sábado, 19 de mayo de 2018

LA CORRUPCIÓN DEL MODELO LEGAL Y FORMAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y CONSECUENTEMENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. II: La estructura político administrativa y su incremento.

Al referirme en la entrada anterior a la presencia de funcionarios en los partidos políticos y a sus tecnócratas, ya estaba pensando en el hecho actual de que la militancia política en los partidos políticos con posibilidades de gobierno, no es simplemente una cuestión de ideología o de defensa de determinados principios o formas de organizar políticamente a la sociedad, sino también una forma de empleo y de carrera. En principio, porque los jóvenes que han acabado sus estudios ven en la afiliación y militancia la posibilidad de obtener cargos públicos e incluso empleos en la Administración. De ahí, que también haya dicho que la actividad política se ha configurado como un medio de vida.

¿Por qué hemos llegado a esta situación?


La realidad es que en la medida que la dictadura franquista pierde la dureza del período más inmediato a la guerra, se inician procesos más técnicos y la organización y la estructura administrativa empiezan a regularse de un modo más neutral y con principios de base técnica e incluso científica. El derecho administrativo alcanza su época dorada y la ciencia de la administración pública empieza una vuelta hacía la conexión con la política, sin  que dejen de existir quienes la siguen ligando al modelo americano más de carácter empresarial. Pero también los estudios universitarios y los títulos sufren un incremento sustancial, al mismo tiempo que los soportes económicos tradicionales dejan de ser productivos y nuestra economía se centra más en el sector servicios. Pero como no es este mi terreno de conocimiento no voy a extenderme más, sólo apuntar que los estudios universitarios en sí mismos no garantizan el empleo futuro, ni unos conocimientos prácticos inmediatos que faciliten un también inmediato actuar profesional.

Lo que corresponde examinar es en qué medida el sector público viene a cubrir un papel sustancial en el empleo e incrementa las aspiraciones, siempre existentes, de alcanzar un puesto en la Administración pública. El conocimiento exacto de la situación actual, debería partir de una serie de investigaciones y estudios bien de carácter sociológico o bien propios de la ciencia de la administración pública. A mí no me cabe la menor duda de que la estructura política de las Administraciones Públicas ha sufrido un incremento sustancial, basta con analizar la serie de cargos políticos existentes desde la posguerra hasta el día de hoy, así como el incremento de organizaciones instrumentales de carácter autónomo o empresarial y dentro de éstas las que dicen someterse a derecho privado.

Si se contemplan las variaciones en el número de ministerios, por ejemplo, desde 1957 a la fecha, veremos oscilaciones no sustanciales, pero si vemos la organización de cada uno desde dicha fecha (Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado), veremos que sobre los entonces subsecretarios, directores generales y secretarios generales técnicos, han aparecido nuevos cargos y niveles y su número ha crecido sustancialmente; debiendo tener en cuenta, además, el nivel territorial que constituyen las comunidades autónomas y sus estructuras y cargos. Al efecto, basta con ver la actual ley de régimen jurídico  y la anterior de Gobierno y observar que aparecen, además de los señalados, los secretarios de estado, los gabinetes los secretarios generales, los directores generales y los subdirectores generales. Éstos últimos, sin embargo, hay que considerarlos el nivel superior de la organización administrativa. Además hay que ver el incremento de puestos eventuales de confianza y asesoría especial (todo un mundo) El más interesado en el tema puede ver cada ministerio y sus organigramas y como ejemplo el número de cargos políticos y politizados del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El número de puestos que no se rigen por el sistema selectivo establecido en la función pública y que son de designación política, consideradas las comunidades autónomas y la organización administrativa local, es enorme y esa situación de tan amplia organización política o politizada hace que el jóven actual vea una forma más cómoda de acceso a la función pública en la afiliación a un partido, primero en las organización de juventudes y luego en su burocracia. Únase el incremento de licenciados en ciencias políticas y administrativas.

Se configura una situación en la que el partido político, en la medida que está en posición de poder gobernar, incrementa su afiliación y su burocracia, necesita más ingresos y paga con puestos en la Administración, o en su caso con contratos y subvenciones. La estructura política no se va a racionalizar por tanto y el gasto se incrementa y la racionalidad no es más que un enemigo. Si sumamos la no exigencia de formación específica y adecuada al puesto y competencias, el caos es considerable. La organización administrativa pública pierde su carácter legal, pues ya no obedece a los principios de la ley y se convierte en un instrumento de partido. Ya no garantiza ni legalidad ni eficacia, en sí misma ya es un monstruo burocrático que, además, ni siquiera cumple con los servicios y necesidades más básicas de los ciudadanos.

En una palabra los partidos políticos se han apropiado de la parte sustancial de la función pública y de la Administración pública en general y, prácticamente, la ha eliminado en sus fundamentos legales y de estructura de poder jurídico y de eficacia y racionalidad, generando un gasto público sustancial y desproporcionado, al mismo tiempo que adormece a la sociedad, la invalida como motor económico y ataca sustancialmente a la democracia. Hay un apoderamiento total que corrompe el cuerpo social, sin que haya una percepción de ello por los ciudadanos que no ven el bosque, sino cada árbol que se les interpone, mientras el papá Estado les promete empleo. Un círculo vicioso y un problema de grandes dimensiones.

Visto este triste panorama, habrá que acudir en otra entrada a la realidad de la organización administrativa de la función pública propiamente dicha.

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