La Nueva Gestión Pública (NGP) ha tenido sus consecuencias en el funcionamiento del Estado y una de ellas es la aceptación de la necesidad de actuar adoptando un método cercano a la subsidiariedad, de tal manera que el Estado “no debe hacer lo que otros pueden hacer mejor que él”. El resultado es un Estado pasivo que debe facilitar más que liderar o timonear más que remar.
Es aceptable que el Estado, compuesto por los diversos niveles gubernamentales, pueda liberarse de la función de ejecución. En sentido contrario, debe retener y potenciar la función de regulación y control, no en el sentido liberal de su definición inicial, sino desde su misión de liderazgo de la sociedad y de responsabilizarse del resultado de las políticas formuladas y ejecutadas con la participación de lo más variados agentes gubernamentales, sociales y económicos. De otra manera, en un modelo en el que el Estado fuera un actor más, un “primus inter pares”, de los que intervienen en las redes de políticas, el ciudadano vería mermados sus derechos al no tener efectivamente a quien exigir la responsabilidad de la actuación política. De ahí que sea necesario un Estado fuerte para que exista una democracia fuerte e inclusiva.
Uno de los postulados de más éxito divulgativo de la NGP es el que proclama la reducción del Estado, su minimización en favor de la sociedad y del mercado. Este discurso no es exclusivo ya que enlaza con el liberalismo e incluso con la teoría weberiana al definir al Estado como monopolio de la coacción física legítima, lo que permite una interpretación que restringe su actuación a ese campo, que es el que lo diferencia de las actividades prestacionales privadas con las que concurre. Una versión algo más expansiva es la que considera al Estado en su función de garante de la cohesión social a través de la prestación de determinados servicios esenciales como la educación, la sanidad y la cultura.
Sin embargo, los gobiernos contemporáneos son responsables de numerosas funciones que no consisten solo en prestar servicios en términos semejantes al mercado, sino que ejercen monopólicamente funciones como la justicia, el orden público y la seguridad en muchas ocasiones con actuaciones de carácter compulsivo sobre personas o grupos. Junto a estas han aparecido otras que son consecuencia de las transformaciones más recientes económicas, sociales y medioambientales y que implican que los poderes públicos intervengan, o lo hagan de una manera más activa, sobre la vulnerabilidad social y la dependencia, la conciliación de la vida laboral y la privada, las desigualdades, el fortalecimiento del sistema educativo, la inmigración, el concepto de bienestar, la justicia social, el cambio climático y el medio ambiente, la productividad, la innovación y la competitividad de la economía, los conflictos inter territoriales e interculturales, la prevención y gestión de los riesgos, etc. Además, la existencia del Estado conlleva la implantación de métodos que suponen involucrar a los miembros de la sociedad en su funcionamiento. Esta función hace referencia a la naturaleza democrática de los Estados en las sociedades avanzadas y a la necesidad de buscar la legitimidad de su actuación basada en el consentimiento ciudadano.
Junto a las funciones comunes del Estado han aparecido en las últimas décadas otras que tratan de controlar las fuerzas y las amenazas que pesan sobre el mundo y que son indisponibles para la sociedad: el poder de las ideologías y los extremismos de todo tipo; el poder de las fuerzas ocultas, como las redes de tráfico de drogas o las mafias; los poderes que surgen de posdescubrimientos científicos; y los poderes económicos y financieros que desean un “gallinero con total libertad”.
En el caso europeo, la no reducción del Estado se justifica en la política de competencia europea y en el propio proceso de incorporación de los países del este europeo, a los que los criterios de admisión en la UE les exigían adoptar modelos de Estados fuertes y Administraciones poderosas, como sucede en los países del núcleo europeo. En este sentido, las instituciones europeas están sirviendo de freno en los países candidatos a la introducción de los principios de la NGP tendentes a la reducción del Estado.
Desde un enfoque próximo a la gobernanza, la fortaleza del Estado estaría justificada en la necesidad de habilitar a los ciudadanos para que asuman más poder con el fin de lograr los objetivos del gobierno. Este empoderamiento ciudadano busca incrementar las oportunidades de los ciudadanos para que se impliquen en los asuntos públicos y se corresponsabilicen con el Estado en la búsqueda de su propio bienestar y para que presionen a las instituciones públicas para que rindan cuentas.
Desde otra perspectiva, el Estado adquiere la noción de activante al asumir la misión de impulsar o activar a los ciudadanos a que actúen en el ámbito público. La cultura del ciudadano puede considerarse el fundamento de un sistema de gobierno democrático bien afianzado en el modelo de la Civic Culture, como el de Estados Unidos de América o el del Reino Unido, pero también en determinados países pertenecientes al modelo clásico, como Alemania. Esta cultura se refiere a un determinado patrón democrático-social de distribución de prestaciones, frente al patrón de la burocracia; ahora bien, ninguno de los dos patrones puede reivindicar exclusividad alguna a la hora de ejercer la regulación y el control públicos.
Para König el conocimiento disponible acerca de la Administración pública en la sociedad civil está por detrás del existente acerca de la Administración en la democracia representativa, en el Estado de Derecho y en la actividad managerial. Los problemas del Estado se debaten hoy en día predominantemente en el marco conceptual de la sociedad civil. Ésta adopta dos significados: el primer significado vincula al ciudadano con su compromiso con el bien común y el segundo traza un tipo ideal de Administración propia de la sociedad civil. El primero se refiere a la esfera social existente entre Estado, mercado y ámbito privado, el tercer sector, el espacio público de las federaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, iniciativas ciudadanas, etc. Su referencia al bien común y el compromiso ciudadano voluntario limita en muchas prestaciones —desde la protección civil hasta la cooperación al desarrollo— con la Administración pública en su función básica de distribuir de forma vinculante bienes y servicios públicos. La diferenciación y la integración de ambas esferas son un tema de gran interés para la ciencia de la administración.
El segundo significado de sociedad civil hace referencia al desarrollo, en el conjunto de la sociedad, de la civilización, de la democratización y de nuevos patrones de conducta participativa, cooperativa, autoorganizada y autorregulativa que aseguren la posibilidad de dar la opinión y de intervenir junto con otros. En este significado caben preguntas dirigidas a la sociedad como si la modernización de la Administración pública avanza al mismo ritmo que las fuerzas que impulsan los movimientos políticos de base. En este significado caben las iniciativas ciudadanas, la participación ciudadana, los mecanismos de solicitud de convocatoria de referendos municipales, los referendos municipales mismos, los derechos civiles y el movimiento de los derechos civiles, la organización ciudadana desde las asociaciones políticas hasta las organizaciones no gubernamentales, los movimientos ciudadanos, etc. Este campo de estudio abarca las características de la sociedad civil, la apertura de la cultura administrativa a desarrollos que provienen de la sociedad civil y las actitudes de los ciudadanos hacia la Administración.
Estas nuevas necesidades precisan de un Estado fuerte que permita afrontar eficazmente el futuro con seguridad, bien por sí mismo o con la ayuda de organismos o tratados supranacionales. Aparece así un renovado Estado como socio, ámbito de actuación y garante del difícil diálogo con la sociedad, que gestiona los intereses de la comunidad e interviene en su vida. Un Estado que sigue siendo un actor decisivo en la arena política nacional y global que continúa teniendo como fin la cohesión social pero en forma de centro en que conectan los más diversos actores.
Frente a la defensa de un Estado menor aparece la necesidad de un Estado fuerte que vuelva a responsabilizarse de su función de liderazgo social, de dar un nuevo significado al servicio público y de garantizar el bien común y el interés general. Sin embargo, el tiempo transcurrido y los hechos acaecidos en estas décadas ya no le permiten conformar ese interés en solitario ni con una serie de grupos poderosos. Ahora debe propiciar una actuación conjunta con la mayoría de los intereses sociales en juego y facilitar realmente la oportunidad de participar a todos los grupos y a los ciudadanos individuales, para que se corresponsabilicen de la marcha de la sociedad y de su desarrollo. Además, muchas de las posiciones de poder en este mundo globalizado no se encuentran ya en el interior del Estado, por lo que precisa para su existencia participar en organismos internacionales y entablar complejos sistemas de relaciones con las grandes empresas y grupos internacionales.
La crisis actual obliga a replantear el papel de las instituciones políticas, económicas y financieras y, especialmente, a revisar los fundamentos teóricos sobre los que se asientan. El Estado no puede quedar como un último recurso al que se le reclama ayuda para evitar la quiebra social. Sin entrar en el debate de si el mercado es más o menos responsable de la situación económica y financiera actual, lo cierto es que la ingente cantidad de recursos públicos inyectados en el sistema financiero está generando un debate público y teórico sobre el papel del Estado. La actual situación, como ha sucedido en otras ocasiones, muestra que ante situaciones como las que vivimos los ciudadanos solo pueden aguardar ayuda del Estado. Al fin y al cabo eso es lo que se espera de un sistema político basado en el consentimiento de una dominación democrática ejercida por instituciones políticas.
Es aceptable que el Estado, compuesto por los diversos niveles gubernamentales, pueda liberarse de la función de ejecución. En sentido contrario, debe retener y potenciar la función de regulación y control, no en el sentido liberal de su definición inicial, sino desde su misión de liderazgo de la sociedad y de responsabilizarse del resultado de las políticas formuladas y ejecutadas con la participación de lo más variados agentes gubernamentales, sociales y económicos. De otra manera, en un modelo en el que el Estado fuera un actor más, un “primus inter pares”, de los que intervienen en las redes de políticas, el ciudadano vería mermados sus derechos al no tener efectivamente a quien exigir la responsabilidad de la actuación política. De ahí que sea necesario un Estado fuerte para que exista una democracia fuerte e inclusiva.
Uno de los postulados de más éxito divulgativo de la NGP es el que proclama la reducción del Estado, su minimización en favor de la sociedad y del mercado. Este discurso no es exclusivo ya que enlaza con el liberalismo e incluso con la teoría weberiana al definir al Estado como monopolio de la coacción física legítima, lo que permite una interpretación que restringe su actuación a ese campo, que es el que lo diferencia de las actividades prestacionales privadas con las que concurre. Una versión algo más expansiva es la que considera al Estado en su función de garante de la cohesión social a través de la prestación de determinados servicios esenciales como la educación, la sanidad y la cultura.
Sin embargo, los gobiernos contemporáneos son responsables de numerosas funciones que no consisten solo en prestar servicios en términos semejantes al mercado, sino que ejercen monopólicamente funciones como la justicia, el orden público y la seguridad en muchas ocasiones con actuaciones de carácter compulsivo sobre personas o grupos. Junto a estas han aparecido otras que son consecuencia de las transformaciones más recientes económicas, sociales y medioambientales y que implican que los poderes públicos intervengan, o lo hagan de una manera más activa, sobre la vulnerabilidad social y la dependencia, la conciliación de la vida laboral y la privada, las desigualdades, el fortalecimiento del sistema educativo, la inmigración, el concepto de bienestar, la justicia social, el cambio climático y el medio ambiente, la productividad, la innovación y la competitividad de la economía, los conflictos inter territoriales e interculturales, la prevención y gestión de los riesgos, etc. Además, la existencia del Estado conlleva la implantación de métodos que suponen involucrar a los miembros de la sociedad en su funcionamiento. Esta función hace referencia a la naturaleza democrática de los Estados en las sociedades avanzadas y a la necesidad de buscar la legitimidad de su actuación basada en el consentimiento ciudadano.
Junto a las funciones comunes del Estado han aparecido en las últimas décadas otras que tratan de controlar las fuerzas y las amenazas que pesan sobre el mundo y que son indisponibles para la sociedad: el poder de las ideologías y los extremismos de todo tipo; el poder de las fuerzas ocultas, como las redes de tráfico de drogas o las mafias; los poderes que surgen de posdescubrimientos científicos; y los poderes económicos y financieros que desean un “gallinero con total libertad”.
En el caso europeo, la no reducción del Estado se justifica en la política de competencia europea y en el propio proceso de incorporación de los países del este europeo, a los que los criterios de admisión en la UE les exigían adoptar modelos de Estados fuertes y Administraciones poderosas, como sucede en los países del núcleo europeo. En este sentido, las instituciones europeas están sirviendo de freno en los países candidatos a la introducción de los principios de la NGP tendentes a la reducción del Estado.
Desde un enfoque próximo a la gobernanza, la fortaleza del Estado estaría justificada en la necesidad de habilitar a los ciudadanos para que asuman más poder con el fin de lograr los objetivos del gobierno. Este empoderamiento ciudadano busca incrementar las oportunidades de los ciudadanos para que se impliquen en los asuntos públicos y se corresponsabilicen con el Estado en la búsqueda de su propio bienestar y para que presionen a las instituciones públicas para que rindan cuentas.
Desde otra perspectiva, el Estado adquiere la noción de activante al asumir la misión de impulsar o activar a los ciudadanos a que actúen en el ámbito público. La cultura del ciudadano puede considerarse el fundamento de un sistema de gobierno democrático bien afianzado en el modelo de la Civic Culture, como el de Estados Unidos de América o el del Reino Unido, pero también en determinados países pertenecientes al modelo clásico, como Alemania. Esta cultura se refiere a un determinado patrón democrático-social de distribución de prestaciones, frente al patrón de la burocracia; ahora bien, ninguno de los dos patrones puede reivindicar exclusividad alguna a la hora de ejercer la regulación y el control públicos.
Para König el conocimiento disponible acerca de la Administración pública en la sociedad civil está por detrás del existente acerca de la Administración en la democracia representativa, en el Estado de Derecho y en la actividad managerial. Los problemas del Estado se debaten hoy en día predominantemente en el marco conceptual de la sociedad civil. Ésta adopta dos significados: el primer significado vincula al ciudadano con su compromiso con el bien común y el segundo traza un tipo ideal de Administración propia de la sociedad civil. El primero se refiere a la esfera social existente entre Estado, mercado y ámbito privado, el tercer sector, el espacio público de las federaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, iniciativas ciudadanas, etc. Su referencia al bien común y el compromiso ciudadano voluntario limita en muchas prestaciones —desde la protección civil hasta la cooperación al desarrollo— con la Administración pública en su función básica de distribuir de forma vinculante bienes y servicios públicos. La diferenciación y la integración de ambas esferas son un tema de gran interés para la ciencia de la administración.
El segundo significado de sociedad civil hace referencia al desarrollo, en el conjunto de la sociedad, de la civilización, de la democratización y de nuevos patrones de conducta participativa, cooperativa, autoorganizada y autorregulativa que aseguren la posibilidad de dar la opinión y de intervenir junto con otros. En este significado caben preguntas dirigidas a la sociedad como si la modernización de la Administración pública avanza al mismo ritmo que las fuerzas que impulsan los movimientos políticos de base. En este significado caben las iniciativas ciudadanas, la participación ciudadana, los mecanismos de solicitud de convocatoria de referendos municipales, los referendos municipales mismos, los derechos civiles y el movimiento de los derechos civiles, la organización ciudadana desde las asociaciones políticas hasta las organizaciones no gubernamentales, los movimientos ciudadanos, etc. Este campo de estudio abarca las características de la sociedad civil, la apertura de la cultura administrativa a desarrollos que provienen de la sociedad civil y las actitudes de los ciudadanos hacia la Administración.
Estas nuevas necesidades precisan de un Estado fuerte que permita afrontar eficazmente el futuro con seguridad, bien por sí mismo o con la ayuda de organismos o tratados supranacionales. Aparece así un renovado Estado como socio, ámbito de actuación y garante del difícil diálogo con la sociedad, que gestiona los intereses de la comunidad e interviene en su vida. Un Estado que sigue siendo un actor decisivo en la arena política nacional y global que continúa teniendo como fin la cohesión social pero en forma de centro en que conectan los más diversos actores.
Frente a la defensa de un Estado menor aparece la necesidad de un Estado fuerte que vuelva a responsabilizarse de su función de liderazgo social, de dar un nuevo significado al servicio público y de garantizar el bien común y el interés general. Sin embargo, el tiempo transcurrido y los hechos acaecidos en estas décadas ya no le permiten conformar ese interés en solitario ni con una serie de grupos poderosos. Ahora debe propiciar una actuación conjunta con la mayoría de los intereses sociales en juego y facilitar realmente la oportunidad de participar a todos los grupos y a los ciudadanos individuales, para que se corresponsabilicen de la marcha de la sociedad y de su desarrollo. Además, muchas de las posiciones de poder en este mundo globalizado no se encuentran ya en el interior del Estado, por lo que precisa para su existencia participar en organismos internacionales y entablar complejos sistemas de relaciones con las grandes empresas y grupos internacionales.
La crisis actual obliga a replantear el papel de las instituciones políticas, económicas y financieras y, especialmente, a revisar los fundamentos teóricos sobre los que se asientan. El Estado no puede quedar como un último recurso al que se le reclama ayuda para evitar la quiebra social. Sin entrar en el debate de si el mercado es más o menos responsable de la situación económica y financiera actual, lo cierto es que la ingente cantidad de recursos públicos inyectados en el sistema financiero está generando un debate público y teórico sobre el papel del Estado. La actual situación, como ha sucedido en otras ocasiones, muestra que ante situaciones como las que vivimos los ciudadanos solo pueden aguardar ayuda del Estado. Al fin y al cabo eso es lo que se espera de un sistema político basado en el consentimiento de una dominación democrática ejercida por instituciones políticas.
Muchas gracias.
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