TRANSPARENCIA

Cabe preguntarse por cuál es el principio que más innovación y cambio puede introducir en la Administración pública. Sin duda es la transparencia. No comprende solo el conjunto de instrumentos que ayudan a iluminar el poder público, que tiene una tendencia importante a la opacidad, sino que se trata de un principio fundamental del ejercicio democrático del poder y el antídoto más eficaz contra la corrupción, que se esconde detrás del ejercicio opaco del poder.

La esencia de la transparencia es la información que responde a la idea de la democracia griega de que es necesario ciudadanos educados en los asuntos políticos en la vida de la comunidad. Serán los liberales elitistas, con Schumpeter a la cabeza, los que más énfasis pondrán en una información y el conocimiento suficientes para “evaluar racionalmente las decisiones de gobierno”. Por su parte Dahl destacará la necesidad de la educación cívica y de fortalecer las instituciones encargadas de promoverla, con el fin de que aumenten las capacidades de los ciudadanos para que puedan implicarse en la vida política y les permita afrontar la complejidad de los asuntos públicos. De esta manera, sin una información relevante, de calidad, accesible y fiable, como requisitos señalados por el Banco Mundial para una información transparente, no es posible formarse una opinión válida para intervenir en los asuntos públicos, sea mediante el voto o mediante la participación en los grupos de interés y redes de políticas. Es necesario insistir en este aspecto, el de una información transparente para todos y no solo para determinados grupos o para las redes. No se trata de un principio destinado a favorecer una democracia deliberativa sino a fundamentar una verdadera democracia representativa. Un ciudadano debidamente informado será más exigente con sus representantes y dirigentes políticos y estos serán más responsables con los ciudadanos.

La finalidad inmediata de la transparencia y de la consecuente mejora de la información es incrementar el control y la evaluación de los poderes públicos y especialmente de la Administración pública. Si el principio de responsabilidad implica una autolimitación del poder político, el de transparencia supone el empoderamiento de los ciudadanos con la misma finalidad: un poder político más sometido a los ciudadanos. Para que sea efectivo se requiere el concurso activo de los poderes públicos con el fin de que hagan los procesos decisionales y de ejecución más visibles y entendibles para todos.

Es posible que el rendimiento de los servicios públicos se vea afectado por una información abundante y permanente, al menos es la razón que se suele esgrimir para limitar la transparencia. Sin embargo, ni esta cuestión ni la contraria se han demostrado y sí se han observado los efectos positivos de la transparencia en políticas de gran incidencia en la vida ciudadana como la medioambiental que goza de un alto nivel de transparencia legal en la Unión Europea. En muchas ocasiones, son las iniciativas ciudadanas o de grupos de interés los que han conseguido encauzar o detener con un debate público determinados proyectos perjudiciales para la comunidad. Es probable que una aplicación en los mismos términos de la transparencia en políticas como la de suelo y la de urbanismo hubiese impedido el lamentable espectáculo de la corrupción de estos años.

También se achaca a la transparencia el riesgo de que la información suministrada sea utilizada por determinados grupos para sus intereses particulares y para tratar de manipular los procesos decisionales públicos. Es evidente que en este riesgo también incurren ya los integrantes de los procesos corporativos y no son ajenos a él los grupos participantes en las redes de política, por muy abiertas que estas sean.

La fuerza transformadora de la transparencia en la acción pública aconseja incluir medidas efectivas y evaluables en los planes de reforma o modernización. Estas medidas deben posibilitar la garantía de acceso a la información a todos los ciudadanos; la transmisión de información relevante para conocer los procesos públicos y fomentar el debate público y las responsabilidades compartidas; la asignación clara de responsabilidades de los actores públicos; y la comprobación sencilla de la ejecución de los procesos.

Algunas de las medidas sobre transparencia pueden encontrarse en los distintos códigos de buen gobierno. Más raro, especialmente en el caso español, es que los códigos establezcan mecanismos que aseguren el cumplimiento de la transparencia, como los siguientes: fijar plazos para las respuestas a las peticiones de información; establecer sanciones claras en caso de violación de la legislación sobre la transparencia y el acceso a la información; e informar a los ciudadanos de las medidas y sanciones adoptadas para asegurar el principio de transparencia. En esta cuestión, y lo mismo se podría decir de la participación o de la rendición de cuentas, nuestro país está bastante alejado de nuestros principales socios comunitarios.

En definitiva, la transparencia es un instrumento de fortalecimiento de la ciudadanía y, consecuentemente, de la democracia. Contribuye a la calidad del voto y del debate público y a mejorar la educación cívica de los ciudadanos. Además, tiene como finalidad establecer mecanismos efectivos de responsabilidad de los dirigentes públicos. Finalmente, es un potente instrumento transformador de la gestión pública al iluminarla y hacerla más visible a los ciudadanos, que así pueden comprobar cuáles son los referentes de actuación y los intereses de los poderes públicos y de los políticos, los administradores y los grupos de interés. Frente a los procesos modernizadores, que son adoptados internamente por el bloque Gobierno-Administración pública, la transparencia ofrece mecanismos de cambio provenientes del exterior y de empoderamiento de los ciudadanos individuales y los grupos organizados. Estos mecanismos posibilitan fundamentar el voto individual y la participación efectiva en los procesos de las políticas públicas.