La sociedad occidental ha experimentado cambios tan importantes en las últimas décadas que hacen que las viejas instituciones de la democracia liberal sean ya incapaces de cumplir su misión representativa. El fraccionamiento del poder mediante el aumento del peso de los grupos sociales; la adopción de decisiones que afectan al sistema político, a la sociedad y a la economía por organismos, empresas e instituciones incontrolables con el voto periódico de los ciudadanos en las elecciones; la codirección de la sociedad por los poderes públicos y determinados grupos; la aparición de otros referentes de articulación social al margen de las instituciones políticas propiciada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; la globalización informativa que disuelve fronteras y referentes de opinión de los ciudadanos. Estos y otros muchos fenómenos cuestionan los mecanismos tradicionales de la representación democrática y de la articulación social por el Estado y sus instituciones.
El primer rasgo de la crisis de las instituciones políticas actuales es la pérdida de legitimidad democrática. Esta se caracteriza por la falta de confianza política de los ciudadanos en las mismas, lo que está afectando a sus resultados y a la aceptación de la democracia. La pérdida de confianza se basa en la falta de credibilidad, justicia, competencia, transparencia y apertura ante puntos de vista distintos de las instituciones públicas. La confianza en las instituciones es el indicador central del sentimiento básico de los ciudadanos sobre su sistema político y sus gobernantes.
En esta situación, el Estado no puede ya atribuirse en solitario la determinación del interés general. La crisis de legitimidad representa un riesgo para el sistema político y pone en peligro la estabilidad de la sociedad, ya que los ciudadanos pueden entender que no se está logrando su equilibrio e integración. Se puede afirmar que existe una fractura del poder al debilitarse el vínculo entre el ejercicio de la dominación legítima y la aceptación por los ciudadanos. Sin confianza en el Gobierno, en las instituciones públicas y en la justicia de sus decisiones no es posible que la sociedad, ni la economía, ni el Gobierno funcionen correctamente, por lo que es necesario soldar esa fractura.
La insatisfacción y la pérdida de confianza reducen la credibilidad de los Gobiernos y de las instituciones públicas, limitan las nuevas iniciativas públicas o sociales, generan dudas sobre la equidad, infunden sospechas de corrupción y de comportamientos antidemocráticos, incrementan los costes de funcionamiento del sistema, aumentan la ineficacia de la Administración pública, producen fraude fiscal y alejan la participación ciudadana. El resultado es el debilitamiento de la sociedad que se quiebra en fracturas de riesgo social cierto. En última instancia todo esto produce la erosión del tejido social.
La frustración de los ciudadanos con el sistema político tiene distintos orígenes, pero todos apuntan a su exclusión o relegación efectiva del sistema de representación democrática. La premisa “una persona un voto” es nominal frente a los poderosos grupos de interés, la estructura de los partidos políticos y los políticos profesionales. Es creciente la percepción ciudadana de que los representantes electos y los administradores públicos están más preocupados por satisfacer al máximo sus propios intereses que por contribuir a articular una visión compartida a favor de la sociedad. Frente a las declaraciones formales de transparencia y de rendición de cuentas, se produce una importante opacidad de las reglas de juego. Existe además una incesante renuncia ciudadana a la exigencia de responsabilidad a los representantes públicos ante la inconsecuencia de sus resultados, incluso en casos de corrupción y de manipulación. El resultado en muchas democracias avanzadas es desilusión, frustración, apatía, alienación y alejamiento creciente de las instituciones políticas y de sus integrantes, así como la aparición de grupos o movimientos antisistema, muchos de ellos antidemocráticos.
El primer rasgo de la crisis de las instituciones políticas actuales es la pérdida de legitimidad democrática. Esta se caracteriza por la falta de confianza política de los ciudadanos en las mismas, lo que está afectando a sus resultados y a la aceptación de la democracia. La pérdida de confianza se basa en la falta de credibilidad, justicia, competencia, transparencia y apertura ante puntos de vista distintos de las instituciones públicas. La confianza en las instituciones es el indicador central del sentimiento básico de los ciudadanos sobre su sistema político y sus gobernantes.
En esta situación, el Estado no puede ya atribuirse en solitario la determinación del interés general. La crisis de legitimidad representa un riesgo para el sistema político y pone en peligro la estabilidad de la sociedad, ya que los ciudadanos pueden entender que no se está logrando su equilibrio e integración. Se puede afirmar que existe una fractura del poder al debilitarse el vínculo entre el ejercicio de la dominación legítima y la aceptación por los ciudadanos. Sin confianza en el Gobierno, en las instituciones públicas y en la justicia de sus decisiones no es posible que la sociedad, ni la economía, ni el Gobierno funcionen correctamente, por lo que es necesario soldar esa fractura.
La insatisfacción y la pérdida de confianza reducen la credibilidad de los Gobiernos y de las instituciones públicas, limitan las nuevas iniciativas públicas o sociales, generan dudas sobre la equidad, infunden sospechas de corrupción y de comportamientos antidemocráticos, incrementan los costes de funcionamiento del sistema, aumentan la ineficacia de la Administración pública, producen fraude fiscal y alejan la participación ciudadana. El resultado es el debilitamiento de la sociedad que se quiebra en fracturas de riesgo social cierto. En última instancia todo esto produce la erosión del tejido social.
La frustración de los ciudadanos con el sistema político tiene distintos orígenes, pero todos apuntan a su exclusión o relegación efectiva del sistema de representación democrática. La premisa “una persona un voto” es nominal frente a los poderosos grupos de interés, la estructura de los partidos políticos y los políticos profesionales. Es creciente la percepción ciudadana de que los representantes electos y los administradores públicos están más preocupados por satisfacer al máximo sus propios intereses que por contribuir a articular una visión compartida a favor de la sociedad. Frente a las declaraciones formales de transparencia y de rendición de cuentas, se produce una importante opacidad de las reglas de juego. Existe además una incesante renuncia ciudadana a la exigencia de responsabilidad a los representantes públicos ante la inconsecuencia de sus resultados, incluso en casos de corrupción y de manipulación. El resultado en muchas democracias avanzadas es desilusión, frustración, apatía, alienación y alejamiento creciente de las instituciones políticas y de sus integrantes, así como la aparición de grupos o movimientos antisistema, muchos de ellos antidemocráticos.
Este texto forma parte de : “¿Son los políticos los responsables de la crisis?”, en R. Peña (Dir.) (2011) Herramientas para enfrentarse a la crisis, Barcelona: ServiDoc, 2011., p. 85-120.
Muy buen articulo, estos haciendo un ensayo de GESTIONANDO UN ESTADO «VACIADO» y tocamos el tema de Perdida legitima del estado y me ayudo mucho su idea ! Buen aporte !
ResponderEliminarme ayudo mucho en mi tarea muchas gracias :)
ResponderEliminarGracias. Nos alegra ser útiles.
EliminarGracias. Nos alegra ser útiles.
Eliminarbuenisimo
ResponderEliminarexcelente de gran ayuda
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