Dada la multiplicación de administraciones públicas en España y sobre todo de poderes legislativos, es lógico que en correspondencia se legisle mucho; es decir, que se dicten muchas normas de diferente rango que creen expectativas, que han de hacerse efectivas unas y otras y que exigen de una actividad administrativa para todo ello. Ante una multiplicación de la legislación es, también, lógico que las normas contengan más medidas concretas que principios, los cuales deberían estar comprendidos o formar parte de las leyes de rango superior y como un marco a desarrollar. La existencia de distintos niveles legislativos y de gobierno implica la existencia de un ordenamiento complejo unas veces sujeto al principio de jerarquía y otros al de supremacía, pero también, la mayor parte de las veces, reiterativo.
Pero todo esto podrá ser más o menos complicado si nos redujéramos a un espacio solamente jurídico o de simple administración ejecutiva. La realidad es que toda actividad legislativa, al menos en sus niveles superiores de normas con rango de ley y en buena parte de los reglamentos, es fruto de la actividad política, bien sea parlamentaria o de gobierno y los políticos de una u otra de estas actividades, consideran que su eficacia se muestra, principalmente, a través de las normas que dictan o aprueban. En mi experiencia adminitrativa, la cercana al gobierno y en la meramente administrativa, he visto como políticos veteranos lo primero que quieren son proyectos de ley que llevar al parlamento correspondiente. Legislar se convierte en una muestra de eficacia política y de cambio y progreso, al mismo tiempo que constituye un modo o medio de conexión y diálogo con los intereses sociales en juego, tratando de satisfacerlos y de "vender producto" También la actividad legislativa tiene presencia en los medios de información y produce efectos de publicidad y propaganda.
En resumen, es fácil que el numero de normas se múltiplique más allá de lo realmente necesario, sobre todo si sirve de justificación a la existencia y permanencia de estructuras de poder político y, además, se pueda producir que las múltiples normas dictadas no puedan ser ejecutadas por falta de recursos y medios para ello, porque no se calcularon o porque no existe presupuesto en realidad; de modo que las expectativas creadas se convierten en frustaciones evidentes. El ciudadano contempla entonces la estructura política correspondiente, el número de personas dedicadas a la labor, sus sueldos, sus vacaciones, sus coches oficiales, el peso de sus conocimientos, estudios, profesiones o su simple pertenencia a un partido, extremos que son valorados y, entonces, el desprestigio toma forma y adquiere importancia y el sistema político diseñado pierde legitimidad y se pone en cuestión. Todo esto creo que ocurre en este tiempo de vacas flacas.
En su tiempo distinguí entre principios y reglas y con fundamento en esta distinción y en el número de leyes que son en su mayor parte reproducción y copia de otras si bien con vigor en distintos territorios, creo que se puede afirmar que, para buenos y expertos políticos y funcionarios, buena parte de ellas no serían precisas, sus efectos podrían conseguirse sin necesidad de su promulgación. Pero este es el coste que conlleva nuestro sistema de ordenación territorial, político y administrativo, por ello más que nunca es necesaria una reflexión que, frente a la crisis económica actual, mantega las necesarias cotas de autonomía pero, antes de incidir en las plantillas de funcionarios para reducirlas sin la reflexión necesaria de las necesidades de personal, se incida o considere la existencia de una estructura política exagerada y sus efectos perversos y multiplicadores en el gasto público, en la corrupción y en la estimación general de nuestros políticos
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