MERITO, CAPACIDAD, PROFESIONALIDAD Y REPRESENTACIÓN

En la última entrada me refería a la carencia de Administración pública y desconsideración de la función pública y, también, al uso artero o desviado de los principios de la gestión privada o empresarial, lo que implica el uso de sus formas de organización precisamente para hurtar los principios que caracterizan a la administración de lo público y las garantías legales establecidas al respecto por las leyes y el Derecho administrativo. Y para que nadie de los que son partidarios de un modelo de gestión empresarial se moleste, vaya por delante que ello no significa que los principios de buena gestión y dirección que se enseñan para la gestión de lo privado no sean de aplicación en la administración pública, siempre que sean conformes con las mencionadas garantías, hasta llegar a formar parte del Derecho de organización pública y sus principios.

Que la separación entre lo público y lo privado es muchas veces relativo es consecuencia en muy buena parte de la presencia política o de los políticos en muchas organizaciones que estructuralmente y orgánicamente no forman parte de la Administración pública y también por la utilización en lo público de formas de gestión y organización del sector privado, bien por la intervención cada día mayor de los poderes públicos ejecutivos en el sector económico y productivo, bien por eliminar los procedimientos y garantías propias de lo público. Pero la diferencia entre administrar lo público respecto de administrar lo privado, en principio es clara; se suele decir que el empresario privado se "juega" su dinero y, por ello sólo, parece que procurará hacerlo bien; lo cual, como se comprenderá depende de las personas y de la organización. No es lo mismo una pequeña empresa que una grande o una multinacional, pero todas tienen en común, en principio también, la existencia de un propietario, mientras que en la Administración pública no puede haber nunca, formalmente, un propietario, sin perjuicio de que en la realidad, los distintos grupos que la configuran traten de dominarla y se apropien de la organización. De ahí que el estudio de la Administración pública no lo sea exclusivamente del Derecho administrativo y la Ciencia de la Administración persiga conocer cómo es y cómo se comporta la Administración, las características de las personas que la componen y las relaciones entre ellas y con los sectores de la sociedad, para comprender y explicar la génesis de las decisiones públicas y efectuar su valoración desde el punto de vista de sus distintas y múltiples eficacias, estableciendo la posibilidad de un diagnóstico dirigido al cambio, incluso jurídico, de la organización administrativa y sus procedimientos.

Pero volviendo a la propiedad de las empresas, el aserto general de que el empresario se "juega" su dinero y, por ello, la eficacia de la empresa o su rendimiento es su problema, no es exacto, ya que no sólo hay un efecto en la economía del país y en el empleo, sino que la mayor parte de las empresas que son sociedades cuentan con unos socios accionistas de cuyas aportaciones se nutre la empresa, la cual cuenta con un Consejo y unos directivos, que no deciden jugándose su dinero por tanto, sino que, al igual que muchos cargos públicos, sólo arriesgan su permanencia en el cargo o puesto y que, sin perjuicio, de que, si son profesionales, asesoren técnica y correctamente, no toman realmente las decisiones que corresponden a la parte representativa de la empresa y de los accionistas que tiene su propia "política". No sigo, pues no es esta mi especialidad y hay otros que pueden explicarnos mejor la burocracia empresarial privada y la relación entre accionistas y consejos o sus representantes. Lo que si hemos visto es que organizaciones, que en principio forman parte del sector privado, léase las Cajas de ahorro, por ejemplo, han tenido representantes políticos y directivos no profesionales que las han llevado a la ruina y que se han apropiado, de un modo u otro, del dinero de los accionistas y lo han malgastado. Ni siquiera la obligada acción de la Administración pública de vigilancia y control se ha ejercido y no ha habido función pública al respecto o no ha funcionado adecuadamente.

Son de resaltar, al efecto, las declaraciones de Modesto Crespo, expresidente de la CAM, que dice aceptar el cargo por considerar que sólo tenía funciones de representación y no exigía funciones ejecutivas, siendo otras personas las que tenían que llevar a buen puerto a la entidad. Pues bien esta consideración creo que es habitual también en la política o en los políticos de la Administración pública que, legal y formalmente, han de dirigir a la Administración pública, los cuales se sienten, por un lado, en la organización, como meros representantes, que no son responsables de la acción, pero que paradójicamente se sienten "representantes del pueblo" (aún más si han sido electos) y, por ello, legitimados para tomar decisiones y desconsiderar la opinión técnica o los informes correspondientes, imponiendo la decisión que "políticamente" corresponde o interesa. También es destacable la comparecencia del exconsejero de la misma CAM, Sr. José Enrique Garrigós, que ante las Cortes Valencianas afirma que no está preparado para revisar balances

En el sistema actual de apropiación de la organización pública, salvo que cambien las tornas, son los políticos los que la dominan, los que tiene bulas que no tienen el resto de los mortales, y los que en buena parte llegan sin mérito, ni capacidad, ni son verdaderos profesionales o entendidos en la materia. Otros, en consecuencia, consideran que son sólo los responsables los técnicos; los políticos sólo son representantes en los sentidos que he señalado; pero, además, para ellos los técnicos y funcionarios no han de ser cualesquiera elegidos por un concurso, por mucho mérito que se tenga, porque lo que corresponde es que sean de su confianza, que obedezcan, que para eso está el principio de jerarquía, el cual asimilan de inmediato. Los informes que no interesan o no se formulan o desaparecen del expediente y así vemos que en algunas fundaciones públicas valencianas ha habido imputaciones precisamente por no informar los cargos, funcionarios o empleados, que debían hacerlo. Para que todo esto ocurra se ha empleado el sistema de designación de confianza política en el ámbito de los cargos públicos, los cuales, además, se han configurado de modo excesivo, apropiándose del sector profesional administrativo, pero también se ha establecido todo el ápice de este sector como de libre designación, con un procedimiento, además, más que discrecional, arbitrario, pues no se exige motivación y no se revisa por el poder judicial, aunque, formalmente las designaciones sean actos administrativos recurribles y revisables. Un paraíso para los políticos y sus partidos, los cuales si bien no consideran la función técnica o pública, nada más que cuando conviene, sí que saben ser modernos y referirse continuamente a la participación que más lustre y relación les ofrece.

Tanto denostar los procedimientos jurídicos o juridificados que se establecen en garantía de que conste el proceso que lleva a la decisión correspondiente y ahora resulta que si esas mismas exigencias constaran en otras decisiones o se establecieran con firmeza no tendríamos que acudir a la justicia penal o a los testimonios y declaraciones para ver lo que realmente ocurrió y si era o no una actuación pública o se disponía de dinero público o no. Falsas organizaciones privadas, pantallas para ocultar fines inadecuados e impropios, dirigentes sin mérito ni capacidad que se consideran meramente representantes y tiran de tarjeta de crédito costeada con fondos públicos o de los demás y ¡nada de funcionarios con poder¡; lo que toca son empleados a dedo y fieles sin condiciones, que dependan de uno y puedan ser cesados o despedidos fácilmente. Y si no hay control ni responsabilidades ya comprenderán cual es el panorama. Todo más fácil y sencillo que seguir las reglas que exigen el derecho público, el administrar el presupuesto público y los fines de una Administración pública.

Ahora viene el crujir de dientes, el panorama desolador, la reducción de la organización pública, la reducción del gasto público, la privatización forzosa, el inadecuado pero al parecer necesario crédito o subvención a la banca, el preciso renacimiento del mercado real, la regeneración moral del sector público, el destierro de la demagogia y la cruda y dura verdad. Aquellos polvos han traído estos lodos que a todos nos manchan por uno u otro lado. Pero para que el sostén de todo este cambio pueda ser efectivo es necesario que también se regenere al sector político y para ello hay que empezar depurando responsabilidades y no simplemente decir que hay que mirar al futuro, pues de momento éste, por el pasado, parece muy negro. La credibilidad y la generación de confianza sólo puede nacer de que se sancionen las conductas indebidas y que se aplique lo que se decidió legalmente; es decir, las leyes que son las que establecen los intereses públicos o que se modifiquen éstos si eran realmente bastardos, no que se den premios o gabelas a los responsables del fiasco. Ya empieza a ser un clamor la petición o consideración de la exigencia de responsabilidades, pero como los partidos mayoritarios pueden resultar afectados parece que antes se mirará a otra parte.