MUCHO FARISEISMO

Me cansa que sean los políticos los que acaban siendo el tema dominante en el blog, pero es que, por razón de edad, al no estar ya en activo y en el detalle, lo más evidente resultan ser sus actuaciones y la imagen que nos ofrecen, siendo así que además de ellos depende la administración de que gocemos; de otro lado, me parece que casi todo lo que pretendo decir por escrito ya está dicho y escrito y para aportar algo, que no sea destapar nuestras vergüenzas, he de estudiar e investigar y la verdad es que cada día tengo menos ganas y más de evasión, por lo que al igual que en mi infancia y juventud el cine es un buen escape y, sin ser nada del otro mundo, uno ha trabajado lo suyo. Sólo el que algunos me comuniquen que el blog les resulta útil, me hace continuar.

En este verano hemos visto alguna muestra de solidaridad, por ejemplo, en el accidente de Santiago,  un poquito con Gibraltar, pero pasado el tiempo vemos que ya se utiliza políticamente, sin perjuicio de si administrativamente se ha podido, antes, haber actuado mejor. De otro lado, la sanidad sigue siendo otro instrumento político y también vemos conductas reprobables en contra de la delegada del gobierno en Madrid, victima de un accidente. Mientras tanto, tengo la sensación de que todo son palabras, programas, políticas anunciadas y muy poca acción. Nacionalismos totalitarios disfrazados de progresía. Ya lo he dicho: mucha política pequeña y poca administración. Demasiados "listillos". Aquí como decía Jesús el que esté libre que arroje la primera piedra . Y ya que hacemos referencia a Jesús, al comentar mi desánimo a mi mujer me hace leer el evangelio del día y la verdad es que viene al caso. Vean:

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley: el derecho, la compasión y la sinceridad¡ Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello¡ ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno¡ ¡Fariseo ciego¡, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera.

No más palabras.

EL SUELDO DE LOS POLÍTICOS

Ahora que es de actualidad el tema de los sobresueldos o complementos que los políticos cobran a través de su partido y que surgen abundantes críticas al respecto, vuelve a plantearse la cuestión de si los políticos españoles están bien o mal pagados y si sus retribuciones oficiales y con cargo al presupuesto público son suficientes para que los mejores y más preparados acudan a la política y al desempeño de puestos de gestión y responsabilidad en el nivel político. Una opinión muy extendida es que estos sueldos son insuficientes y que no resultan atractivos para aquellos que obtienen bastante más en su actividad privada y profesional. Cuando he tenido que opinar al respecto, siempre he pensado que el pagar más y mejores sueldos a los políticos no iba a cambiar sustancialmente la situación actual y que a lo largo de los años nos ha llevado al sistema de nombramientos existente.

El mismo debate presidía mis primeros años de funcionario y la misma idea de que era preciso pagar mejor a los funcionarios, señalándose que a la Administración opositaban sólo los procedentes de las zonas económicas más deprimidas o que en las zonas más desarrolladas industrial o empresarialmente no se acudía tanto al sector público pues era fácil obtener trabajo en el sector privado y empresarial y que en consecuencia, al estar mejor retribuidos en él, los mejores no acudían a la Administración pública. El estudio de estos aspectos es propio de los sociólogos y desconozco cuál es la situación actual, pero sí es posible afirmar que la realidad es que ha habido cada vez más un mayor crecimiento del sector público y de los puestos que lo componen. De todas formas en esto del empleo y de acudir o no a unas oposiciones es indudable que las bonanzas económicas y las crisis tienen indudable influencia y en las épocas malas se prefiere el sueldo seguro al importante pero escaso y difícil, pero en lo público no se excluye que con un sistema limpio de selección por mérito y capacidad acuda gente buena y con capacidad clara de crecer profesionalmente.

Pero como nos referimos a los políticos y no a los funcionarios, lo que creo importante es si la estructura de la organización de los partidos políticos y sus élites, burocracia y grupos, y que son según la Constitución el instrumento fundamental para la participación política, son realmente el instrumento adecuado para que los mejores, a través de ellos, ocupen los puestos de mayor relevancia en el gobierno o gobiernos de España o por el contrario su funcionamiento y organización no permiten que ello ocurra así y si los mejores accediendo a un partido, sólo por serlo, van a alcanzar el poder político o se van a ver impotentes para luchar con la élite de cada momento y si vale la pena abandonar tu actividad para introducirte en la maquinaria burocrática del partido y si ésta se funda en la capacidad y mérito o no y se ha convertido en un sistema de grupos, leales y fieles que nada tiene que ver con la excelencia. Para mí es evidente que nadie con un buen desarrollo profesional, que no sea un funcionario, va a introducirse en la maquinaria de un partido bien para batirse el cobre frente a cualquiera con poder en su seno o bien para enfrentarse a la oligarquía o grupo dominante con los que nunca va a entenderse. Gran vocación hay que tener para luchar contra molinos de viento o unos ciertos gramos de locura. En todo caso, los más o menos buenos, puede que sean afiliados, pero ocupados en lo suyo sin formar parte de su burocracia, sólo aparecen cuando el partido necesita dar buena imagen y se les pide que figuren en listas o ocupen algún puesto de dirección política en la Administración. ¿Cambiarían esta situación unos sueldos con cargo al presupuesto público mayores y más importantes? Personalmente lo dudo, puede que los mismos que hay ahora con su misma formación o mediocridad siguieran en el machito, pero cobrando más. Y, además, ¿acabaría ello con el sistema actual de financiación de los partidos? Creo que no. Los problemas son otros. Si se quiere que los buenos del sector privado o de cualquier sector acudan a los puestos de gobierno, sólo basta con compensar a título particular y de modo público, las pérdidas o descompensación que sufran en su patrimonio y situación social y, aún así, ¿quien puede asegurar que ese sistema no se corrompa también y se nos venda como gran figura a quien no lo es? Ejemplos tengo en mi experiencia en orden a nombramientos de libre designación, en los primeros tiempos de la autonomía.

Pero cuando escribo estoy pensando en los altos puestos de gobierno y responsabilidad, pero es que el nivel político actual en el seno de la Administración pública es cada día mayor, pese a la crisis económica, y es por ello por lo que cualquier reflexión ha de contar con todos los puestos políticos que hoy existen. En el blog se ha dicho con frecuencia que el nivel político en la organización administrativa pública, comienza en los puestos de directores generales y es un hecho histórico que desde el período tecnócrata de la etapa franquista se ha venido diciendo en diversas circunstancias que estos puestos debían reservarse para los funcionarios públicos y no ser cargos políticos, pero la realidad, siempre tozuda, es que nunca ha sido así y siempre ha quedado como un nivel de nombramiento por decreto de los gobiernos y como cargos claramente políticos, sin perjuicio de que algunas leyes, como la del Estado y su organización, consideren, según los casos, que han de estar reservados en favor de funcionarios o especialistas, cosa que no siempre se cumple. En estas circunstancias, sin control real jurisdiccional de los nombramientos, estos cargos son políticos y, por ello, nada garantiza que se cubran por profesionales o especialistas ni que rija el mérito y la capacidad; de modo que, es frecuente que los nombrados puedan ser afiliados al partido y ver retribuidos sus servicios con nombramientos en este nivel. También es frecuente que los afiliados a los partidos, nombrados en puestos políticos, confieran un porcentaje de su sueldo al partido como contribución. Hecho que indica a quién deben su progreso y también el por qué el partido prefiera a los suyos. De otro lado, la afiliación a un partido y el plegarse al sistema de líderes y lealtades es un modo de carrera administrativa y política.

Pero además de que el nivel político en las Administraciones públicas ocupan puestos claramente administrativos o de dirección administrativa de carácter público, eliminando un nivel directivo público de carácter profesional y resultado de una carrera y especialización. La organización administrativa púbica de confianza  y de naturaleza eventual, también se ha incrementado mucho, como medio de colocar a partidarios, amigos, familiares, etc. Con ello en el concepto de políticos han que colocar, perdón por la expresión, a toda esta morralla, más allá de sus condiciones y méritos personales. ¿Alguien cree que todos estos niveles han de gozar de altas retribuciones para que acudan a ellos los mejores? Más bien constituye la zona prioritaria de racionalización y de supresión de puestos y de ahorro económico.

Pero aún hay otra cosa a considerar y es que el nivel político tiene también otra zona de su propiedad, la de las empresas públicas, cuyo crecimiento ha sido exagerado, por razones que nada tienen que ver con la eficacia y racionalidad, sino con creación de ámbitos de consecución de financiación de partidos, cuando no de latrocinio, en la que se nombran preferentemente a testaferros y no  a profesionales y especialistas y en los que se han utilizado las tendencias en favor de la gestión privada o new management, para epatar a inocentes y diletantes o aficionados y para vender humo de progresía y modernidad, pero que sirven para derrochar dinero público e enriquecer a aprovechados.

En definitiva, el problema para mí no es el sueldo de los políticos sino el sistema establecido que teje una malla de corrupción y favorece la apropiación de lo público por los políticos, sin olvidar a los sindicatos (no me refiero a sus afiliados ni sus empleados) que también forman una burocracia que hay que incluir como formando parte de la estructura política y de los partidos.  En estas condiciones ¿aumentamos los sueldos o reformamos el sistema y reducimos la organización política?

POLÍTICOS Y ADMINISTRACIÓN INCAPACES

Cualquier estudiante de Derecho al tener que abordar el Derecho administrativo se encuentra con la cuestión de la personalidad de la Administración pública y su capacidad jurídica pública y privada, la primera como manifestación de su carácter de poder público y del correspondiente ejercicio de potestades, cuya característica, además, implica la de imponerse a los administrados, ciudadanos, interesados o como ustedes quieran llamarles. También es evidente que para cualquier estudiante, medianamente serio, el derecho para ser tal ha de poder ser efectivo y que por ello todo derecho ha de contar con fuerza coactiva, ya que si no estamos ante simples declaraciones y sólo retórica. Cómo la preocupación del blog es la actividad pública y la administración pública es obvio que en este campo quien ejerce el poder y las potestades de ejecución y eficacia del derecho declarado por los procedimientos legales es la Administración pública, imponiéndose si es preciso o estableciendo los servicios, obras o condiciones para que el derecho sea realidad.  No todo es coacción, hay servicio y prestaciones. A estos efectos es natural y evidente que ha de contar con los medios económicos necesarios y los presupuestos, aprobados por los máximos órganos legislativos o ejecutivos del Estado o de sus Administraciones públicas, son el cauce para ello. Cómo decía hace poco, pues, estos presupuestos y los órganos que los preparan han de, en actividad administrativa coordinada con el nivel político, contar con las políticas públicas que se han de mantener y las que se han aprobado en el año correspondiente y que se han de hacer efectivas en adelante, para lo que en el momento antes de aprobarse ya se debió hacer constar las fuentes de ingresos que permitían la nueva política y su eficacia. El presupuesto permite que los otros recursos, humanos y materiales, se obtengan y mantengan; personal y patrimonio, pues, forman parte del presupuesto principalmente en su vertiente de gastos.

En el administrar de cada día, además, hay que atender a las circunstancias que se presentan y darles solución, sobre todo cuando afectan a derechos fundamentales o a la convivencia o deterioran el nivel de bienestar alcanzado por la sociedad correspondiente. Por eso gobierno y administración se identifican a estos efectos. Si se administra mal o no se administra, no se gobierna y no hay política que valga. Pero todo esto, sobre todo cuando ya se ha entrado en la ancianidad y la realidad se impone a nuestro pesar, resulta, ante los hechos, formar parte de la retórica a que me he referido. La retórica se utiliza en la oposición, no se puede de ningún modo hacer en el gobierno. Pero es más, cuando se aspira a gobernar tampoco la retórica se puede utilizar, si no que debe acompañarse del programa y la solución administrativa correspondiente. Quede pues la retórica para quien no tiene responsabilidades ni puede tenerlas o para reflexiones como las mías. 

Cada lector puede aplicar lo dicho a las situaciones que conoce, pero la reflexión de hoy viene a cuento de la actualidad; por ejemplo, del problema de los gorrillas que, al volver a la ciudad de Valencia, encuentro que la administración municipal se declara incapaz de resolver y manifiesta que necesita una nueva ordenanza para ello. Como el problema afecta al barrio en que vivo y a toda Valencia, acaparando los citados gorrillas los bancos de la plaza y de las calles, para beber, descansar y dormir, llenándolo todo de botellas, basura, ropa, olor de orines, y creando otras molestias que afectan a los viandantes, me cuesta creer que toda solución dependa de una nueva ordenanza y me hace pensar que algo más existe y mi primera impresión es que hay una clara incapacidad política y ejecutiva y una carencia de técnica para aplicar el ordenamiento jurídico en general. No se ve más allá de un metro y la miopía es evidente. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación u otras como las rutas ilegales del alcohol en Barcelona y tantas y tantas otras ilegalidades y quebrantamientos de los más elementales derechos de los ciudadanos corrientes y molientes?

Llego a la conclusión de que Franco, el generalísimo, tiene la culpa, por que al establecer un régimen no democrático, sin perjuicio de la eficacia de su Administración, convirtió a la legalidad, el orden, la política nacional y unida y de Estado, en algo contrario a la democracia, propio de fachas, y de paso hizo que se confunda a ésta con la "tolerancia", el buenismo, el diálogo, la participación en todo y para todo, y nos llevó a la inanición, a la duda permanente, al todos contentos, a las normas ambiguas y polivalentes, al tejer y destejer, a la identidad de la democracia con la izquierda y a lo "políticamente correcto", por encima de la eficacia de la legalidad democráticamente establecida, todo para mantener el poder y ganar el voto; mientras, el dinero público, que se ha llegado a decir que no es de nadie, sirve a unos cuantos intereses bastardos en detrimento de todas las instituciones y se subvenciona cómo fastidiar al simple ciudadano, mientras, además se le fríe a impuestos. Vean un ejemplo. A mi me gustaría que los que, después de tantos años de gestión política y administrativa, se declaran incapaces de hacer efectivo el ordenamiento jurídico y piden para ello nuevas "normitas" para ejercer su potestad, sean congruentes y se vayan a casa con todo su personal de confianza.  Los problemas concretos que he comentado y cualquier otro en ebullición, no han surgido de manera espontanea, llevan años de cultivo, de permisibilidad, de imprevisión y consecuente carencia de administración y gobierno. En una palabra, se cambia la sociedad no conforme a los previsto constitucional y legalmente, sino conforme al pensamiento o intereses de grupos y personas que se imponen por la cobardía política de quienes han de ejercer el poder legal de gobernar y administrar y los problemas sociales, que debieron atenderse cuando aún había solución y medios, son hoy la ruina del "sistema" y surge la incapacidad más vergonzosa, pues no sólo el ordenamiento es ineficaz sino que no hay capacidad para mejorar la sociedad y atender sus problemas. Pero la palabrería y la demagogia imperan plenamente.

Somos incapaces todos, carecemos de los valores que hacen de una nación sea tal y que permiten que tenga su peso específico en el orden europeo e internacional. Somos o vamos a ser lo que no quería Julio Anguita, un país de camareros, sin detrimento de tan digna profesión. Y ojo, porque hasta los camareros pueden desaparecer si se sigue permitiendo el deterioro; nuestro único turismo  y negocio será el del botellón y la borrachera. Aquí se vendrá a hacer lo que no se permite en el resto de los países. 

LO MEJOR, LO EFICAZ, LO RACIONAL Y LO POSIBLE

Las reacciones ante el accidente ferroviario de Santiago, sobre todo en tertulias radiofónicas y televisivas, y la demanda de que se establezcan los mejores sistemas de control de velocidad, etc., provocan en mí una serie de reflexiones en torno a los límites de la administración pública, ya que parece que las Administraciones públicas están obligadas a proporcionarnos los mejores servicios posibles y existentes y así desde cualquier sector, organización, institución, personas y personajes se exige la solución más avanzada y la eficacia más completa. Es por supuesto una exigencia de eficacia que ni siquiera pedimos de una empresa privada, ya que respecto de ella no nos implicamos en su administración sino sólo en relaciones concretas de tipo contractual. Si existe en el mercado un producto nuevo que mejora sensiblemente a los hasta el momento existentes, ya estamos exigiendo que la Administración pública lo adquiera, mientras que en el caso de la empresa privada, ésta analiza el coste, la mejora que para ella implica, el rendimiento económico que le supondrá y lo que ocurre con la amortización de los elementos que tendrán que sustituirse. Ello nos muestra cómo, aunque los principios de la gestión y administración privada sean aplicables a la administración pública, no son lo mismo.

Es indudable que en la tragedia que nos ocupa cualquiera piensa que si existía un sistema que la hubiera evitado, lo lógico es que se hubiera utilizado y puede no comprenderse que no se haya hecho. Pero previamente ha existido una decisión técnica y una política, por las que considerados todos los factores, en dicho caso por ejemplo, el límite de velocidad y la regla que exige su respeto, más los restantes elementos de seguridad, se estima adecuado el sistema correspondiente; por tanto hay en la decisión un componente técnico y uno político, que, además ha de considerar los factores económicos o no según las circunstancias. En el caso que provoca este comentario, cumplido el respeto al límite de velocidad, primera exigencia, el resto de cuestiones no se presentarían y los sistemas de seguridad no se discutirían. Ya sé que nada es suficiente cuando nos golpea el daño, pero cuando se hace referencia a una Administración pública, como en cualquier otra organización, se ha de tener en cuenta la capacidad económica que se tiene; es decir, el presupuesto público, los ingresos y sus fuentes, los gastos y las consecuencias del endeudamiento en su caso, pues él supone un ingreso que implica gastos y obligaciones para ejercicios futuros. Al menos estos aspectos han de ser considerados desde el punto de vista técnico, lo que puede ser discutido cuando la realidad ofrece una situación como la deSantiago.

He hablado con frecuencia de las políticas públicas y del papel que la Administración pública juega en su formulación y aprobación, que es principalmente el de confirmar su viabilidad, prever y facilitar los recursos necesarios para su eficacia y ello supone contar con que hay que mantener las políticas públicas aprobadas antes y que han de continuar ejecutándose y, en su caso, establecer aquellas que ya no han de seguir y que hay que eliminar, suprimiendo por tanto las organizaciones que las ejecutaban y los créditos presupuestarios correspondientes. Esta exigencia de una previa dotación y existencia de recursos o factores administrativos necesarios para la eficacia de una política, desde el punto de vista técnico y racional y la eficacia futura hace que cuando no es posible alcanzar lo mejor, pero la política, el servicio o la acción sean necesarias o imprescindibles, se acomode el sistema a lo que sí es viable y se ponderen los aspectos que no pueden eliminarse y aquellos otros que pueden ser eficaces sin que sean necesariamente los mejores existentes. También, pues, la Administración pública tiene que considerar los costes y su capacidad económica para acometer una nueva política pública o tomar una decisión u organizar un servicio o preferir unas actuaciones sobre otras. Pero hay que considerar que, al estar subordinada la Administración al Gobierno o parte política, también ha de tener en cuenta las pautas que el político marca, siendo siempre la decisiónfinal dela parte política.

Pero la situación en España es que cualquiera sabe y pontifica y que todo es aprovechable para desgastar a los gobiernos y los partidos políticos que los sustentan, en tanto que los políticos no siguen las reglas que impone esa racionalidad que nos ofrece la Ciencia de la Administración y todas las Administraciones públicas aprueban políticas públicas que no van a poder mantener o que implican gastos insostenibles o que exigen de un control permanente para que las normas que permiten su eficacia al máximo nivel, acorde con los medios de que se han dotado, sean respetadas. Son muchos los ejemplos de servicios administrativos y públicos que no pueden contar con los medios más avanzados. La sanidad puede ser un ejemplo. Pero la descentralización autonómica es un factor que contribuye aún más a la dificultad de una buena planificación y coordinación, pues no sólo supone la existencia de distintas administraciones y de políticas distintas o preferencias, sino que actúan en competencia, sobre todo política y de imagen, sin que exista como he reiterado en múltiples ocasiones una organización capaz de analizar lo que ocurre en el seno de cada Administración y proponga las mejores medidas de racionalización, eficacia y eficiencia. 

Es evidente que esta situación y la diversidad existente es la que exige, según algunas Administraciones, la financiación asimétrica, pero suponiendo que ello sea necesario, a mí me parece todavía más que se imponga la racionalidad y no se aborden políticas que no pueden ser nunca financiadas y sostenidas por la sola razón de la imagen y los procesos electorales. La Administración pública, más cuando es descentralizada, es de una gran complejidad y la configuración de los presupuestos públicos de cada una exigen sobre todo de una administración profesional y coordinada y de una gobernanza real, si bien a mí el término no me guste. España necesita de todo ello y de mejores políticos-administradores o gobernantes. Por todo ello, lo mejor no tiene porque ser lo más eficaz y eficiente o lo racional y puede que sea imposible dados los medios existentes o vaya necesariamente a ser ineficaz o mal ejecutado. Cualquier persona sensata se acoge a sus posibilidades económicas, cuando derrocha, se endeuda y no paga, pierde. El tiempo de las vacas gordas y el descontrol se han acabado y hay que ajustarse a la realidad y sin hacer que todo recaiga en los simples ciudadanos y sus contribuciones económicas. Pero ante la muerte y la desgracia nada se sostiene y surge el dilema y la controversia.

MÁS SOBRE LOS PUESTOS NO SINGULARIZADOS

La cuestión del libre nombramiento que surgió en la última entrada sobre los puestos de trabajo y sus relaciones, tiene relación con los problemas de gestión de personal y en especial con el tema de los puestos no singularizados, por lo que repaso la entrada que en su día dedique a los mismos, y encuentro que traté el tema más de lo que recordaba. Lo cierto es que desde abril del 2010 hasta ahora han surgido algunas cuestiones más sobre dichos puestos y la utilización de su idea o concepción y además, en algún momento apunté que comentaría la regulación que de la clasificación de puestos ha realizado el Consell Valenciano a través del Decreto 56/2013.

Pero voy a empezar comentando los nuevos puntos cronológicamente.

LA TRAGEDIA DE SANTIAGO

Sólo unas líneas para manifestar el hondo pesar que causa el accidente de ferrocarril a la entrada de Santiago de Compostela, la víspera de la fiesta.patronal. El dolor alcanza a todos los españoles, pero desde esta entrada quiero transmitir mi sentimiento a los seguidores gallegos del blog y especialmente a los de Santiago cuyo seguimiento del blog es notable. Si, al tratarse de un servicio público, hubiere que hacer alguna valoración de los hechos, habrá que esperar a que éstos estén claramente determinados. Hay que destacar el comportamiento cívico en general, pero en especial el de los funcionarios y empleados públicos.

PUESTOS DE TRABAJO, RELACIONES DE PUESTOS Y PRESUPUESTOS: La realidad de la reforma de 1964

En las entradas anteriores se ha analizado y se ha podido acceder a las normas reguladores de la elaboración de las plantillas orgánicas que estableció la Ley Articulada de funcionarios civiles del Estado y es fácil comprender el tiempo que esta elaboración y el previo análisis y clasificación de puestos debía conllevar. Es además indudable que la reforma tenía como punto muy importante la creación de los Cuerpos generales y que en ellos el puesto de trabajo jugaba y juega un papel diferente que respecto de los cuerpos especiales, resultando además que la creación Cuerpo General Técnico y las normas de la citada Ley de funcionarios suponía o implicaba, de llevarse lo previsto plenamente a efecto, un cambio en la estructura de poder de los cuerpos de funcionarios desfavorable para los cuerpos especiales que en sus respectivos ministerios dominaban su estructura. En principio, pues, el poder burocrático iba a pasar al Cuerpo general superior, el Técnico. De otro lado, ya hemos visto que el concepto del directivo se reservaba para el citado Cuerpo Técnico, respecto del cual hay que tener en cuenta que se podía acceder con la posesión de cualquier título universitario y que no era como con anterioridad, en teoría, un monopolio para licenciados en derecho. 

Son muchas las cosas que cabe comentar en torno a todos los cambios que la estructura corporativa de la Administración general implicaba en el propio seno de los que hasta ese momento representaban las escalas y las categorías y los puestos que un auxiliar podía alcanzar con la carrera establecida. Lo cierto es que la carrera de los nuevos cuerpos generales dependía de la clasificación de los puestos y su atribución a cada uno de ellos y la de los cuerpos especiales debía reducirse al ámbito de su especialidad e inicialmente no de carácter burocrático. No es de extrañar, pues, que investigando los boletines oficiales de los años sesenta y setenta no se encuentren publicadas la plantillas orgánicas y que en 1970 aún veamos un Decreto 247 con bases para la elaboración de las plantillas orgánicas para el bienio de 1970-1971 y en 1971 otro, el 1310, con nuevas bases para la revisión y aprobación de las plantillas orgánicas de los ministerios civiles. En 1974 por Orden de 18 de octubre se regula la elaboración, formalización y revisión de las plantillas orgánicas de los Organismos autónomos.

El hecho es indicativo de que el proceso de formación y aprobación de las plantillas orgánicas aún estaba pendiente. Antes de estos decretos y que afecten a las plantillas sólo he encontrado:

CONTRATOS PÚBLICOS Y CONFIDENCIALIDAD

Entre los criterios básicos que pretenden conceptuar y definir al Derecho administrativo cuenta con un peso específico el del interés público, cuyo cumplimiento y garantía constituye a su vez un fin principal. No se trata ahora de comentar o dilucidar cuál es el interés público, ni su conexión con intereses de grupos sociales e incluso subjetivos, basta con manifestar su íntima relación con los fines e intereses que las leyes encomiendan a las Administraciones cumplir y hacer efectivos. También conviene destacar que los procedimientos administrativos y la organización también muestran una finalidad garante de los intereses públicos y que de este modo el Derecho administrativo establece cautelas o tutelas de aquéllos para evitar que cualquier interés privado o particular o bastardo, en su caso, pueda predominar sobre dichos intereses públicos o generales.

Son  estas cautelas y procedimientos los que son tachados, la mayor parte de las veces, de burocráticos o de irracionales y contrarios a la eficacia que en cambio se atribuye a la empresa privada. Y es cierto que estas tutelas y cautelas, muestran una marcada desconfianza hacia las posibles actuaciones de los servidores y cargos públicos y les constriñen y obligan. Por ello, muchas veces el gestor público ve estas garantías como obstáculos que le impiden establecer procedimientos que considera más eficaces y de ahí que la reivindicación de autonomía sea normal, así como la consecuente tendencia a crear personas jurídicas separadas de la organización centralizada. Pero también hay que convenir, ante el panorama general actual en nuestra actividad política y administrativa, que las cautelas, tutelas y garantías tienen su razón de ser y son fruto de la experiencia centenaria de la Administración pública, sin perjuicio de que puedan ser mejorados los procedimientos, pues la realidad, acaba demostrando que la desviación de poder es más común de lo que parece. Se impone la teoría o el principio de la seguridad frente a la de la eficacia basada en la autonomía de la voluntad.

Esta reflexión inicial tiene su razón en la polémica que han causado las declaraciones de la Directora de Radiotelevisión Valenciana sobre la nulidad o no de las cláusulas de confidencialidad de los contratos de las empresas públicas y en las reacciones y críticas habidas. Confieso que a mí la cuestión de estas cláusulas y su uso me provoca cierta inquietud y dudas en cuanto a su coordinación y ajuste al principio general de transparencia y según los casos al de competencia efectiva o a que afecte seriamente a las posibilidades de impugnación y contradicción respecto de las resoluciones de adjudicación de los contratos. Trataré de explicarlo.

DEFENSA JURÍDICA PÚBLICA DE ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS

La multitud de casos que la actualidad nos ofrece de corrupción presunta o cierta de los cargos políticos de las Administraciones públicas presenta muchas cuestiones que pueden ser objeto de comentario, entre ellas la necesidad de que quede claro si se trata de un sistema de financiación de los partidos políticos o no, o el por qué de la laxitud en la aplicación de las incompatibilidades de los altos cargos de las Administraciones públicas y la rigurosidad e irracionalidad en muchos casos con que se aplica a los funcionarios su régimen de incompatibilidades. Pero lo que me incita al comentario es la cuestión que suscitan las noticias contradictorias de la Junta de Andalucía sobre el pago  o no de la defensa jurídica de los cargos imputados por la gestión de los ERE.

PRIMERA EDICIÓN DEL MASTER UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN PÚBLICA

Publico por considerarlo de interés la siguiente noticia que me llega del INAP

"El 12 de febrero, el INAP y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) firmaron un convenio marco de colaboración con el que ambas instituciones pretenden ofrecerse asesoramiento académico mutuo y mantener relaciones de cooperación en el ámbito de sus competencias con el fin de ofrecer y mejorar la formación ofertada. En el marco de esta alianza se convoca esta primera edición del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública.

El máster se enmarca dentro del Plan Estratégico del INAP y con él se desea facilitar, con carácter general, el desarrollo profesional de los directivos públicos y de cualificar a los que deseen serlo, además de promover la creación de redes que fomenten el debate y el espíritu innovador de los directivos. El INAP desea con este título configurar un instrumento para que los directivos públicos adquieran las competencias necesarias que les permitan liderar el proceso de transformación de las Administraciones públicas y su adaptación al nuevo entorno social y económico, a partir de principios como innovación, creatividad, liderazgo y responsabilidad.

En el BOE del día 14 de junio se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la primera edición del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública.

Acceda a toda la información del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública en la web del INAP."

MI HEMEROTECA: Yo también soy Miguel Cuenca

Comienza el primer mes habitual de vacaciones veraniegas y en principio pienso espaciar más las entradas del blog y para empezar presento uno de mis artículos de opinión que en su día escribía en el diario de Las Provincias y que aun dedicado a las cosas de mi barrio y, por ello, firmado haciendo constar mi condición de vecino del Barrio de San José, veo que reflejaba cuestiones que escritas en 10 de junio de 1998, son de aplicación a muchas otras cosas y aún en la actualidad. Empezaba así:

                                 

                                               "Nadie contaba cuánta edad vivía,

                                               sino de qué manera, ni aun una hora

                                               lograba sin afán su valentía,"

                                                                                   (Quevedo)

Miguel Cuenca, presidente de la asociación del barrio de san José ha visto aparecer una cruz y un R.I.P., en el mármol que enmarca el portal de su casa, después de que la prensa ha puesto de relieve que los vecinos del barrio no claudicamos de los derechos que nos asisten, aun cuando hayamos dado nuestra conformidad a que las mesas y sillas puedan permanecer durante nayor tiempo en la calle.

Miguel viene luchando desde 1974, junto con otros vecinos por evitar el deterioro del barrio derivado de un ilegal incremento de licencias de establecimientos, mal llamados de ocio, que han producido una contaminación acústica, que constituye el efecto no querido por la ley  y que ha sido propiciada por la imprevisión de distintos consistorios desde dicho año y por la misma administración y funcionarios. Y lo ha hecho, y lo hace, con valor, con su nombre por delante y dando la cara por todos los vecinos, por los valientes y los tímidos. Por eso, porque defiende un derecho incontestable, porque los intereses económicos que están en el lado contrario tienen como fuente la bebida alcohólica y destinatarios a una buena parte de nuestros jóvenes, con efectos negativos desde el punto de vista social y de la convivencia, escribo hoy para manifestar que Miguel no está  solo y que las amenazas serias o no, no van a causar mella en nuestro ánimo.

Que tampoco nos van a quebrar ni los formalismos contrarios al sentido común más elemental y al derecho más evidente, ni las timideces burocráticas o judiciales, ni la impunidad, ni las ridículas sanciones, ni la corrupción si es que existiere. Que la causa de la situación es la actuación municipal de siempre y que no nos importa que exista carencia de medios, que ése es un problema de la administración y del presupuesto municipal o de la racionalización y adecuación de las plantillas de personal y que nosotros contribuimos fiscalmente a mantener el sistema y que es nuestro derecho inviolable y producto de un contrato milenario que los poderes públicos protejan nuestros derechos y los sitúen en el nivel preferencial que les corresponde. No estamos contra el comerciante honrado, simplemente se ha producido un exceso y hay que corregirlo; si el municipio debe retirar licencias e indemnizar, que lo haga.

No es el momento de exponer los miles de argumentos y fundamentos que evidencian la errónea actuación municipal en más de una veintena de años, pero si es hora de que los ciudadanos levantemos la voz para exigir que los derechos colectivos y los intereses públicos, establecidos en la Constitución y las leyes, sean efectivos y que el denostado orden público, que es la primera manifestación de la democracia, pues defiende ese interés general y es manifestación del poder y de la fuerza de la autoridad que los ciudadanos hemos depositado en gobiernos y administraciones, sea una realidad y que no sean precisos héroes, ni sacrificios aislados, ni miles de reclamaciones en los tribunales de justicia. Sobre el voto, por encima de él, el derecho declarado por los parlamentos españoles, el cumplimiento de los compromisos y la eficacia.

Espero que a partir de las amenazas, cada vecino del barrio manifieste sin dudas ni ambages que ellos también son Miguel Cuenca y que así sepa lo que le apreciamos y consideramos"

Creo que los últimos párrafos, aun con su tono soflamático, son aplicables a muchas cosas actuales. Y ya que el artículo empezaba con esos versos del soneto de Quevedo dirigido al conde de Olivares, me atrae poner otras, salteadas, de las décimas dedicadas al estado de la Monarquía:

                                           Toda España está en un tris

                                           y a pique de dar un tras;

                                           ya monta a caballo más

                                          que monta a maravedís.

                                          Todo es flamenco país

                                          y toda cuarteles es;

                                         al derecho o al revés

                                         su paz alterado han

                                         el rebelde catalán

                                         y el tirano portugués.

Otro

                                       Ignórase la ocasión

                                       de este mal, que aspira a eterno,

                                       si es de España mal gobierno

                                       o es divina permisión;

                                       creo que ambas cosas son;

                                       que Dios, por nuestros pecados,

                                       para castigar culpados,

                                      aunque su remedio advierten,

                                      permite que nada acierten

                                      los sabios y los letrados.

Uno más para finalizar

                                     

                                     Cataluña, lastimada

                                     con marciales desafueros,

                                     suplicando por sus fueros

                                     está ya desaforada;

                                     que suele tal vez, negada

                                     a los vasallos la audiencia,

                                     apurarles la paciencia;

                                     e irritada la lealtad

                                     perder a la majestad

                                    el respeto y la paciencia.

Más de cuatrocientos años ha.