lunes, 14 de mayo de 2018

LA CORRUPCIÓN DEL MODELO LEGAL Y FORMAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y CONSECUENTEMENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. I La formación del nivel político

Las últimas entradas han analizado el elemento humano de las administraciones públicas y, con ello, el sistema general de la función pública y del empleo público y al hacerlo se ha evidenciado la importancia de la administración pública como institución y cómo su actividad, su finalidad y su papel garante del derecho y de  la eficacia, configuran a la función pública y a las Administraciones públicas como fundamento de nuestro Estado de derecho y como operador jurídico necesario y previo a cualquier actuación de la Administración de Justicia a través de la jurisdicción contencioso administrativa. Incluso, en esta configuración legal y en este actuar necesario y previo a la intervención de la organización judicial, la Administración pública de carácter profesional, que formal y legalmente se configura, es un colaborador necesario de la justicia y un elemento que actuando como se establece en la ley, ha de eliminar la excesiva carga de asuntos en la justicia. Y digo es y no sería en cuanto atiendo al modelo legal y no a la realidad.

Dicho esto, lo que corresponde ahora, tal como anuncié es ver como este modelo legal se cumple o desarrolla realmente; o sea si cumple sus fines o no.

Lo primero, pues, a recordar es la estructura del poder que nos ocupa formado por el Gobierno y la Administración,  lo que supone que la organización está configurada por puestos políticos y puestos técnicos de carácter profesional, éstos son los funcionariales y empleados que he tratado en las últimas entradas. Los puestos políticos son de gobierno o de proximidad inmediata al mismo, por tanto de dirección política de la organización técnica administrativa. Para mejor dirigir a ésta lo procedente es el conocimiento de la organización y de las reglas que le corresponden. Y es aquí donde se produce la primera cuestión que influye en la realidad existente o en la distorsión del modelo: La carencia de exigencia en la formación técnica precisa en el nivel político de la Administración; o sea en el más importante o superior, y ello por varias razones o causas que será hoy el objeto de reflexión.

Para exponer estas causas hay que partir de la presencia de la idea de una cierta separación entre política y administración. Idea que no supone que no se relacionen una y otra, sino que contiene la intención de que los técnicos no dominen la organización o su parte política. Podría decir que la idea es la de evitar la tecnocracia o su consideración como un mal. Pero a ¿quién afecta principalmente la tecnocracia? ¿es de por sí malo o perjudicial que los técnicos ocupen la estructura política de la Administración? ¿ O lo malo es simplemente que la técnica desplace o anule a la política? Creo que hay que pensar que esto último ya que el acceso a los cargos exclusivamente políticos es una participación en los asuntos públicos regulada en el artículo 23 de la Constitución y mediante elecciones y sufragio personal. Los elegidos por este sistema y no los de gobierno y administración son los que no exigen más requisitos que los de ser ciudadanos.

Lo cierto, por resumir, es que la cuestión radica en los políticos de partido. Y entiendo por tales los que de hecho hacen de la política su profesión o forma de vida y provienen de cualquier sector social y son afiliados de un partido o van de uno a otro para supervivir. Para ellos el técnico, y más si es funcionario, es un rival cuando se trata de gobernar o administrar pero también cuando el técnico se hace político y nace el tecnócrata, porque entonces es enemigo en la apropiación o dominio de la estructura y cúpula del partido y en la presencia en las listas electorales. Aquí creo que radica la opinión contraria a la tecnocracia y no en el ciudadano ni en el funcionariado.

Sin embargo, en todo esto existe una cierta situación paradójica ya que vemos que los partidos políticos cuentan con muchos funcionarios en su seno así como los gobiernos cuando gobiernan, y, por lo tanto, se puede decir que son tecnócratas buena parte de sus dirigentes. Y ello me lleva a la siguiente  reflexión. 

La de que esta ocupación  estructural de los partidos por técnicos o funcionarios es la verdadera tecnocracia. No en cambio la ocupación de los puestos de gobierno y dirección de la Administración. Lo que hay de malo en esto es cuando está ocupación no se realiza por mérito o capacidad si no por partidismo o por tecnócratas de partido sin tener en cuenta siquiera si su formación, preparación, especialidad o profesión se adecua al cargo o puesto concreto. Así tampoco se acredita el mérito y capacidad exigido legalmente.  Llegan a puestos de responsabilidad personas sin experiencia y que no tienen profesionalidad alguna y que utilizan la política y el partido como medio de vida. Se produce una politización negativa para el interés general. La Administración pierde su fundamento y con ello el edificio se derrumba. Pasa a ser un objeto de apropiación u ocupación por todos esos políticos de partido.

Como ejemplo, de los problemas que pueden surgir de esta realidad, en Valencia, el Ilustre Colegio de Abogados de la Comunidad Valenciana, ha realizado un duro comunicado por el conflicto surgido con la Conselleria de Justicia respecto del turno de oficio, donde se acusa de impericia y desconocimiento de la materia que se gestiona y que hoy a las tareas de gobierno se debe llegar estudiado y aprendido.

Y esta situación conduce a pensar en otras afectantes a la estructura administrativa y a la formación de sus funcionarios, tales como la dimensión de la estructura política, la inexistencia de un cuerpo de directivos públicos, la pervertida oferta de empleo, la adopción de sistemas de provisión de puestos de trabajo de funcionarios al margen del mérito y capacidad probadas, etc. De ello trataré en próximas entradas. 





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