EL FUNCIONARIO INTERINO: Sus ventajas.

La referencia a las ventajas del funcionario interino podemos hacerla desde dos puntos de vista. Uno el de la Administración o de las personas que administran y, otro, el de los propios funcionarios interinos.

El primero de ellos, tiene como primer aspecto a destacar -y que ya he manifestado- el que constituye una necesidad organizativa para el funcionamiento de cada Administración y para mantener los sistemas legales vigentes de selección e ingreso y de provisión de puestos de trabajo. Y ello, al margen, de que mediante una buena administración se pueda simplificar el sistema y reducir al máximo el número de interinos; pero ello implica una Administración pública preocupada seriamente por dicho funcionamiento, con una organización profesional dedicada a ello y al margen de la politización correspondiente. Los instrumentos existen, los procedimientos también, pero es indudable que no hay voluntad. El comentario de Sevach en nuestro anterior post nos pone de relieve algunas causas y una muy importante es que, precisamente, la figura otorga muchas ventajas, tanto a los políticos como a los funcionarios que obtienen posiciones favorables de carrera y retribución, la mayor parte de veces al margen de verdaderos sistemas de mérito y capacidad, y acumulan méritos para el momento en que los procedimientos de “verdad” tengan lugar. La provisionalidad y el abandono de una compleja gestión de recursos humanos son la consecuencia y la situación en la que se encuentran cómodos una buena parte de los componentes de la Administración pública.

Pero interesa destacar el segundo aspecto, que es el de las ventajas que el funcionario interino puede obtener de su situación. Es indudable, y de ahí la mala consideración que despierta la figura, que su nombramiento no nace de la superación de las pruebas legalmente establecidas para ingresar en la Administración pública o en uno de sus cuerpos de funcionarios y, que por tanto, formalmente, no se ha demostrado que se posean los conocimientos necesarios para ejercer la función y para hacerlo con lo que podíamos llamar legitimación de primer grado. El funcionario interino es “lo suficiente” para abordar una necesidad transitoria y breve, pero no se ha demostrado que cumpla con los requisitos para ejercer su función permanentemente. Pero, lo cierto es que, dada la necesidad de la figura, se han tenido que establecer sistemas de provisión de puestos con carácter interino, en los que entran en juego baremos, méritos y capacidades y listas con un orden de prelación a fin de obtener destino e, incluso, el interino tiene opciones de elegir entre diferentes vacantes. Todo ello sin perjuicio de que la Administración siga teniendo oportunidades de manipular estos procedimientos o de acomodar intereses.

En definitiva, el interino no sólo percibe unas retribuciones por su trabajo, sino que acumula servicios y méritos para obtener nuevos nombramientos y obtiene experiencias concretas en materias o campos de gestión y puestos específicos. La necesidad de la figura, la desidia administrativa, los intereses espurios, dieron lugar a la permanencia del interino durante muchos años e, incluso, en el mismo puesto sin que su eficacia hubiere sido puesta en duda, creando situaciones que fueron solucionadas en su tiempo, con las famosas pruebas restringidas dirigidas sólo a los funcionarios interinos para que, sin competencia de otros aspirantes a ingresar en las Administraciones públicas, pudieran consolidar plaza en los cuerpos correspondientes. Estos “correspondientes” cuerpos, no solían ser los más significados o superiores de la Administración pública, sino los que tenían un número mayor de plazas o puestos en sus plantillas: magisterio, auxiliares administrativos, etc., o los que prestaban servicios en entes u organizaciones singularizadas ( organismos autónomos, universidades, etc.) que no realizaban pruebas selectivas durante mucho tiempo, pero que llegado el momento de hacerlo tenían el problema de los interinos o laborales, pero en puestos funcionariales, que reclamaban por su situación, alegaban los servicios prestados y contaban ya con la adecuada consideración de los responsables y dirigentes de la concreta Administración, que estimaban el posible cambio de personas como un problema futuro. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Además, detras de cada interino estaba una familia y un problema si se quedaba sin trabajo.

La Constitución, el sistema de mérito y capacidad y el principio de igualdad, hicieron que el sistema de “oposiciones restringidas” fuera considerado como contrario a dicho sistema y principios, pero como las Comunidades Autónomas habían acumulado durante las preautonomías su propio personal, interino y laboral, para atender sus necesidades y habían visto congelado cualquier sistema de acceso o ingreso permanente hasta que surgiera la Ley de bases de función pública, se consideró que no era inconstitucional que las pruebas selectivas que se convocaran tuvieren en cuenta la situación de este personal y se primaran en ellos los servicios prestados o se establecieran sistemas de funcionarización del personal contratado laboralmente. La situación nacida de la aparición de las Comunidades Autónomas necesitaría de su comentario aparte.

Lo que hay que destacar es que si bien ya no cabe hacer referencia a oposiciones restringidas, sí se muestra posible el meritar los servicios interinos en las pruebas selectivas, de modo que se otorgan unos puntos por dichos servicios, que se consideran en pruebas basadas en el sistema mixto de concurso – oposición. Pero el concurso, por mor de considerar preferentemente los méritos en la Administración pública y por tanto de los interinos, se convierte en una segunda fase y no en una primera como sistema de criba parar acceder a la fase de oposición. Realmente es una oposición-concurso, que presenta frente al exterior el argumento de que los puntos de los funcionarios sólo se consideran si superan la primera fase; es decir las pruebas selectivas.

Bien, el interino de su trabajo ha obtenido unos méritos baremados y puntuados para la fase de concurso de las pruebas selectivas. Pero, hay que tener en cuenta que las pruebas selectivas, en función de que la memoria no ha de ser el único elemento mensurable, cuentan con ejercicios prácticos y entrevistas puntuables. Ejercicios prácticos que, cuando se corresponden con conocimientos no acuñados académicamente, sólo se obtienen en la propia Administración pública. Aparece así una ventaja añadida para el funcionario interino que no sólo obtiene ventaja para obtener destino o plaza en las pruebas al sumar sus puntos y adelantar a otros aspirantes que no tienen puntos en fase de concurso, sino que además cuenta con la experiencia que éstos normalmente no pueden obtener, salvo que los mismos funcionarios que intervienen en la determinación de los contenidos de las pruebas, o que pueden conocerlos, y que no forman parte de las comisiones de selección, sean los que les preparen para las pruebas.

Para acabar, porque el tema puede no agotarse nunca. Las ventajas de funcionario interino se incrementan, la intervención sindical y los reglamentos han ido determinando que las pruebas se acomoden más a los intereses de los interinos y sitúan en desventaja a los que acceden desde fuera sólo con sus estudios y su dedicación, que pueden ver que superan una oposición pero que el número obtenido no les sirve de nada, pues les aventajan los interinos y no obtienen plaza. Y no nos olvidemos que si las listas de interinos complican la libertad existente con anterioridad, nos queda la figura del becario, que acaba siendo un aspirante a obtener méritos a efectos de las bolsas de interinos, y el fraude de la externalización mediante contratos de servicio y asistencia, para ocultar verdaderas contrataciones de personal.