En dos de mis posts anteriores, uno cuando me refería a lo acontecido en la noche de San Juan y otro en Nuevas tecnologías y Gobierno y Administración, estaba, de forma indirecta poniendo de manifiesto que la simple toma de decisiones con repercusiones e intenciones políticas puede que se haga sin más consideraciones que las de oportunidad de los correspondientes dirigentes de la Administración de que se trate o por los Gobiernos, pero en realidad ello no significa que se esté administrando conforme a las reglas de la buena Administración. Esta mañana oigo que esta noche ya hay quienes estaban irregularmente probando y utilizando el circuito de Fórmula I que se está finalizando en Valencia y los vecinos ya se quejan.
Y es que cualquier decisión importante que se adopte que ha de tener consecuencias debe de ir apoyada por el análisis de los expertos en la Administración pública, no sólo para determinar que son posibles sino para, en un primer análisis, considerar que existen recursos y medios para llevarlas a cabo y hacerlas efectivas. En este análisis hay que prever todo, incluso estas posibilidades de que determinados sujetos que nos acompañan en esta sociedad se dediquen a hacer carreras nocturnas en el futuro circuito y que ello va a requerir unos medios dedicados a evitarlo, no sólo porque afecta al propio circuito, sino porque afecta a los derechos de los vecinos de la zona y a la legalidad. Adoptar políticas públicas que no van a tener los medios y recursos necesarios puede ser política, para mí mala, pero no es administrar.
La misma reflexión hay que hacer en cuestiones como la comentada en el post de Iñaki Open governement: el concepto, en el sentido de que si hay que hacer todo lo que prescribe la etiqueta, es necesario calcular unos medios o sea una organización, un personal y un presupuesto para extraer consecuencias de toda la información que se recibe, coordinarse y decidir que es utilizable o qué cuestiones han de ser atendidas mediante actuaciones y políticas públicas concretas y si administrativamente tenemos recursos para todo ello. Por eso llegué a decir que el provecho acaba siendo mayor para el político. Y hay que recordar que las funciones que se consideran necesarias para la eficacia de las políticas públicas, lo son en toda decisión y que no es sólo una cuestión teórica sino una necesidad para la eficacia y eficiencia administrativa, formando parte del procedimiento la utilización de las tecnologías más adecuadas. Pero del procedimiento en general, no del jurídico y dictado de actos administrativos.
Al hilo de esto último quiero acabar con una reflexión, a la vista de otros proyectos que leo se van a producir, y es que las nuevas tecnologías no son Derecho, no precisan de leyes que prevean su aplicación. Para mí previos los análisis funcionales correspondientes, es la Administración la que simple y llanamente decide aplicarlas. Nos quejamos de la excesiva juridificación de la política y de la Administración y ahora va a resultar que la aplicación de nuevas tecnologías depende de una nueva Ley de Procedimiento. ¡Por favor¡, basta con unos buenos técnicos, un equipo, un estudio, una voluntad y las actuaciones correspondientes.
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