Hoy surge la terrible noticia de una tragedia debida a un accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que afecta a dos trenes de alta velocidad y en su inmediatez aún nadie, que yo haya apreciado, ha emprendido una cruzada de responsabilidades contra del Gobierno, pero lo veremos.
El partido del Gobierno estatal sabe de estas cruzadas. Valencia tiene dos ejemplos el accidente del metro y la aún reciente dana. En el primer caso una Comisión legislativa de las Cortes Valencianas declaró responsable político a un empleado público que obtuvo una Sentencia a él favorable por haber sido afectado en su honor y que matiza el alcance de la responsabilidad política. Esta sentencia 133/2018 de 13 de diciembre la comenté en tres entradas de este blog a partir de 27 siguiente.
Es lógico, en parte, que las oposiciones políticas en esos momentos reclamen responsabilidades, pero lo negativo es que aprovechen el dolor ajeno y utilicen a familiares de las víctimas. En Valencia ya lo sabemos.
Pero los partidos políticos de la oposición, que han gobernado, también son responsables en la medida que el deterioro de los servicios públicos ya existiera en sus legislaturas. Pues el factor básico es mantener una buena Administración pública, cosa que no se ha hecho por ninguno de ellos, dando muestras que les importa un comino y, al contrario, de ella no se preocupan, la ocupan con los suyos por inútiles que sean. Son los de su confianza no los garantes del interés público y general.
Se aplican medios técnicos avanzados que dan apariencia de buen hacer y no se cuidan los recursos para su eficacia y buen funcionamiento. Somos más veloces en lo ferroviario pero ¿ cómo están las vías? ¿ cuánto personal está en el mantenimiento del servicio y política correspondiente?
Sólo aparecen datos ante el error, la negligencia o la catástrofe y además mal.
Bueno. mis lectores después de tantos años ya me conocen. Es necesario hacer oposición investigando y también gobernando. El resto me resulta innoble.
Esperemos que esta tragedia sirva para algo más que la propaganda política y se exijan responsabilidades jurídicas y administrativas si existen.
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