En definitiva, para considerar la intervención política en el administrar público y en la administración pública en general, hay que considerar que son los políticos los que tienen el poder de decisión y la potestad de organizar la Administración y estructurarla, de tal manera que la configuración del sistema de puestos en una Administración pública suele ser una decisión de los políticos y que, por tanto, la profesionalización, el predominio del mérito o no también lo son. Realmente la existencia de una verdadera Administración pública depende de la voluntad política y ello porque, tal como en este blog vengo diciendo, resulta que el ápice superior de la pirámide organizativa de las Administraciones públicas, sus puestos superiores, son hoy cargos de confianza o siguen en un sistema de designación basada en ella. Así todos los puestos superiores de la Administración dependen realmente del cargo político de turno, el cual si bien no puede despedir al funcionario de carrera, pues su cese sólo cabe por expediente y causas o motivos tasados, sí puede condicionar claramente la carrera y retribución del funcionario, mediante un sistema de libre designación con aspectos similares a un spoils system.
En verdad hoy en día la patrimonialización política de la Administración pública es bastante evidente, como un aspecto más de la desconsideración de la división de poderes y, en consecuencia, de un verdadero Estado de derecho. Los políticos tanto en sus relaciones en el seno de su partido político como en la Administración se basan en el sistema de confianza, de modo que quienes eligen y les asisten han de serles fieles y obedientes y eso es lo que principalmente tienden a conseguir. Por tanto, si el político no tiene arraigados unos fuertes principios morales de servicio a los intereses públicos y se desenvuelve en un sistema partitocrático, lo normal es que se sirva de la Administración pública en su propio interés o en el de su partido o en el de los grupos de intereses o lobbits que lo mantienen, cayendo en un sistema corrupto en el que no existe verdadera Administración pública. Los propios intereses públicos se configuran en leyes que nacen del poder ejecutivo y se aprueban sin práctica discusión en el legislativo, bien sea por gozar de la mayoría bien por conseguirla mediante pactos concretos con otro partido o grupo y porque no se deliberan en realidad.
Con un poder político corrupto no hay Administración pública o ésta es también corrupta; con un poder político que considera ante todo el interés público, que gobierna para todos, que utiliza la Administración pública como la parte técnica que puede ayudarle a decidir correctamente de acuerdo con el derecho establecido, a definir los intereses públicos propiamente dichos, dentro de su dificultad, y que garantiza las leyes, los presupuestos formales del Estado de derecho se cumplen y el equilibrio se produce. Para ello es necesario democratizar los partidos y cambiar el sistema electoral. En las condiciones actuales, sin perjuicio de las excepciones personales que existen, no queda garantizado que se Administre lo público o que exista un servicio al público. La Administración no es más que patrimonio de intereses espurios y bastardos, sin que ello signifique generalizar. Pero el peso de lo corrupto y de la desviación hace que la normalidad o el cumplimiento en casos concretos de un buen administrar y de un buen servicio se pierdan ante la falta general de garantías.
Hoy más que nunca, ante la situación y la de los servicios públicos y la economía es preciso que se reivindique el carácter formal que la Constitución y las leyes atribuyen a las Administraciones públicas y sus funcionarios y, en consecuencia, que se exija de los políticos un comportamiento moral y ético y una clara voluntad de servicio público. Sus relaciones con los altos funcionarios no pueden ser únicamente de confianza sino de colaboración en el buen administrar y en la definición de los verdaderos intereses públicos y en su configuración en leyes para todos que sirvan al público en general.
Administrar lo público no es administrar tu empresa, ni satisfacer tus intereses particulares y su eficacia no es simplemente la del fin empresarial o la ganancia personal, es una compleja labor de definición de lo bueno o lo mejor para todos los ciudadanos o para el país y depende de los políticos que tengamos o, mejor dicho, de los que elegimos y de ellos depende que la Administración pública sea buena y eficaz.
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