En el análisis de la intervención de los administradores generales en la formulación de las políticas públicas, hay que, inevitablemente, fijar la concepto o noción de las mismas que se va a utilizar, ya que para conocer adecuadamente la actuación administrativa en este orden, no sirven todas las políticas públicas o actuaciones políticas que se pretenden realizar. Sólo interesan aquellas en las que la Administración ha de intervenir para proporcionar los recursos necesarios para su efectividad y realización y, de ellas, las más significativas, las que más información nos pueden proporcionar son las que suponen una repercusión social (es decir, lo que Baena considera como una decisión conformadora) y que en principio tenga un carácter innovador. Y ello porque cuando se produce la confluencia de estas dos condiciones es cuando los administradores han de desarrollar una actividad más intensa, profesional y técnica, ya que de otro modo la actividad administrativa se puede reducir a un simple cálculo de los recursos humanos y económicos necesarios, como puede ocurrir en el caso del mantenimiento o modificación simple de políticas que ya están ejecutándose. Si la política es innovadora, lo que ha de referirse a la Administración correspondiente, ya que aunque exista en otras Adminstraciones, para ella es nueva, resulta que todas las fases de actuación administrativa se hacen evidentes o se manifiestan, mientras que en otros casos no.
Dado, además, que la actuación administrativa ha de dirigirse a la eficacia de la política pública mediante la adopción de medidas administrativas y la proporción de los recursos necesarios para ello, hay que considerar la intervención en todas las fases de las políticas públicas correspondientes y hay que empezar por la fase de la formulación o adopción de las mismas. Es evidente que en toda política pública existe un momento que es el de su iniciativa, que se incluye en esta fase de formulación. Se puede considerar que una política pública obedezca o tenga inicio en un programa de partido político y promesa electoral, pero la intervención administrativa sólo es necesaria o se produce cuando se convierte en acción de gobierno, esta es la iniciativa que interesa, que es cuando se analiza la necesidad de la política pública y la decisión de su puesta en marcha o no y se estudia la decisión y cuál será su forma. En este momento, y pensando en la eficacia de la política, es cuando ha de producirse una primera relación entre políticos y administradores o funcionarios. Esta relación, en esta fase, se produce con el nivel superior de la organización o estructura administrativa, sin perjuicio del contacto con los sectores sociales o grupos interesados o que pueden ser afectados por la política pública, a efectos de apreciar sus posibles reacciones y obtener unas primeras informaciones. Este contacto tanto puede producirse en el nivel político como en el superior administrativo.
La relación de los políticos con el nivel superior administrativo de enlace con los niveles administrativos inferiores y de carácter ejecutivo, supone o determina que aquél tenga forzosamente que acudir a éstos para adquirir una información o valoración previa de la viabilidad de la política que se propone. El nivel de intervención de los técnicos y funcionarios en esta fase depende en mucho de la configuración y estructura de los puestos de trabajo y de si en los puestos políticos existen nombrados funcionarios técnicos que actúan como políticos o simplemente políticos que no conocen bien el funcionamiento de la Administración. Las Direcciones generales son, en principio, los órganos políticos y de ejecución por excelencia y dependiendo, pues, de la formación de las personas que los desempeñen dependerá la actuación administrativa de los órganos inferiores y la configuración, incluso, de los mismos, dado el alto nivel de libre designación existente en nuestras Administraciones públicas, que es en definitiva la que determina la real preparación de los funcionarios superiores y el conocimiento de la organización concreta y de los procedimientos a seguir. La organización, pues, puede estar politizada o no y puede predominar en ella la existencia de especialistas o la de generalistas, de lo cual, en el nivel político, dependerá el momento y la forma en que intervenga la Administración general o los administradores generales y, con ello, la consideración de los factores administrativos o recursos necesarios para la eficacia de la política pública concreta.
Hay que recordar que por factores administrativos, desde nuestra perspectiva, se entiende la organización o diseño orgánico, los recursos humanos, los medios financieros, el procedimiento de gestión y la información sobre los medios de que se dispone y la realidad social y económica sobre la que se va a incidir con la política pública. Todos los cuales están interrelacionados.
Según, pues, sean los administradores generales los que estén al frente de los cargos políticos o, en cambio, sólo aparezcan en el nivel de enlace, o superior administrativo, o en el puro y simplemente administrativo, la intervención de los administradores generales será mayor o menor, más pronta o más tardía, y de mayor o menor calidad, influyendo todo ello en el adecuado estudio de la viabilidad de la política pública o en la acertada, o no, previsión de los factores o recursos administrativos y generales necesarios. La presencia de los especialistas en los puestos políticos implicará, normalmente, un peso mayor de la cuestión técnica que constituya la esencia de la política pública y acentuará, previsiblemente, los aspectos políticos y finalistas e, incluso, la formulación de políticas fundamentalmente idealistas y, según, cual sea la configuración de los puestos superiores administrativos, puede otorgarse menor importancia a los factores administrativos y quedar en parte relegada o minimizada la intervención de los administradores generales o del área de mantenimiento o de ejecución. En la medida, pues, que relegada la Administración general no se consideran los factores administrativos y, por tanto, la viabilidad y eficacia de la política pública, se puede dar no sólo una política idealista, sino una política cínica, si, a conciencia, se evita la intervención de la parte administrativa y se realiza un simple acto político de propaganda sin pretensión de eficacia práctica.
Bien, como habitualmente, no quiero otorgar demasiada extesión a las entradas del blog, seguiré con el tema en otra posterior.
Dado, además, que la actuación administrativa ha de dirigirse a la eficacia de la política pública mediante la adopción de medidas administrativas y la proporción de los recursos necesarios para ello, hay que considerar la intervención en todas las fases de las políticas públicas correspondientes y hay que empezar por la fase de la formulación o adopción de las mismas. Es evidente que en toda política pública existe un momento que es el de su iniciativa, que se incluye en esta fase de formulación. Se puede considerar que una política pública obedezca o tenga inicio en un programa de partido político y promesa electoral, pero la intervención administrativa sólo es necesaria o se produce cuando se convierte en acción de gobierno, esta es la iniciativa que interesa, que es cuando se analiza la necesidad de la política pública y la decisión de su puesta en marcha o no y se estudia la decisión y cuál será su forma. En este momento, y pensando en la eficacia de la política, es cuando ha de producirse una primera relación entre políticos y administradores o funcionarios. Esta relación, en esta fase, se produce con el nivel superior de la organización o estructura administrativa, sin perjuicio del contacto con los sectores sociales o grupos interesados o que pueden ser afectados por la política pública, a efectos de apreciar sus posibles reacciones y obtener unas primeras informaciones. Este contacto tanto puede producirse en el nivel político como en el superior administrativo.
La relación de los políticos con el nivel superior administrativo de enlace con los niveles administrativos inferiores y de carácter ejecutivo, supone o determina que aquél tenga forzosamente que acudir a éstos para adquirir una información o valoración previa de la viabilidad de la política que se propone. El nivel de intervención de los técnicos y funcionarios en esta fase depende en mucho de la configuración y estructura de los puestos de trabajo y de si en los puestos políticos existen nombrados funcionarios técnicos que actúan como políticos o simplemente políticos que no conocen bien el funcionamiento de la Administración. Las Direcciones generales son, en principio, los órganos políticos y de ejecución por excelencia y dependiendo, pues, de la formación de las personas que los desempeñen dependerá la actuación administrativa de los órganos inferiores y la configuración, incluso, de los mismos, dado el alto nivel de libre designación existente en nuestras Administraciones públicas, que es en definitiva la que determina la real preparación de los funcionarios superiores y el conocimiento de la organización concreta y de los procedimientos a seguir. La organización, pues, puede estar politizada o no y puede predominar en ella la existencia de especialistas o la de generalistas, de lo cual, en el nivel político, dependerá el momento y la forma en que intervenga la Administración general o los administradores generales y, con ello, la consideración de los factores administrativos o recursos necesarios para la eficacia de la política pública concreta.
Hay que recordar que por factores administrativos, desde nuestra perspectiva, se entiende la organización o diseño orgánico, los recursos humanos, los medios financieros, el procedimiento de gestión y la información sobre los medios de que se dispone y la realidad social y económica sobre la que se va a incidir con la política pública. Todos los cuales están interrelacionados.
Según, pues, sean los administradores generales los que estén al frente de los cargos políticos o, en cambio, sólo aparezcan en el nivel de enlace, o superior administrativo, o en el puro y simplemente administrativo, la intervención de los administradores generales será mayor o menor, más pronta o más tardía, y de mayor o menor calidad, influyendo todo ello en el adecuado estudio de la viabilidad de la política pública o en la acertada, o no, previsión de los factores o recursos administrativos y generales necesarios. La presencia de los especialistas en los puestos políticos implicará, normalmente, un peso mayor de la cuestión técnica que constituya la esencia de la política pública y acentuará, previsiblemente, los aspectos políticos y finalistas e, incluso, la formulación de políticas fundamentalmente idealistas y, según, cual sea la configuración de los puestos superiores administrativos, puede otorgarse menor importancia a los factores administrativos y quedar en parte relegada o minimizada la intervención de los administradores generales o del área de mantenimiento o de ejecución. En la medida, pues, que relegada la Administración general no se consideran los factores administrativos y, por tanto, la viabilidad y eficacia de la política pública, se puede dar no sólo una política idealista, sino una política cínica, si, a conciencia, se evita la intervención de la parte administrativa y se realiza un simple acto político de propaganda sin pretensión de eficacia práctica.
Bien, como habitualmente, no quiero otorgar demasiada extesión a las entradas del blog, seguiré con el tema en otra posterior.
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