domingo, 8 de julio de 2012

LOS RESULTADOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA SOBRE LOS LÍMITES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Ante la situación actual de restricción del gasto público y la reclamación de la reducción de la organización de las Administraciones públicas y, claro éstá, atendiendo a mis experiencias y formas de pensar reflejadas en el blog, me pareció oportuno realizar la encuesta, cuyos resultados aún figuran en la columna derecha de la página. La participación ha sido escasa y, por ello, no sé si a los resultados se les puede otorgar un claro significado. Pero lo cierto es que el 57 por cien de los participantes piensa que los límites que establece el derecho administrativo a la actividad de las Administraciones públicas son lógicos y el 43 por cien restante que no. En cierto modo, dada la situación de crisis y el presumible buen número de funcionarios que me sigan, creía que la opinión favorable sería mayor, pero, como digo, la escasa participación no me permite conclusiones definitivas. Pero siguiendo con la cuestión, voy a exponer parte de las razones por las que me inclinaba en favor de una respuesta afirmativa.

 Antes de exponerlas, vaya por delante que, como es lógico, existen opiniones distintas, muchas de las cuales las podeis encontrar en i-public@, blog en el que se refleja mucho de la aplicación a la Administración pública de lo bueno y eficaz de la gestión empresarial privada. La primera opinión o consideración era, o es, que la situación económica de crisis requiere de una gran economía de gasto público y que buena parte del incremento de éste se ha producido a través de la creación de entes sujetos al derecho privado. La proliferación de estos entes, desde mi punto de vista, en múltiples ocasiones, se ha producido fundamentándose precisamente en los argumentos en favor de que las Administraciones públicas funcionen con la eficacia de la empresa privada, o de que, en otros casos, había que actuar en un régimen de competencia como en el mercado. Pero, naturalmente sin negar que ello pueda ser eficaz e, incluso necesario en algunos casos, estos argumentos han sido utilizados por los políticos para tratar de eludir los procedimientos propios del derecho administrativo y público, con el gravísimo resultado, que se está viendo en la actualidad, de corrupción, falta de control, apropiación de la organización pública, abuso, inmoralidad, crecimiento orgánico desmesurado y anulación del sistema de mérito y libertad de concurrencia al empleo y contratación  pública. Todo ello, pese a existir límites en el derecho adninistrativo. En buena parte los funcionarios públicos, por su situación de nombramientos de confianza o libre designación, han contribuido a ello, bien eliminando todo rastro de su opinión o plegándose a la opinión o voluntad del político, pensando más en su supervivencia en el puesto que en el interés público o en la legalidad propiamente dicha. Sé que se puede pensar de otro modo, pero en este blog he tratado mucho de estas cuestiones. No me sirve la opinión que liga al derecho administrativo con la concepción vulgar de la burocracia o con las desviaciones propias de ésta, superadas de modo exorbitante por las de la politocracia  o partitocracia. Tampoco me sirve que se diga que no cabe generalizar, pues entonces no habría crítica posible.

Otra consideración, muy simple, es el principio básico de no gastar más de lo que se ingresa o de no endeudarse por más de lo que se puede. Los economístas y los funcionarios especializados en la presupuestación e intervención del gasto pueden explicarlo de mejor manera de lo que yo pueda hacer; pero a mí me parece que, además, tal como está resultando ahora, se han comprometido gastos que correspondían a políticas públicas que iban a tener duración permamente, sólo porque en ese momento todo el monte era orégano y la bonanza se creía general y duradera. Con lo que ahora hay que quitar lo dado. Aquí cabe considerar el papel que los principales encargados de la política económica del Estado y sus Administraciones han jugado en la situación o si sólo había "política" de corto plazo con políticas de muy largo plazo. Cada gasto, implica una necesidad de ingresos y ahora vemos que los recortes necesarios se incrementan porque el momento económico no permite obtener el dinero suficiente de los ciudadanos que, de otro lado, sufren una presión fiscal mucho mayor. Ya que he citado i-public@, Oscar Cortés en un post del pasado mes de mayo dice: 

Hemos pasado de una gestión de los asuntos públicos irresponsable y despilfarradora en numerosos aspectos a otra en que los pilares básicos de las ciencias políticas  y de la administración se derrumban ante la hegemonía de los valores como la eficiencia y racionalidad económica.

Quien me conozca comprenderá que no pueda estar de acuerdo con la totalidad de esta afirmación, porque precisamente la falta de aplicación y consideración de los pilares políticos, administrativos y morales propios de una Administración pública es lo que hace que se impongan las medidas de lo que llama valores de la eficiencia y racionalidad económica. Si lo privado lo hubiera sido de verdad y hubiera funcionado sobre esos valores, lo público en sentido estricto y de su administración, basada en las reglas del derecho administrativo, no habrían quebrado y los recortes y la carga fiscal nunca hubiera llegado a los extremos pasados y actuales. Pero repito eso significa la existencia de poder burocrático en su sentido jurídico y de función pública estricta que se enfrenta como necesaria garantía al poder político y a la utilización desviada de los fondos públicos. Y cabe preguntar ¿cree alguien que los políticos, en buena parte, por su comportamiento actual, quieren ese tipo de controles? ¿y los que se benefician de su conducta y amiguismo?

No quiero abrir otra encuesta, está claro que la ciencia de la administración basada en los principios de gestión de la empresa privada tiene su peso especifico en la opinión que resulta de la efectuada. Pero, desde mi punto de vista, ello significa que algo importante pero no básico, predomina sobre lo que lo es en la gestión de lo público. Los pilares que se dicen derrumbados, como tales, nunca han debido derrumbarse, son incluso fundamento en su caso de la aplicación de las técnicas privadas cuando són útiles o necesarias para el buen funcionamiento y siempre que no corroan el pilar con herrumbre o silicosis.





2 comentarios:

  1. Parece que hasta ahora la encuesta se encuentra en un empate entre si y no de las respuestas a ¿Son lógicos los límites y procedimientos del Derecho administrativo?

    Buena aportacion y perspectiva.

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  2. La encuesta se cerró, según creo, el 5 de junio de este año y el día 8 escribía esta entrada con los porcentajes señalados en la misma, pero posteriormente aparece un empate. Quien quiera comentar respecto del contenido de la encuesta puede hacerlo por la vía de comentario en esta entrada o en la que originó la encuesta.

    Le agtadezco su favorable opinión al contenido de esta entrada.

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