El texto que a continuación transcribo en letra cursiva, fue publicado en el diario de Las Provincias en 16 de febrero de 1994 y como siempre su contenido, salvando los detalles, sigue siendo de plena actualidad.
Una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estimando en parte un recurso presentado conjuntamente por Elvira Torres, funcionaria de la Generalidad, y por mí, ha dado lugar a algunas noticias sobre sus efectos tal vez un poco exageradas. La sentencia afecta, en cierto modo, al tema de la libre designación que en días anteriores comenté y ello me sirve de pretexto para abundar en la cuestión.
Que la libre designación es un sistema legal, pero limitado por el mérito y la capacidad es algo que en especial el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con criterios correctos y ajustados a los principios constitucionales, viene poniendo de relieve. Pero, por mi parte, quiero añadir que también está limitado por criterios de racionalidad y eficacia organizativa.
Sin embargo, las administraciones públicas lo vienen utilizando para, las más de las veces, a través de una convocatoria pública entre funcionarios públicos, designar al que les viene en gana, además de componer algunos concursos de mérito de acuerdo con baremos dirigidos a seleccionar a quien interesa o irracionales por gratuitos y carentes de sentido.
Por ello, resulta que los partidos políticos luchan por colocar en los puestos políticos a las personas, que a ellos pertenecen o de su confianza, sin que para ello se tenga en cuenta o relevancia si son conocedores o no de los asuntos que tienen que tratar o dirigir y esta incompetencia técnica es posible hasta el nivel de directores generales. Pero no sólo no se garantiza un nivel técnico, sino tampoco una categoría política idónea a la responsabilidad que se asume y en el caso de los directores generales, puesto bien técnico o mixto, técnico y político, el asunto es especialmente grave.
De aquí hacia abajo, se supone que el nivel es técnico, pero la libre designación, tal como se concibe, también determina que cualquier persona por ser funcionario pueda acceder a un puesto para el que no ha demostrado su competencia, y que, al igual que ocurre con los directores generales, puede ser todo lo más un conocido del cargo político o alguien que se le recomienda y que, si no tiene bastante arraigo en el partido, acepta para tener contentos a todos los sectores del mismo, creyendo que contará, por ello, con su apoyo en los momentos clave o, por lo menos, que no desatarán campañas contra él en el partido o en la prensa.
De este modo verdaderos cabos pueden llegar a coroneles, sirviendo a primeros espadas o subalternos de la política, llegando incluso, formando parte de las comisiones de selección, a juzgar o decidir quiénes tienen que ocupar el resto de los puestos de trabajo de la organización. De otro lado, nuestras administraciones públicas, crecidas sus estructuras desde el cambio hacia la autonomía, se han llenado, por ello y necesariamente, de bisoños e inexpertos que también son candidatos al ascenso por el dedo, aun en el caso de que no sean amigos de los políticos o clientes de un partido político.
¿Les extraña a ustedes que las cosas se hagan mal o que existan tantos pleitos contra las administraciones públicas, sin posible defensa por los servicios jurídicos? ¿Le extraña a usted, político lleno de buenas intenciones, sus fracasos? ¿Quién le engañó?
La verdad es que los funcionarios públicos somos carne de cañón y la función pública no tiene importancia, lo único que hay que hacer es controlar nuestras llamadas telefónicas o no dejarnos tomar café a mitad de mañana. Por lo demás se nos pueden impartir cursos de la escuela de unos grandes almacenes o de los dirigidos a la empresa privada, bien copiados por un saqueador de ideas o bien vendidos por un negociante a un ignorante en la materia, o podemos ser representados por un inexperto burócrata sindicalista o proveniente, por ejemplo, de una empresa de zapatos o bien que una vez sirvió en un organilllo público o privado de cuyo nombre nadie se acuerda.
Mientras tanto los ciudadanos y la prensa caen en la trampa que se les tiende y critican a poca ropa atribuyendo los males a quien bastante tiene con resistir y que no le amorticen, basándose en Dios sabe qué criterios, el puesto de trabajo para contentar a las fieras. ¿Me he pasado? Perdón, es fruto de la generalización, no voy contra ningún gobierno en concreto ni nadie en particular, ya sé que todo forma parte del "sistema" y es patrimonio común, ¡qué le vamos a hacer¡ Callados no lo vamos a cambiar.
Como en el tango cabe decir que 18 años no es nada, pero también que de poco sirve nada de lo que se diga, ya que todo continúa igual, pero con la ruina y las tripas al aire y el aire viciado rodeándonos, por el cúmulo de años de mala política, de grandeza exagerada, de carencia de administración pública, de "empleados", de derecho privado para las organizaciones de fasto y corrupción, de engrosar el bolsillo de aprovechados y malversadores, pagando, como vemos, al final los mas débiles. Derroche, improvisación, politización, demérito e incapacidad y años y años de desadministrar han conducido a esto. Una responsabilidad general que ningún partido puede cargar absolutamente sobre otro, todos los que han gobernado (es un decir) son responsables y los que callan colaboran a que todo siga. Desde fuera nos imponen ahora soluciones que hace años que debieron empezar a tenerse en cuenta. Pero no nos engañemos la política no puede ser enjuiciada y cuando como fruto administrativo se presenta en los tribunales, basta con calificar el acto de "metajurídico" o de organizativo para declarar imposible sustituirlo por criterios jurídicos, como si las leyes se ocuparan sólo de temas jurídicos. Los temas tratados por las leyes y las soluciones que éstas establecen son derecho a tener en cuenta por la Justicia y cuando no se hace o se huye del problema se contribuye a la situación y se es responsable. Además la justicia tardía no contribuye a nada.
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