Los siguientes casos: Ceuta y los inmigrantes; Treviño; la que parece negativa a la prestación de un servicio de ambulancia a una niña para ser atendida en un hospital del País Vasco, y que acabó falleciendo; el desorden y gamberrismo en las fallas de Valencia y la incapacidad de la administración municipal para evitarlos o su preocupación por los intereses económicos de hosteleros y compañía o, quizá y dicho medio en broma, su encubierta voluntad de que el ruido acabe con los mayores de sus ciudadanos- obligados a no dormir hasta las 4 de la madrugada y a sucumbir de los nervios y afectados en su salud, en abuso e insolidaridad evidentes y desorbitados-, obligan a la reflexión y, además, demuestran, una administración pública decadente y una desconsideración del derecho y del orden que es preocupante. Todo parece querer dar la razón a Franco, y los falleros que están en la realidad lo ponen de manifiesto y así surge ese ninot que tienen a su izquierda y que refleja una opinión que es la de muchos ancianos y otros no tanto, que han vivido su régimen político y que no ven que la actualidad sea mejor, en lo administrativo al menos.
Pero vamos a reflexionar un poco y ver los motivos de esta situación. Cosa difícil, pues, es tratar de encontrarlos y coincidir con todos los lectores. Cada cual tiene sus experiencias y formadas sus opiniones.
Quizá lo primero sea considerar que la guerra civil no se ha superado o, más bien que se aprovecha políticamente para fines que no tengo o no están claros, salvo que se trate de destruir el régimen jurídico y político actual para implantar otro. Por eso hoy nadie quiere ser de derechas, porque, como reacción o estrategia, serlo está mal visto y se identifica con ser franquista, carca, fascista o meapilas. Eso del orden público, ya lo he comentado, se presenta como algo contrario a la libertad, cuando para otros es el fundamento de la verdadera libertad y a su vez basado en el cumplimiento de la legalidad y los principios de convivencia.
Por eso, el segundo motivo, puede ser la desconsideración, también múltiples veces comentada, del principio de legalidad y más aún de la misma ley. Ésta ya no es el fruto del juego político o de los programas aprobadas por mayoría en las elecciones, ni el producto de una participación reposada y congruente y con respeto de los principios constitucionales; siempre es o será un elemento que otra parte, por pequeña que sea, nunca quiere. Se habla de que una ley no esta legitimada por que no es fruto del consenso, incluso en casos en que este no es posible, ya que la divergencia es precisamente la que hace que existan partidos diferentes, derechas o izquierdas e ideologías distintas y constituyen elementos que influyen en el voto. En cambio, gran parte de las decisiones o pactos entre los partidos mayoritarios, que no leyes, son fruto de "consensos" que incluso anulan las decisiones constitucionales, consensuadas y refrendadas. Hay cosas que nunca pueden ser consensuadas y si lo son hieren a unos u otros o derivan en incumplimientos de promesas electorales. Difícil equilibrio entre mayorías, respeto de minorías y derechos fundamentales y humanos. De una u otra forma, se puede llegar, a fuerza de querer tener todo regulado o de contentar a todos, a caer en el totalitarismo o en el conflicto permanente. Todo son derechos y no obligaciones. La autoridad se resquebraja con todo ello.
Un tercer motivo, es la mentira, que se usa como instrumento en la educación y con finalidades políticas y aprovechando una sociedad en la que el trabajo y el consumo parecen ser el colmo del bienestar o de la realización personal, pero que acaban en un claro egoísmo que hace que nuestros hijos sean educados por terceros o, más bien "administrados", por falsos funcionarios y sicarios de los políticos a quienes deben su puesto. En general, no hay familia, hay fondos comunes de salarios destinados al consumo. La mentira, además, tergiversa la historia a conveniencia de los intereses de grupo o de los nacionalismos, no tan trasnochados, como la historia y los intereses anejos o que los promueven nos demuestran. Ahora es Crimea y mañana cualquier otro problema secular.
Un cuarto, es el que pone de manifiesto el caso de Treviño, una descentralización que en buena parte es un nido de nacionalismos que siempre han estado presentes, como ya se vio en la serie de entradas dedicadas al tema, y que en general, en todas las autonomías, han creado burocracias rígidas e inflexibles, incapaces de romper con el reglamento y aplicar los principios y atender a derechos elementales y propios de una nación moderna. Política barata y gobiernos centrales débiles, sin conciencia de los intereses y derechos comunes y generales y sin voluntad de arreglar el desorden ejerciendo sus competencias exclusivas según la Constitución. Resultado: ciudadanos indefensos y políticos bien cubiertos.
Un quinto, una Europa que es, sin perjuicio de los aspectos económicos, una prolongación de los partidos principales de cada Estado de los que conforman la Unión y que sin poder ejecutivo formado o administración general y común, actúa como tal y se producen casos como el de Ceuta, donde al margen de la más elemental humanidad, pero con fundamento en ella, se rompe de hecho con lo más propio de la defensa de fronteras y se pretende que unos simples funcionarios atiendan a situaciones, conflictos y derechos que han de ser objeto de tratamiento internacional, sobre dichos fundamentos humanitarios o de derechos humanos, pero en contra de la letra y espíritu de las normas concretas. Y se hace, con esa excusa, por motivos partidarios, sin que hoy nadie ofrezca con claridad el modelo de sociedad internacional que se quiere y de administración y economía que se pretende, todo encubierto en un amasijo de proposiciones, medidas y críticas que, a la vista de los actos concretos, sólo ocultan un pacto para turnarse en el poder y servir a los propios intereses de lo que se da en llamar una "casta política". De otro lado, vivimos luchas nacionalistas en los Estados y no soy consciente o conocedor de proyectos serios de una organización territorial europea basada en naciones o regiones. ¿Por qué romper unidades nacionales, sin luchar antes por el modelo europeo que les interesa? ¿por qué no demostrar que es posible? ¿por que no exponer el modelo administrativo que supere al fundado en los estados existentes? Me parece mejor luchar por eso que destruirnos y debilitarnos frente al resto de Estados fuertes. Y si no se gana, seguir por los cauces legales y de nobleza democrática, sin afectar a libertades y derechos de quienes opinan de modo distinto siempre que se muevan en el seno del orden jurídico superior pactado y refrendado por la mayoría exigida formalmente. Pero, bueno, no se trata de aleccionar sino de racionalizar.
Y es por estos motivos y otros más que existen, como surgen las preguntas: ¿cómo es posible administrar así? ¿cómo presupuestar, planificar u organizar nada, si los datos pueden cambiar o ser imprevisibles? ¿cómo ser funcionario público? ¿cómo no desfallecer en el intento? Es evidente, sin criterio, sin decisiones, esperando órdenes, preguntando, o aplicando el reglamento sin más o siendo un designado a dedo y cargando con el muerto que corresponde al político.
Por todo ello, diga cada partido lo que quiere de verdad, sepa que por ello le van a votar y que si hay claridad también es clara la voluntad de unos y otros. El consenso principal es el nivel constitucional. Es incomprensible que para que un español de Burgos tenga que ser atendido sanitariamente en el País Vasco haya de existir un convenio entre Administraciones públicas y que un Gobierno central no haya sentado unas bases comunes y sea incapaz de coordinar, cumpliendo la Constitución, y de sancionar, en su caso, el incumplimiento de derechos fundamentales de los españoles y de cualquier persona. Una vergüenza. Este es el síntoma de un retraso no de un progreso.
A las pocas horas de publicar esta entrada, se anuncia el fallecimiento del mayor exponente del consenso, Adolfo Suárez González, y su más claro resultado la Constitución de 1978, que se trata de burlar mediante consensos al margen de los procedimientos plenamente democráticos. Que no se pierda la historia que él representa.
Quizá lo primero sea considerar que la guerra civil no se ha superado o, más bien que se aprovecha políticamente para fines que no tengo o no están claros, salvo que se trate de destruir el régimen jurídico y político actual para implantar otro. Por eso hoy nadie quiere ser de derechas, porque, como reacción o estrategia, serlo está mal visto y se identifica con ser franquista, carca, fascista o meapilas. Eso del orden público, ya lo he comentado, se presenta como algo contrario a la libertad, cuando para otros es el fundamento de la verdadera libertad y a su vez basado en el cumplimiento de la legalidad y los principios de convivencia.
Por eso, el segundo motivo, puede ser la desconsideración, también múltiples veces comentada, del principio de legalidad y más aún de la misma ley. Ésta ya no es el fruto del juego político o de los programas aprobadas por mayoría en las elecciones, ni el producto de una participación reposada y congruente y con respeto de los principios constitucionales; siempre es o será un elemento que otra parte, por pequeña que sea, nunca quiere. Se habla de que una ley no esta legitimada por que no es fruto del consenso, incluso en casos en que este no es posible, ya que la divergencia es precisamente la que hace que existan partidos diferentes, derechas o izquierdas e ideologías distintas y constituyen elementos que influyen en el voto. En cambio, gran parte de las decisiones o pactos entre los partidos mayoritarios, que no leyes, son fruto de "consensos" que incluso anulan las decisiones constitucionales, consensuadas y refrendadas. Hay cosas que nunca pueden ser consensuadas y si lo son hieren a unos u otros o derivan en incumplimientos de promesas electorales. Difícil equilibrio entre mayorías, respeto de minorías y derechos fundamentales y humanos. De una u otra forma, se puede llegar, a fuerza de querer tener todo regulado o de contentar a todos, a caer en el totalitarismo o en el conflicto permanente. Todo son derechos y no obligaciones. La autoridad se resquebraja con todo ello.
Un tercer motivo, es la mentira, que se usa como instrumento en la educación y con finalidades políticas y aprovechando una sociedad en la que el trabajo y el consumo parecen ser el colmo del bienestar o de la realización personal, pero que acaban en un claro egoísmo que hace que nuestros hijos sean educados por terceros o, más bien "administrados", por falsos funcionarios y sicarios de los políticos a quienes deben su puesto. En general, no hay familia, hay fondos comunes de salarios destinados al consumo. La mentira, además, tergiversa la historia a conveniencia de los intereses de grupo o de los nacionalismos, no tan trasnochados, como la historia y los intereses anejos o que los promueven nos demuestran. Ahora es Crimea y mañana cualquier otro problema secular.
Un cuarto, es el que pone de manifiesto el caso de Treviño, una descentralización que en buena parte es un nido de nacionalismos que siempre han estado presentes, como ya se vio en la serie de entradas dedicadas al tema, y que en general, en todas las autonomías, han creado burocracias rígidas e inflexibles, incapaces de romper con el reglamento y aplicar los principios y atender a derechos elementales y propios de una nación moderna. Política barata y gobiernos centrales débiles, sin conciencia de los intereses y derechos comunes y generales y sin voluntad de arreglar el desorden ejerciendo sus competencias exclusivas según la Constitución. Resultado: ciudadanos indefensos y políticos bien cubiertos.
Un quinto, una Europa que es, sin perjuicio de los aspectos económicos, una prolongación de los partidos principales de cada Estado de los que conforman la Unión y que sin poder ejecutivo formado o administración general y común, actúa como tal y se producen casos como el de Ceuta, donde al margen de la más elemental humanidad, pero con fundamento en ella, se rompe de hecho con lo más propio de la defensa de fronteras y se pretende que unos simples funcionarios atiendan a situaciones, conflictos y derechos que han de ser objeto de tratamiento internacional, sobre dichos fundamentos humanitarios o de derechos humanos, pero en contra de la letra y espíritu de las normas concretas. Y se hace, con esa excusa, por motivos partidarios, sin que hoy nadie ofrezca con claridad el modelo de sociedad internacional que se quiere y de administración y economía que se pretende, todo encubierto en un amasijo de proposiciones, medidas y críticas que, a la vista de los actos concretos, sólo ocultan un pacto para turnarse en el poder y servir a los propios intereses de lo que se da en llamar una "casta política". De otro lado, vivimos luchas nacionalistas en los Estados y no soy consciente o conocedor de proyectos serios de una organización territorial europea basada en naciones o regiones. ¿Por qué romper unidades nacionales, sin luchar antes por el modelo europeo que les interesa? ¿por qué no demostrar que es posible? ¿por que no exponer el modelo administrativo que supere al fundado en los estados existentes? Me parece mejor luchar por eso que destruirnos y debilitarnos frente al resto de Estados fuertes. Y si no se gana, seguir por los cauces legales y de nobleza democrática, sin afectar a libertades y derechos de quienes opinan de modo distinto siempre que se muevan en el seno del orden jurídico superior pactado y refrendado por la mayoría exigida formalmente. Pero, bueno, no se trata de aleccionar sino de racionalizar.
Y es por estos motivos y otros más que existen, como surgen las preguntas: ¿cómo es posible administrar así? ¿cómo presupuestar, planificar u organizar nada, si los datos pueden cambiar o ser imprevisibles? ¿cómo ser funcionario público? ¿cómo no desfallecer en el intento? Es evidente, sin criterio, sin decisiones, esperando órdenes, preguntando, o aplicando el reglamento sin más o siendo un designado a dedo y cargando con el muerto que corresponde al político.
Por todo ello, diga cada partido lo que quiere de verdad, sepa que por ello le van a votar y que si hay claridad también es clara la voluntad de unos y otros. El consenso principal es el nivel constitucional. Es incomprensible que para que un español de Burgos tenga que ser atendido sanitariamente en el País Vasco haya de existir un convenio entre Administraciones públicas y que un Gobierno central no haya sentado unas bases comunes y sea incapaz de coordinar, cumpliendo la Constitución, y de sancionar, en su caso, el incumplimiento de derechos fundamentales de los españoles y de cualquier persona. Una vergüenza. Este es el síntoma de un retraso no de un progreso.
A las pocas horas de publicar esta entrada, se anuncia el fallecimiento del mayor exponente del consenso, Adolfo Suárez González, y su más claro resultado la Constitución de 1978, que se trata de burlar mediante consensos al margen de los procedimientos plenamente democráticos. Que no se pierda la historia que él representa.
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