¿DESADMINISTRACIÓN O DESASTRIMINISTRACIÓN?

El mes de agosto se ha presentado cargadito de hechos y noticias y nos muestra de forma inequívoca la unión entre política, derecho, administración y sociedad. Por lo que respecta al derecho se nos pueden ofrecer distintas consideraciones, es posible considerarlo objetivamente como el ordenamiento jurídico aprobado y que hay que hacer eficaz o puede ser considerado, en cambio, como la lucha para modificar dicho ordenamiento y avanzar en la configuración de las relaciones sociales y confirmación de derechos colectivos e individuales; puede, en cambio, que se considere como tal el interés subjetivo que cada cual tiene protegido por las leyes y que se ha quebrantado, por lo que hay que luchar para conseguir su reposición; también puede formar parte de derechos individuales que son un sentimiento, no una realidad (aunque incluso pueden estar declarados formalmente) y que se encarnan en la lucha antes mencionada. Ante tal perspectiva, si salvamos el derecho establecido, ordenado, aprobado y vigente que ha seguido las formas y procedimientos legales establecidos para considerarse como tal, el resto se integra en la lucha señalada y en ella se presentan intereses y pretensiones de consolidación de derechos que se muestran en oposición y contrariedad entre ellos. Una lucha ordenada, pero lenta, por ese derecho es la que respeta las formas establecidas que se configuran, por tanto, en garantía de la libertad del grupo o sociedad correspondiente. Otra lucha es la desordenada, revolucionaria o contra los poderes que impiden que el derecho sentido se haga efectivo. Podíamos decir, pues, que el establecimiento ordenado y formal del derecho forma parte de la acción política según lo establecido en el ordenamiento constitucional y que constituye acción política, tanto parlamentaria como ejecutiva, y su realización es acción administrativa; la otra lucha, la que trata de cambiar lo establecido, es siempre acción política, sea ordenada o desordenada. Si se mueve en el desorden y afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, la acción política ha de ejecutar el ordenamiento establecido y promover la acción administrativa coactiva correspondiente. Este es mi sentimiento del derecho y de su conformación democrática, sin entrar en otras consideraciones, principalmente la de la legitimación del derecho a través de la participación.

Cuando la acción política y administrativa falla en la consolidación del derecho, en su eficacia y realidad o en su avance, los afectados son muchos y la indignación, por el incumplimiento de la misión principal de gobierno y acción estatal, sube. Hoy la utilización de la indignación como instrumento de lucha política se ha hecho evidente y una clase de dictadura material adquiere forma, pues un buen número de ciudadanos ven que el derecho más fundamental y básico de respeto de las formas y garantías del orden establecido no se aplica en estos casos, mientras que en otros, individualizados o no, se aplica con absoluta rigurosidad. Todo ello, además, en un momento de total y absoluto descrédito de todos los políticos que han malversado, apoyados en la autonomía, en la discrecionalidad y la arbitrariedad, el patrimonio y los caudales públicos de forma vergonzante, mientras servicios básicos no pueden ser pagados o retribuidos, Una política que no ha contado con la Administración o que la ha falseado, no es ni lo uno ni lo otro, es un desastre del que debe pedirse cuentas.

En estas estamos en este mes, no sólo en España, sino también en Europa y buena parte del mundo, pero nuestros políticos parecen empeñados en demostrarnos su incompetencia o alejamiento de la realidad. Así, en la Comunidad Valenciana, recién cambiado su Presidente, aparece el Conseller encargado de Justicia, manifestando que la Generalitat se plantea el pago de una tasa por la que los valencianos elegirían, por un módico precio, si quieren acelerar su proceso judicial o siguen la vía normal (es decir el retraso en la justicia y el derecho) Ya que hemos hablado del sentimiento y la lucha por el derecho, según la idea que Ihering nos transmitió, he de decir que la noticia afectó precisamente a mi sentido más profundo del derecho y la justicia. No es necesario enumerar la serie de vergonzosos, inútiles y clientelares gastos que nuestras Administraciones realizan con absoluto desprecio del derecho público y de sus más elementales principios, en renovada actuación caciquil y partidista, para comprender que limitar directa o indirectamente el acceso a la justicia de los ciudadanos o pagar para que sea célere, resulta una vergüenza absoluta y, a su vez, una muestra de desvergüenza que no oculta la total incapacidad de administrar y gobernar.

Ya me pareció vergonzosa la tasa por recurrir en apelación, casación, etc., pero nada dije en su momento, porque no consideré que de hecho evitase el recurso, sino que se trataba de recaudar, y, además, porque Sevach lo había comentado de maravilla. Pero la propuesta lanzada por Valencia es peor, pues te está diciendo que si pagas más la justicia correrá en tu caso y si no, pues tardarás en recibir sentencia, favorable o no. Es decir, si pagas rompo el orden en la tramitación y pasas delante del que no paga. Si pagan todos, la situación sería la misma que existe en este momento y si no pagas pasas a la cola y asuntos posteriores te pasan por delante. De verdad, ¿qué cabezas nos gobiernan? ¿Cómo un fiscal, convertido en político, tiene esta consideración o sentimiento del derecho? ¿Cómo podemos ir hacía atrás en conquistas tan esenciales y sustanciales para la libertad humana? No se trata de ir en el Ave o en un tren cualquiera, o de tener metro en la población o de un aeropuerto en Cartagena, por decir una población. Se trata de que el Estado de Derecho sea una realidad y con él la democracia en su sentido más puro. La tontería, desde el punto de vista político, era tan clara que no han pasado ni dos días para que se haya tenido que desmentir.

Y ya que hemos mencionado a Ihering, éste, precisamente en La lucha por el derecho, dice que el derecho debe estudiar y buscar sin cesar el verdadero camino, y cuando lo ha encontrado, derribar todos los obstáculos que se oponen e impiden avanzar. ¿Habrá que luchar por que nos dirijan mejores políticos? ¿Se impone el mérito y la capacidad en todo orden, político o administrativo? Puede, pero no lo esperen. Por ejemplo, ayer me encuentro con un amigo, aún en activo en la Administración, y me cuenta que la cacareada reducción de puestos en la Generalitat valenciana, se va a hacer de modo que las competencias o tareas de puestos de provisión por concurso, sean adsorbidas por los puestos de libre designación, pues los reglamentos orgánicos de las Consellerias lo permiten. Genial, el sistema normal de provisión y de mérito real, pese a sus defectos, se elimina un poco más y la fidelidad y obediencia sigue garantizada. Pero ¿y el derecho y la justicia? ¿Quién lucha por ellos? ¿Serán los sindicatos o los nuevos cuerpos creados en la Administración valenciana? La verdad es que queda mucha lucha por delante.