Podemos plantearnos como punto de partida de la gestión pública incrementar la libertad individual de los ciudadanos. Esto supondría el punto de referencia al que encaminar los fines del gobierno y de la Administración pública y, consecuentemente, su actuación. No se trata solo de la libertad de elegir, cuando sea conveniente y posible, entre los diversos prestadores de un servicio público, sino de aumentar el ámbito de libertad de los individuos restringiendo el poder público, estableciendo mecanismos eficaces de información, transparencia, participación, control y exigencia de responsabilidades en manos de los ciudadanos. Los distintos procesos de reforma nos han enseñado que esto es más eficaz que establecer sofisticados, costosos e inciertos mecanismos que persiguen la eficiencia y la calidad. El cambio en el ámbito público, raras veces proviene de su interior y cuando sucede así, es probable que se agote antes de llevar a cabo sus fines.
Una de las principales enseñanzas de estos años de reformas incompletas es que los valores y principios del servicio público son de una importancia crítica para entender el éxito de los servidores públicos en el trabajo que realizan. Esto supone que la acción administrativa no ha de olvidar su “para qué”, que implica una imbricación entre la acción y el fin concreto que el centro decisional busca satisfacer con una política y la misión general de la Administración pública. Esta enseñanza implica situar en primer plano el desarrollo cultural de los individuos, de la sociedad y de los Estados para determinar el éxito o el fracaso de los sistemas administrativos.
Si de valores tratamos, la Administración y sus integrantes han de basarse en las ideas siguientes: Buscar el interés público, la meta no son las soluciones individuales, sino crear intereses y responsabilidades compartidas en y con la comunidad; servir a ciudadanos, no a clientes, los servidores públicos se centran fundamentalmente en construir relaciones de confianza y de colaboración con y entre los ciudadanos; el valor de la ciudadanía sobre el de la empresa, el interés público se logra mejor por servidores públicos y ciudadanos comprometidos en hacer contribuciones significativas a la sociedad que por gestores empresariales actuando como si el dinero público fuera suyo; pensar estratégicamente, actuar democráticamente: las políticas y los programas que tratan de satisfacer necesidades públicas pueden ser más efectiva y responsablemente alcanzados a través de los esfuerzos colectivos y procesos colaborativos; reconocer que la responsabilidad no es simple: los servidores públicos deberían estar atentos, en primer lugar, a los derechos de los ciudadanos, a los valores de la comunidad, a las normas políticas, a los estándares profesionales y a los intereses públicos y, en segundo lugar, al mercado y a su regulación; servir antes que timonear: los servidores públicos deben utilizar valores basados en el liderazgo para ayudar a los ciudadanos a articular y encontrar sus intereses compartidos antes que intentar controlar o dirigir la sociedad; valorar a las personas, no sólo a la productividad: las organizaciones públicas y las redes en las que participan es más probable que tengan éxito a largo plazo si actúan a través de procesos de colaboración y liderazgo compartido basado en el respeto a todo el mundo.
Estos principios y valores deben implicar un cambio en el interior de la Administración pública y transformar sus referentes de actuación. Así, si admitimos que la misión de la Administración es prestar democracia, ha de fomentar la ciudadanía democrática explicando el funcionamiento del gobierno, interpretar los datos que sean de interés para los ciudadanos, fomentar el análisis objetivo de la realidad, difundir ampliamente los resultados de la actuación pública e involucrar a los ciudadanos en el trabajo de la Administración. Esto supone sustituir o suplementar la autoridad del estatus por la del conocimiento y la competencia, situar la adopción de decisiones y la resolución de problemas lo más cerca posible de las fuentes de información, contribuir a crear un ambiente en el que sea posible el debate sobre el funcionamiento de los servicios y proporcionar una perspectiva panorámica, interrelacionada e interdepartamental.
A la vista de lo anterior la clave es la transparencia que implica en el interior de la organización crear un clima abierto de resolución de problemas y generar confianza entre los individuos y los grupos a través de toda la organización. Esta transparencia se concreta en transmitir la información que tenga valor añadido, fomentar que se publique el máximo de información, cuestionar el secretismo innecesario, informar sobre el gasto, sobre la coordinación entre los diversos niveles de gobierno con el fin de ilustrar y educar a os ciudadanos. En definitiva, la transparencia se concreta en responder a preguntas incómodas.
Una de las principales enseñanzas de estos años de reformas incompletas es que los valores y principios del servicio público son de una importancia crítica para entender el éxito de los servidores públicos en el trabajo que realizan. Esto supone que la acción administrativa no ha de olvidar su “para qué”, que implica una imbricación entre la acción y el fin concreto que el centro decisional busca satisfacer con una política y la misión general de la Administración pública. Esta enseñanza implica situar en primer plano el desarrollo cultural de los individuos, de la sociedad y de los Estados para determinar el éxito o el fracaso de los sistemas administrativos.
Si de valores tratamos, la Administración y sus integrantes han de basarse en las ideas siguientes: Buscar el interés público, la meta no son las soluciones individuales, sino crear intereses y responsabilidades compartidas en y con la comunidad; servir a ciudadanos, no a clientes, los servidores públicos se centran fundamentalmente en construir relaciones de confianza y de colaboración con y entre los ciudadanos; el valor de la ciudadanía sobre el de la empresa, el interés público se logra mejor por servidores públicos y ciudadanos comprometidos en hacer contribuciones significativas a la sociedad que por gestores empresariales actuando como si el dinero público fuera suyo; pensar estratégicamente, actuar democráticamente: las políticas y los programas que tratan de satisfacer necesidades públicas pueden ser más efectiva y responsablemente alcanzados a través de los esfuerzos colectivos y procesos colaborativos; reconocer que la responsabilidad no es simple: los servidores públicos deberían estar atentos, en primer lugar, a los derechos de los ciudadanos, a los valores de la comunidad, a las normas políticas, a los estándares profesionales y a los intereses públicos y, en segundo lugar, al mercado y a su regulación; servir antes que timonear: los servidores públicos deben utilizar valores basados en el liderazgo para ayudar a los ciudadanos a articular y encontrar sus intereses compartidos antes que intentar controlar o dirigir la sociedad; valorar a las personas, no sólo a la productividad: las organizaciones públicas y las redes en las que participan es más probable que tengan éxito a largo plazo si actúan a través de procesos de colaboración y liderazgo compartido basado en el respeto a todo el mundo.
Estos principios y valores deben implicar un cambio en el interior de la Administración pública y transformar sus referentes de actuación. Así, si admitimos que la misión de la Administración es prestar democracia, ha de fomentar la ciudadanía democrática explicando el funcionamiento del gobierno, interpretar los datos que sean de interés para los ciudadanos, fomentar el análisis objetivo de la realidad, difundir ampliamente los resultados de la actuación pública e involucrar a los ciudadanos en el trabajo de la Administración. Esto supone sustituir o suplementar la autoridad del estatus por la del conocimiento y la competencia, situar la adopción de decisiones y la resolución de problemas lo más cerca posible de las fuentes de información, contribuir a crear un ambiente en el que sea posible el debate sobre el funcionamiento de los servicios y proporcionar una perspectiva panorámica, interrelacionada e interdepartamental.
A la vista de lo anterior la clave es la transparencia que implica en el interior de la organización crear un clima abierto de resolución de problemas y generar confianza entre los individuos y los grupos a través de toda la organización. Esta transparencia se concreta en transmitir la información que tenga valor añadido, fomentar que se publique el máximo de información, cuestionar el secretismo innecesario, informar sobre el gasto, sobre la coordinación entre los diversos niveles de gobierno con el fin de ilustrar y educar a os ciudadanos. En definitiva, la transparencia se concreta en responder a preguntas incómodas.
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