miércoles, 6 de mayo de 2015

EL TIEMPO EN LA POLÍTICA Y EL TIEMPO EN LA ADMINISTRACIÓN

En múltiples ocasiones he comentado que administrando se gobierna pero también que administrando se hace efectiva la política o las políticas públicas, de forma que se evidencia la conexión entre Política y Administración. Cuando observamos esta  conexión desde el punto de vista estructural u orgánico y la acción de los cargos políticos y la de los funcionarios se nos revelan dos tiempos distintos que implican preocupaciones o puntos de vista diferentes.

La situación  actual en Andalucía  también nos manifiesta  otro aspecto de esta diferencia y, en cierto modo, que la Administración puede permanecer sin políticas públicas superiores nuevas, pero que la actividad política no puede existir sin Administración pública, pues nunca llegaría a los ciudadanos. En el primer aspecto, el de la actividad de políticos y funcionarios en la administración pública y en su dirección de superior nivel -el político-, lo que quiero destacar es que desde este nivel lo que interesa es que las políticas públicas, los programas y decisiones se formalicen, pues su formalización como norma o decisión que se publica, digamos, es el tiempo de la acción política y la obligación que se ha cumplido, de modo que parece que a partir de ese momento el tiempo restante es administrativo y de ejecución. En este tiempo administrativo los plazos de la acción está más regulados, previstos en normas administrativas, y los funcionarios se sujetan a ellos, sin que ello signifique que no haya presiones o prisas si en el asunto hay interés político o necesidad de resultados más o menos inmediatos. El tiempo político es acuciante, necesitado de resultados que generen buena imagen y ayuden cara a las elecciones futuras y que contenten a todos si es posible; las elecciones están en el fondo de toda acción y dirección. En la Administración el tiempo es rutinario y formalista, con ambición de permanencia y poco propenso al cambio. En él, en su fondo, lo presente es la ley o la norma; el escrito, el informe y el documento son elementos claves. Si la función pública está bien ordenada y regulada, los funcionarios permanecen en sus puestos, ascienden por mérito y antigüedad y, en consecuencia, son neutrales, gozan de independencia técnica y constituyen la base de la experiencia, el antecedente y los informes que ayudan a decidir en eficacia y derecho. El tiempo en estos casos no es sólo algo orientado al futuro, sino dedicado al mantenimiento de lo acordado desde muchos años antes y aún vigente; la acción de mantenimiento es esencial y el conocimiento de lo que es posible también. Claro está que, como he reflejado en otras ocasiones, la Administración interviene antes de la formalización de las políticas públicas para avalar su viabilidad y la existencia o posibilidad de contar con los factores administrativos que garantizan que la eficacia de la política prevista sea realidad y aquí el tiempo político predomina.

Si en cambio consideramos la situación política de Andalucía, existiendo un problema político ante la posibilidad de no conseguir la formación de un gobierno o acabar en nuevas elecciones, hay que convenir que en la Administración, prácticamente todo deviene tiempo administrativo. Si hay Administración pública profesional y no politizada, no puede paralizarse la acción, bien sea de gobierno, bien sea de administración. Hay que mantener las políticas públicas en marcha, hay que administrar y que seguir prestando los servicios y está legalmente prevista la existencia de gobiernos provisionales y en los parlamentos de diputaciones permanentes, que garanticen la continuidad y la posibilidad de aprobar normas de urgencia y necesidad si se da el caso y se justifica adecuadamente. No puede haber parálisis, si la hay algo no funciona, los diseños legales han fallado y gobierno y administración no fueron bien configurados; en una palabra la administración pública no existe y se ve afectada por algo similar a un spoils system. Sin embargo, si atendemos a lo que dicen los parlamentarios elegidos, los políticos, la prensa. etc., parece que el caos está cerca. Sin menospreciar la situación, desde la Administración, lo principal es que no se pueden diseñar políticas nuevas, al menos las que se formalicen por norma con rango de ley o que no puedan adoptarse por gobiernos provisionales o aprobarse por las diputaciones administrativas, pero el presupuesto económico persiste y se pueden proponer cambios crediticios a la diputación permanente en el parlamento. Repito no hay parálisis y el tiempo administrativo no se para. En realidad, el tiempo político lo que puede hacer es que el tiempo administrativo se vea afectado por los procesos electorales y acelere los procesos de diseños de políticas que no van a ser efectivas nunca pero que se necesita publicitar.

Lo expuesto hasta ahora tiene como fin el que, una vez más, quede de manifiesto la importancia de la Administración pública y de que una acción política clara y necesaria sea su configuración de acuerdo con las bases y principios constitucionales, para que sea un instrumento al servicio de cada gobierno y de cada momento, sea el que sea, que no le afecten los cambios en su función permanente y diaria y que el ciudadano no sufra por nada. Nos vale el símil de los equipos de fútbol con crisis importantes en sus directivas y en lo económico, en procesos de venta o cambios importantes, que siguen jugando cada partido sin acusar la situación y con sus aficionados gozando del juego. Cuando se hace referencia en tantas cosas a la reforma administrativa la realidad lo que nos demuestra es que la reforma real es la de cumplir con lo que la Constitución nos dice que ha de ser la administración pública. La reforma de verdad es su consolidación como tal administración pública.


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