Algunos amigos me comentan que mis últimos escritos mantienen un tono más ácido o crítico que de costumbre, si además resulta que adquiero un tono más irónico o escéptico debe ser porque me estoy haciendo viejo. La verdad es que estoy perdiendo la esperanza y empiezo a creer que los cambios de verdad son imposibles. Trataré de explicar, en orden al cambio de mis experiencias, el porqué. Si se quiere establecer un cambio se supone que debe de ser para modificar algo que existe y está mal.
Por lo tanto todo cambio supone la delimitación de unos principios diferentes de los que inspiran la organización existente y que deben derivar en procedimientos, actuaciones y consiguientes efectos diferentes. Supongo que estarán conformes conmigo en que para cambiar algo hay que conocer lo que se quiere cambiar y ser capaz de diseñar los nuevos principios, procedimientos y actuaciones futuras.
Si lo que se pretende es nuevo, lo normal es que no existan experiencias y que la guía de los actos futuros sean los principios y no las reglas. Si reglamentas antes de tener experiencia lo normal es que te equivoques y si te equivocas puedes ser criticado, con lo que aunque te equivoques, políticamente, tienes que mantener lo decidido. Esta es la primera causa de la disociación entre lo formal y lo real.
De otro lado, una vez declaras que vas a cambiar algo, todos exigen la inmediatez del cambio y lo que debe ser un proceso largo se convierte en una necesidad ineludible. Resulta así que la respuesta a esta necesidad es una regla, un reglamento. De este modo, sin la experiencia debida, lo cómodo es reglamentar y para ello, al no saber cuáles son los procedimientos nuevos que se requieren, se copian o reproducen los antiguos. Las Comunidades autónomas, por lo general han copiado el ordenamiento estatal y éste, la mayor parte de las veces, era preconstitucional. Por ello se han introducido en nuestra normativa principios contrarios entre sí; ello ocurre en orden a la función pública, por ejemplo.
Sin embargo, formalmente los cambios se han producido, los políticos han hecho sus leyes, los funcionarios no tienen que responsabilizarse de las decisiones concretas porque se apoyan en los reglamentos, los jueces quizá confundidos por dichos reglamentos, en lugar de atender a los nuevos principios constitucionales se apoyan también en aquéllos e ignoran los principios nuevos que mantiene la legislación autonómica y se funcionarizan o burocratizan o aplican también jurisprudencia anterior e inadecuada y cuando no lo hacen se les critica por interferir al poder ejecutivo o judicializar la política.
Y resulta, además, que el factor de experiencia y neutralidad que garantiza el acierto de las Administraciones públicas lo constituyen los funcionarios: Pero ya he comentado en otras ocasiones que son desprofesionalizados por la designación a dedo, que no garantiza la experiencia requerida o sustituidos por pretendidos expertos en el mundo empresarial, el cual poco tiene que ver con la actividad jurídica y política del cambio que se precisa y que, cuando tiene que ver, resulta que llevan a la ruina a las empresas públicas, que ahora tenemos que privatizar.
Y no se olviden que estos pretendidos expertos cuando critican al funcionario envidian su permanencia en el empleo y su independencia, cuando existe.
está claro que soy más pesimista que hace unos años, pero es simplemente porque el tiempo transcurrido ha dejado atrás las buenas intenciones de muchos para dejarnos la triste realidad de los hechos.
Bien esto se escribió sin lugar a dudas pensando, básicamente, en lo ocurrido con el desarrollo de la La Ley de la Función Pública Valenciana de 1985 y su modelo basado en los puestos de trabajo y sistemas correspondientes de selección y provisión de puestos de trabajo. Pero años antes ya era pesimista respecto del desarrollo de la autonomía y pensaba que se había perdido una ocasión de oro y única históricamente de hacer reformas necesarias y veía en la posibilidad de que las conversaciones de Argel tuvieran resultados positivos una oportunidad de volver a empezar con un Estado federal. Pero ya hace años de esto y hoy soy bastante más viejo y más pesimista y los hechos actuales hubieran hecho del artículo reseñado algo bastante más duro y escéptico. Por eso hoy pienso que ni ese cambio significaría nada, que nos han dado ejemplos claros de corrupción e inmoralidad y que de nada sirve tener los mismos perros con diferentes collares. Y no piensen que pienso en radicales revoluciones ni apoyo las "manifestaciones" callejeras actuales, sólo en que los principios vigentes en nuestra Constitución se cumplieran y que los políticos hicieran honor a su promesa o juramento de cumplirla. Ni Estado autonómico, ni federal, ni república, hombres y mujeres, honrados, morales y de Estado. Los cambios vendrían por sí solos, racionalmente, y por los cauces y procedimientos debidos y, quizá, con la aceptación general de los ciudadanos.
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