sábado, 25 de agosto de 2012

LA EMPATÍA DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO DE LOS POLÍTICOS

Muchas de las cuestiones actuales que se nos presentan a los ciudadanos en nuestras relaciones con la Administración pública, como por ejemplo respecto del ruido y las actividades molestas, la actual regulación de las licencias y la declaración responsable, el orden público y otras que afectan directamente a nuestra vida y convivencia diaria y la actuación administrativa y funcionarial al efecto,(que presenta una cierta desconexión con algunos de los problemas más importantes para muchos ciudadanos y que se relaciona en buena parte con lo dicho en la entrada sobre la Administración como profesión y el comentario realizado en ella), me han hecho considerar o reflexionar sobre la situación actual del principio de legalidad que desde el Derecho administrativo y la visión jurídica de la Administración y del Estado de Derecho es la regla de oro y fundamento del resto de principios y, al mismo tiempo, el factor tanto de separación entre Administración y Política como de la conexión entre una y otra. Lo que no es, ni mucho menos una paradoja, sino factor de construcción de una función pública y núcleo de la Administración pública, propiamente dichas, e imprescindibles y no susceptibles de prestación por los particulares o el sector privado; es decir, no privatizables.

Al menos esto es lo que aprendí en mi periodo de formación como funcionario en la Escuela de Alcalá de Henares y lo que me confirmó mi profundización en el estudio del Derecho administrativo y que hoy forma parte de mi convencimiento más profundo. Claro está que, en ese tiempo regido por la dictadura franquista, el margen de interpretación de la ley creo que se puede decir que no lo era sólo respecto de los aspectos jurídicos y fundamentalmente sobre los hechos que fundamentaban la acción administrativa, no sobre alternativas o distintas soluciones políticas posibles, cosa que hoy, quizá, sea una situación más frecuente de lo deseable y que afecta al derecho en sí mismo y a la seguridad jurídica igualmente. Es cierto que en esta postura también existe una marcado formalismo en el que el Derecho se presenta ya como algo sólido y definitivo que la Administración ha, simplemente, de ejecutar y aplicar, lo que también representa una visión separada entre Derecho y Política, que no es ni mucho menos lo que comento cuando abordamos las cuestiones teniendo en cuenta la perspectiva desde la Ciencia de la Administración y la realidad. Pero lo cierto es que cuando nos ocupamos de ésta y nos enfrentamos con las soluciones que la Administración nos ofrece a nuestros problemas y reclamaciones, resulta que esa regla de oro del principio de legalidad, que también rige y prima en la actividad política, se resiente y resulta gravemente afectado por la herrunbre que provoca la pasividad o la comodidad dirigidas a la satisfacción total de los intereses en juego (imposible materialmente) y la evitación de problemas molestos y que implican dar la razón a uno para quitarsela a otro con fundamentos jurídicos y normativos.

Estimo que en esta situación, que yo veo, influye la postura de muchos funcionarios que no sólo es que dependan del político en su carrera y permanencia sino que en sus relaciones con él acaban asumiendo sus planteamientos y tratando de resolver los problemas no con esas interpretaciones fundadas en derecho sino con consideraciones generales que no son tanto de oportunidad como de estimación de factores ajenos a la situación relacional, propiamente dicha, entre sujetos y ciudadanos, en la que hay que actuar como elemento de la aplicación del derecho y juez que resuelve el conflicto o actor que cumple los presupuestos legales y los hace efectivos contribuyendo al orden establecido y al Estado de derecho por tanto. Así resulta que los informes no aparecen cuando son exigibles, incluso, cuando los hay, que no existe firma, que las propuestas de resolución no se distinguen de la resoluciones definitivas y tantas y tantas otras cosas. Es más el funcionario, cuando se encuentra con situaciones en las que conocía una postura política contraria, ha pasado de decir: Lo siento tiene vd. razón, pero no puedo hacer nada, la postura existente es contraria a su interés o petición. Sólo le queda la vía del recurso contencioso a comentar: la situación económica es muy mala; hay que autorizar toda actividad, o la gente de algo ha de vivir; hoy no se precisa autorización previa, basta la declaración responsable, o estamos sobrecargados no sé cuando se podrá inspeccionar... En fin, mientras tanto el ciudadano que cumple con sus obligaciones, paga sus impuestos, ha ahorrado para mejorar su vivienda, ve que de la noche a la mañana un chiringito, una actividad incontrolada, unos gamberros o cualquier otra circunstancia similar, le hunde en la miseria, mientras que la Administración no actúa o lo hace tarde o lanza una orden de cese de la actividad que nunca se ejecuta y que cuando reclamas es que ya se ha pedido licencia, cuyo cumplimiento de los requisitos legales no se comprueban.

Estas situaciones, creo que son más frecuentes en las Administraciones en las que la cercanía entre políticos y funcionarios es mayor. Por eso Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, frente a la anterior Administración centralizada, son más propensas a no considerar estrictamente el principio de legalidad y actuar de la forma reflejada, cuando en cambio son las que más próximas han de estar al simple ciudadano, lo que implica necesariamente actuar con fundamento jurídico y no de otra clase. Pero es que esta situación cercana entre funcionario y político que propicia la empatía de aquél respecto a éste suele estar precedida de un nombramiento de libre designación.

Son tantos los ejemplos de actual desconsideración de la ley y de inactividades significativas y selectivas en estos días que la herrumbre que he mencionado corroe seriamente las bases del Estado y de la convivencia y que reflejan que, al menos en España, no todo es un simple problema económico. Si la Ley se ignora ¿cómo cree el gobierno de turno que se va a confiar en sus medidas y soluciones y que el pueblo o los ciudadanos van a respetarlas y asumirlas? ¿Qué confianza se va a generar en los extranjeros que ahora constituyen la base de las casi únicas actividades económicas existentes del turismo y la compra de viviendas al efecto? La verdad es que el pesimismo me invade y no veo que se gobierne y administre con valor y de forma acorde a la mayoría que apoyó al partido encargado de hacerlo.

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