A lo largo de los 19 meses de vivencia de este Blog he venido diciendo muchas cosas que tienen un contenido general dirigido a evidenciar cómo se administra y, en cierto modo, por ello, cómo se debe de administrar. Es decir, de modo directo o indirecto, con claridad o sin ella, de modo disperso, es seguro que se han expuesto un buen número de principios de buena administración. Pero, también, se ha evidenciado con frecuencia la íntima unión que existe entre Política y Administración. Unión que en un sentido puro debía suponer que la Política no puede más que ser buena Administración, pues en pureza no pueden tener fines encontrados o contradictorios.
Evidentemente, la racionalidad en la organización, la proporcionalidad entre fines y medios, el gasto público eficiente y la eficacia de la Administración, son reglas de buena Administración y, por tanto de buen Gobierno, y, consecuentemente, son Política en su sentido puro y bueno y ajustada a los intereses generales y no a los de partido, grupos, individuos o mera conservación del poder. Claro que esta es una visión simplemente técnica e idealista, lejos de la cruda necesidad de ganar unas elecciones y de satisfacer a toda la organización dependiente de un partido político y que ocupa espacios de administración pública o de la actividad que se dirige, simplemente, a evidenciar que hay determinadas políticas públicas que Partido y Gobierno propugnan como fín.
Es aquí en esta conexión con la idea de las políticas públicas, donde surge un motivo para desarrollar mi reflexión de hoy, puesto que es frecuente que cuando un gobierno o unos políticos quieren destacar la importancia que otorgan a una determinada política o programa, otorguen a la organización administrativa, destinada a desarrollarla, la categoría de ministerio o equivalente máxima organización en el resto de las Administraciones públicas. Situación que determina, normalmente, que si la política consiguiente no se corresponde con un volumen muy importante de gestión, bien, no sea materialmente un ministerio sino otra organización menor o, bien, que se establezca un sobredimensionamiento orgánico y estructural y un gasto innecesario. Es decir, una mala administración pública o, simplemente, una mala administración, pero que en este caso va a repercutir en el bolsillo de todos los ciudadanos.
En la remodelación actual del Gobierno de España, persisten decisiones que conllevan ministerios o incluso vicepresidencias que identifican a una política pública con una organización expresa para ella, pero que seguramente desde su volumen de gestión y estructura necesarias para su eficacia no justifican el nivel elegido y el gasto consiguiente. Una mala Administración y una mala Política para los ciudadanos y sus bolsillos, dada la crisis actual.
Frente a la carga técnica que una reorganización ministerial y administrativa ha de revestir, vean algunas justificaciones de nuestro máximo dirigente:
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