EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II

Al referirme en anterior post al acceso a la Administración pública, quedaron en mi mente bastantes cuestiones sobre las que reflexionar o incitar a la reflexión de nuestros lectores. De la anterior reflexión cabe deducir que el sistema de las oposiciones es el mal menor y que se presenta como un sistema más garantizador y objetivo, reductor, al mismo tiempo, de la posibilidad de arbitrariedades, nepotismos, amiguismos, etc. Sin embargo de siempre el sistema de la oposición ha sido criticado y tachado de irracional y entre las críticas que ha suscitado se encuentran las de la exigencia de temarios o contenidos que nada tienen que ver con la función que luego se ha de desarrollar; el corporativismo que preside la composición de los tribunales o comisiones de selección; el memorismo que preside el sistema de ejercicios, sobre todo en las pruebas orales; el que no todas las personas preparadas o capaces pueden soportar el procedimiento y sistema de la oposición; la desconexión con el mundo de la empresa privada, etc. A cada una de estas críticas se contraponen argumentos en favor del sistema y que también con sentido mantienen que es el mejor de los sistemas, normalmente por las razones que ya se han comentado. Pero, quizá, por influencia del sistema inglés, preferentemente al referirse al nivel superior de la Administración que conocemos como general, es atractivo el argumento de que no se trata de medir sólo conocimientos sino que conviene exigir conocimientos generales, al margen de los estrictamente profesionales, para conseguir personas con una amplia formación general y personalidad significada que representen la existencia de una capacidad amplia de decidir o resolver. Nos sirven mucho como ejemplo y anécdota los libros y la serie televisiva inglesa Si Ministro y sus secuelas. Ver

En el periodo de mi responsabilidad en la Generalidad Valenciana de la función pública y de la selección y formación del personal, se analizó con frecuencia la posibilidad de establecer otros procedimientos de selección o de acceso a la función pública o a los empleos públicos, que eliminasen los defectos de la oposición y permitiesen un sistema más abierto y racional. Una de las soluciones sobre las que dialogué mucho con Gutierrez Reñón, entonces en el INAP, fue el de ir a un sistema de habilitación; de modo que mediante un procedimiento permanentemente abierto cualquier persona interesada en ingresar en la Administración, acudiera a un órgano especializado (normalmente un Instituto o Escuela) y pudiera acreditar la posesión de los conocimientos correspondientes a una función o empleo concreto. Demostrados los cuales se le otorgaba una certificación por la cual se acreditaba que la persona estaba acreditada para acceder a los sistemas de provisión de puestos de trabajo o los concursos de ingreso o acceso. La figura del concurso adquiría así una dimensión diferente, pues a parte de la posesión del título profesional exigible o que poseyera el aspirante, éste había demostrado con anterioridad estar en posesión de los conocimientos generales y específicos propios o correspondientes a todo funcionario o empleado, según niveles. Así, por ejemplo: conocimiento de la Constitución, de la organización pública, del derecho administrativo o procedimientos, etc.

Muchas dificultades planteaba la realización práctica del sistema y más en una Administración en formación y en sus inicios. Continuas pegas, inconvenientes, preguntas, posibles soluciones o alternativas sugían al respecto; tale como el posible exceso de tiempo transcurrido entre la habilitación y la concurrencia al procedimiento de acceso y la posible conveniencia de actualización de los conocimientos del aspirante, bien mediante renovaciones de la habilitación o bien mediante el procedimiento concreto de acceso y pruebas complementarias. Todo quedó en una mera especulación y la figura del habilitado reducida a una posibilidad de seleccionar un pequeño número de aspirantes superior al de plazas convocadas. En este caso los incovenientes presentados fueron más bien por parte de la clase política, sin perjuicio de los existentes entre los funcionarios.

Sea como sea, lo descrito no deja de ser una posibilidad racional, por la que, sin perjuicio de un sistema aún más abierto en el caso de los servicios públicos y del sector laboral, se hiciera más sencillo el aceso a la Administración y la movilidad con el sector privado. Pero es cierto que ello exige de órganos especializados, de profesionales de la Administración, de permanente estudio y de una clara y firme voluntad; es decir, de lo que personalmente vengo manteniendo en este blog de una organización encargada de analizar permanentemente la organización y el funcionamiento de la administración correspondiente.