La entrada dedicada al espacio de la tecnocracia y las ya próximas elecciones generales me llevaron a la conexión con otra cuestión que es la de los programas políticos que cada partido ofrece cara a las procesos electorales y su eficacia o su mentira o inadecuación a la realidad. De tal manera que hoy una crítica ciudadana bastante general se refiere al incumplimiento o engaño de los programas políticos. Por ello mi pretensión es referirme al papel que la Administración pública ha de jugar en ellos. Y el hecho de tener que destacar este papel se produce porque es la Administración la que, normal o mayoritariamente, ha de ejecutar las políticas públicas y, por tanto, éstas, que deben de ser, a su vez, cumplimiento y ejecución de los programas políticos, han de ser posibles y realistas para ser eficaces y, para ello, veo necesario explicar más o menos el proceso habitual.
En el momento en que un partido político aborda la confección de un programa para que los ciudadanos procedan a votarle o para que conozcan cuales son sus futuras acciones de gobierno y administración, es cuando por primera vez, si no juega simplemente a engañar, obtener votos o, demagógicamente, a ofrecer lo que cree que le es más favorable para ganar, ha de considerar si lo que ofrece o promete es viable al gobernar y puede ser eficaz y en qué plazos. Si el partido es el que gobierna en el momento inmediato a las elecciones, cuenta para todo ello con toda la organización de la administración pública y con los datos, quizá más importantes, de los presupuestos y de su gestión futura; por tanto, es quién mejor puede conocer, por ejemplo, la política fiscal, primera base de ingresos públicos y de obtención del resto de los factores y recursos necesarios para cada política. Además, sabe las políticas que ha de mantener y el gasto que ellas suponen, así como ha de conocer, si administra bien o está bien organizada su administración general, qué recursos pueden ser transferidos de unos servicios a otros por no ser ya necesarios o no serlo las políticas correspondientes. No necesita "empleados" o amigos para ello, cuenta con la tecnoestructura profesional que informe adecuadamente. parte con una gran ventaja. Sólo si desconfía de la organización y confía en los amigos, puede equivocarse. Frente a ello, ¿qué pueden hacer los otros partidos?
Como la administración de la que estoy escribiendo es la pública y es de todos, los partidos que no gobiernan tienen derecho a conocer los datos con los que ya cuenta el que gobierna y los diputados del parlamento pueden solicitarlos. Pero la realidad está configurada de modo distinto. Primero, porque el partido que gobierna procurará no ofrecer la información que puede beneficiar a la oposición y su crítica, ya que la política es algo más que el administrar, y la publicidad de cualquier desajuste se produce en los medios de comunicación, normalmente, de modo sesgado según ideologías, intereses, etc. y hasta con desconocimiento de la situación real o sin investigación y estudio. Además, siempre hay a quien políticas concretas no le gustan o le afectan negativamente. Segundo, porque reiteradamente vengo diciendo que no hay ya una verdadera administración pública, sino una polítizada por la libre designación de todos los niveles superiores y medios de la organización. Allí, donde hay una intervención de decisión o de asesoramiento principal o de informes técnicos que condicionen una política o resolución, allí hay una persona de confianza o funcionario sujeto a libre cese. En esta situación los partidos en la oposición han de recurrir bien a la filtración, la que no conlleva la aportación técnica a sus políticas públicas que tiene el partido que gobierna, o, bien, acude a técnicos de fuera de la Administración, frecuentemente a profesores universitarios o a sus políticos, que con anterioridad llegaron a gobernar y, por tanto, formaron parte del gobierno o de la administración. Si es un partido que cuente con la posibilidad de ganar las elecciones, puede darse el hecho de que funcionarios de los niveles antes indicados colaboren en la formación del programa político y, por supuesto, cuenta con los funcionarios que ocuparon puestos de libre designación con ellos y que fueron cesados al ganar el partido que gobierna las elecciones. Pero, sea como sea, la información no es la misma que la de aquellos que están en el poder. Aun así la mejor cabe considerar que es la de los funcionarios que están en la Administración y que son compañeros y amigos de los que ocupan los puestos clave.
Pero la evidencia, es que a la organización de las Administraciones públicas es a la que corresponde ofrecer la información más fiable para confeccionar el programa político, configurar sus políticas públicas, informar de las que pueden desaparecer o han de cambiar, y determinar los recursos necesarios y la que mejor sabe si serán viables y eficaces. Puede, sin embargo, que esta visión, que será burocrática, no ofrezca al político el cambio que pretende, pero si la Administración o el partido cuenta con verdaderos tecnócratas, sí se puede conocer si el cambio político puede serlo también administrativamente y en qué tiempo. Los que ejecutan en el momento son los que mejor conocen el presente y si el futuro es posible, no sólo por recursos, sino porque la Administración pública consiste también en una red de relaciones con toda la sociedad y conoce las reacciones ante cada propuesta de los sectores a los que afecta.
En el momento en que un partido político aborda la confección de un programa para que los ciudadanos procedan a votarle o para que conozcan cuales son sus futuras acciones de gobierno y administración, es cuando por primera vez, si no juega simplemente a engañar, obtener votos o, demagógicamente, a ofrecer lo que cree que le es más favorable para ganar, ha de considerar si lo que ofrece o promete es viable al gobernar y puede ser eficaz y en qué plazos. Si el partido es el que gobierna en el momento inmediato a las elecciones, cuenta para todo ello con toda la organización de la administración pública y con los datos, quizá más importantes, de los presupuestos y de su gestión futura; por tanto, es quién mejor puede conocer, por ejemplo, la política fiscal, primera base de ingresos públicos y de obtención del resto de los factores y recursos necesarios para cada política. Además, sabe las políticas que ha de mantener y el gasto que ellas suponen, así como ha de conocer, si administra bien o está bien organizada su administración general, qué recursos pueden ser transferidos de unos servicios a otros por no ser ya necesarios o no serlo las políticas correspondientes. No necesita "empleados" o amigos para ello, cuenta con la tecnoestructura profesional que informe adecuadamente. parte con una gran ventaja. Sólo si desconfía de la organización y confía en los amigos, puede equivocarse. Frente a ello, ¿qué pueden hacer los otros partidos?
Como la administración de la que estoy escribiendo es la pública y es de todos, los partidos que no gobiernan tienen derecho a conocer los datos con los que ya cuenta el que gobierna y los diputados del parlamento pueden solicitarlos. Pero la realidad está configurada de modo distinto. Primero, porque el partido que gobierna procurará no ofrecer la información que puede beneficiar a la oposición y su crítica, ya que la política es algo más que el administrar, y la publicidad de cualquier desajuste se produce en los medios de comunicación, normalmente, de modo sesgado según ideologías, intereses, etc. y hasta con desconocimiento de la situación real o sin investigación y estudio. Además, siempre hay a quien políticas concretas no le gustan o le afectan negativamente. Segundo, porque reiteradamente vengo diciendo que no hay ya una verdadera administración pública, sino una polítizada por la libre designación de todos los niveles superiores y medios de la organización. Allí, donde hay una intervención de decisión o de asesoramiento principal o de informes técnicos que condicionen una política o resolución, allí hay una persona de confianza o funcionario sujeto a libre cese. En esta situación los partidos en la oposición han de recurrir bien a la filtración, la que no conlleva la aportación técnica a sus políticas públicas que tiene el partido que gobierna, o, bien, acude a técnicos de fuera de la Administración, frecuentemente a profesores universitarios o a sus políticos, que con anterioridad llegaron a gobernar y, por tanto, formaron parte del gobierno o de la administración. Si es un partido que cuente con la posibilidad de ganar las elecciones, puede darse el hecho de que funcionarios de los niveles antes indicados colaboren en la formación del programa político y, por supuesto, cuenta con los funcionarios que ocuparon puestos de libre designación con ellos y que fueron cesados al ganar el partido que gobierna las elecciones. Pero, sea como sea, la información no es la misma que la de aquellos que están en el poder. Aun así la mejor cabe considerar que es la de los funcionarios que están en la Administración y que son compañeros y amigos de los que ocupan los puestos clave.
Pero la evidencia, es que a la organización de las Administraciones públicas es a la que corresponde ofrecer la información más fiable para confeccionar el programa político, configurar sus políticas públicas, informar de las que pueden desaparecer o han de cambiar, y determinar los recursos necesarios y la que mejor sabe si serán viables y eficaces. Puede, sin embargo, que esta visión, que será burocrática, no ofrezca al político el cambio que pretende, pero si la Administración o el partido cuenta con verdaderos tecnócratas, sí se puede conocer si el cambio político puede serlo también administrativamente y en qué tiempo. Los que ejecutan en el momento son los que mejor conocen el presente y si el futuro es posible, no sólo por recursos, sino porque la Administración pública consiste también en una red de relaciones con toda la sociedad y conoce las reacciones ante cada propuesta de los sectores a los que afecta.
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