En las anteriores entradas me he ocupado de la organización y nivel político de la Administración pública, primero para destacar que no se exige en este nivel una formación técnica especializada ni general en administrar lo público ni en las ciencias que corresponden a este administrar, de íntima conexión con la ley y el derecho. Lo destacable pues es que esta formación, sobre todo a partir de la derogación de la Ley de Organización de la Administración del Estado, no se exige por el ordenamiento jurídico para ocupar un cargo político y directivo en las Administraciones públicas y que en cambio la organización política de las mismas ha crecido desmesuradamente, constituyendo así un espacio de colocación de los políticos de partido, sean o no funcionarios y, como decía, constituye hoy un medio de vida y hace que, no siendo segura la permanencia en el cargo, la primera meta de todo político y del partido sea precisamente la continuidad en la ocupación de cargos públicos y, cuando no, la de pertenecer a la burocracia retribuida del partido. A todo esto ha contribuido el modelo autonómico y sin entrar a examinar la organización de sus parlamentos. No es necesario insistir más, cualquier persona mínimamente avezada puede comprender las consecuencias de todo esto en la sociedad y en la libertad y democracia.
Pero hoy se trata de ver qué ocurre en el espacio profesional de estas Administraciones públicas, en ese que la legislación, veíamos, que considera a los funcionarios públicos.
Recuerdo, pues, que el artículo 9 del Texto Refundido del EBEP nos dice que son funcionarios de carrera los que en virtud de nombramiento legal (tras un proceso de selección público, de concurrencia y de igualdad, mérito y capacidad) tienen una regulación estatutaria y por ley para el desempeño de servicios profesionales retribuidos y de caráter permanente. Este sistema, se puede decir que socialmente siempre ha sido considerado como difícil para entrar, debido al sistema de las oposiciones y el esfuerzo que supone, basado principalmente en ejercicios memorísticos, pero cómodo una vez se está dentro. Mucho habría que decir en este sentido y en los sistemas de carrera habidos para los funcionarios.
Sea como sea, y todo está más o menos reflejado en este blog, aún existiendo una organización corporativa en los funcionarios públicos en virtud de los servicios profesionales que prestan, destaca la importancia del espacio de administración general, vinculado al derecho y procedimientos jurídicos, administrativos y de gestión, así como en la formulación y eficacia de las políticas públicas. La administración general ante la variedad de sus funciones, tareas y clases de puestos hizo que el puesto de trabajo se significara hasta generalizarse en toda la organización y pasar a ser un factor de retribución. Frente al simple sistema basado en la antigüedad el puesto de trabajo (siempre presente en la Administración) lleva todo un teórico procedimiento de clasificación de puestos y de los de nivel superior y directivo , en principio, conectado con el nivel político, y éstos se convierten en un campo de atribución múltiple a cualquier cuerpo o clase de funcionarios, aun cuando se describan unas funciones propiamente administrativas y públicas. El sistema lleva a una lucha interna corporativa para la ocupación o apropiación de estos puestos, pero lo más importante es que se diseña un sistema de libre designación, que pese a su calificación legal de mérito y capacidad, no lo es, es de pura designación política o de los políticos de la organización o del partido. Una corrupción consentida de los principios de sistema jurídico administrativo y de los fines que se atribuyen a la Administración, pero conveniente para muchos.
Este espacio de libre designación, con abandono general de todo el mundo, también ha adquirido una dimensión extraordinaria, que sin exagerar, unido al espacio político, sólo deja al mérito y capacidad los niveles inferiores de la función pública. los de los grupos C, D y E y en el C con reservas. No me he obligado a investigar relaciones de puestos de trabajo, que otros lo hagan para bien del conocimiento de lo que tenemos como Administración pública. Los funcionarios, también se afilian a partidos con la esperanza de llegar a este nivel de designación arbitraria o casi arbitraria o, simplemente, se integran en grupos de funcionarios de confianza de un político concreto o de un partido, esperando que la fortuna le sonría a la persona de la que, realmente, dependen.
En definitiva, todo el nivel de operatividad jurídica y de garantías de legalidad es un sector dependiente de camarillas políticas y obediente a las directrices de partido o grupo, no sirven en general al interés general ni al ciudadano, en cuanto exista interés político concreto. La función principal es, pues, no la legalidad sino disfrazar la legalidad. La permanencia del sistema corrupto se puede considerar querida y objetivo a lograr.
Pero, además, el sistema de provisión de puestos de trabajo está también corrompido, en primer lugar por la propia corrupción de las relaciones de puestos de trabajo y después por el colapso en la oferta de empleos públicos y por la de las convocatorias de concursos de méritos. Se prima a la provisionalidad en el destino y la interinidad, pues ellas crean la dependencia que garantiza al político que no va a haber una "criada respondona" y que la función pública depende de su poder en nombramientos y ceses. Como el sistema también puede beneficiar a los intereses funcionariales y burocráticos nadie lo contesta, pues la permanencia si bien en el puesto de destino no se garantiza, como funcionario sí, y se crean sistemas o procedimientos por los que, a pesar del cese, el funcionario se garantiza un nivel retributivo. se duplica organización y aparecen puestos no relacionados ni clasificados que acomodan o colocan a los cesados, que al no perder no se quejan y que pueden vivir, incluso, sin hacer nada y con plena permisividad de la organización. Todo lo soporta el presupuesto y el gasto público y el ciudadano corriente está en la inopia, de ahí surge el grado y otras soluciones, que compensan la arbitrariedad del sistema.
Interinos y puestos cubiertos provisionalmente es una regla general y que hace que salvo casos contados de personas que están inánimes, a nadie interese que se cumpla la legalidad. La movilidad interterritorial depende de la "gracia" del soberano y te convierte en un dependiente más.
Para acabar, pues esto sería inacabable, la formación de los funcionarios no es en los principios que fundamentan el Estado de Derecho y el sistema de una función pública como poder y como servicio al ciudadano. O bien se dice que el estado es una empresa y se te endosan cursos de "management" a la americana y se propicia la contratación de empresas externas a la Administración pública o universidades del entorno y, por lo tanto, con intereses espurios o bien la fabrica de cursos tiene el único objeto de incrementar el curriculo y la carrera del funcionario.
Cuando esto no es posible y los buröcratas no "tragan" o ven que se les "ataca" se acude a la organización instrumental y se crean empresas públicas, centros de colocación y de negocios a medida o financiación de partidos.
En definitiva, todo el nivel de operatividad jurídica y de garantías de legalidad es un sector dependiente de camarillas políticas y obediente a las directrices de partido o grupo, no sirven en general al interés general ni al ciudadano, en cuanto exista interés político concreto. La función principal es, pues, no la legalidad sino disfrazar la legalidad. La permanencia del sistema corrupto se puede considerar querida y objetivo a lograr.
Pero, además, el sistema de provisión de puestos de trabajo está también corrompido, en primer lugar por la propia corrupción de las relaciones de puestos de trabajo y después por el colapso en la oferta de empleos públicos y por la de las convocatorias de concursos de méritos. Se prima a la provisionalidad en el destino y la interinidad, pues ellas crean la dependencia que garantiza al político que no va a haber una "criada respondona" y que la función pública depende de su poder en nombramientos y ceses. Como el sistema también puede beneficiar a los intereses funcionariales y burocráticos nadie lo contesta, pues la permanencia si bien en el puesto de destino no se garantiza, como funcionario sí, y se crean sistemas o procedimientos por los que, a pesar del cese, el funcionario se garantiza un nivel retributivo. se duplica organización y aparecen puestos no relacionados ni clasificados que acomodan o colocan a los cesados, que al no perder no se quejan y que pueden vivir, incluso, sin hacer nada y con plena permisividad de la organización. Todo lo soporta el presupuesto y el gasto público y el ciudadano corriente está en la inopia, de ahí surge el grado y otras soluciones, que compensan la arbitrariedad del sistema.
Interinos y puestos cubiertos provisionalmente es una regla general y que hace que salvo casos contados de personas que están inánimes, a nadie interese que se cumpla la legalidad. La movilidad interterritorial depende de la "gracia" del soberano y te convierte en un dependiente más.
Para acabar, pues esto sería inacabable, la formación de los funcionarios no es en los principios que fundamentan el Estado de Derecho y el sistema de una función pública como poder y como servicio al ciudadano. O bien se dice que el estado es una empresa y se te endosan cursos de "management" a la americana y se propicia la contratación de empresas externas a la Administración pública o universidades del entorno y, por lo tanto, con intereses espurios o bien la fabrica de cursos tiene el único objeto de incrementar el curriculo y la carrera del funcionario.
Cuando esto no es posible y los buröcratas no "tragan" o ven que se les "ataca" se acude a la organización instrumental y se crean empresas públicas, centros de colocación y de negocios a medida o financiación de partidos.
El resumen o final es la quiebra total del sistema legal y de la Administración pública como operador jurídico, garantía jurídica y de eficacia y servicio al ciudadano. y el sistema legal es el deber ser y la obligación de eficacia para cada poder público, puede llegarse a concluir que éste no existe en realidad y que hay una corrupción y podredumbre evidente que no se evita por las acciones concretas de políticos y funcionarios honestos, pues puede concluirse que, al estar el sistema y la organización como está, son la excepción. No hay régimen de derecho administrativo y si no hay justicia, no hay nada.
¿Es un panorama negro? Es lo que veo y lo que me ofrecen mis años de experiencia. Pero lo más grave es que no se ve una esperanza ni una luz. La inutilidad de mis entradas es evidente y no me cabe optimismo. Si es una burbuja lo que describo, su estallido es un mal tremendo que lleva a una reforma tan importante que necesita de otros partidos y otros políticos y de jóvenes y ciudadanos informados y formados, lo que, a su vez, necesita de un sistema educativo diferente al actual. Mejor no continuar.
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