El rendimiento de la investigación en el SUE no presenta buenos indicadores de calidad. Una razón de peso es que la actividad de I+D+I es en España el 50% de la media de la OCDE y es más débil si la comparamos con la de los países de referencia, lo que coincide con la percepción ciudadana que manifiesta que nos encontramos más retrasados que éstos y que se dedican pocos recursos públicos a esta actividad (Consejo de Coordinación Universitaria, 2007: 38; CIS, 2006a: 2652). Una de las características del sistema de I+D+I español es que descansa fundamentalmente sobre las universidades públicas y el CSIC. El 56% de los investigadores a tiempo completo trabajan en el sector público, 38% en las universidades y 18% en centros de investigación públicos. El 60% de las publicaciones científicas provienen sólo de autores universitarios. Las universidades privadas sólo aportan el 5% del gasto en I+D+I. Finalmente, se constata en el ámbito de la investigación una gran diversidad entre universidades y la existencia de diferencias sustanciales en los recursos físicos y humanos disponibles, así como en la cultura institucional.
La investigación española necesita mejorar en el establecimiento de objetivos, medidas de rendimiento y un sistema de evaluación que impliquen tanto a los investigadores individuales y a los proyectos como a las instituciones. La financiación de la investigación está fragmentada, lo que dificulta crear núcleos estables de investigación en las universidades. El apoyo a las patentes y a otras actividades de comercialización no responde suficientemente a los recursos empleados. También es preciso clarificar el papel de las comunidades autónomas en la definición de la estrategia de investigación nacional y su implementación. La experiencia en otros países muestra que es preciso mejorar la determinación de los indicadores sobre la investigación, que deberían completarse por evaluaciones por pares. Los resultados internacionales aconsejan revisar los criterios actuales de inversión en equipamiento e instrumentos de investigación. A la vez, la tendencia en el mundo se dirige a primar proyectos más seguros y a corto plazo y basados en una financiación. Finalmente, la investigación universitaria española debe establecer vínculos más estables con la formación profesional superior y la industria con el fin de lograr un mejor desarrollo regional.
Por último, la actividad de investigación genera déficit estructural en la financiación universitaria española, tanto en los proyectos competitivos como en los contratos de investigación al no contemplar debidamente los gastos de ejecución de los proyectos. El promedio de los costes generales generados por la investigación en las universidades españolas es similar al de las europeas, un 45%, sin embargo, la aportación de los proyectos oscila entre un 15 y un 25%.
En estas últimas décadas se ha ganado en cercanía a la demanda mediante la creación de nuevas universidades públicas y la desconcentración en numerosos campus que cubren prácticamente la geografía española. Esta ganancia tiene como contrapartida que algunas de nuestras Universidades tengan tamaños muy pequeños, que no aseguran una masa crítica de calidad en el profesorado ni en el alumnado. Además, España presenta un déficit significativo respecto a los países más desarrollados en el apartado de becas y ayudas al estudio, especialmente en las de movilidad. El 34% de los estudiantes obtienen algún tipo de beca, aunque las tasas son moderadas (1038 $ en 2008-2009) respecto al resto de países de la OCDE. En Francia reciben becas el 28% de los estudiantes, en Holanda el 63% y en Italia el 18%. En muchos países de la OCDE se produce una combinación de becas y préstamos públicos: Noruega el 52%, Suecia el 50%, Reino Unido el 50% (OCDE, 2011b: 268). Del gasto total en educación universitaria, el Estado se hace cargo en España del 90,1% mientras que la media de la OCDE es el 79% y la media de la UE21 el 81,5%.
La diferencia es muy relevante si se atiende al gasto en becas, ayudas y préstamos en Educación Superior respecto al PIB, que en la OCDE es del 0,28, en la UE21 0,24% y en España se sitúa en el 0,11%.
La estrategia de los gobiernos estatal y autonómicos para hacer que el acceso a la universidad sea más equitativo se ha centrado en las becas, la reducción de las tasas universitarias, la expansión del mapa universitario público que ha facilitado el acceso geográfico y políticas de discriminación positiva en el caso de los alumnos adultos y los discapacitados. La conclusión es que es preciso fortalecer los mecanismos de equidad en el campo de la educación superior en España y, como veremos, no sólo por lo que respecta a las becas y ayudas al estudio.
Con el fin de paliar la situación descrita se ha creado el Observatorio Universitario de Becas y Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico mediante el Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre (BOE del 16 de octubre), que desarrolla la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades que tiene entre sus funciones evaluar la equidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia del SUE.
Los datos anteriores explican la mala posición internacional de nuestras universidades. Manteniendo lo que se ha señalado sobre los rankings, la clasificación internacional de universidades es una información que resulta de gran importancia para la movilidad de profesores y estudiantes. Una mala posición en ellos lastra su imagen y su atractivo docente e investigador, además de generar tensiones internas y en el conjunto del sistema universitario.
Es una parte del libro que se encuentra en imprenta: Arenilla, M. (Dir.) (2012): La Universidad española en riesgo. Un análisis desde su gobernanza. Oleiros: Netbiblo.
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