocupa un poco más pues nos ofrece la imagen de una Administración incapaz de realizar este análisis o de calcular los precios según los cuales la concurrencia y la oferta, a efectos de adjudicación de las contratas, es posible. Cabe preguntarse si, en el fondo, no se produce una renuncia a la determinación del precio del contrato por la propia Administración y se deja en manos de los propios contratistas o no se cuenta con personal preparado para hacerlo.
También el día 28 el Conseller Blasco se refiere a que la "máxima austeridad" sera el lema del Consell y se contempla la simplificación de la Administración y la reducción del gasto. Espero que no desaparezcan los servicios de obras y contratos o las Oficinas de supervisión de proyectos y sean los empresarios los que ocupen la Administración, porque es cierto que reduciríamos organización pero no es tan claro que se redujera el gasto. El día 4 de este mes se nos ofrecen algunas medidas en este orden y, en concreto, se nos dice que se creará una Conselleria de Hacienda, partiendo de su separación de Economía, y mediante la unificación con la actual de Administraciones Públicas y en la que se ubicará una Junta General de Contratación y Compras; junta a la que ya había hecho referencia el día 26 de abril.
En resumen, se vuelve a soluciones clásicas en nuestra Administración estatal y se prefiere la reducción del gasto a las actuaciones descentralizadas o desconcentradas en cuanto a las licitaciones. No se sí se pretende que sólo haya un adjudicatario o se tratará de que nadie monopolice los suministros y que lo único que se unifica son las 140 cuentas a que se hace referencia. Supongo que los proveedores que ahora se diversifican ante la descentralización se preocuparán de evitar que a través de la unificación se produzcan actuaciones monopolísticas, pues hoy la acción administrativa y política también trata de ser equitativa y de repartir bienes y potenciar la actividad económica. Pero habrá que ver el desarrollo en su día de esta cuestión. En Sanidad tuve que asistir a múltiples mesas de contratación en hospitales y centros de salud y sólo algunos suministros, previa consulta con los hospitales, fueron objeto de contratación centralizada, tratando de satisfacer las necesidades y preferencias que los hospitales y médicos tenían respecto de determinados productos o materiales, con lo que abaratando precios sin embargo no se producía la circunstancia de que sólo hubiera un único adjudicatario. El numero de mesas que se conformaban, hacía que hubiera días en que los servicios jurídicos o la intervención no tuvieran personal bastante para acudir a ellas.
Clásica es también la propuesta de que hacienda y recursos humanos sean materias que se gestionen de modo unido, pues en buena parte los departamentos de hacienda siempre han tenido un peso específico en la gestión de aquéllos, en cuanto su número dependía de la dotación presupuestaria y a ella se han venido condicionando los incrementos de plantillas o relaciones de puestos. Pero no hay que olvidar que en los años sesenta, en el Estado, se pretendió que la Presidencia, a través del Ministerio de la Presidencia, asumiera un papel racionalizador en materia organizativa y en la administración de personal, de modo que se redujera el poder de Hacienda para reforzar el del presidente en orden a la política de personal y a la reforma de la Administración. esta idea de una gestión de hacienda y recursos humanos en la organización dependiente del presidente creo que se manifiesta en otros países, de modo que el poder radica en la Presidencia que además formula las políticas correspondientes. Lo cierto es que ahora los presidentes huyen del problema y la creación de departamentos de Administración pública, fue una forma de alejar responsabilidades. La unificación en Hacienda pese a que no conlleve la política económica presenta aspectos que pueden ser negativos y la convierte en el centro de toda negociación para conseguir recursos por parte de los departamentos y puede alejar al presidente de la gestión y del conocimiento de su Administración y dejarlo como un simple elemento político y de representación, preocupado de la imagen del partido y de las elecciones pero que no gobierna en realidad o, al menos, se desentiende de la administración y gestión que es una forma de no gobernar.
Esta visto que nuestra Administración pública es como el tapiz o telar de Penélope, se teje y desteje, continuamente y los problemas siempre son los mismos. Habrá que esperar a ver la realidad de todo lo antedicho y si sólo es fruto de las próximas elecciones y del programa electoral. Las medidas se presentan con una cierta racionalidad pero es posible que de llevarse a efecto se den algunos efectos perversos que lleven a destejer lo tejido.
También el día 28 el Conseller Blasco se refiere a que la "máxima austeridad" sera el lema del Consell y se contempla la simplificación de la Administración y la reducción del gasto. Espero que no desaparezcan los servicios de obras y contratos o las Oficinas de supervisión de proyectos y sean los empresarios los que ocupen la Administración, porque es cierto que reduciríamos organización pero no es tan claro que se redujera el gasto. El día 4 de este mes se nos ofrecen algunas medidas en este orden y, en concreto, se nos dice que se creará una Conselleria de Hacienda, partiendo de su separación de Economía, y mediante la unificación con la actual de Administraciones Públicas y en la que se ubicará una Junta General de Contratación y Compras; junta a la que ya había hecho referencia el día 26 de abril.
En resumen, se vuelve a soluciones clásicas en nuestra Administración estatal y se prefiere la reducción del gasto a las actuaciones descentralizadas o desconcentradas en cuanto a las licitaciones. No se sí se pretende que sólo haya un adjudicatario o se tratará de que nadie monopolice los suministros y que lo único que se unifica son las 140 cuentas a que se hace referencia. Supongo que los proveedores que ahora se diversifican ante la descentralización se preocuparán de evitar que a través de la unificación se produzcan actuaciones monopolísticas, pues hoy la acción administrativa y política también trata de ser equitativa y de repartir bienes y potenciar la actividad económica. Pero habrá que ver el desarrollo en su día de esta cuestión. En Sanidad tuve que asistir a múltiples mesas de contratación en hospitales y centros de salud y sólo algunos suministros, previa consulta con los hospitales, fueron objeto de contratación centralizada, tratando de satisfacer las necesidades y preferencias que los hospitales y médicos tenían respecto de determinados productos o materiales, con lo que abaratando precios sin embargo no se producía la circunstancia de que sólo hubiera un único adjudicatario. El numero de mesas que se conformaban, hacía que hubiera días en que los servicios jurídicos o la intervención no tuvieran personal bastante para acudir a ellas.
Clásica es también la propuesta de que hacienda y recursos humanos sean materias que se gestionen de modo unido, pues en buena parte los departamentos de hacienda siempre han tenido un peso específico en la gestión de aquéllos, en cuanto su número dependía de la dotación presupuestaria y a ella se han venido condicionando los incrementos de plantillas o relaciones de puestos. Pero no hay que olvidar que en los años sesenta, en el Estado, se pretendió que la Presidencia, a través del Ministerio de la Presidencia, asumiera un papel racionalizador en materia organizativa y en la administración de personal, de modo que se redujera el poder de Hacienda para reforzar el del presidente en orden a la política de personal y a la reforma de la Administración. esta idea de una gestión de hacienda y recursos humanos en la organización dependiente del presidente creo que se manifiesta en otros países, de modo que el poder radica en la Presidencia que además formula las políticas correspondientes. Lo cierto es que ahora los presidentes huyen del problema y la creación de departamentos de Administración pública, fue una forma de alejar responsabilidades. La unificación en Hacienda pese a que no conlleve la política económica presenta aspectos que pueden ser negativos y la convierte en el centro de toda negociación para conseguir recursos por parte de los departamentos y puede alejar al presidente de la gestión y del conocimiento de su Administración y dejarlo como un simple elemento político y de representación, preocupado de la imagen del partido y de las elecciones pero que no gobierna en realidad o, al menos, se desentiende de la administración y gestión que es una forma de no gobernar.
Esta visto que nuestra Administración pública es como el tapiz o telar de Penélope, se teje y desteje, continuamente y los problemas siempre son los mismos. Habrá que esperar a ver la realidad de todo lo antedicho y si sólo es fruto de las próximas elecciones y del programa electoral. Las medidas se presentan con una cierta racionalidad pero es posible que de llevarse a efecto se den algunos efectos perversos que lleven a destejer lo tejido.
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